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PRIMERO.- Interpone recurso de suplicación la Abogacía del Estado en nombre y representación de la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A contra sentencia del Juzgado de lo Social nº 38 de los de Madrid de 6 de abril de 2018 , aclarada por auto de 16 de abril de 2018 , en cuya virtud se estimó la demanda formulada por Doña Modesta contra SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. y MINISTERIO FISCAL, en reclamación por despido, declarando la nulidad del mismo y condenando a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., a la readmisión inmediata de doña Modesta , en las mismas condiciones que regían hasta la fecha del despido, debiendo comunicar por escrito a la trabajadora, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes, al de la recepción del escrito, y asimismo al abono de los salarios dejados de percibir desde el 01/07/2.017 hasta la actualidad, debiendo descontar de dicho periodo los salarios percibidos durante la prestación de servicios que se ha producido durante el periodo comprendido entre el 01/02/2.018 hasta el 31/03/2.018 inclusive. Y condenando igualmente a la parte recurrente a abonar Modesta una indemnización adicional por la lesión del derecho fundamental, que se cuantifica en 6.251 €.

SEGUNDO.- El motivo inicial lo destina, con amparo en el apartado a) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011) , a denunciar infracción de los artículos 24 CE (LA LEY 2500/1978) y 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) , y, sin explicar de manera convincente las razones por las cuales estima se han vulnerado tales preceptos en relación al sustrato fáctico del caso, sostiene estamos ante una readmisión de "imposible ejecución " puesto que se trata de una empleada inscrita en bolsas de empleo que ha perdido contratación del 1-7-17 al 1-9-17, de modo que el periodo de contratación que se le ofertó inicialmente y no suscribió ya finalizó, no convirtiendo la declaración de nulidad del despido el contrato temporal en indefinido, por lo que la consecuencia ha de ser el derecho de la actora a ser indemnizada por el contrato ofertado y no firmado así como a seguir estando en la bolsa de empleo de Correos, y esto es lo que debería figurar en el fallo, terminando por suplicar se declare la nulidad de las actuaciones por falta de motivación reponiéndolas al momento anterior para que se explique por el iudex a quo de dónde ha obtenido los hechos probados y las condiciones en que tiene que tener lugar la readmisión.

TERCERO.- Sin perjuicio de que la tesis de la recurrente sea compartida por esta Sala en parte en lo que se refiere a las consecuencias de haberse perdido la contratación del 1-7- 17 al 1-9-17, de modo que el periodo de contratación que se le ofertó inicialmente y no suscribió ya finalizó, sin que convierta la declaración de nulidad del despido el contrato temporal en indefinido, y sobre ello nos detendremos con mayor exhaustividad más adelante, lo cierto y verdad es que se mezclan en este motivo en un totum revolutum cuestiones procesales y sustantivas, siendo estas últimas objeto de desarrollo en las siguientes censuras que despliega, y no tiene ningún sentido se declare la nulidad de la sentencia reponiendo las actuaciones cuando la resolución judicial explica de manera detallada de dónde ha obtenido los elementos de convicción en el fundamento primero, y por tanto respondiendo a las exigencias del modelo constitucional que exige en su artículo 120 las sentencias sean motivadas.

Para que se produzca la nulidad de la sentencia por quebrantamiento de normas del procedimiento es requisito "sine qua non" que se haya producido indefensión, [ artículo 193 a) LRJS (LA LEY 19110/2011) ] consistiendo en un gravamen o perjuicio impeditivo al derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos [ STC 89/1986 (LA LEY 11175-JF/0000) ]; pero, para que esa indefensión de lugar a la nulidad de los actos procesales es necesario la concurrencia de diversos presupuestos complementarios que la doctrina judicial sintetiza del siguiente modo:

a) Que el defecto o la falta de garantía sea alegada por la parte que no la provocó, en aplicación del principio de que no puede alegar indefensión quien no ha actuado en el proceso con la diligencia exigida por la ley.

b) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, en aplicación del principio de que nadie puede invocar una infracción por él consentida, pues en definitiva, el recurso por quebrantamiento de forma exige un previo recurso ordinario que es la protesta previa en su momento, en aras de la efectiva subsanación del defecto cuando éste se cometió, siendo un requisito tradicionalmente exigido por la jurisprudencia constitucional y social.

c) Que la indefensión sea material y no meramente formal, es decir, que trascienda al fallo de la sentencia.

Nótese que la nulidad de la sentencia es un remedio que ha de tener carácter último y excepcional, puesto que se trata de retrotraer el curso de las actuaciones, con la consiguiente dilación temporal - algo que el proceso laboral trata de evitar, puesto que, entre otros principios, se rige por el de celeridad, ex artículo 74 LRJS (LA LEY 19110/2011) .

La motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3 CE (LA LEY 2500/1978) , sino que es una exigencia derivada del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho [ art. 1.1 CE (LA LEY 2500/1978) ] y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (sobre tales extremos, SSTC 24/1990, de 15/Febrero (LA LEY 609/1990) , FJ 4 ; ... 3/2011, de 14/Febrero, FJ 3 ; y 183/2011, de 21/Noviembre , FJ 5. SSTS 18/11/10 -rco 48/10 (LA LEY 208984/2010) -; 23/11/12 -rco 104/11 (LA LEY 191437/2012) -; y 21/10/13 -rco 104/10 -).

Pero la exigencia se cumple cuando, como en autos, se expresan los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, poniendo así de manifiesto la ratio decidendi del fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional ( SSTC 196/1988, de 24/Octubre (LA LEY 2084/1988), F. 2 ; 172/2004, de 18/Octubre (LA LEY 2139/2004), FJ 3 ; y 247/2006, de 24/Julio (LA LEY 88100/2006) ) . En igual sentido, SSTS 11/07/07 -rco 94/06 (LA LEY 125149/2007) -; 18/11/10 -rco 48/10 (LA LEY 208984/2010) -; y 23/11/12 -rco 104/11 (LA LEY 191437/2012) -). En todo caso, es consolidada doctrina -constitucional y ordinaria- que resulta indiferente la extensión de la motivación, pues el deber de motivación "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión" ( SSTC 14/1991, de 28/Enero (LA LEY 1638-TC/1991) ; 66/1996, de 16/Abril (LA LEY 4927/1996) , FJ 5 ; 115/1996, de 25/Junio (LA LEY 7224/1996) , FJ 2 ; 184/1998 (LA LEY 9889/1998), de 28/Septiembre , FJ 2. Y STS 21/10/13 -rco 104/12 (LA LEY 170109/2013) ), de manera que la motivación no está necesariamente reñida con el laconismo y la economía de los razonamientos, sin que sea necesaria la exhaustiva descripción del proceso intelectual ni la pormenorizada respuesta a las alegaciones de las partes, porque no obliga al " paralelismo servil del razonamiento que sirve de fundamento a la resolución judicial con el esquema discursivo de los escritos forenses donde se contienen las alegaciones de los litigantes" (sobre todo ello, SSTC 36/1989, de 14/Febrero (LA LEY 116664-NS/0000) , FJ 4 ; ... 160/2009, de 29/Junio (LA LEY 119834/2009), FJ 6 ; y 3/2011, de 14/Febrero , FJ 3. SSTS 30/09/03 -rco 88/02 (LA LEY 151467/2003) -, 16/12/09 - rco 7209 -; 15/07/10 -rco 219/09 (LA LEY 157663/2010) ; y 21/10/13, -rco 104/12 -).

Y si bien el artículo 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) determina que la sentencia, dentro de los fundamentos de derecho, ha de hacer referencia a los razonamientos que han llevado al Juez a declarar los hechos que estime probados, la omisión de ese razonamiento no supone inercial o mecánicamente indefensión para las partes, al punto de que se deban anular las actuaciones, ya que, para revisar los hechos que se declaren probados, han de apoyarse, conforme a lo prevenido por el apartado b) del artículo 193 LRJS (LA LEY 19110/2011) , en las pruebas documentales o periciales practicadas, las cuales han de figurar en los autos; y si están en ellos no resulta imprescindible se mencionen o no en los hechos o fundamentos de derecho. Consecuentemente, si bien lo más correcto y ajustado a Derecho será que los Jueces de lo Social (y los órganos colegiados cuando conozcan en instancia) hagan referencia explícita en los fundamentos de sus sentencias a las pruebas de que se han servido para redactar los hechos probados, su omisión no ha de llevar inevitablemente a la nulidad de la sentencia en suplicación o casación, pues la nulidad es un remedio último y excepcional por la conmoción procedimental que representa. En definitiva, lo determinante es si, omitida toda explicación sobre la obtención de los hechos que se declaran probados, el examen de los autos permite advertir con facilidad cuál es el medio de convicción en que se ha basado el Juez para declarar probado un determinado extremo recogido en su relato de hechos probados, o si la omisión atañe a un hecho que no se revela capital para dirimir la suerte del litigio, en lectura coherente con el principio de celeridad que informa el proceso laboral ( art. 74 (LA LEY 19110/2011)-1 LRJS ).

En suma, el motivo inicial claudica, siendo además muy clara la sentencia cuando afirma se la ha de readmitir en las mismas condiciones que regían hasta la fecha del despido.

CUARTO.- El segundo motivo, esta vez con amparo en el apartado b) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011) , interesa adicionar un nuevo hecho del tenor literal que sigue:

"La parte demandada envió un mensaje telefónico a la demandante en relación a la oferta de trabajo como personal de Agente de Clasificación 2 en el Centro de Tratamiento Internacional Madrid- Barjas durante el turno de noche para la fecha 1/7/17 y 1/9/17 ".

El motivo se estima al así deducirse de manera indubitada y fidedigna del folio 285 de autos.

QUINTO.- El tercer motivo, subsidiario del primero, denuncia infracción del art. 102 LRJS (LA LEY 19110/2011) y doctrina judicial asociada, ya que, en su opinión, se le ofreció no una prórroga sino un nuevo contrato temporal a la trabajadora entre 1/7/17 y 1/9/17 y finalmente no se la contrató, por lo que el procedimiento no es por despido sino por el hecho de no habérsele respetado la oferta de contrato, existiendo inadecuación de procedimiento, sin perjuicio de que pueda reclamar en procedimiento aparte por esos salarios dejados de percibir.

Pero este planteamiento hace supuesto de hecho de la cuestión sin pedir previamente la revisión del hecho probado décimo-sexto, según el que "Llegado el día 30 de junio la actora prestó servicios, no pudiéndolo realizar con posterioridad a dicha fecha al no permitirle la empresa suscribir la prórroga, para la que le había convocado por SMS, y sin que, por tanto dispusiera de acreditación para poder acceder al puesto de trabajo ". De ahí que con tal presupuesto el Juez de instancia, en coherencia, razone que debe desestimarse la excepción de inadecuación de procedimiento dado que "a la demandante se le remitió un SMS para prorrogar el contrato vigente en aquel momento de carácter temporal de fecha 03/05/2017 hasta el 30/06/2017, por lo que si la parte actora considera que la no concesión de la prórroga constituye un despido la acción que ha de mantener para combatir la decisión de la empresa ha de ser la recogida en el procedimiento especial de despido de los artículos 103 y siguientes de la LRJS (LA LEY 19110/2011) . Y por tanto de desestimarse dicha excepción ".

Solución la dada en instancia que merece ser refrendada en suplicación, sin perjuicio, como luego se dirá, que no convierta la declaración de nulidad del despido el contrato temporal en indefinido, y de que las consecuencias de abono de salarios no pueda ser la del fallo.

En suma, se ha producido la ruptura individual del vínculo contractual temporal, de la prórroga que le fue reconocida, impidiéndola prestar servicios por causas ajenas a su voluntad, lo que es un despido, declinando el motivo.

SEXTO.- El cuarto motivo denuncia infracción de los artículos 55.5 T, 108.2 y 3 y 181.2 así como doctrina judicial asociada sosteniendo, en síntesis, la empresa no ha vulnerado su derecho a la intimidad ni ningún otro derecho fundamental, dado que han sido los servicios médicos de salud los únicos que han accedido a su datos sensibles sin haberse dado instrucciones a nadie de que aporte su historial médico, volviendo a ser contrata con posterioridad.

Pero nuevamente su discurso argumentativo hace supuesto de hecho de la cuestión incurriendo en petición de principio al contradecir los hechos probados décimo-segundo a décimo -sexto sin pedir antes su revisión y de los que se desprende, como bien hace ver la sentencia recurrida en su fundamentación, la demandante estaba de baja por incapacidad temporal, derivada de enfermedad común desde el día 13/06/2017, cuando recibió en fecha 14/06/2017 comunicación del departamento de personal citándola para firmar la prórroga de su contrato, para el día 15 de junio de 2017. Es en fecha 16/06/2017 cuando el médico del servicio público de salud expide el parte de alta por mejoría que permite su trabajo acudiendo la demandante en fecha 22/06/2017 a la jefatura Provincial de correos y telégrafos de Madrid para la firma del contrato en donde le indican que antes de su firma debe de ser reconocida por los servicios médicos de la empresa para obtener la declaración de aptitud. Y tras obtener la declaración de apta por el médico, es nuevamente requerida por el departamento de personal o recursos humanos para que aportase informes médicos siendo citada para el día 26/06/2017, acudiendo con el informe médico de alta del Servicio Madrileño de Salud, en donde constaba mejoría para realizar su trabajo. En los hechos probados consta que no fue el médico del servicio de prevención el que solicitó dichos informes, pues ya había dado el visto bueno de aptitud, sino que fue el personal de recursos humanos los que le requirieron el historial médico sin explicar el motivo o razón para dicha petición.

SEPTIMO.- En definitiva, se solicita por el departamento de recursos humanos una información sensible sobre el estado de salud e informes exhaustivos y detallados sin tener autorización para ello ni obtener el consentimiento de la interesada, cuando ya se sabía que tenía la trabajadora la condición de apta, y que mientras no aportara esta información no se le renovaría el contrato, lo que determinó la Sección Sindical elevara sendas quejas el 23 y 26 de junio de 2017 al Departamento de Recursos Humanos por vulneración de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LA LEY 4633/1999), recabándose datos de carácter personal por quien no estaba autorizado sin concurrir razones de interés general, siendo así palmario se ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y la garantía de indemnidad antes las quejas previas presentadas por el Sindicato CGT.

OCTAVO. - Al hilo de lo anterior la STC 186/2000 (LA LEY 9715/2000) , señala que:

" Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen, por lo que ahora interesa, que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos ( STC 292/1993 (LA LEY 2370-TC/1993) , FJ 4). Este Tribunal viene manteniendo que, desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de las facultades empresariales sólo puede derivar del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho ( SSTC 99/1994 (LA LEY 13125/1994), FJ 7 ; 6/1995 (LA LEY 13006/1995), FJ 3 y 136/1996 (LA LEY 8580/1996) , FJ 7). Pero, además de ello, la jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (así, entre otras, SSTC 94/1984 (LA LEY 335-TC/1985) , 108/1989 (LA LEY 1837/1989) , 171/1989 (LA LEY 127434-NS/0000) , 123/1992 (LA LEY 1969-TC/1992) , 134/1994 (LA LEY 13199/1994) y 173/1994 (LA LEY 2566-TC/1994) ), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél ( STC 11/1981 (LA LEY 6328-JF/0000) , FJ 22).

Por eso, este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales, en casos como el presente, preserven "el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito -modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente- de su libertad constitucional" ( STC 6/1998 (LA LEY 1392/1998) ), pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, esa modulación sólo deberá producirse en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado respeto de los derechos fundamentales del trabajador y, muy especialmente, del derecho a la intimidad personal que protege el art. 18.1 CE (LA LEY 2500/1978) , teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad.

En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo (LA LEY 13067/1995), FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo (LA LEY 4318/1996), FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre (LA LEY 1527/1997), FJ 4.e ) y 37/1998, de 17 de febrero (LA LEY 3481/1998) , FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

En definitiva, como hemos señalado en la ya citada STC 98/2000 (LA LEY 78877/2000) (FJ 8), el control que debe realizar este Tribunal de las resoluciones judiciales recurridas en amparo ha de recaer, precisamente en enjuiciar si, como exige la doctrina reiterada de este Tribunal que ha quedado expuesta, el órgano jurisdiccional ha ponderado adecuadamente que la instalación y empleo de medios de captación y grabación de imágenes por la empresa ha respetado en el presente caso el derecho a la intimidad personal del solicitante de amparo, de conformidad con las exigencias del principio de proporcionalidad ".

NOVENO.- Más específicamente analizando el derecho fundamental a la intimidad desde la perspectiva de la salud la STC 202/1999 (LA LEY 1850/2000) refiere que:

" interesa recordar que este Tribunal ha tenido ya ocasión de advertir que el derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 C.E (LA LEY 2500/1978) ., se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 C.E (LA LEY 2500/1978) . reconoce [ SSTC 231/1988 (LA LEY 1166-TC/1989), fundamento jurídico 3 º; 197/1991, fundamento jurídico 3 º; 142/1993, fundamento jurídico 7 º; 57/1994, fundamento jurídico 5º A ); 143/1994, fundamento jurídico 6 º y 207/1996 , fundamento jurídico 3º B) y ATC 30/1998 (LA LEY 1773/1998) , fundamento jurídico 2º], e implica, necesariamente, la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, conforme a las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana [ SSTC 110/1984 (LA LEY 353-TC/1985), fundamento jurídico 3 º; 170/1987, fundamento jurídico 4 º; 231/1988, fundamento jurídico 3 º; 197/1991, fundamento jurídico 3 º; 57/1994, fundamento jurídico 5º A ); 143/1994, fundamento jurídico 6 º; 207/1996, fundamento jurídico 3º B ) y 151/1997 , fundamento jurídico 5º]. Atendiendo en especial al elemento teleológico que la proclamación de este derecho fundamental incorpora, la protección de la vida privada como protección de la libertad y de las posibilidades de autorrealización del individuo ( STC 142/1993 (LA LEY 2207-TC/1993) , fundamento jurídico 8º), este Tribunal ha tenido asimismo ocasión de señalar que la protección dispensada por el art. 18.1 C.E (LA LEY 2500/1978) . alcanza tanto a la intimidad personal "stricto sensu", integrada, entre otros componentes, por la intimidad corporal [ SSTC 37/1989 (LA LEY 116723-NS/0000), fundamento jurídico 7 º; 137/1990, fundamento jurídico 10 ; 207/1996 , fundamento jurídico 3º] y la vida sexual ( STC 89/1987 (LA LEY 810-TC/1987) , fundamento jurídico 2º), como a determinados aspectos de la vida de terceras personas que, por las relaciones existentes, inciden en la propia esfera de desenvolvimiento del individuo ( SSTC 231/1988 (LA LEY 1166-TC/1989), fundamento jurídico 4 º y 197/1991 , fundamento jurídico 3º). Por lo que se refiere a los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desarrolla su actividad, si bien no se integran en principio en la esfera privada de la persona ( STC 142/1993 (LA LEY 2207-TC/1993) , fundamento jurídico 7º y ATC 30/1998 (LA LEY 1773/1998) , fundamento jurídico 2º), sin embargo no cabe ignorar que, mediante un análisis detallado y conjunto de los mismos, es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida íntima personal y familiar ( STC 142/1993 (LA LEY 2207-TC/1993) , fundamento jurídico 8º), en cuyo ámbito se encuentran, sin duda, las referencias a la salud.

La hipótesis ahora planteada adquiere una dimensión singular por mor de la generalización del tratamiento automatizado de datos personales. En previsión de los nuevos riesgos que ello pueda originar para la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos, se dispone en el art. 18.4 C.E (LA LEY 2500/1978) . que "la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Se trata, por tanto, de un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos ( SSTC 254/1993 (LA LEY 2282-TC/1993), fundamento jurídico 6 º y 11/1998 , fundamento jurídico 4º). De suerte que, como se precisara en la STC 143/1994 (LA LEY 2567-TC/1994) , "un sistema normativo que, autorizando la recogida de datos incluso con fines legítimos, y de contenido aparentemente neutro, no incluyese garantías adecuadas frente a su uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano, a través de su tratamiento técnico, vulneraría el derecho a la intimidad de la misma manera en que lo harían las intromisiones directas en el contenido nuclear de ésta" (fundamento jurídico 7º; en el mismo sentido, STC 94/1998 (LA LEY 6129/1998) , fundamento jurídico 4º).

Por consiguiente, la garantía de la intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la llamada "libertad informática" es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención ( SSTC 254/1993 (LA LEY 2282-TC/1993), fundamento jurídico 7 º; 11/1998, fundamento jurídico 4 º; 11/1998, fundamento jurídico 4 º y 94/1998 , fundamento jurídico 4º). 3. Partiendo de estas premisas debemos analizar si la creación y el mantenimiento por la entidad crediticia personada en este proceso constitucional del fichero automatizado denominado "absentismo con baja médica", donde se conservan los datos referidos a las bajas laborales causadas por el ahora solicitante de amparo entre el 9 de abril de 1988 y el 4 de agosto de 1995, se acomoda al art. 18 C.E (LA LEY 2500/1978) . o lo vulnera. A este respecto, aduce el recurrente que, tratándose de datos de carácter personal que hacen referencia a la salud, su tratamiento automatizado únicamente resultaría posible ex art. 7 L.O.R.T.A.D. si mediase el consentimiento expreso de los afectados o si, por razones de interés general, así lo dispusiera una Ley. Como quiera que ninguno de dichos requisitos concurren en el presente supuesto, ello determinaría que la creación de la base de datos habría vulnerado el art. 18 C.E (LA LEY 2500/1978) . al conculcar el derecho a la intimidad personal de los titulares de la información en ella conservada. Así, tras destacar que la conservación de los datos contenidos en el fichero se llevó a cabo sin conocimiento de los afectados, denuncia que las Sentencias impugnadas, al tratar de amparar la actuación empresarial en las facultades de control de la situación de incapacidad laboral que le reconoce el art. 20.4 E.T ., habrían procedido a una inadecuada ponderación de los intereses en conflicto, otorgando primacía al interés del empresario sobre el derecho fundamental de los trabajadores a su intimidad. En franca discrepancia con lo alegado por el demandante de amparo, la entidad crediticia sostiene que la existencia misma del fichero discutido vendría no ya autorizada, sino incluso impuesta por la legislación vigente. Así, en defensa de esta tesis se aduce principalmente el art. 61 L.G.S ., que a juicio de la parte personada le impondría la obligación de conservar los historiales clínico-sanitarios de sus trabajadores. Igualmente, se mencionan los arts. 10.11 del mismo texto legal , conforme al cual ha de quedar constancia escrita de todo el proceso sanitario; 4.1 L.O.R.T.A.D., a cuyo tenor los datos recabados han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades legítimas para las que hubieren sido obtenidos, y 7 y 11.2 a), que excepcionan la exigencia de consentimiento previo de los afectados cuando la recogida y tratamiento automatizado de los datos atinentes a la salud se realice en cumplimiento de lo dispuesto en una Ley. Siempre a juicio de la empresa titular del fichero automatizado controvertido, su actuación quedaría plenamente cubierta por la citada excepción según resultaría de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1959, reguladora de los Servicios Médicos de Empresa, los arts. 22 (LA LEY 3838/1995) y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) y el art. 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención , aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (LA LEY 306/1997).

(...) A la vista del contenido del fichero, forzoso resulta convenir que su mantenimiento no se dirige a la preservación de la salud de los trabajadores sino al control del absentismo laboral, lo que, por otra parte, resulta plenamente acorde con la denominación "absentismo con baja médica" que recibe el fichero. Consecuentemente, la creación y actualización del fichero, en los términos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo sostenido por la empresa, en la existencia de un interés general ( art. 7.3 L.O.R.T.A.D. y, por remisión , arts. 10.11 y 61 L.G.S .), que justificaría la autorización por ley, sin necesidad del consentimiento del trabajador, para el tratamiento automatizado de los datos atinentes a su salud, ni tampoco en lo dispuesto en los arts. 22 (LA LEY 3838/1995) y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) , habida cuenta de que en el fichero en cuestión no se reflejan los resultados arrojados por la vigilancia periódica -y consentida por los afectados- del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su actividad laboral, sino tan sólo la relación de períodos de suspensión de la relación jurídico-laboral dimanantes de una situación de incapacidad del trabajador" .

DÉCIMO.- En resumen, se rechaza el cuarto motivo del recurso al haberse vulnerado por la empresa el derecho fundamental de la trabajadora a la intimidad que otorga, en palabras de la STC nº 196/2004 (LA LEY 2437/2004) de 15 noviembre de 2004, Rec. 1322/2000 , cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada ( TC SS 44/1999 (LA LEY 3496/1999), de 5 de abril, FJ 4 ; 207/1996, de 16 de diciembre (LA LEY 1527/1997), FJ 4 ; 292/2000, de 30 de noviembre (LA LEY 11336/2000), FJ 16 ; 70/2002, de 3 de abril (LA LEY 3534/2002) , FJ 10) o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( STC 83/2002, de 22 de abril (LA LEY 4151/2002) , FJ5).

Del mismo modo se ha vulnerado la garantía de indemnidad de la demandante, dado que ante las quejas presentadas por el Sindicato CGT (hechos probados decimo cuarto y décimo quinto) la respuesta es no prorrogar su contrato, discriminándola, recordándonos la Sentencia del Tribunal Constitucional número 5 de 20 de enero de 2003 , que: <una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental ( SSTC 7/1993, de 18 de enero (LA LEY 2093-TC/1993) ; y las ya citadas 54/1995 ; 101/2000 y 196/2000 ), ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo: art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores ".

UNDÉCIMO.- El último motivo, ordenado como quinto, denuncia infracción del art. 183 LRJS (LA LEY 19110/2011) y doctrina judicial asociada sosteniendo, en síntesis, no procede imponer indemnización alguna y que en todo caso está mal calculada, aunque sin especificar en qué.

Siendo así que se ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad deben ser resarcidos los perjuicios producidos al disponerlo el art. 183 LRJS (LA LEY 19110/2011) que reza:

"1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales.

4. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social".

La sentencia de instancia, aunque de manera un tanto confusa al transcribir los pasajes de las resoluciones que cita entreverándolos con sus propios razonamientos, parece dar entender que se ha producido una doble vulneración de derechos fundamentales, por una parte la garantía de indemnidad, y de otra el derecho a la intimidad, puesto que afirma "Para calibrar o determinar el importe de la indemnización se ha de partir del hecho de que la actitud de la demandada constituye una represalia injusta por su reclamación judicial y justifica el abono de una indemnización adicional amparada en el artículo 8, ordinales 11 y 12 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LA LEY 2611/2000) , y en el artículo 40.c) del citado texto legal que cuantifica las sanciones muy graves, y se transcribe su literalidad, "con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 €; en su grado medio de 25.001 a 100.005 €; y en su grado máximo de 100.006 a 187.515 €.", tal y como se solicita en las presentes actuaciones.

Con estos presupuestos, de las dos vulneraciones de derechos fundamentales resarce por una cantidad global de 6.251 euros, por el mínimo de las sanciones muy graves, y de estar mal calculada la indemnización es claro habría favorecido en todo caso a la empresa, si bien la parte actora no cuestiona la fijada por la resolución recurrida, siendo perfectamente posible acudir para cuantificar la indemnización debida al montante de la sanción establecida para la infracción del derecho fundamental por la LISOS ( STS de 5 de febrero de 2013, Rec. 89/2012 (LA LEY 11367/2013) ).

En corolario, el cuarto motivo del recurso declina.

DUODÉCIMO.- Volviendo al primer motivo del recurso ya adelantamos nos convence la tesis de la empresa en lo que se refiere a que las consecuencias de haberse perdido la prórroga de la contratación del 1-7-17 al 1-9-17, y aun partiendo de que estamos ante un despido que debe calificarse de nulo, han de ser condenar a la demandada al abono de los salarios de dicho periodo, pero no como ha hecho la sentencia de instancia condenar al abono de los salarios dejados de percibir desde el 01/07/2.017 " hasta la actualidad", dado que la contratación de la actora sigue siendo temporal y no indefinida, al estar incluida en las bolsas de empleo para contratación de personal laboral temporal.

En su consecuencia, se estima en parte el recurso de la Abogacía del Estado en el sentido de revocar parcialmente el fallo de la sentencia de instancia en lo que se refiere a las consecuencias económicas del despido declarado nulo, que no han de ser condenar al abono de los salarios dejados de percibir desde el 01/07/2.017 hasta la actualidad y descontando de dicho periodo los salarios percibidos durante la prestación de servicios que se ha producido durante el periodo comprendido entre el 01/02/2.018 hasta el 31/03/2.018 inclusive, sino condenar a la demandada al abono de los salarios dejados de percibir en el periodo 1-7-2017 al 1-9-2017 a razón de 64,08 euros diarios, confirmando el resto de sus pronunciamientos entre los que se incluye la condena a la indemnización adicional de 6.251 euros.

Sin costas ( art. 235 LRJS (LA LEY 19110/2011) ).