Volver a página de inicio

PRIMERO. La demandante en el proceso impugna la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, de fecha 5 Oct. 1999, confirmada por la dictada en recurso potestativo de reposición, en cuya virtud se dejó sin efecto la concesión de plaza para el menor Omar Miguel M., hijo de aquélla, en la Guardería «Ntra. Sra de Víco», de Arnedo, dependiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión.

SEGUNDO. Denuncia la demanda la ausencia de todo procedimiento previo a la adopción de la medida anulatoria de la concesión de plaza, máxime tratándose de la ablación administrativa de un derecho subjetivo previamente reconocido.

La objeción debe rechazarse a la vista y consideración de que el tal derecho no llegó a serlo en ningún momento, pendiente, como estaba, del cumplimiento por la interesada de determinados requisitos y de la justificación de determinados extremos condicionantes de la efectiva admisión, tal y como el expediente administrativo revela con referencia, sobre todo, a la no aportación del debido justificante de vacunaciones del menor; así exigido por el Decreto 2/1991, de 21 Feb (LA LEY 2962/1991)., regulador de las condiciones higiénico-sanitarias y administrativas de las Guarderías Infantiles, en cuyo punto 3º se establece que para la admisión de niños se deberá acreditar que hayan sido sometidos a las vacunaciones oficiales que se apliquen en cada momento.

Y por lo que atañe a la ausencia de procedimiento, si bien es constatable que no se siguió el específicamente dirigido a la anulación del acto administrativo de concesión de la plaza, no es menos cierto que tal falta no pasa de constituir un defecto meramente formal, pero que en ningún caso dejó en indefensión real o material a la interesada, la que en todo momento estuvo perfectamente informada de las condiciones que para la admisión se imponían y de las consecuencias de su incumplimiento. Incumplimiento, por otra parte, libre y conscientemente decidido desde el punto en que existía una voluntad decidida a la no vacunación del hijo por haber optado por una medicina alternativa de la convencional.

TERCERO. Se argumenta igualmente que la resolución impugnada conculca el derecho a la educación del menor, derecho reconocido por las leyes orgánicas definidoras del sistema educativo. Pero tampoco esta objeción merece consideración alguna si se tiene en cuenta que la cobertura de las Guarderías infantiles tiene carácter voluntario, resultando obligatoria la educación solo a partir de los seis años.

CUARTO. Por último, discurre la demanda acerca de la no obligatoriedad de la vacunación, pasando a ser una medida simplemente opcional y aun recomendable por las autoridades sanitarias, conforme a la Ley 22/1980, de 24 Abr (LA LEY 846/1980)., razón por la que, habiéndose elegido libremente para el hijo una medicina alternativa plenamente válida, la Administración no podía exigir el cumplimiento del requisito de la vacunación para su ingreso en el centro.

Pero tampoco el argumento puede ser acogido. En efecto, nada impide tal opción alternativa y nada obliga a una vacunación que decididamente se rechaza; pero no puede desconocerse la potestad de la Administración para imponer tal exigencia a quien pretenda acogerse a los servicios de Guardería, negando la admisión a los niños que no la cumplan, dado que la medida profiláctica aplicada a cada niño resulta sanitariamente recomendable para la salud de todos los componentes del grupo. En definitiva, cualquiera que fuera la opción que los padres hubieran tomado en esta materia sobre el cuidado sanitario del hijo, resultó conforme a Derecho denegar la admisión de éste a la Guardería infantil si se incumplió el requisito del sometimiento a la vacunación oficial normativamente impuesta a tal fin.

QUINTO. No se aprecian motivos conforme al artículo 139 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción para hacer declaración de imposición de costas.

Y, en su virtud,