Por Ilier Navarro y Carlos Capa.- Los pasados 19 y 20 de noviembre tuvo lugar en el auditorio La Caja de Música, situado en el corazón de Madrid, el «II Congreso Aranzadi LA LEY de Abogacía in House» con la participación de los principales representantes de la abogacía de los negocios, grandes despachos y las asesorías jurídicas de las empresas punteras en el mercado español.
El Congreso ha reafirmado su relevancia como foro imprescindible para los profesionales del derecho empresarial. La alta participación, con todas las plazas agotadas, y la calidad de las intervenciones reflejan el creciente interés en abordar los retos y oportunidades que enfrenta el sector.
Con esta segunda edición, el congreso se consolida como un espacio para la reflexión, el aprendizaje y la colaboración, posicionando a la abogacía in house como un pilar fundamental para la innovación y la sostenibilidad en el entorno empresarial actual
Tras la apertura, presidida por Bernardo Sáinz-Pardo, director general de Aranzadi LA LEY Formación y Daniel Sevillano Rodríguez, director de la asesoría jurídica e Andbank España Banca Privada, se sucedieron a lo largo de los dos días de duración del Congreso hasta trece mesas temáticas y ponencias en las que se abordaron las principales inquietudes de este colectivo en los distintos sectores en los que opera.
A continuación, destacamos las conclusiones más significativas que se alcanzaron en algunas de las mesas que tuvieron lugar durante el Congreso.
Conferencia de apertura: «La evolución del abogado in house»
«La función jurídica ha pasado de un perfil stopper, centrado en las cosas que no se pueden hacer, a una función facilitadora, que impulsa la evolución y el crecimiento de las empresas», explicó Rosa María Carabel, CEO del Grupo Eroski, en la ponencia que inauguró el Congreso. La ejecutiva subrayó también la necesidad de que los abogados de la asesoría jurídica interna ayuden a las empresas a materializar sus proyectos cumpliendo con la legalidad vigente. Y celebró que estos profesionales se hayan transformado para evolucionar en paralelo con los negocios.
La primera ejecutiva del Grupo Eroski calificó a los asesores jurídicos de los negocios como «influencers internos» y destacó su rol transversal y de co-liderazgo. Junto a ellos, puso el acento en el apoyo que suponen los despachos de abogados externos, que fortalecen el conocimiento interno y muestran compromiso con los objetivos corporativos. «El área jurídica impacta en los resultados del Grupo Eroski y de cualquier empresa», destacó.
Para mí la función jurídica es esencial, destacó la CEO del Grupo Eroski. «Tenemos un modelo de gobierno muy bien definido que incorpora una disciplina y una manera de hacer las cosas que nos da la confianza de que las decisiones que se adoptan son adecuadas y están acordes con la ley», puntualizó. «A estas alturas no concebiríamos el grupo, tal como está definido, sin una disciplina como esta», señaló.
En los proyectos futuros, frente a la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, los abogados internos también serán claves. «Estamos muy interesados en ver cómo la IA generativa nos puede ayudar a ser más eficientes, sobre todo por el enorme volumen de datos que manejamos por nuestra actividad», explicó Rosa María Carabel, que reiteró el valor de que la función jurídica haya evolucionado a la par que las empresas.
Mesa EY: «Inteligencia Artificial»
Ya sea como una tecnología integrada en el software de oficina, como una plataforma adaptada al trabajo de la asesoría jurídica o como un servicio a medida, la inteligencia artificial tiene el potencial de agilizar el trabajo de los abogados in house. Se puede transformar en un «asistente» que aporte ideas, que haga resúmenes o que recorte los tiempos en el análisis de documentación abundante y grandes bases de datos. Sin embargo, el reto no es menor: cada vez más trabajadores —y no solo los más jóvenes— están utilizando sistemas de IA externos a la compañía. Supone un desafío profesional para los abogados internos para la implementación de medidas de control de riesgos asociados al uso de estos sistemas y para la creación de políticas claras y sencillas que guíen el uso de la IA en el negocio.
De todas estas implicaciones se habló en la mesa en la que participaron Ana Esteban Loring, data protection officer en Evolutio Cloud Enabler; Rocío de Llobet, data protection officer y senior legal counsel en Olympic Broadcasting Services; José Luis Barceló Blanco-Steger, director de asesoría jurídica en Ilunion; Verónica Eguiron, senior data protection counsel de Axpo Group; y Asier Crespo, legal director de Microsoft Ibérica. Unas intervenciones que se centraron en experiencias prácticas y reales y que fueron moderadas por David de Falguera Llobet, senior manager de AI & Digital Law en EY.
José Luis Barceló recordó que el área legal de Ilunion está apostando por trabajar reduciendo el uso de papel y por crear productos legales «casi automáticos» para estar muy cerca de las más de 70 mercantiles que integran el negocio. La transformación de la función legal se ha apoyado en la tecnología para ser más eficientes y productivos, aseguró.
Por su parte, Asier Crespo explicó que en Microsoft llevan muchos años trabajando con la inteligencia artificial, aunque el gran salto se dio el 30 de noviembre de 2022, cuando Open AI lanzó ChatGPT en abierto y «cambió nuestra vida». Recordó que las asesorías jurídicas cuentan con tres grandes categorías en herramientas de IA. La primera, de ofimática genérica, con integraciones como Copilot; la segunda, más específica, son soluciones diseñadas para el sector legal que utilizan la plataforma de Microsoft; y la tercera categoría, la más avanzada, en la que Microsoft es la plataforma donde los usuarios pueden construir sus propias soluciones hechas a medidas.
Verónica Eguiron subrayó, en cuanto a las políticas de uso, que las directrices de la matriz exigen que sean muy sencillas y breves. «Hay que ser muy ágiles y poner el foco en el riesgo que queremos asumir porque por mucho que nos pueda ayudar la IA en nuestro día a día, no todo vale». En este sentido, la especialista subrayó que es necesario que el gobierno corporativo llegue a todos los niveles de la organización y que la comunicación y la divulgación es fundamental para que «el mensaje vaya calando en el ADN de la empresa: es una responsabilidad de todos y cada uno de los empleados», advirtió Eguirón.
«Es importante la intervención humana es crítica para vigilar que no alucine y para la coherencia de los resultados», afirmó Ana Esteban Loring. En su rol de abogada, sostuvo que uno de los principales desafíos que afronta es cumplir con el tratamiento de datos de los sistemas de inteligencia artificial, dada la especial atención que pone el reglamento en la protección de datos personales.
En esto coincidió con Rocío de Llobet: «La normativa de protección de datos está intrínsecamente unida a la inteligencia artificial, que genera muchas interrogantes e incertidumbres que se deben ir resolviendo mediante sistemas de gobernanza que aprovechen sinergias de procesos que ya están en marcha», advirtió.
Para de Llobet, las políticas internas sobre esta tecnología deben ser «muy formativas, que incentiven el uso de la IA con pruebas de concepto, buscando soluciones reales y que realmente la inversión aporte algo positivo en términos de coste-beneficio». El acento se debe poner en obtener el máximo de beneficios, pero con seguridad.
«Tiene mucho sentido introducir esta tecnología en usos masivos, como notificaciones y litigios. Saber comunicar el potencial de la IA y trasladarlo al negocio es importante: nos tienen que percibir como un aliado de la innovación y de la transformación del negocio y de la compañía, como aliados y no como stoppers, como se ha dicho en la sesión inaugural», concluyó el moderador David de Falguera.
Mesa Freshsfields: «Sector Farma»
La mesa de debate sobre la industria farmacéutica estuvo moderada por Natalia Gómez Bernardo, partner en Freshfields Bruckhaus Deringer y contó con la participación de Marioti Hernández Corona, abogada en el departamento jurídico de ISDIN y Marta Grau Torres, compliance officer de Laboratorios Esteve.
La abundante actividad regulatoria supone una dificultad singular para los departamentos jurídicos y de compliance del sector farma. Las posibilidades que ofrece el desarrollo de la Inteligencia Artificial deben ser una herramienta fundamental para que los abogados in house puedan superar la dificultad de estar al día de una normativa compleja y de diversa procedencia y de la jurisprudencia que genera, según coincidieron en señalar las panelistas.
Marioti Hernández apostó por que los equipos legales trabajen de forma conjunta y coordinada con los equipos de negocio y los departamentos de marketing, salvando concepciones ya superadas en que, básicamente, se les requería para su conformidad en la fase final del proyecto o iniciativa de la empresa. «El reto es ser un área facilitadora, que tiene que compartir su expertise en el día a día y desde el primer momento con los gestores de negocio» indicó la abogada de ISDIN.
Coincidió con esta visión Marta Grau al afirmar que «el equipo legal no puede acabar siendo un corrector de estilo de la actividad de otras áreas» y para ello, según la compliance officer de Laboratorios Esteve, «hay que conseguir el equilibrio en la relación interna, siendo proactivos pero sin convertirse en un comodín para todo. Debemos estar al día de todos los elementos que conforman el negocio, pero sin olvidar que en muchas ocasiones los asuntos son comerciales o de negocio, sin una particular afectación jurídica».
Al trabajar la industria farmacéutica en un ámbito tan sensible como la salud es necesario, mantuvieron las intervinientes, tener una visión de compliance que vaya más allá de lo penal y que tenga muy presentes códigos éticos y de responsabilidad social. Por ello, la visión de la responsabilidad de la empresa debe extenderse más allá de sus propios espacios organizativos y «tener un espacial cuidado y vigilancia con las terceras partes» que intervienen en la cadena del negocio, según Marta Grau. En este sentido, la abogada consideró que el escenario actual con la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad obliga a dotarse de herramientas, como las Due Diligence a los proveedores, que permitan fiabilidad para saber cómo y con quien se puede contratar.
La lucha contra la competencia desleal y el fraude protagonizaron la segunda parte del debate en el que Natalia Gómez recomendó «ser muy cuidadosos y claros con los mensajes comerciales huyendo de cualquier actitud que pudiera entenderse como el uso de conductas prohibidas». En esta dirección Marioti Hernández señaló que ISDIN tiene como política comercial no usar determinados market places de gran popularidad, para evitar que su producto cosmético pueda ser confundido por imitadores y que usan mecanismos de refuerzo en sus presentaciones comerciales para garantizar al consumidor la autenticidad del artículo. «Un producto farmacéutico o cosmético falsificado puede hacer mucho daño y debemos poner todos los medios para evitarlo», aseveró la abogada de ISDIN.
Finalmente, las ponentes mirando al futuro inmediato constataron que los próximos años estarán marcados por lo irrenunciable de la apuesta por la sostenibilidad y lo ineludible del compromiso de reducción de emisiones, uso de materiales ecosostenibles, incorporación del reciclaje a todos los procesos y la implementación de planes de igualdad y diversidad en las empresas.
Tanto Marta Grau como Marioti Hernández advirtieron finalmente de que las empresas farmacéuticas tendrán que realizar importantes inversiones para que sus departamentos legales estén preparados para un escenario en el que la nueva Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, aprobada por el Parlamento Europeo y que invierte la carga de la prueba estableciendo una «presunción de causalidad» con la que podrá ser suficiente que parezca razonablemente probable que existe un nexo causal entre el producto y el daño alegado para una condena o la regulación de las acciones colectivas en la legislación española obligaran a redoblar la atención de las compañías sobre sus responsabilidades legales.
Mesa Hogan Lovells: «Automoción y movilidad»
Los ponentes, atendiendo a las temáticas lanzadas por los moderadores, Casto González-Páramo y Jon Aurrekoetxea, socios de Hogan Lovells en Madrid, debatieron inicialmente sobre la diferenciación y la estructura entre las áreas de asesoramiento jurídico y de compliance, en la que se diferencian a grandes rasgos dos grandes modelos: uno en el que la función legal está separada de la de compliance, fundamentalmente con el objetivo de asegurar la independencia entre ambas, y sobre todo de manera que todo lo que tenga que ver con el cumplimiento sea independiente del asesoramiento; y otro en el que ambas áreas están integradas, de manera que entre la función legal, más operativa, y la función de cumplimiento, más enfocada en la prevención de algunas acciones que no son permisibles por normas de compañía, hay una imbricación y una dependencia común.
Esta última opción era la más defendida por los ponentes, ya que, en palabras de Teresa Mínguez, General Counsel de Porsche Ibérica: «…tener ambas funciones integradas te permite hacer una gestión integrada de riesgos, ya que cuando ejerces tu labor de asesoramiento legal al mismo tiempo puedes realizar una función de cumplimiento preventivo». En el mismo sentido, Carlos Menor, Legal Director de Groupe Renault España, sostuvo que: «…tener ambas funciones unificadas es lo adecuado: asesorar y prevenir es lo ideal, pero te genera un problema de doble reporting. En todo caso, tiene más beneficios que la función de compliance esté junto a la de asesoramiento legal».
Otra temática tratada fue la de la atracción de talento y el reclutamiento. La competencia de los salarios pagados por los despachos internacionales es muy fuerte y contra eso, los partícipes en la mesa insistieron en que, normalmente, la forma de compensar al abogado de los equipos es darles visibilidad ante los órganos y el management interno, darles formación, delegar y hacerles participar en proyectos variados, que los fidelice.
El segundo bloque versó sobre la transformación de la función del abogado in-house, y cómo se produce su ampliación de competencias y encaje del departamento legal en la compañía. En este sentido, se insistió en que la asesoría in-house tiene que estar ubicada, a nivel corporativo, en el más alto nivel.
El tercer bloque de esta mesa redonda fue el referido a los retos actuales y futuros del sector de la automoción en España y el mundo. Los moderadores, Casto González-Páramo y Jon Aurrekoetxea, preguntaron a los ponentes acerca del impacto en el área legal de los cambios en la cadena de suministro y acerca de la creciente relevancia del ESG, así como sobre los retos de la introducción del vehículo eléctrico.
Las empresas automotrices, según se expuso, están muy internacionalizadas, con proveedores de todo el mundo, más allá del lugar específico de ensamblaje final del vehículo. El reto que esto supone es mayúsculo para el área jurídica. En particular, Javier Vives, Director Legal Affairs en Ford España, enfatizó que «…el área de compras está muy globalizada y los materiales llegan de todo el mundo, todos los días. Nuestros proveedores tienen sus proveedores, y estos a su vez sus subproveedores, en una cadena que no tiene prácticamente fin. Verificar el cumplimiento en toda su amplitud, especialmente en lo relativo a la gestión de los envases y residuos, conforme a las diferentes normativas aplicables, es todo un reto».
En el mismo sentido, Carlos Menor apuntó que «…tienes que entender de qué va tu negocio, ir de la mano del área de negocio. Este es el valor añadido de los abogados in-house».
Ana PradoBlanco, Head of Legal, Mercedes Benz Francia, puntualizó que «…lo que ocurre últimamente es que, dada la magnitud de los requerimientos legales, el control de la Administración se traslada o, más bien, se delega en las empresas, mediante el establecimiento de obligaciones de control sobre toda la cadena de suministro e imponiendo multas millonarias en caso de incumplimiento.
Teresa Minguez por su parte enfatizó los desafíos regulatorios que supone el cumplimiento de la Directiva de Corporate Sustainability y la Directiva de Corporate Sustainability Due Diligence, cuyo objetivo en impulsar un comportamiento sostenible y responsable en todas las operaciones de la empresa y a través de la cadena global de suministro.
Sobre esto mismo, los ponentes insistieron en que también, respecto del vehículo eléctrico, la administración se tiene que involucrar muchísimo más, pues el vehículo eléctrico solo triunfará si la red de infraestructura de recarga es amplia y suficiente, y eso es algo que en su opinión ha de ser fomentado por la administración, por no mencionar las ventajas fiscales, a la hora de adquirir un medio de transporte eléctrico, que se han de facilitar por la administración para permitir la independencia respecto de fuentes energéticas de origen fósil.
Mesa Montero Aramburu & Gómez- Villares Atencia: «Financiación alternativa»
También conocida como direct lending, la financiación alternativa se caracteriza por la desintermediación y protagonizó otra de las mesas del «II Congreso Aranzadi LA LEY de Abogacía in House». Bajo la moderación de José Blanco Aróstegui, socio del departamento de mercado de capitales de Montero Aramburu & Gómez- Villares Atencia, y de Miguel Cuesta Boothman, socio del departamento de derecho mercantil del despacho, el debate contó con las reflexiones de Diego Abellán, co-founder en Outliers Investment; Luis Felipe Castellanos, private debt managing partner en Alantra; Mariano Villalonga, director del área de debt & capital solutions en Arcano Partners; y Ricardo Benedé, managing director de Beka Finance.
El debate lo abrió Mariano Villalonga, que reseñó algunos hechos destacables para el crecimiento del direct lending. En primer lugar, la consolidación bancaria: hay menos entidades porque se han fusionado o han desaparecido. «A la hora de buscar financiación, la competencia se ha reducido muchísimo», explicó. Esto consolida la posibilidad para las empresas de buscar herramientas de financiación alternativa, que en Estados Unidos son el 75% del mercado y en España solo el 25%, sostuvo. Sin embargo, «los bancos no se van a ir, sino que habrá un mix de estructuras para financiar empresas», señaló.
Por su parte, Ricardo Benedé destacó que una de sus principales ventajas es que «estás diversificando tu base de inversores, no te limitas solo al banco. Además, acceder a un nuevo elenco de inversores te cambia la posición negociadora frente a los bancos». Por otra parte, ofrece plazos mayores para la devolución y estructuras de amortización al final del plazo. Adicionalmente, la respuesta suele ser más rápida y puede combinar distintas soluciones de financiación. ¿Y las desventajas? «La parte menos atractiva es el precio. La banca es más ajustada, pero en cuanto a características y flexibilidad es mejor el direct lending», aseguró.
«El coste de la financiación alternativa es relativo porque asumimos un riesgo mayor y el delivery es más ágil», sostuvo Luis Felipe Castellanos, que destacó que el trato es directo con quien concede los fondos y más rápido, algo especialmente relevante cuando se trata de cerrar una operación de adquisición. Recordó también que, a la hora de decidir otorgar la financiación, «nosotros no miramos el balance para atrás, como los bancos, sino el plan para el futuro». Aseguró que la vida media de los préstamos son dos años y medio porque la mayoría de las empresas, cuando crecen, se financia con los bancos.
Todos coincidieron en señalar la relevancia de tener un buen equipo jurídico que asesore a las empresas previamente al acceso a este tipo de financiación y que se entienda y se coordine muy bien con el equipo financiero, sobre todo por los covenance que exigen los fondos, que son obligaciones de tipo financiero, informativo, etc. Los fondos lo que buscan es que las empresas a las que financian cumplan lo pactado y por ello se permite que pueda haber incumplimiento de esas obligaciones tres o cuatro veces durante la vida del préstamo, aclaró José Blanco.
Uno de los activos que también se financian son los pleitos. Según Diego Abellán, existe un mercado de litigios con una inversión actual de 15.000 millones de dólares y está muy correlacionado con el ciclo económico, con las crisis. «Las reclamaciones en las empresas arrojaban un alto consumo de recursos económicos y humanos y podía haber un éxito al cabo del tiempo que era difícil de cuantificar. Pero ahora las reclamaciones son activos a los que se puede poner en valor».
«El objetivo es buscar pleitos que sean jurídicamente sólidos, se revisan con ayuda de un bufete y se puede cuantificar. El tipo de estructura de financiación se hace ad hoc, no son predeterminadas, son para cada compañía», explicó el representante de Outliers Investment, que insistió en que deben confiar en que el litigio sea exitoso y con un periodo de vida de entre cinco y siete años. Las operaciones van de un mínimo de dos millones de euros hasta 200 millones de euros.
En la mesa también se destacaron otros mecanismos de financiación, como los bonos (que requieren información pública), los pagarés o las titulaciones. Los expertos recordaron también que el direct lending es para empresas y no está pensado para minoristas, que tienen la opción de acudir a plataformas de crowfunding o crowdlending.
Mesa Osborne Clarke: «La descarbonización de la economía, retos y oportunidades»
Moderada por Luis Castro, partner y Head of Energy and Energy Transition OC Spain de Osborne Clarke contó con las intervenciones de Emma Manzanedo Andany; directora de Fiscal y Legal Corporativo de Logisfashion; Helena Yperlaan Blajé, Head of Legal - Spain en Statkraft; Gabriel López Serrano, director de Regulación y RRII de Microsoft Ibérica S. R. L; Ana Julia Mendoza Chiappori, abogada de la dirección de Servicios Jurídicos del Grupo Iberdrola y Javier Nájera Neila, senior Account Director Decarbonisation & Strategic Partnerships | Commercial & Clean Energies de Moeve (antigua CEPSA).
Con una nutrida asistencia de congresistas los panelistas debatieron sobre la generación de energía renovable, el uso de gases renovables (hidrógeno verde, biometano), la instalación de Data Centers en España y el reto del transporte eléctrico (baterías y cargadores).
En su introducción el moderador Luis Castro se refirió al escenario que marca la estrategia definida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 —cuya última actualización fue aprobada por el Gobierno en septiembre de este año— y que pretende impulsar la transición ecológica y la de inversiones industriales y de renovables en España con un gasto previsto de 308.000 millones. «Deberíamos afrontar este desafío sin rigideces para lograr los objetivos de descarbonización con todos los recursos que estén a nuestro alcance y sintonizando a todos los actores públicos y privados».
Helena Yperlaan señaló el problema que para la transición verde supone no tener capacidad de almacenamiento de electricidad, lo que provoca una disfunción entre oferta y demanda y lleva al mercado a un escenario de «bajos precios» que no lo hacen atractivo para los inversores y que se debe superar el decalaje entre oferta y demanda.
Por su parte, Ana Mendoza incidió en la importancia de alcanzar la «independencia energética», una necesidad que se ha puesto de manifiesto con la guerra en Ucrania. Para ello apostó por «la planificación a largo plazo y un escenario regulatorio fiable y gestionable buscando soluciones tecnológicas viables para el problema del almacenamiento».
«La energía más barata es la que no se consume» afirmó Javier Nájera visualizando que las empresas buscan el camino de la eficiencia, como demuestra que en los últimos 20 años y a pesar del crecimiento económico «el consumo eléctrico se ha reducido en torno al 5%».
El directivo de Moeve indicó que «no todos los procesos son electrificables al 100%» ejemplificando en las acerías, dónde no es posible alcanzar las temperaturas necesarias sin la intervención de combustibles, el transporte marítimo de mercancías o el aéreo de largo radio. «Ahí es donde entran en juego las moléculas verdes».
Nájera también incidió especialmente en el problema de la distribución eléctrica asegurando que la red eléctrica necesita una inversión de al menos 4.900 millones de euros « para absorber la capacidad generativa de las renovables. Sin red no puede haber distribución. De nada sirve producir sino se puede distribuir y no se puede almacenar», concluyó.
Gabriel López por su parte quiso ofrecer un mensaje optimista de las capacidades de España en la transición digital y ecológica apuntando cuatro ventajas competitivas del país que le hacen muy atractivo para la instalación de grandes Data Center: una buena infraestructura de telecomunicaciones con 15,3 millones de líneas de fibra óptica lo que sitúa a España a la cabeza de Europa; habilidades digitales y desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial; sostenibilidad en la cultura empresarial y la relevancia geoestratégica de España alcanzada en Europa y en América. El directivo de Microsoft subrayó que «la transición energética y la transición digital caminan de la mano».
Finalmente, Emma Manzanedo, desarrollando la importancia que tiene la sostenibilidad en el sector logístico y en todos sus eslabones, afirmó que hoy «no ser sostenible es no ser rentable» y puso el foco en la necesidad de lograr un almacenaje de cero emisiones, introduciendo sistemas de gestión circular de la energía en las plantas y de transporte sin emisiones. «El sector de la moda es sostenible desde el origen hasta el consumidor final», concluyó.
Mesa ARCO Abogados y Asesores Tributarios: «Contratación Pública y Empresas Licitadoras»
La sesión, que contó con la moderación de Roger Canals Vaquer, responsable del área de contratación pública de Arco Abogados y Asesores Tributarios, congregó en la mesa a Elena Hernáez Salguero, consejera en el Tribunal de Cuentas de España; Francisco Bravo Virumbrales, subdirector general de lo consultivo en la Abogacía General de la Comunidad de Madrid; Francisco de Borja Rodríguez García, director corporativo de asesoría jurídica en Grupo Azvi; Ana García Gimenez, abogada del área jurídica de Sorigué; y María Pilar García Cruz, advocada en cap de la assessoria jurídica en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
«El sistema de contratación pública en los últimos años se ha visto sometido a una prueba de estrés, por el pico inflacionario con contratos económicamente dimensionados en 2020, pero que, en el momento de la ejecución, se vio que los precios se incrementaron considerablemente, por lo que hay pérdidas y no beneficios. Esto genera mucha tensión y mucha litigiosidad», explicó Roger Canals.
El origen está en la Ley de Contratos Públicos, sobre todo, en lo relacionado con las prórrogas de los mismos. María Pilar García explicó que la norma establece que estas quedan a facultad de la Administración y son obligatorias para los contratistas. «¿Por qué actúa así el legislador? Por la dificultad que lleva la realización de los pliegos. Yo tengo una visión muy crítica porque es poco pragmática». Con todo, recordó que «las prórrogas tienen que estar previstas en los pliegos y el valor de los contratos ya incluye esa previsión. El contratista sabe a lo que se presta».
Ana García Giménez, confesó su sorpresa cuando «tras siete años de vigencia de esta ley, la Administración hace uso de la prórroga forzosa y nos cambia las cosas. Nos vemos abocados muchas veces a ir a los tribunales de lo Contencioso porque tenemos que cumplir las mismas condiciones». La especialista incidió en que el riesgo y ventura que asume el contratista termina cuando acaba el contrato, pero «estamos cautivos de este artículo porque no podemos abandonar el servicio» y puso el acento en mecanismos como el contrato puente para establecer condiciones que no sean lesivas para las empresas.
Por su parte, Elena Hernáez puso el foco en los informes del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de aprovisionamiento y convalidación de gastos del sector público, que están fuera de la ley. «No es algo anecdótico, es algo común, que se produce con cierta continuidad y es opaco», subrayó. Desde su punto de vista, la ley es compleja y muy técnica porque «ha nacido desde la desconfianza» ante el riesgo de juicios penales.
Para contextualizar, Francisco Bravo recordó que la situación anterior a esta norma era favorable a la revisión de precios y flexibilidad contractual, pero esto desembocó en situaciones indeseables con consecuencias contables y penales. «Se van estableciendo mecanismos más rígidos para garantizar una mayor igualdad de trato», explicó. También aclaró que la ley contempla prórrogas contractuales previstas y prórrogas forzosas y que las primeras no deberían plantear ningún conflicto. Y, si se cumple la normativa, el tope para la prórroga forzosa es de nueve meses.
El sector de la construcción es uno de los grandes contratistas. Sobre esto, Francisco de Borja destacó que cuando se prorroga un contrato en el sector público los problemas van por el hecho de que muchas empresas se presentan a licitaciones con precios muy bajos con la expectativa de optimizar el servicio, pero realizar estimaciones sobre cómo va a ser el marco legal en diez años es una tarea difícil: hay riesgos operacionales, modificaciones legislativas, renovación de convenios colectivos. Los sobrecostes se intentan asumir y a veces hay que buscar financiación.
Nadie preveía el incremento tan acusado de la inflación de los últimos años. A ello se añade el aumento de los costes energéticos o los costes laborales. Por ello, se pidió más flexibilidad al legislador a la hora de buscar soluciones legales porque a veces el entorno cambia, pero el contrato sigue inalterable, para incentivar los acuerdos con garantías para asegurar la correcta ejecución del contrato.
Mesa Auren: «Retos del Sector Retail»
La mesa contó con la participación de Idoia Baranguan Juan, directora del departamento jurídico del Grupo Eroski; María Beatriz Martínez-Falero García, directora de la asesoría jurídica de Mahou San Miguel; Paula Ordóñez Espinosa, responsable jurídico de Leroy Merlin; Manuel Morales Zapata, director de la asesoría jurídica y auditoría interna de la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA Food); y Carlos Gutiérrez. manager jurídico de Afflelou. Todos ellos compartieron sus opiniones bajo la moderación de Rodrigo Gómez Sánchez, socio de Auren Abogados.
«Nosotros intentamos iniciar el análisis cuando está en embrión la norma», señaló Manuel Morales. La nueva normativa se comparte con el CEO en un breve resumen, pero el objetivo es «que vaya permeando hacia abajo en la organización, no solo en el comité ejecutivo o el consejo de administración, para poder mejorar los niveles de cumplimiento. Y a veces encontramos resistencia al cambio». Sobre los costes que tienen la nueva regulación sobre sostenibilidad, comentó que «todos sabemos que esto es bueno, pero ¿cuánto me va a costar esto? ¿puedo repercutirlo al consumidor final? Esas son las dudas» recalcó.
Por su parte, Paula Ordóñez explicó que la regulación ESG es el mayor reto actual para Leroy Merlin, pero intentan enfocarlo como una oportunidad para mejorar la reputación de marca. Las políticas de sostenibilidad o «impacto positivo» se centran en la cadena de valor; en los clientes, para ofrecerles soluciones eficientes; y en la propia actividad de la compañía, que debe apostar por el diseño ecosostenible, el I+D+i, la vigilancia de los proveedores y la economía circular.
Los proveedores también se ven afectados por este régimen regulatorio de alta exigencia. Así lo destacó Idoia Baranguan, que aseguró que el Grupo Eroski los considera muy relevantes y persigue relaciones estables. «No os podéis imaginar la presión que tenemos cuando queremos poner un nuevo producto en la tienda». Esto ha hecho que pongan el foco en los contratos, que deben ser certeros e incorporar nuevas cláusulas sin ambigüedades. «Antes decíamos que el mejor contrato era el que se metía en el cajón y no se sacaba. Eso ahora puede no pasar. Las cláusulas hay que aplicarlas y vigilar el cumplimiento, con líneas rojas en las que deben ser «firmes y contundentes» para que los contratos sean válidos y creíbles.
En el caso de Afflelou, Carlos Gutiérrez recordó que tienen el reto de los franquiciados debido a que los contratos de franquicia son muy detallados y extensos. «¿Cómo se lo explicas? Son expertos en salud visual y debemos explicarles con todo lujo de detalles el contenido del mismo. El contrato tienen que verlo como una especie de manual en la que se regulariza la relación mercantil entre franquiciado y franquiciador. El mismo se ha ido adaptando a lo largo de los años para incluir la nueva casuística que se han ido registrando. En cuanto a los proveedores, asegura que los más pequeños son los que requieren más atención y dedicación debido a que normalmente carecen de estructura jurídica. Con herramientas tecnológicas, hacen auditorías a proveedores antiguos, pero en ocasiones no es el abogado quien responde el cuestionario sino el comercial.
Otra cosa distinta ocurre cuando los proveedores son de mayor envergadura. «Un porcentaje muy alto de nuestros proveedores son muy grandes y tenemos la relación muy estandarizada, con un portal del proveedor, con información para ellos, se auditan sus procesos productivos, etc.», señala Beatriz Martínez-Falero, de Mahou San Miguel. En temas de innovación y de sostenibilidad, admite que lo que mejor resultado da es trabajar directamente con los proveedores. «Esto nos lleva a establecer relaciones con ellos a largo plazo porque cambiar de proveedor puede ser traumático», sostuvo y adelantó que la tendencia es ir más al proveedor de cercanía por el impacto en emisiones.
Mesa Barrilero & Asociados: «ESG»
En este panel, moderado por Nacho González Freixa socio responsable del Departamento de Compliance y Gobierno Corporativo del bufete Barrilero & Asociados, participaron Lorena Rodríguez Álvarez, Legal Counsel de Ecoembes, Almudena de Pintos Martín, letrada de AJ de Banca Comercial en Banco Santander España y Lucía Sánchez-Ocaña Leyún, Global Risk Compliance & Sustainability director en Qualitas Energy.
Los criterios ESG implican a empleados, proveedores y otros actores que tienen un vínculo con la empresa. Valores como la diversidad y la inclusión, el respeto por los derechos humanos o la igualdad son principios que tienen una gran repercusión en la actividad de la compañía, como lo tienen las acciones dirigidas al cuidado y la conservación del entorno natural y el medio ambiente.
Las empresas deben cumplir con los principios ESG ambientales, sociales y de gobernanza para que sus inversiones sean consideradas responsables. El hecho de que las compañías sigan estas prácticas ESG contribuye notablemente a reducir el impacto ambiental y social, a la vez que hacen crecer los negocios verdes y se fomenta la economía circular.
Lucía Sánchez-Ocaña definió a los ESG como objetivos no financieros de la empresa y que, en el caso del sector energético, son ineludibles por ser consustanciales a los criterios de respeto medioambiental propios de organizaciones dirigidas a la sostenibilidad.
Almudena de Pintos hizo hincapié en la agenda responsable de su entidad y el alineamiento con las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) con el objetivo de ser una banca responsable. La letrada del Banco Santander incidió también en la necesidad de gestionar una financiación responsable en la que también tienen un papel relevante los gobiernos «que deben ayudar con una fiscalidad que permita la sostenibilidad».
Por su parte, la abogada de Ecoembes, Lorena Rodríguez, señaló que quien no esté involucrado en la sostenibilidad y el cambio «esta fuera del mercado», por lo que ya no es una opción de gestión de la empresa no incorporar de forma medible los criterios ESG a la estrategia de las compañías. «La sostenibilidad debe formar partes de la genética de la empresa y los departamentos legales deben actuar teniéndola siempre presente como un principio informador de su tarea», afirmó ante el auditorio.
La resistencia interna en la aplicación de los criterios ESG fue también analizada por los ponentes coincidiendo unánimemente que, en general, no se manifiesta y que la sostenibilidad forma parte de la conciencia social corporativa, aunque Lucia Sánchez-Ocaña no ocultó que la gestión de su coste financiero y la imputación de costes «genera debates» en las direcciones corporativas. En este sentido Nacho González-Freixa recordó que el incumplimiento de la regulación vinculada a la sostenibilidad puede ocasionar «la comisión de un ilícito penal de la empresa».
Para finalizar, todos los panelistas coincidieron en considerar que trabajar para la sostenibilidad no es una cuestión de resultados o de criterios de mercado. Para Lucia Sánchez-Ocaña «si no hay planeta no hay mercado ni empresa ni beneficio. Sin planeta no hay vida y sin vida no hay nada», reflexión a la que se sumó el moderador señalando que la sostenibilidad «no es una moda, es una realidad tangible que hay que abordar y que además es un generador de valor para la empresa y una necesidad ineludible para la sociedad».
Concluyeron las exposiciones conviniendo que las empresas deben cumplir con los principios ESG ambientales, sociales y de gobernanza para que sus inversiones sean consideradas responsables ante la sociedad, el mercado y los inversores
Respaldo empresarial y de la comunidad jurídica
El «II Congreso Aranzadi LA LEY de Abogacía in House» ha vuelto a contar para su realización con el respaldo de relevantes empresas y bufetes: Banco Santander, Freshfields, Auren, Osborne Clarke, EY, Montero Aramburu & Gómez- Villares Atencia, Arco Abogados y Asesores Tributarios, Bufete Barrilero, Hogan Lovells, Mutualidad y Zubizarreta como patrocinadores ORO. Mahou San Miguel como patrocinador Plata. Álvarez y Marsal, CE Consulting; Broseta y Feellegal como patrocinadores Bronce. La Asociación de Secretarios Generales & de Consejos de Administración como Colaborador. Y los medios colaboradores Cinco Días, El País, AJA Digital y Legal Today.
Muchas gracias a todos ellos, sin su respaldo no hubiera sido posible.
