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PRIMERO.- La demanda de modificación de medidas pretende suprimir la pensión alimenticia impuesta al padre para su hija mayor, de 23 años de edad, alegando que trabaja: fundamenta su pretensión en que, por su edad y formación académica, está en disposición de poder trabajar y además está trabajando en la actualidad por lo que no necesita la pensión para su subsistencia.

Tal planteamiento, que no concreta las condiciones laborales, en cuanto a estabilidad e ingresos, es insuficiente para fundamentar la pretensión deducida; teniendo presente que el proceso no es un medio de investigación de los datos que al demandante interesen, sino que la actividad probatoria se desarrolla para acreditar los hechos que la demanda especifica o concreta y que la otra parte pueda desacreditar.

SEGUNDO.- El simple hecho de que la hija mayor desempeñe un trabajo es insuficiente para suprimir la pensión alimenticia impuesta al padre, máxime en aquellos casos de pensiones reducidas que pueden precisar un complemento, ante las escasas posibilidades económicas del núcleo familiar en el que convive el hijo.

Al respecto, reiterado criterio jurisprudencial ha manifestado que para suprimir la pensión alimenticia a un hijo mayor de edad es preciso que tenga ingresos propios de carácter fijo o, cuando menos, una edad con capacidad de trabajo suficiente, o una formación ya completada, que le permita obtener un puesto de trabajo como posibilidad cierta y real. Así lo ha venido sosteniendo el Tribunal Supremo en sentencias relativas a alimentos a los hijos mayores de edad "para que cese la obligación de prestación alimenticia es preciso que el ejercicio de una profesión u oficio sea una posibilidad concreta y eficaz según las circunstancias, no una mera posibilidad subjetiva", negando el cese de tal prestación cuando todavía no tiene un puesto de trabajo con ciertas expectativas de permanencia y cuyos ingresos le permitan mantenerse, de manera que una situación de trabajo temporal o parcial no es suficiente para relevar al padre de su contribución alimenticia.

Sobre la pensión alimenticia para el hijo mayor, es preciso tener en cuenta que la Jurisprudencia ha declarado (TS. S. 5 octubre 1993) que los alimentos de los hijos mayores, en cuanto derivados básicamente de la relación paterno filial, no han de verse afectados por las limitaciones propias del régimen de alimentos entre parientes, normativa sólo en parte aplicable a los hijos mayores de edad. Aprecia el cese de la necesidad cuando el hijo tiene ya una edad muy avanzada, plena capacidad laboral y ha terminado su formación (S.T.S. 1 marzo 2001). En el mismo sentido, el T.S.J.C. interpretando el art. 76 Codi de Familia, sobre la pensión alimenticia del hijo mayor, también ha manifestado que no tiene las limitaciones aplicables a los alimentos entre parientes puesto que el progenitor debe pagarla, como una obligación esencial de la relación paterno-filial, siempre que el hijo la necesite por cualquier causa o situación como se deduce de lo dispuesto en el art. 260 Codi de Familia (S. 3 junio 2002).

TERCERO.- En este caso no concurren las condiciones que justifiquen la supresión de la pensión porque la hija ha mostrado su voluntad de continuar los estudios universitarios que está cursando y se desconoce la situación del trabajo que desempeña para poder estimar que tiene las condiciones exigidas en cuanto a estabilidad y suficiencia de ingresos determinantes de la supresión de la pensión conforme al criterio jurisprudencial expuesto.

Por consiguiente, debe revocarse la sentencia que, a pesar de manifestar la falta de prueba de la situación laboral de la hija, suprime la pensión al atribuir a la madre la carga de probar la necesidad del mantenimiento de la pensión para la hija, aplicando un principio de inversión la carga de la prueba improcedente en el Incidente de Modificación de Medidas de divorcio, según lo dispuesto en el art. 80 Codi de Familia y 775 L.Enj.Civil , que requiere por parte de quien lo promueve la acreditación del cambio de circunstancias en que se basa.

Conforme a lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

CUARTO.- Al desestimarse la demanda las costas deben imponerse a la parte demandante por imperativo del art. 394 L.Enj.Civil .

No procede hacer imposición de costas al ser estimado el recurso (art. 398 L.Enj.Civil).