En la sociedad existe un evidente consenso sobre la concurrencia de graves insuficiencias en nuestro sistema judicial. Más allá de los distintos diagnósticos, la ciudadanía percibe de forma muy clara que la Justicia no funciona adecuadamente y que no se ha modernizado en el mismo sentido que lo han hecho otros servicios públicos. Se trata de una sensación ampliamente compartida entre los operadores jurídicos. Y especialmente entre las juezas y jueces, que observamos que estas patologías provocan incidencias muy negativas en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y dificultan las funciones de un poder del Estado.
El inicio de una nueva legislatura es un momento oportuno para reclamar a las fuerzas políticas la responsabilidad institucional necesaria para resolver una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia. Las legítimas diferencias ideológicas no pueden ser obstáculo para no buscar espacios de encuentro que posibiliten soluciones estructurales a largo plazo. Somos conscientes de que la enorme entidad de los problemas que padece nuestra administración de justicia impide que se puedan acometer grandes cambios en una única legislatura. Por ello, desde Jueces para la Democracia propugnamos un Pacto de Estado que permita asegurar que este necesario proceso de transformación continuará en marcha durante varias legislaturas, gobierne quien gobierne, a través de los correspondientes instrumentos de seguimiento.
Hace falta un nuevo proyecto global, con capacidad de dar respuestas integradoras a las importantes carencias de nuestro sistema judicial. Consideramos que el referido Pacto de Estado debería partir de las siguientes bases:
1.— Inversión pública en Justicia
Las fuerzas políticas deberían asumir el compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello implicaría el incremento del número de jueces y juezas para adaptar la planta a la litigiosidad real, con una creación programada de plazas judiciales que no debería ser inferior a un millar.
También se debería aprobar un plan de infraestructuras que regulara la modernización de los edificios judiciales, para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Debe cuantificarse el gasto público necesario para todas estas transformaciones, así como la graduación previsible, con aportación de memorias económicas detalladas. Por otro lado, se deben introducir cambios estructurales para una mejora de la justicia gratuita que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
2.— Independencia judicial
En la actualidad el Consejo General del Poder Judicial es el elemento más lesivo para la credibilidad de la judicatura y para la confianza de la ciudadanía en su administración de justicia. Los constantes reproches a su parcialidad y a su control por parte del poder político han acabado dañando la imagen de la Justicia en su conjunto y la propia credibilidad de los órganos judiciales Además, resulta necesario un órgano institucional en el que puedan confiar quienes integramos el poder judicial y que garantice de verdad nuestra independencia.
Todo ello implica la necesidad de que el órgano constitucional garante de la división de poderes recupere las competencias que le fueron arrebatadas en la última reforma, así como que este vuelva a funcionar como un órgano colegiado y con dedicación plena de sus integrantes. Además, Jueces para la Democracia acordó defender un sistema de elección de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura y con criterios de proporcionalidad, con la finalidad de impedir las interferencias de los partidos políticos en su designación y en el control posterior de sus actuaciones. Asimismo, también se podrían analizar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del CGPJ.
Se debería dotar al CGPJ de competencias en cuestiones referentes a planta judicial y medios materiales. También sería necesaria la creación de una agencia organizada por el CGPJ y dependiente de este, en la que se incluyera a forenses, peritos, inspectores de tributos y laboratorios, para que estuvieran al servicio directo del poder judicial. Y ha de vertebrarse una verdadera policía judicial.
3.— Una nueva estructura de la organización judicial
Con implantación de un sistema de tribunales de instancia que pueda optimizar la actuación judicial, desde el respeto a los principios de independencia e inamovilidad. El nuevo sistema ha de facilitar un mejor reparto del trabajo de quienes integramos el poder judicial, así como una concentración de los recursos existentes que mejore la eficacia de la administración de justicia. Todo ello nos solo sería una mejora para la eficiencia judicial, sino también para la ciudadanía. La nueva organización debe ir acompañada del final de la precarización judicial referente a los jueces/as en expectativa de destino y al uso abusivo de jueces/as de adscripción territorial, con la supresión de dichas figuras.
Estos cambios deben ir acompañados de una revisión de nuestra organización territorial para que se adapte a la actual realidad social, geográfica y económica.
4.— Reformas procesales
A pesar de las numerosas modificaciones parciales que se han realizado en nuestras normas procesales en estos últimos años, muchas de estas leyes no son instrumento adecuado para regular los procedimientos actuales. Debe procederse a una labor sistemática de elaboración de instrumentos procesales, que se puedan adaptar a una sociedad cada vez más compleja y que ha experimentado grandes transformaciones sociales en las últimas décadas. En especial, resulta imprescindible la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal, que represente un sistema avanzado de garantías y que incorpore las mejores aportaciones jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales que se han realizado en los últimos tiempos.
5.— Desarrollo de la oficina judicial
Debe aprobarse un plan estatal de desarrollo de la oficina judicial. La organización interna de los órganos judiciales habría de adaptarse a las realidades de nuestros procesos y responder a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. Los servicios comunes y los servicios de apoyo directo deben contar con recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales.
Además, debe disponerse de instrumentos de control suficientes por parte del cuerpo de Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello habrá de completarse con un marco de protocolos de actuación y con programas de formación de todas las partes implicadas en la administración de justicia.
6.— Introducción de nuevas tecnologías en los órganos judiciales
A través de una planificación adecuada para la modernización y digitalización de los juzgados y tribunales. El objetivo ha de centrarse en agilizar los procedimientos, mejorar el funcionamiento interno de los órganos judiciales y abaratar los costes de comunicaciones y notificaciones. Las medidas de introducción de nuevas tecnologías no pueden ser precipitadas, como ha sucedido hasta ahora, sino que deben obedecer a proyectos sólidos, con el concurso de todas las administraciones afectadas, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas.
Antes de llevarse a la práctica estas medidas han de contar con las inversiones oportunas y con los recursos técnicos suficientes. Habrán de ser aplicadas de manera que no lesionen los derechos de las partes ni entorpezcan la labor de los profesionales de la Justicia. Además, no pueden llevarse a la práctica sin una formación adecuada previa de los operadores jurídicos, entre ellos los jueces y las jueces. Hay que acabar con la dispersión territorial en materia de aplicaciones informáticas que hoy son incompatibles.
7.— Condiciones profesionales
Deben acometerse todas las reformas legales y reglamentarias necesarias para asegurar unas condiciones profesionales iguales, adecuadas y coherentes con los principios de independencia e inamovilidad judicial. Además, deben cumplirse las disposiciones vigentes en la Ley de retribuciones. Es urgente acometer una verdadera coordinación de actividades entre las CCAA, Ministerio de Justicia y CGPJ que proteja la salud de los miembros de la carrera judicial y también fijar ya una carga de trabajo judicial razonable en cumplimiento de lo previsto en el I Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial, por razones de salud judicial, que también es Justicia.
8.— Servicio público de calidad
Las condiciones profesionales para que pueda ejercerse el poder judicial deben ser complementadas con un servicio público de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. Hace falta una regulación más amplia de los derechos de los usuarios de la Justicia, que responda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Además, resulta necesario reforzar nuestro precario sistema de Justicia Gratuita para garantizar que nadie quede excluido del acceso a juzgados y tribunales, con privación del derecho a la tutela judicial efectiva, por no contar con medios suficientes para litigar. Del mismo modo, deben acometerse iniciativas concretas para garantizar la efectiva implantación del Estatuto de la Víctima del Delito, que prevé una serie de derechos a los afectados que solo cobraría virtualidad práctica si se dotan los medios y se llevan a cabo políticas activas que aseguren su aplicación. Y ha de asegurarse que los procedimientos se tramiten en plazos razonables.
9.— Medidas contra la exclusión social
Resulta necesario regular en el ámbito del derecho privado toda una serie de medidas contra la exclusión social. Consideramos necesario que se promulgue una verdadera ley de segunda oportunidad, que se configure el derecho a la vivienda como un verdadero derecho subjetivo y que se apruebe una ley de inembargabilidad.-Informó Jueces Para la Democracia