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La tecnología ofrece nuevas oportunidades al sector legal

Diario La Ley, Nº 8702, Sección Tribuna, 15 de Febrero de 2016, Editorial LA LEY

LA LEY 21234/2016

  • El uso de la tecnología permitirá a los despachos diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Las medidas que están adoptando los gobiernos para impulsar una Justicia digital suponen un importante reto que acabará arrastrando a todo un sector hasta ahora reacio al cambio.

Almudena Vigil.- Las nuevas tecnologías aplicadas al sector legal han llegado para quedarse. Cada vez son más las iniciativas, a nivel nacional e internacional, dirigidas a lograr un ámbito jurídico digitalizado y en el que la tecnología se convierta en el aliado perfecto para reducir costes y optimizar los recursos con los que cuentan los diferentes operadores jurídicos.

Poco a poco, las instituciones van dando pasos en favor de la transformación tecnológica del sector legal, acostumbrado a ir un paso por detrás en esta materia. En la actualidad, se están observando iniciativas de todo tipo en este sentido, tanto públicas como privadas. De hecho, resulta llamativo el creciente número de las start up vinculadas al mercado legal que están apareciendo.

En el ámbito de las instituciones, se ven medidas recientes como, por ejemplo, la adoptada por la Comisión Europea, que ha lanzado una plataforma online para la resolución amistosa de litigios de consumo. También se están dando importantes pasos en Reino Unido, donde el Gobierno, consciente de la inminente necesidad de modernizar sus Cortes de Justicia, tiene previsto invertir 700 millones de libras en tecnología para los tribunales británicos, incluyendo la creación de lo que denominan “tribunales virtuales”. Y no hay que perder de vista tampoco el caso de España, con una creciente inversión en tecnología, y donde el ministro de Justicia actualmente en funciones, Rafael Catalá, se ha marcado el ambicioso reto de lograr el ‘papel cero’, empezando por las comunicaciones telemáticas con los juzgados - en marcha desde el pasado 1 de enero-, y continuando por el expediente electrónico, previsto para el próximo mes de julio.

Todas estas noticias son muestra de que el mundo legal se encuentra inmerso en un viaje sin retorno que, sin duda, arrastrará en el camino a todos los profesionales jurídicos hacia la incorporación de la tecnología en el día a día de su trabajo. Y es que ya lo dijo el gurú de la abogacía Richard Susskind en la primera edición del Legal Management Forum, organizado en Madrid en 2014: “En los próximos diez años, el impacto de la tecnología traerá más cambios para la abogacía que los observados en el sector en el último siglo”.

Porque la revolución tecnológica ha tardado en llegar al sector, pero ahora irrumpe con fuerza y acabará obligando a los despachos de abogados a tomar medidas, si no quieren quedarse atrás ante una revolución imparable. Aquellos que sean capaces de adaptarse más rápido e incorporar el uso de las nuevas tecnologías podrán despuntar en un mercado muy competitivo, como es el de los servicios legales. El recorte de costes y el desarrollo de nuevas potencialidades en los bufetes podrá convertirles en firmas más competitivas y mejor preparadas para afrontar futuras crisis como la que se ha vivido en los últimos años y que tanto ha afectado a la abogacía.

Hacia los tribunales virtuales

El caso de Reino Unido es significativo. El Gobierno británico ha anunciado que invertirá más de 700 millones de libras en digitalizar y modernizar los juzgados y tribunales del país en los próximos cinco años. Y lo ven como una importante inversión y no como un gasto porque, según sus cálculos, esto generará un ahorro para el contribuyente de aproximadamente 200 millones de libras al año a partir del curso 2019-20. Tanto es así, que creen que todo ello permitirá revisar las tasas judiciales, puesto que con estas medidas la financiación del sistema judicial será más sostenible. El objetivo del Gobierno es eliminar la necesidad de más de medio millón de audiencias previas al juicio en los tribunales penales y reducir significativamente los tiempos de audiencia y el coste de las funciones administrativas básicas.

Además, según han explicado, parte de la inversión se centrará en los nuevos centros de videoconferencias que permitirán contactar por vídeo con los tribunales.

En esta línea, hace casi un año, en febrero de 2015, el órgano consultivo del Gobierno británico que se encarga de supervisar y coordinar la modernización del sistema de Justicia civil (Civil Justice Counsil), hizo público un informe sobre la resolución de disputas online para reclamaciones de baja cuantía (menos de 25.000 libras). En él recomendaba la puesta en marcha de ‘tribunales virtuales’, fijando como fecha el año 2017.

El estudio, en el que participa el profesor Richard Susskind, pide a abogados y jueces “abrir la mente” para plantearse la posibilidad de que los litigios civiles en el futuro puedan ser gestionados y resueltos de maneras muy diferentes al modelo tradicional. El informe les anima a preguntarse si las cortes de Justicia deben ser “un servicio o un lugar”, si es necesario siempre reunirse físicamente en un edificio judicial para resolver un litigio, o si puede que algunos de nuestros problemas civiles se resuelvan de forma más apropiada usando herramientas online.

Además, el informe apunta que emplear plataformas de resolución de conflictos online “no es ciencia ficción”, sino lo lógico en la era de Internet. De hecho, recuerda que cada año en eBay, alrededor de 60 millones de desacuerdos entre los comerciantes y sus clientes se resuelven a través de este tipo de sistemas.

Según el estudio, el objetivo final de esta propuesta, que persigue un mayor uso de estas plataformas a través de Internet, debe ser llegar a proporcionar jueces online que decidan sobre determinados asuntos (o parte de ellos), sobre la base de documentos presentados electrónicamente como parte de un proceso judicial estructurado. Si bien reconocen que, hasta llegar a este punto, es necesario dar algunos pasos previos.

El caso de Canadá

El informe británico repasa algunos ejemplos de cómo este tipo de Justicia online funciona en otros países. Y menciona el caso de British Columbia, en Canadá, donde se puso en marcha en el verano de 2015 un tribunal online que ofrece una vía alternativa a los tribunales tradicionales para la resolución de conflictos a través de un proceso que se espera que sea más cómodo y menos costoso. Está previsto que este tribunal se ocupe de las reclamaciones por importes inferiores a los 25.000 dólares canadienses, relacionadas con deudas, daños, recuperación de bienes muebles, y ciertos tipos de disputas de condominios.

En el estudio se señalan, además, otras iniciativas, públicas y privadas, en esta misma línea como es el caso de Nominet, Youstice, Online Schlichter o Cybersettle.

En España, el uso de plataformas online para la resolución de conflictos está más extendido en el ámbito del arbitraje, pero también existe algún proyecto de este tipo dentro de la mediación, como es el caso de Mediaré, una plataforma tecnológica específicamente diseñada para poder crear y gestionar por medios electrónicos una institución de mediación.

Plataforma online de la Comisión Europea

El caso de la iniciativa de la Comisión Europea en torno al lanzamiento de una nueva plataforma en Internet para facilitar la resolución de litigios entre clientes y empresas sobre compras 'online', tanto para transacciones nacionales como para aquellas que involucren a varios países, no es más que un nuevo ejemplo de esta tendencia a la digitalización de los servicios legales, que ya es imparable.

La plataforma, que estará disponible para empresas y consumidores a partir del 15 de febrero, es consecuencia de la Directiva relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (2013/11/UE), y del Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (524/2013), que establece la creación de una plataforma de resolución de litigios online que ofrezca a los consumidores y a los comerciantes una ventanilla única.

En definitiva, la clave para el impulso de sistemas de resolución de conflictos a través de Internet está en la desproporción entre la cuantía económica del asunto de que se trate y el coste que supone su resolución ante los tribunales tradicionales, una cuestión que con frecuencia disuade a los ciudadanos de emprender acciones en defensa de sus derechos.

En este sentido, aunque este tipo de plataformas online supone una importante inversión económica en tecnología, el resultado permite un acceso más fácil de los ciudadanos a la Justicia y una reducción de costes a la larga para el sistema judicial.

El reto del ‘papel cero’ en España

En nuestro país, la revolución tecnológica en el ámbito de la Justicia ha tardado en llegar, pero ahora marca la agenda del sector legal. Desde el pasado 1 de enero, los profesionales de la Justicia, como procuradores, abogados, graduados sociales y profesionales de los servicios jurídicos de las administraciones públicas, así como todos los órganos y oficinas judiciales y fiscales, están obligados a emplear los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación, como citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos, en la totalidad de los órganos jurisdiccionales para los procedimientos que se inicien a partir de esa fecha.

Aunque la medida está experimentando algunas incidencias en su primer mes de funcionamiento e incluso algunos órganos judiciales de determinadas comunidades autónomas están retrasando el uso exclusivo de las vías telemáticas, y siguen aceptando la entrega de documentos en papel (como es el caso de Madrid), la realidad es que la fijación de una fecha a partir de la cual resulte obligatoria la comunicación electrónica supone, de por sí, un antes y un después para la Justicia española.

Además, a partir del 7 de julio de este año, todas las administraciones con competencias en materia de Justicia estarán obligadas a realizar la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales como establece la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia. Se trata de lo que se conoce como el expediente electrónico.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia puso en marcha el pasado mes de septiembre la sede judicial electrónica de los órganos judiciales del ámbito de su competencia. Esta vía permite a los ciudadanos consultar a través de Internet el estado de sus expedientes judiciales, así como acceder al servicio de verificación de códigos de documentos judiciales electrónicos.

Todas estas iniciativas, al tiempo que modernizan el servicio público de Justicia, suponen asimismo un revulsivo para todo el sector, que tendrá que ponerse al día en tecnología y acostumbrarse a relacionarse electrónicamente con la Administración. Sin duda, todo ello conllevará un impulso al uso cotidiano de nuevas herramientas de gestión digitales en los despachos de abogados, ya que la desaparición del papel en los tribunales reducirá también, previsiblemente, el volumen de documentos impresos existente en los bufetes, dando paso a su gestión informatizada. Y esto supone, a su vez, una oportunidad para los proveedores de software legal que ofrecen soluciones integrales para la nueva realidad de los profesionales del Derecho.

Inteligencia artificial y big data

Pero los retos a los que se enfrenta el sistema de Justicia no se quedan aquí. ¿Podrán llegar a predecirse los fallos del Tribunal Supremo?, ¿sustituirá la inteligencia artificial el papel de los abogados? En el horizonte se vislumbra el uso de tecnologías más avanzadas como la inteligencia artificial o, más a corto plazo, el aprovechamiento del ‘big data’ para el sector legal, que llevan a los profesionales de este ámbito a plantearse preguntas como esas.

Según señalaba Martin Katz en su conferencia en el Legal Management Forum del pasado mes de octubre, "todo despacho debe tener una estrategia para el uso de sus datos". Y explicaba que "ahora mismo, la principal tendencia es el análisis de los datos que manejan los despachos, su correcta recogida y el tratamiento que se les dé posteriormente de forma que se pueda extraer información valiosa y ayudar con ello a adoptar decisiones económicamente rentables en función de las predicciones". En este sentido, proponía el tratamiento automatizado del big data, pero sin dejar de lado a las personas: "Cuando combinas humanos y tecnología consigues algo mejor que con cada uno por separado", apuntaba.

Esto que es aplicable a las firmas privadas, sería igualmente extensible a los organismos públicos, que con un correcto uso de la información que manejan a diario podrían optimizar los recursos con los que cuentan y mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos, con un coste más bajo.

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