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PRIMERO.- La acusada Dª Gracia ha sido condenada por haber sustraído del domicilio de Milagrosa , a quien cuidaba, de 9.000€ en metálico que ésta guardaba en el cajón de la cómoda de su habitación, y a finales de agosto de 2017 de 20€ en metálico que se hallaban en el mismo cajón.

La juzgadora de grado ha estimado acreditados, según las grabaciones exhibidas en el acto del juicio, varios intentos de la acusada de coger lo que hubiera en el cajón entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2017, cuando sustrajo los 200€. Al considerar que era el mismo lugar y la sustracción de 2016 obedecía al mismo patrón, le imputó también la sustracción de 9.000€ en 2016.

Dicha inferencia ha sido criticada en el recurso, habiendo aportado la recurrente determinados argumentos que a juicio de la Sala impiden confirmar ese razonamiento:

SEGUNDO.- Así, resulta interesante que al denunciar el primer robo en Comisaría, Dª Milagrosa , que señaló que la habitación donde había guardado el dinero permanecía siempre cerrada con llave y que ésta la guardaba debajo de una maceta, que en la casa vivían ella, su madre que estaba impedida y su hijo discapacitado, de 20 años de edad, y que también acudían a la vivienda algunos de sus familiares, que no suben a esa plantea, y que también acudía desde septiembre la denunciada. Si bien amplió esa declaración y señaló que también su hermana Violeta -que había recibido una cantidad igual de su padre y que por tanto debía saber la existencia del dinero, aunque no su escondite- también solía estar en su casa y que por la semana iba de lunes a viernes a comer. Plasmó sus sospechas en Gracia o en su hermana, al rechazar otras posibilidades.

No se ha podido acreditar la preexistencia de los 9.000€, pues ni siquiera Violeta fue llamada a declarar en el plenario, por lo que el único indicio posible de ella es el contenido de la denuncia inicial, a la que no siguió ninguna actuación reseñable ni en la policía ni en el juzgado.

En consecuencia, la vinculación hallada entre actos presentes y actos pasados, cuando se ha tratado de realizar una actuación prospectiva, existiendo al mismo tiempo otras sospechas igual de razonables contra la hermana (en tanto que sería conocedora de la preexistencia del dinero), no resulta un indicio tan poderoso como para sustentar la condena por esa sustracción pretérita. Ello porque en el ámbito del amparo constitucional, sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, cuando "la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STC núm. 128/2011 de 18 de julio (LA LEY 138164/2011) ). En sentido coincidente hay una abundante y reiterada doctrina del Tribunal Supremo, bastando citar las SSTS de 22 , 21 junio , 26 septiembre 2012 , núm. 703/2016 de 14 septiembre.

TERCERO.- Por otro lado, resulta dudosa la legalidad del uso de una cámara de seguridad encubierta para vigilar los actos de una empleada, sin haberle informado previamente de su uso, por posible vulneración de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Así la STC núm. 29/2013 de 11 febrero (LA LEY 11227/2013) declaró que la instalación permanente de un sistema de videovigilancia como medida de seguridad y vigilancia requería que los representantes de los trabajadores y los empleados fueran informados previamente y su falta implicaría una violación del artículo 18.4 CE (LA LEY 2500/1978) . En la STC núm. 39/2016 de 3 de marzo de 2016 (LA LEY 11275/2016) el tribunal declaró que no se habría violado el art. 18.4 CE (LA LEY 2500/1978) porque el empresario instaló una señal en la ventana de la tienda indicando la instalación de videovigilancia, de conformidad con el artículo 5 LPD así como la Instrucción 1/2006, por lo que el empleado era conocedor de la instalación de un sistema de control y de su finalidad, siendo resultado de la videovigilancia que el empleado fue captado robando dinero de la caja registradora y por tanto, despedido. En la reciente STEDH de 9 enero 2018, Caso López Ribalda y otros contra España se relaciona la doctrina del TEDH sobre el uso de cámaras de vigilancia en el contexto de la supervisión de las acciones de un individuo mediante el uso de equipo fotográfico, donde ha hallado consideraciones sobre la vida privada que surgen con respecto a la grabación de los datos y al carácter permanente o sistemático de la grabación [P.G. y J.H. contra el Reino Unido, Peck y Perry ], pues la imagen de una persona constituye uno de los principales atributos de su personalidad, ya que revela las características únicas y que le distingue de sus pares y el derecho a su protección es así uno de los componentes esenciales del desarrollo personal y presupone el derecho a controlar el uso de dicha imagen [Reklos y Davourlis contra Grecia]. Ha establecido que no respetaba el principio de proporcionalidad el uso de cámaras encubiertas durante un largo periodo de tiempo y sin sospechas contra una persona determinada, aunque el empresario actuase con el objetivo legítimo de proteger su interés en sus derechos propietarios y no cumplía con los requisitos establecidos en el art. 5 LOPD .

En el presente caso el contexto difiere en parte, pues se trata de una sola empleada doméstica frente a la cual se mantienen sospechas que penetra en una habitación donde no tiene que entrar, pero también es cierto que éstas son antiguas y que la empleadora le está poniendo cebos o trampas para comprobar sus actos, con lo que queda comprometida también su intimidad, existiendo otros mecanismos que podrían haberse empleado sin necesidad de esa vulneración (por ejemplo, prueba testifical que acreditara la preexistencia del dinero antes de entrar a trabajar la acusada y su ausencia después), razones por las que decimos que resulta cuando menos dudosa la legalidad de la prueba. Y sin dicha prueba, no sería posible llevar a cabo la inducción mantenida en la sentencia. Esta apreciación también tiene importancia en relación con la sustracción de los 200€ que aparece en las grabaciones, pues se basa en la misma prueba irregular.

CUARTO.- Se declaran de oficio las costas causadas.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y de conformidad con el artículo 117 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ,