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Estados Unidos y Canadá evalúan la prestación de servicios jurídicos por profesionales no jurídicos

  • 27-8-2021 | Wolters Kluwer
  • Dos provincias canadienses, Ontario y la Columbia Británica, se han unido a los estados norteamericanos de Utah y Arizona en la aprobación de sendos programas de pruebas para evaluar la prestación de servicios jurídicos por profesionales no abogados.

Carlos B Fernández. Dos provincias canadienses, Ontario y la Columbia Británica, se han unido a los estados norteamericanos de Utah y Arizona en la aprobación de sendos programas de pruebas para evaluar la prestación de servicios jurídicos por profesionales no abogados.

Detrás de este movimiento, los analistas del sector identifican un esfuerzo por facilitar el acceso a la asistencia jurídica y a los tribunales a sectores desfavorecidos de la sociedad, incapaces de afrontar los altísimos honorarios que normalmente aplican los profesionales del derecho de ambos países y del entorno anglosajón en general. La idea es que un modelo más industrial o empresarial de la prestación de los servicios jurídicos, elaborado por profesionales procedentes de otros sectores como el tecnológico, además de aumentar la competencia, puede favorecer un abaratamiento de costes que permita a más personas obtener asesoramiento legal.

En los Estados Unidos, esta iniciativa viene precedida una resolución adoptada en febrero de 2020 por la American Bar Association, que animaba a los estados a considerar enfoques innovadores para aumentar el acceso a los servicios jurídicos. Una decisión adoptada no sin un intenso debate tanto interno como a nivel de los diferentes estados.

La consecuencia fue que en agosto de ese mismo año, Utah y Arizona aprobaron sendas normas con ese objetivo. California parece dispuesta a seguir en breve la misma senda y otros Estados como Nueva York, Illinois, Connecticut, Carolina del Norte y Florida tienen previstas iniciativas similares.

En el caso de Utah, su Tribunal Supremo aprobó por unanimidad la creación de un sandbox o entorno controlado de pruebas regulatorias para los proveedores y servicios legales no tradicionales, para evaluar el funcionamiento de estas entidades bajo la inversión o la propiedad no abogado. Recordemos que, de acuerdo con el ordenamiento norteamericano, son los tribunales supremos de cada estado lo que aprueban las reglas conforme a las cuales los profesionales pueden actuar ante los órganos jurisdiccionales de los mismos.

En concreto, los impulsores de la norma de Utah, el ex magistrado del tribunal supremo del Estado, Deno Himonas, y el ex presidente de su colegio de abogados, John Lund, destacaron que, las tradicionales dificultades de determinados colectivos para obtener asesoramiento jurídico, en particular en temas civiles y de familia, han alcanzado durante la pandemia de COVID-19 "niveles de crisis".

En consecuencia, la norma aprobada por este Estado establece que las entidades que no son propiedad de abogados, o las entidades legales en las que los no abogados son propietarios parciales, incluyendo grupos con y sin ánimo de lucro, pueden ejercer la abogacía "a través de plataformas tecnológicas", por un período de dos años (posteriormente ampliado a cinco).

Los datos obtenidos a través del entorno de pruebas serán recogidos por un nuevo organismo denominado Oficina de Innovación de Servicios Jurídicos (Office of Legal Services Innovation), que evaluará los resultados y podrá proponer recomendaciones a los participantes.

Los 28 participantes en el sandbox aprobados en Utah van desde Rocket Lawyer, una empresa de más de 250 empleados que es la única entidad que, hasta ahora, ha presentado su solicitud a los programas de ambos estados, hasta empresas más pequeñas como Xira Connect, una plataforma basada en software que conecta a los consumidores de servicios jurídicos con los abogados de Utah y los asistentes jurídicos con licencia estatal, y otras como Bumblee Bee (dedicada a temas concursales), Hello divorce (una plataforma para la gestión de divorcios on line), Law Geex (una plataforma para el diseño de contratos mediante IA) y Lawpal (un software de ayuda en materias familiares).

Por su parte, ese mismo mes de agosto, Arizona eliminó una norma deontológica que prohibía a los no abogados tener un interés económico en bufetes de abogados u otras entidades de prestación de servicios jurídicos. Al mismo tiempo, creó un marco de estructuras alternativas de negocio (alternative business structures) para autorizar nuevos tipos de estructuras empresariales.

En este programa ya participan tres nuevas estructuras empresariales alternativas aprobadas y otras nueve solicitantes se encuentran en trámite. Aunque en el modelo de Arizona no se recogen datos para calibrar la viabilidad a largo plazo de estas empresas híbridas, los participantes deben someterse a un control de antecedentes antes de ser aprobados.

En estos se encuentra una empresa de planificación patrimonial de la que es copropietario un asesor fiduciario no abogado y un socio inversor, de forma que ambos ya no tienen que derivar clientes del uno al otro mientras operan por separado, una nueva configuración que, según declararon a Bloomber Law, ya ha dado lugar a un aumento de los ingresos y a la contratación de varios nuevos abogados.

Nuevas medidas en Canadá

La normativa canadiense, al igual que la estadounidense, limita la capacidad de los no abogados para participar en operaciones legales. No obstante, la primera provincia canadiense en seguir el ejemplo de Utah fue la Columbia Británica, que lanzó su propio sandbox el pasado mes de diciembre, según informó Bloomberg. La provincia introdujo dos cambios normativos distintos que permiten la participación de particulares, empresas y bufetes de abogados que quieran explorar nuevas tecnologías y estructuras empresariales.

El programa de Columbia Británica incluye media docena de asistentes jurídicos (paralegals) a los que se ha autorizado una mayor capacidad para prestar una serie de servicios jurídicos. Por ejemplo, uno de ellos gestionará una plataforma digital en línea para ayudar a elaborar testamentos y poderes, y otro proporcionará un servicio de referencia de abogados en línea.

Siempre según Bloomberg Law, los sandboxes permiten a los colegios de abogados (law societies), que tienen más o menos la misma autoridad reguladora que los colegios de abogados estatales (state bar) de Estados Unidos "flexibilizar la normativa para probar algo nuevo en un entorno controlado".

Por su parte, Ontario, la provincia canadiense con mayor número de abogados, así como con el sector de la tecnología jurídica más robusto, aprobó en abril de 2021 un sandbox por un período de cinco años y empezará a aceptar solicitudes a finales de este año.

En ambos casos, se ha trabajo en estrecha comunicación con funcionarios de Utah para comparar las experiencias de ambas circunscripciones.

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