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PRIMERO.- 1.- La representación letrada de D. Valeriano ha formulado recurso de casación para la unificación de la doctrina contra la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- de diez de julio de 2014, recaída en el recurso de suplicación nº 1801/2013 que estimó el recurso de tal clase interpuesto por la empresa demandada Ferroutrera, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla. Esta sentencia de instancia había declarado el despido objetivo del citado trabajador como improcedente -en atención a la falta de puesta a disposición simultánea de la indemnización-, mientras que la sala sevillana, estimando el recurso de suplicación, declaró el despido como procedente.

2.- El supuesto resuelto por la sentencia recurrida presentaba las siguientes características y se sustentaba sobre los hechos relevantes a estos efectos casacionales que se transcriben a continuación: 1) El actor que venía trabajando para la mercantil Ferroutrera, S.L. fue despedido con fecha 15 de junio de 2012 mediante carta en la que se justificaba la decisión extintiva por las circunstancias económicas previstas en el artículo 52. c) ET y en la que se refería la concurrencia de causas de naturaleza económica y productiva. En concreto se alegaba la bajada del precio de elaboración y colocación en obra de la ferralla en torno al 20%, un menor volumen de actividad, pérdidas de más de 13.000 euros en 2011 y de más de 134.000 en balance parcial al 30 de abril 2012, así como un impago de más de 178.000 euros por concurso de acreedores de la deudora y un saldo de deudores superior al millón doscientos mil euros que estaría en fase de reclamaciones judiciales. 2) Otros siete trabajadores indefinidos y 34 temporales vieron extinguida su relación laboral. 3) La empresa viene haciendo frente a las nóminas de los trabajadores atendiendo a facturas y proveedores, si bien aplazando los pagos o emitiendo pagares. 4) A la fecha del despido presentaba un saldo en cuenta aproximado de 6.000 euros.

3.- Para viabilizar la contradicción la recurrente aporta como referencial la sentencia dictada por la sala de lo social con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de mayo de dos mil catorce, recaída en el recurso de suplicación nº 1020/13 . Esta sentencia confirmó la improcedencia del despido por causas objetivas económicas de un trabajador que había sido así calificado por la sentencia de instancia del Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla. Se da la circunstancia de que en ambas sentencias, se trata de dos trabajadores despedidos el mismo día por la misma empresa con la misma carta de despido y en los que no se ha puesto a disposición, simultáneamente a la entrega de la carta, de la indemnización, alegándose por la empresa falta de liquidez derivada de la situación económica que justificaba el despido. Concurre, además la circunstancia, de que los hechos declarados probados en ambas sentencias son idénticos lo que implica que en ambas constan exactamente de manera literal las circunstancias relevantes para el examen de la contradicción. Así, al igual que ocurría en la recurrida en la sentencia de contraste aparece: 1) El actor que venía trabajando para al mercantil Ferroutrera, S.L. fue despedido con fecha 15 de junio de 2012 mediante carta en la que se justificaba la decisión extintiva por las circunstancias económicas previstas en el artículo 52. c) ET y en la que se refería la concurrencia de causas de naturaleza económica y productiva. En concreto se alegaba la bajada del precio de elaboración y colocación en obra de la ferralla en torno al 20%, un menor volumen de actividad, pérdidas de más de 13.000 euros en 2011 y de más de 134.000 en balance parcial al 30 de abril 2012, así como un impago de más de 178.000 euros por concurso de acreedores de la deudora y un saldo de deudores superior al millón doscientos mil euros que estaría en fase de reclamaciones judiciales. 2) Otros siete trabajadores indefinidos y 34 temporales vieron extinguida su relación laboral. 3) La empresa viene haciendo frente a las nóminas de los trabajadores atendiendo a facturas y proveedores, si bien aplazando los pagos o emitiendo pagares. 4) A la fecha del despido presentaba un saldo en cuenta aproximado de 6.000 euros.

4.- La existencia de contradicción es palmaria pues nos encontramos ante un supuesto en el que los hechos son exactamente iguales y también lo son las pretensiones y los fundamentos, habiendo llegado las sentencias comparadas a soluciones diferentes. Las diferencias advertidas por el Ministerio Fiscal en su informe no se refieren a diferencias en la redacción de los hechos probados (se insiste en que, salvo, las circunstancias personales de los respectivos actores, el resto de los hechos son idénticos) sino a discrepancias en la interpretación que de esos mismos hechos se hacen en los fundamentos de las sentencias comparadas que no alteran la total y sustancial identidad fáctica, sino que refuerzan la existencia de contradicción. En efecto, sobre la base del reconocimiento común de las mismas dificultades económicas, de las mismas deudas que la empresa tiene pendientes, de las mismas pérdidas y del mismo saldo bancario, para la sentencia recurrida se considera acreditada la falta de liquidez de la empresa y para la referencial tal acreditación no se produce. Y ello porque la recurrida entiende que todos los datos económicos reseñados en la carta de despido evidencian la imposibilidad material de poner a disposición la indemnización en el momento de la entrega de la carta, en tanto que la referencial estima que tales datos son insuficientes para tener por acreditada la falta de liquidez.

SEGUNDO.- 1.- La recurrente estima que la sentencia recurrida infringe los artículos 52.c ), 53.1b ) y 53.4 del Estatuto de los Trabajadores , sin explicar claramente en que consiste la infracción, más allá de poner de relieve que, respecto de los mismos hechos, la sentencia de contraste y otras sentencias de la misma sala ante hechos idénticos entendieron que, con los datos reflejados en la relación de hechos probados, no podía estimarse la existencia de falta de liquidez suficiente para exonerarse legalmente de la falta de puesta a disposición simultánea de la indemnización por despido. Así formulado el recurso, la cuestión que en el mismo se plantea es la relativa a la acreditación de la falta de liquidez, cuestión que ya ha sido abordada por la Sala en anteriores pronunciamientos.

2.- Nuestra sentencia de 25 de enero de 2005 (recurso 6290/2003 (LA LEY 11721/2005) ) dejó establecido que, en estas situaciones en las que se alega falta de efectivo para poner a disposición la indemnización legalmente exigida en los despidos objetivos por causas económicas, no cabe duda acerca de que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquélla; situación ésta que -se insiste en ello- es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica. Al alcance de la empresa, y no del trabajador, se encuentra la pertinente documentación (amén de otros posibles elementos probatorios, tales como pericial contable, testifical a cargo del personal de contabilidad, etc.) de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez.

Igualmente hemos venido señalando, de manera especial, que la situación de falta de efectivo para poner a disposición la indemnización no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador según el apartado 3 del art. 217 de la LEC (LA LEY 58/2000) ( STS de 21 de diciembre de 2005, rec. 5470/2004 (LA LEY 245466/2005) ).

3.- Resulta evidente que en el caso de autos la empresa introdujo en el proceso no sólo indicios, sino elementos de juicio suficientes sobre la incidencia de la mala situación económica en la imposibilidad de poner a disposición del trabajador la indemnización en el momento de la entrega de la comunicación escrita. Se acreditó la pésima situación económica de la empresa dejando patente el volumen de deudas que tenía pendientes, así como la pérdida de clientes y el impago de créditos pendientes. Igualmente se dejó constancia de que la atención a los pagos regulares (nóminas, proveedores, se efectuaba aplazadamente o mediante la entrega de pagarés diferidos) y, finalmente consta que el saldo bancario apenas llegaba a los seis mil euros, cantidad notoriamente insuficiente para atender a las indemnizaciones de los despidos. Tales elementos no fueron neutralizados o destruidos por quien invocaba la existencia de la posibilidad de que se le hubiese pagado en su momento. Por ello, no se produjo infracción alguna en la sentencia recurrida del artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores , sino que, por el contrario, se aplicó el precepto con absoluta corrección.

En consecuencia, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, el motivo del recurso ha de desestimarse y, con ello, el recurso.