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PRIMERO.- Planteamiento del recurso y sentencia de instancia.

«1º.- Conforme al acuerdo del Pleno del Consejo de Empadronamiento de 10 de abril de 2019, la acreditación de los datos de identidad de menores de edad, sin distinción de nacionalidad, que puedan no disponer de alguno de los documentos de identificación contemplados en la Resolución de 30 de enero de 2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, se efectuará, hasta los 14 años, mediante el Libro de Familia o el Certificado de nacimiento.

2º. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 f) en su apartado segundo in fine de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LA LEY 847/1985), en el empadronamiento de menores de edad cuya documentación acredite que su domicilio se encuentra en la provincia de Nador, menores de edad no emancipados cuyos padres, que tengan su guarda y custodia o, en su defecto, cuyos representantes legales, cuenten con domicilio en Nador, lo que conlleva que tienen la misma vecindad que éstos, se les requerirá el correspondiente visado.»

La sentencia (completa en Cendoj Roj: STSJ AND 11133/2021 - ECLI:ES: TSJAND:2021:11133) identifica en su PRIMER fundamento los argumentos de la parte recurrente y de la Administración, mientras en el SEGUNDO refleja la naturaleza del Padrón y del visado.

Ya en el TERCERO explica las razones para desestimar la pretensión de nulidad de la norma impugnada que dice así:

«"... La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: (...)- Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado".»

Esas razones son esencialmente las siguientes:

1º La motivación del acuerdo impugnado la ofrece su propio encabezamiento, al establecer la forma de proceder en la gestión del padrón municipal de habitantes de Melilla a partir de lo dicho por la Sección 7ª, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en la sentencia de 28 de diciembre de 2018 (recurso 770/2017 (LA LEY 216484/2018)), que consideró vulneradoras del derecho fundamental a la igualdad las diferentes formalidades impuestas a los menores de catorce años para cumplir con la inscripción en el padrón dependiendo de su nacionalidad.

2º No es posible extrapolar la fundamentación jurídica del referido pronunciamiento de la Audiencia Nacional al presente supuesto en el que el artículo 16.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985), exige el visado salvo que el extranjero disfrute de un régimen específico de exención en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, lo que no sucede con los nacionales de Marruecos.

3º El hecho de que la instrucción impugnada se refiera exclusivamente a los menores procedentes de Nador se explica por en el carácter transfronterizo de dicha población con la de Melilla y por la especial incidencia del continuo tránsito de personas de una ciudad a otra. Sin embargo, tal especifidad no excluye la aplicación del citado artículo 16.2 f) de la Ley 7/1985 (LA LEY 847/1985) al resto de ciudadanos extranjeros que pretendan empadronarse en Melilla.

SEGUNDO.- La cuestión sometida a interés casacional en el auto de 25 de noviembre de 2021 (LA LEY 211436/2021).

TERCERO.- El recurso de Cáritas Española.

Invoca la infracción de los artículos 14 (LA LEY 2500/1978), 15 (LA LEY 2500/1978), 27.1 (LA LEY 2500/1978), 39.4 (LA LEY 2500/1978) y 43 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), de los artículos 2 (LA LEY 16/1950) y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950), de los artículos 2 (LA LEY 167/1996) y 10.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LA LEY 167/1996), de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), de los artículos 2.1 (LA LEY 3489/1990), 3.1 (LA LEY 3489/1990), 24 (LA LEY 3489/1990) y 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño (LA LEY 3489/1990), y del artículo 16. 2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985).

A su entender la sentencia recurrida realiza una interpretación manifiestamente errónea del precepto.

Sostiene que el artículo 16.2.f) in fine de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985) determina que solamente podrá exigirse visado en el empadronamiento a aquellos extranjeros que: (a) por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional (b) disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo. Por consiguiente, la sentencia recurrida yerra al considerar que este precepto permite exigir el visado a todo menor que no disfrute de un régimen de exención. De hecho, establece todo lo contrario.

Adiciona que el tenor literal de la norma legal relevante en este recurso de casación no habilita, en modo alguno, la exigencia de visado a los menores procedentes de Nador para que puedan ser empadronados:

"Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado".

Recalca que este precepto no se refiere directamente a los menores de edad (y, en concreto, a los menores de edad procedentes de Nador). Además, como señaló en el escrito de preparación, no existe ningún Tratado entre España y Marruecos que cumpla con la definición del artículo 16.2.f) in fine en relación con los niños procedentes de Nador. En consecuencia, tampoco se daría el requisito contemplado en el propio artículo 16.2.f) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985) relativo a la existencia de un Tratado o Acuerdo Internacional que exima del visado a los niños de Nador y que, en mera hipótesis, pudiera proporcionar algún tipo de cobertura o amparo legal a la disposición impugnada (punto 2.º) y a la decisión de la sentencia recurrida.

También trae a colación, las consideraciones expuestas en el Informe de la Abogacía General del Estado de 20 de enero de 2010 (Ref.: A.G. Justicia 1/10 y Documento nº 5):

"Los artículos 15 (LA LEY 847/1985) y 16 de la LRBRL (LA LEY 847/1985) vinculan la obligación de inscribirse en el Padrón municipal al hecho de vivir en España y residir habitualmente en un determinado municipio. [...] Como fácilmente se constata [...] éstas aluden únicamente a un dato fáctico (vivir en España, residir habitualmente en el municipio, contemplando la norma el supuesto de vivir en varios municipios) y no un dato jurídico, cual sería, en el caso de extranjeros, que éstos residiesen legalmente. [...] En realidad, los artículos 15 (LA LEY 847/1985) y 16 LRBRL (LA LEY 847/1985) no distinguen, a efectos de la obligación de inscribirse en el Padrón municipal entre españoles ni extranjeros ni, por tanto, contemplan el supuesto de los extranjeros como un supuesto específico para exigirles luego que su residencia en territorio español sea una residencia legal [...]. La exigencia, en el caso de ciudadanos extranjeros, de que residan legalmente en territorio español para poderse inscribir en el Padrón municipal hubiera requerido, por su importancia y su carácter restrictivo, una previsión o determinación expresa por parte del legislador, previsión que no existe ni se deduce del tenor de los citados preceptos legales".

Resaltamos nosotros que tal informe fue anterior a la modificación operada en el artículo 16.2 f) de la Ley de Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985) por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre (LA LEY 21274/2013).

A partir de lo expuesto, entiende que la exigencia de visado para empadronarse en la Ciudad Autónoma de Melilla única y exclusivamente a los menores procedentes de Nador constituye un trato discriminatorio que no encuentra cobertura ni amparo en nuestro ordenamiento jurídico.

Considera que debe responderse de forma afirmativa a la cuestión determinada en el auto de 25 de noviembre de 2021 en relación a "si la exigencia de visado a los menores provenientes de Nador para poder hacer efectivo su empadronamiento en la Ciudad Autónoma de Melilla, derivada de la previsión contenida en el último apartado del Acuerdo dictado por el Consejo de Gobierno de esa ciudad autónoma, de 13 de mayo de 2019, por el que se procede a la aprobación de las "Instrucciones para la gestión del padrón municipal de los habitantes de Melilla", constituye un trato discriminatorio tanto en relación con los menores españoles como respecto de menores extranjeros de otras procedencias".

Razona que, como constata el auto de 25 de noviembre de 2021, el empadronamiento constituye requisito necesario para acceder a servicios básicos esenciales que se encuentran íntimamente vinculados con el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales tales como educación o servicios sanitarios y asistenciales. Defiende que no se pueden establecer requisitos discriminatorios para acceder a esos derechos por parte de menores de edad, tal y como establece el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LA LEY 167/1996). Esta exigencia supone, además, una vulneración de los derechos fundamentales a la educación e integridad física (en relación con el derecho al acceso a la salud), reconocidos en los artículos 15, 27.1, 39.4 y 43 de la CE (LA LEY 2500/1978), 2 del CEDH (LA LEY 16/1950), 24, 26 y 28 de la CDN (LA LEY 3489/1990) .

CUARTO.- La oposición del Abogado del Estado

Defiende la corrección jurídica de la sentencia impugnada en lo que manifiesta sobre la naturaleza del padrón y del visado.

Adiciona, con fundamento en el artículo 1 del Reglamento de extranjería, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (LA LEY 8579/2011), la exigencia del visado.

Mantiene que, como señala la sentencia recurrida, el hecho de que la instrucción impugnada se refiera exclusivamente a los menores procedentes de Nador se justifica por el carácter fronterizo de dicha población con la de Melilla y por la especial incidencia del continuo tránsito de personas de una ciudad a otra.

Ello no significa que tal concreción excluya la aplicación del artículo precitado artículo 16.2.f) de la Ley 7/1985 (LA LEY 847/1985) al resto de ciudadanos extranjeros que pretendan empadronarse en Melilla, simplemente pone de relieve su aplicación a los ciudadanos de Nador, lo que se efectúa por las razones prácticas expresadas.

Por tanto, no existe ninguna discriminación.

QUINTO.- La sentencia firme de la Audiencia Nacional de 28 de diciembre de 2018 dictada en el recurso 770/2017 (LA LEY 216484/2018).

Esta Sala tiene constancia de la providencia de 27 de mayo de 2021, dictada en el recurso de casación 5033/2020 formulado por el Abogado del Estado en que se acuerda:

«la inadmisión a trámite del recurso de casación preparado por el Abogado del Estado contra el auto de 15 de julio de 2020 confirmando el de 5 de marzo de 2020, dictado en ejecución de Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en su recurso 770/2017 (LA LEY 216484/2018).»

Adiciona la providencia:

«El fallo de la sentencia que se ejecuta acordó la "nulidad de pleno derecho de la instrucción técnica aprobada en cuanto discrimina a los menores extranjeros respecto de los nacionales españoles en cuanto a los requisitos de identificación para la inscripción en el padrón municipal". Y la parte dispositiva del auto de 5 de marzo de 2020, ahora recurrido en casación, acordó "requerir a la Administración demandada para que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los pronunciamientos de nuestra sentencia en todo el territorio nacional, incluidos los territorios africanos". No observamos contradicción alguna con los términos del fallo que se ejecuta, pues el Abogado del Estado, insiste en casación, como ya hizo en el recurso de reposición, que el auto no concreta medidas adicionales que tiene que adoptar la administración. y que no tiene en cuenta la diferente naturaleza que corresponde al Padrón municipal y a los censos de población, soslayando el razonamiento jurídico tercero del auto de 15 de julio de 2020.»

En el auto de 5 de marzo de 2020 dictado por la Audiencia Nacional en ejecución de la sentencia firme de 28 de diciembre de 2018 en su parte dispositiva se dijo:

«ACORDAMOS requerir a la Administración demandada para que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los pronunciamientos de nuestra sentencia en todo el territorio nacional, incluidos los territorios africanos.»

Y como razonamientos:

«SEGUNDO.- [...]

Los entes locales colaboran con el Instituto Nacional de Estadística en la formación del censo de población, pero corresponde a éste la competencia exclusiva en la materia y deberá velar para que los padrones municipales se confeccionen según las instrucciones técnicas que dicte, sin que puedan prevalecer sobre éstas reglas específicas aprobadas por las entidades locales.

TERCERO.- En nuestra sentencia dijimos que el Padrón no tiene la finalidad de controlar la regularidad de la estancia de extranjeros en nuestro país. Es un mero censo de la población realmente existente, que tiene por objeto permitir a las Administraciones Publicas dimensionar los servicios públicos y conocer los recursos necesarios para a tender las necesidades básicas de la población.

En cuanto que persigue constatar un hecho, y la inscripción en el mismo se configura como una obligación de quien reside efectivamente en el territorio municipal, las formalidades exigibles para el cumplimiento de este deber deben ser las mínimas indispensables para acreditar tal hecho.

En la medida en que el articulo 10.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (LA LEY 167/1996), que regula el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia dispone que "los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles", declaramos que esta igualdad de trato debía extenderse a las formalidades exigidas para la inscripción en el Padrón, que no podían ser distintas de las requeridas para acreditar la identidad y el hecho de la residencia de los menores españoles, en tanto que la inscripcion en el Padrón es una formalidad necesaria para el acceso a los servicios básicos mencionados.

En nuestra sentencia declaramos la nulidad de los apartados de las instrucciones técnicas para la confección de los padrones municipales que exigían unas formalidades distintas a los menores extranjeros para su inscripción de las requeridas para el censo de los menores nacionales. Nuestros pronunciamientos -con los que se conformó la administración demandada- tiene efectos vinculantes en todo el territorio nacional, en tanto que tal era el ámbito territorial de las instrucciones técnicas anuladas, y la competencia estatal ejercida al aprobarlas, incluidos los territorios africanos.

CUARTO.- La exigencia de un visado para la inscripción de los menores marroquíes procedentes de la provincia de Nador contraviene grave y manifiestamente lo ordenado en nuestra sentencia. Impone una formalidad para la inscripción en el Padrón de estos menores distinta a la exigida a los nacionales.

Las entidades locales podrán ejercer competencias de inspección para asegurar que las declaraciones censales son veraces y que el menor reside en el territorio municipal de forma efectiva. Pero esos controles no pueden establecer formalidades discriminatorias en el momento de formular la solicitud de inscripción de los menores extranjeros.

El cumplimiento de la sentencia no puede limitarse a dictar unas instrucciones técnicas sin verificar su efectivo cumplimiento y sin reaccionar frente a instrucciones particulares dadas por un determinado ente local con el fin manifiesto de contravenir los pronunciamientos de nuestra sentencia.

La Administración demandada tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar que la sentencia sea cumplida por las entidades locales colaboradoras en la confección de los padrones municipales.

Con independencia de que este tribunal tenga o no competencia para la revisión de un acuerdo de un ente local, si la tiene para la ejecución de los pronunciamientos de la sentencia dictada, que deben desplegar efectos en todo el territorio nacional.»

En el auto de 15 de julio de 2020 desestimatorio del recurso de reposición contra el auto de 5 de marzo de 2020 se dice:

«SEGUNDO.- La ejecución de la sentencia corresponde a la Administración General del Estado, por más que la resolución anulada haya sido dictada por el INE. La personalidad jurídica de la que se dota al organismo autónomo no puede llevar a la conclusión de que solo éste está obligado por lo dicho en la sentencia, sino toda la Administración pública a la que se adscribe el ente instrumental.

La confección del censo de población es una competencia estatal. Los argumentos para respaldar esta afirmación se encuentran en el auto recurrido. Las entidades locales son meras colaboradoras del Instituto Nacional de Estadística que tiene atribuida la función de coordinación de las labores para la confección del censo.

[...]

No se trata de reaccionar frente a actos individualizados de gestión del padrón municipal que puedan desviarse de las instrucciones impartidas, cuya revisión no entra dentro del ámbito de ejecución de nuestra sentencia, sino ante un anuncio de no cumplimiento de las instrucciones dictadas en ejecución de sentencia, con la coartada de proclamar una supuesta competencia para dictar instrucciones específicas para el territorio africano, que convierten las acciones emprendidas por la Administración General del Estado en papel mojado, aquietándose ésta, por razones de oportunidad política, a una situación evidente de desobediencia lo dispuesto en nuestra sentencia.

TERCERO.- [...]

Se pueden dictar instrucciones específicas respecto de Melilla, y recordar que la protección de los derechos de los menores no puede estar condicionada a las políticas de control de la migración.

También puede ejecutarse la sentencia mediante los requerimientos previstos en la legislación del régimen local dirigidos a la ciudad de Melilla para que deje sin efecto el acuerdo nulo acordado y cumpla con las instrucciones impartidas y, en caso de no obrar como se le requiere, ejercer las correspondientes acciones legales, tanto ante las jurisdicción contencioso- administrativa, como ante los tribunales penales.,»

Conoce este Tribunal que en el BOE del 18 de mayo de 2019 el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes e Igualdad dicto la resolución de 9 de mayo, cuyo tenor es el siguiente:

«ANEXO

Resolución de 9 de mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la Resolución de 30 de enero de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal, en ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 28 de diciembre de 2018 (LA LEY 216484/2018), dictada en el procedimiento ordinario 770/2017.»

En cuya virtud acordaron el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y el Director General de Cooperación Autonómica y Local:

«Asimismo, para los menores extranjeros nacidos en España es obligatoria su inscripción en el Registro Civil y el traslado de la misma al correspondiente libro de familia, por lo que este también será un documento suficiente para acreditar sus datos de identificación durante un plazo máximo de tres meses desde su nacimiento, tras el cual dicha acreditación se realizará con la misma documentación exigida para los mayores de edad.

Para menores extranjeros no nacidos en España la ley no realiza distinción con los mayores de edad, por lo que se exigirán los mismos documentos de identificación para ambos.»

SEXTO.- La posición de la Sala sobre la regulación del Padrón en la Ley de Bases del Régimen Local (LA LEY 847/1985) en relación con la normativa protección del menor conduce a la estimación del recurso.

Hemos de partir de que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985) reputa al padrón municipal como el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, por lo que sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.

El precitado artículo 16 añade que:

"La inscripción en el padrón municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente."

Y en su apartado f):

"Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado."

Y recordemos que el mencionado artículo 15 establece que:

"toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente."

También de forma significativa el artículo 17 estatuye que:

"La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado."

Y el artículo 18.2. dice:

«La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España»

Así la Convención de los Derechos del Niño estatuye en sus artículos:

«Artículo 2.1. Los Estados Partes respetarán los derechos enuncia dos en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.»

«Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.»

Tales mandatos también se establecen en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (LA LEY 167/1996) de Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 10 dice:

«3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LA LEY 126/2000).»

Y el extenso artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LA LEY 167/1996), tanto en su redacción originaria como en la vigente tras su modificación por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LA LEY 12702/2021), al referirse al acogimiento transfronterizo de los menores de edad tampoco establece una exigencia de visado para los citados menores.

Dada tal regulación, no cabe entender que unas instrucciones para la gestión del padrón municipal en un municipio concreto puedan innovar el ordenamiento jurídico que ha de examinarse en su totalidad teniendo en cuenta esencialmente, en este caso, la Convención de los Derechos del Niño.

Por tal razón procede la estimación del recurso de casación y, por ende, la estimación del recurso contencioso administrativo, con la subsiguiente anulación de la resolución de 13 de mayo de 2019 del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SÉPTIMO.- La respuesta a la cuestión de interés casacional.

OCTAVO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA (LA LEY 2689/1998), en relación con el artículo 93 LJCA (LA LEY 2689/1998), en el recurso de casación cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En cuanto a las de instancia se imponen las costas a la Ciudad Autónoma de Melilla hasta el límite de 1.000 euros más IVA por todos los conceptos.