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PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 (LA LEY 1694/1985), 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio (LA LEY 1694/1985), del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 (LA LEY 19110/2011) y 2, g de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (LA LEY 19110/2011) , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (LA LEY 19110/2011) , los hechos declarados probados se han deducido de las pruebas siguientes:

a. El primero, el segundo, el quinto, el octavo se admitieron pacíficamente por las partes.

b. El tercero es pacífico, observándose igualmente en la descripción 55 de autos, reconocido de contrario.

c. El tercero se deduce del testimonio del Director de Recursos Humanos de la empresa, que así lo afirmó a preguntas del Presidente de la Sala, lo que se ve corroborado, para los años 1983, 1984 y 1985, en descripciones 73, 75, 77 de autos, reconocidos de contrario.

d. El sexto es pacífico, constando el acta como documento 2 del ramo de prueba de UGT, descripción 3 de autos, reconocido de contrario.

e. El séptimo se deduce de la testifical practicada en juicio.

f. El noveno se observa en descripción 35 de autos, reconocido de contrario.

g. El décimo se observa en el documento recogidos en la descripción 92 de autos, que no fue reconocido de contrario pero sí por el Director de RRHH que depuso como testigo, no apreciándose elemento alguno que permita dudar de su autenticidad.

h. El undécimo se deduce de la descripción 8 de autos, reconocido de adverso.

i. El duodécimo es pacífico, constando el texto del acuerdo en la descripción 34 de autos, reconocido de adverso.

h. El décimotercero se observa en los documentos recogidos en las descripciones 95 a 100 de autos, que no fueron reconocidos de contrario pero sí por el Director de RRHH que depuso como testigo, no apreciándose elemento alguno que permita dudar de su autenticidad.

i. El décimocuarto se desprende del acta que obra en la descripción 9 de autos.

TERCERO.- El relato fáctico desvela que la empresa había venido entregando una cesta de Navidad desde 1974, contabilizándola como retribución especie, hasta que en 2011 acordó con el comité intercentros el inicio de un período de negociación para transformar aquélla en salario en metálico, abonándose así desde entonces. En 2017 la empresa dejó de efectuar el abono correspondiente, al considerar que el acuerdo de 2011 era nulo por no contar con autorización del Ministerio de Hacienda.

A raíz de esta situación, los demandantes piden que se reconozca el derecho de los trabajadores a percibir el importe correspondiente a la cesta o, subsidiariamente, la cesta misma como salario en especie.

Con carácter previo ha de examinarse si, como alegó el Abogado del Estado, existe falta de acción cuando, en la demanda de CCOO y SPN, se pide que ese abono se realice en años sucesivos. La Sala comparte la visión de la parte demandada, pues estaríamos ante la falta de acción como "la ausencia de un interés litigioso actual y real", en expresión que acogió la conocida STS de 18 de julio de 2002 (Rec. 1289/2001 (LA LEY 509/2003) ). Instar una declaración judicial respecto de una situación que aún no se ha producido -falta de abono de gratificaciones navideñas en años venideros- supone articular un mero "interés preventivo o cautelar" que no resulta suficiente a estos efectos ( SSTS 8 de octubre de 1991 , 27 de marzo de 1992 y 20 de junio de 1992 ).

Por tanto, la excepción ha de estimarse en los términos expuestos.

CUARTO.- La empresa dejó de abonar la cuantía salarial correspondiente a la gratificación navideña, debido a que su abono en metálico derivaba de un acuerdo alcanzado en 2011 que ha pasado a considerarse nulo por no contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. Los demandantes solicitan que esta decisión se deje sin efecto, recuperando la percepción del concepto retributivo. Y ello porque: a) no era necesaria dicha autorización, al tratarse de una mera transformación de salario en especie a salario en metálico sin incremento de gasto; b) la ausencia de autorización no desvirtúa el hecho de que la entrega de la cesta era una condición más beneficiosa que se había incorporado al patrimonio de los trabajadores, sin que su transformación en salario en metálico altere dicha naturaleza, por lo que debe mantenerse.

Veamos, pues, en primer lugar, si era necesaria o no la citada autorización administrativa de lo dispuesto en el Acuerdo de 2011:

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (LA LEY 25825/2010), reiterando lo que sus predecesoras habían venido disponiendo año tras año, indica en su art. 27.dos que durante el primer trimestre "el Ministerio de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos" .

En su art. art. 36.uno establece que "durante el año 2011 será preciso informe favorable conjunto de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de: (...) d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas" .

Por su parte, el apartado dos de este mismo percepto aclara qué se entiende por "determinación o modificación de condiciones retributivas", señalando, entre otras, la "d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual (...), cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo" , y el "e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos" .

El apartado tres advierte que "El informe (...) versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2010 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley" .

Finalmente, el apartado cinco precisa que "Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe" , no pudiendo "autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2011 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo".

En definitiva, pues, está claro que un concepto que supone una mejora salarial unilateral, como es la atribución de la gratificación navideña, tanto en especie como su equivalente en metálico, requería del preceptivo informe administrativo favorable, siendo nulo un acuerdo que la contemplara sin cumplimentar tal requisito. Y en coherencia con ello, el citado Acuerdo de 2011 hacía expresa referencia a que quedaba condicionado a la obtención de los mencionados informes, que nunca se obtuvieron, por lo que ha de entenderse carente de efectos.

No obsta a esta conclusión el que la cesta se viniera otorgando desde años antes, incluso cuando las Leyes de presupuestos aún no contemplaban el informe que ahora nos ocupa, porque debió instarse en el momento en que comenzó a ser preceptivo para autorizar la masa salarial y, sin embargo, no consta que así se hiciera ni su recepción expresa como parte de la masa salarial autorizada.

QUINTO.- Teniendo claro, pues, que el Acuerdo de 2011 ha de considerarse nulo y sin efectos debido a que no cuenta con el preceptivo informe y autorización administrativos, resta por analizar si, una vez descartado aquél, es posible recuperar el derecho a la entrega de la cesta como retribución en especie.

Los demandantes alegan que constituía una condición más beneficiosa y que, como tal, debería mantenerse.

Sobre el nacimiento de la condición más beneficiosa en el sector público, el Tribunal Supremo ha ido variando desde una posición restrictiva a otra más laxa. Así, originalmente consideró que los principios de competencia y legalidad impedían a gestores de entidades administrativas pactar acuerdos u otorgar condiciones laborales ajenas a la legalidad y/o al convenio colectivo de aplicación ( SSTS 19/09/07 -rcud 3474/06 (LA LEY 162071/2007) -; y 16/02/09 -rcud 1472/08 (LA LEY 4816/2009) -). Pero esto cambió cuando dos SSTS de 25 de junio de 2014 (rec. 1885/2013 (LA LEY 131894/2014) y 1994/2012 ) reconocieron una condición más beneficiosa en el ámbito de la Administración empleadora, seguidas de la STS 3 febrero 2016 (rec. 143/2015 (LA LEY 10216/2016) ), que asumió el respeto a la condición más beneficiosa razonando que estaba ante el surgimiento de un derecho de forma lícita, ante actos explícitos praeter legem emanados de órgano competente. Por su parte, la STS 13 julio 2017 (rec. 2976/2015 (LA LEY 101820/2017) ) indica que ha de tratarse de un beneficio «praeter legem», en tanto que no contemplado ni prohibido -de forma expresa o implícita- por disposición legal o convencional algunas de las que predicar su imperatividad como Derecho necesario absoluto.

En definitiva, con mayores o menores precisiones según los pronunciamientos, puede decirse que, para el Tribunal Supremo, no hay condición más beneficiosa cuando aparece una prohibición frontal o una ilegalidad, pues no cabe hablar de una condición más beneficiosa que contraría lo querido por las normas ( STS 3 febrero 2016, rec. 143/2015 (LA LEY 10216/2016) ).

Pues bien, en el presente caso, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial imperante antes del Acuerdo de 2011, es dudoso que la práctica de entregar la cesta pudiera generar una condición más beneficiosa, dado el tenor restrictivo con el que se contemplaba la figura en el sector público. Pero incluso aunque no hubiera sido así, resulta jurídicamente inviable reconocer el surgimiento de un derecho de forma ilícita, cual sería admitir como condición más beneficiosa la práctica empresarial de otorgar la gratificación navideña sin contar con la preceptiva autorización a partir del momento en que esta viene exigida ineludiblemente por las normas aplicables.

En otras palabras, no cabe consagrar la validez de derechos que devinieron anómalos desde el momento en que debieron ser sometidos a informe y autorización y, sin embargo, no lo fueron. El que la práctica se extendiera durante tantos años no convalida el resultado contrario al ordenamiento jurídico.

A mayor abundamiento, téngase en cuenta que en 2011 la empresa acordó transformar esa concesión unilateral en un derecho paccionado, sometido, por tanto, a las reglas de modificación y extinción del instrumento que lo contiene, y sometido, también, a las vicisitudes a las que este último está expuesto, como por ejemplo las condiciones para su validez. El que el acuerdo resultara nulo no "resucita" la existencia de la concesión unilateral de una cesta que dejó de existir, ni reaviva la voluntad inequívoca del empleador de entregarla como retribución en especie cuando, justamente, lo que estaba demostrando era su intención de que dejara de entregarse como tal.

En razón de lo expuesto, las demandas deben ser desestimadas.