Irene Ruiz de Valbuena.-
El pasado lunes el Observatorio de Justicia y Defensa Animal registró ante el Congreso de los diputados las 243.000 firmas que han recogido para reclamar que los animales domésticos no sean considerados como bienes semovientes sino como seres sintientes. Estas firmas suponen un firme apoyo a la propuesta, presentada en el mes de octubre por Ciudadanos, y que se vota hoy jueves en el Congreso, de excluir la naturaleza patrimonial de las mascotas para que, entre otras cosas, no puedan ser objeto de subasta en el proceso de liquidación una sociedad de gananciales en caso de divorcio.
Pero hasta que se produzca esta reforma, si es que se da, teniendo en cuenta que por ahora los animales domésticos, al ser susceptibles de apropiación están considerados como bienes en virtud del artículo 333 del Código civil (LA LEY 1/1889), cabe preguntarse: ¿ quién se queda con la mascota una vez se acaba una relación?
Como norma general, si ambos son los propietarios de la mascota como en cualquier disolución de una copropiedad indivisible, las partes llegarán a un acuerdo por el que quien se quede con el animal deberá abonar una compensación a la otra parte por la pérdida de derechos y disfrute del animal.
Si uno de los dos era propietario de la mascota antes de contraer matrimonio o constituir la comunidad de bienes, se considera que se trata de un bien privativo y será él quien se quede con la mascota.
Puede darse también, aunque es menos frecuente, el régimen de tenencia compartida, según el cual se reparten los gastos de manutención del animal y se establece un régimen de visitas.
En las disoluciones de parejas -ya sean uniones de hecho con comunidad de bienes o no, matrimonios con régimen de gananciales o con separación de bienes- que tengan animales puede surgir la duda sobre quién se queda con la mascota con la que conviven. Aunque la jurisprudencia no es muy abundante en este sentido, ya que en la mayoría de los casos las partes llegan a un acuerdo sin tener que acudir a los tribunales, aquí recogemos algunos casos en los que la justicia se ha pronunciado sobre el tema.
Pacto sobre derecho de visita de la mascota
En 2006 un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (LA LEY 53581/2006) no reconoció como ejecutable un pacto extra jurídico incluido en el Convenio regulador de separación y divorcio acerca de los derechos de visita al perro propiedad de su exmujer con el que convivió durante su matrimonio con ésta. Según se expresa en la sentencia debido a lo insólito del tema que trata este pacto, para poder ejecutarse su contenido debería ser muy preciso, claro y delimitador de la voluntad real de las partes de repartir la tenencia y cuidado del animal. En este caso sólo se contempla en el pacto el derecho a visitar al animal, sin determinar la periodicidad ni cuándo ni dónde se harán esas visitas. La falta de precisión en el acuerdo supone que la audiencia concluya que no hay una voluntad real de establecer un régimen de visitas del animal y por tanto, el pacto no implica obligación para la propietaria de permitir que su ex marido visite al perro ni el derecho de hacerlo para éste.
Las mascotas como activo de la sociedad de gananciales
Recuperando lo fundamentado en la sentencia anterior, la Audiencia Provincial de Málaga en abril de 201 (LA LEY 149347/2012)2, declaró respecto a la tenencia de dos perras propiedad de un matrimonio en proceso de divorcio, que en ningún caso los animales pueden ser equiparables a las personas a efectos de “custodia”. Añade que los animales domésticos son jurídicamente bienes semovientes y lo correcto es que se integren en el activo de la sociedad de gananciales. En esta sentencia la audiencia considera que la propiedad de las dos perras es una cuestión que ya se dirimió en la liquidación de la sociedad de gananciales y no requiere un tratamiento aparte.
En caso de divorcio con niños a cargo
En casos de separación en los que haya niños normalmente suele declararse que las mascotas se queden con quien tenga la custodia de los niños para que no se les separe de los animales que pertenecen a la unidad familiar. En este sentido la Audiencia Provincial de Navarra se pronunció en octubre de 2013 (LA LEY 227373/2013), al establecer en un caso de divorcio que el perro de la familia tendría el mismo reparto de tiempo entre una parte y la otra que los hijos de la pareja,. De modo que el animal acompañaría siempre a los niños cuando estuvieran con uno y otro progenitor. Además del régimen de visitas, todos sus gastos de manutención debían, según se expone en la sentencia, ser abonados por los dos ex cónyuges a partes iguales.
Tenencia compartida de la mascota
En octubre de 2010 el Juzgado de primera instancia nº2 de Badajoz (LA LEY 161949/2010) emitió una sentencia pionera en la que establecía la tenencia compartida del perro por parte de los miembros de la pareja una vez finalizada su convivencia. En este caso, mientras que una de las partes solicitaba la tenencia compartida del animal, su ex pareja sostenía que él era el único propietario del perro y por tanto quien debía quedarse con él. En la sentencia se declara que existía entre ambas partes una comunidad de bienes en la que se integraba el perro. Como se trata de un bien indivisible del que ambos son dueños, el juez considera que sólo son posibles dos soluciones para disolver la copropiedad: la tenencia compartida o que se le entregue el animal a uno de los dos con el correspondiente abono de la compensación a la otra parte. Finalmente, el juez resuelve estableciendo la tenencia compartida del perro ya que es la solución pretendida por una de las partes y la otra posibilidad no había sido solicitada por ninguno de los dos implicados.
Esta sentencia es confirmada en apelación por la Audiencia provincial de Badajoz (LA LEY 10073/2011) que también considera que existe copropiedad sobre el animal.
Probar la propiedad del animal
En el supuesto resuelto por el Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid (LA LEY 57874/2013) en marzo de 2013 se discutía, con motivo de la finalización de una relación sentimental, la existencia de la copropiedad respecto del perro con el que convivían. La demandante mantenía que el animal era propiedad de ambas porque fue adquirido durante la convivencia y ella asumió sus cuidados. En consecuencia, pretendía disolver esa copropiedad quedándose con el perro y abonando la correspondiente compensación, o en su defecto, la tenencia compartida del mismo. Sin embargo, el juez consideró que los hechos alegados no demostraban la copropiedad del animal. Además, la otra parte en su contestación demostró que el perro le fue donado por su tía en exclusiva y que además era ella quien figuraba como titular de dicho animal en el Registro de identificación de animales de compañía de la Comunidad de Madrid. En base a ello el juez estimó que dichas pruebas sí demostraban que la parte demandada era la única propietaria del perro y por tanto quien debía quedarse con él.