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1. El presente recurso se dirige contra el Acuerdo gubernativo de 19 de junio de 2001, dictado por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, por el que se impuso al recurrente, como corrección disciplinaria, una sanción pecuniaria de 250.000 pesetas al considerar que en las alegaciones formuladas en la vista de un recurso de apelación civil había faltado al respeto debido de la Juez de Instancia. La corrección fue ratificada posteriormente (Acuerdo de 24 de julio de 2001, de la misma Sección, que desestimó el recurso de audiencia en justicia) y rebajada en su cuantía a la de 150.000 pesetas (Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que mantuvo la calificación de la conducta).

Según se recoge en los referidos Acuerdos, el recurrente en amparo, Letrado del Colegio de Abogados de Madrid, actuando en defensa de una sociedad mercantil en la vista de un recurso de apelación presentado en un juicio de menor cuantía, se refirió a la Sentencia de instancia que impugnaba afirmando que «en ella hay falsedades y barbaridades». Advertido que fue por el Presidente de la Sección ante la que se desarrollaba la vista, el Letrado se mantuvo en tales afirmaciones, por lo que le fue retirado el uso de la palabra.

En la demanda de amparo se alega que las resoluciones impugnadas le han condenado fuera de los supuestos previstos en la ley (art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) en relación con el art. 25 CE (LA LEY 2500/1978)), pues las expresiones por él utilizadas se referían a la Sentencia impugnada, y no a la Magistrada que la redactó, por lo que su condena significa una ampliación indebida de los supuestos tipificados en la ley, además de no haberse resuelto su recurso de audiencia en justicia en el plazo legal previsto. Entiende también que los citados Acuerdos han vulnerado la libertad de expresión del recurrente en el ejercicio de la defensa letrada [art. 20.1 a) en relación al art. 24 CE (LA LEY 2500/1978)], que se vincula en la demanda con el derecho a la tutela judicial efectiva. Sostiene el demandante que la decisión de privarle del uso de la palabra fue ya, en sí misma, una limitación indebida de la posibilidad de defender a su cliente (art. 437 LOPJ (LA LEY 1694/1985)), y que, además, las expresiones utilizadas al justificar su impugnación no pueden ser calificadas de injuriosas o insultantes, ni en sí mismas ni tampoco una vez puestas en relación con las vicisitudes procesales acaecidas en la instancia (inadmisión inicial de su personación, resoluciones sobre proposición y práctica de prueba y contenido de la Sentencia de instancia).

Por su parte el Ministerio Fiscal interesa la denegación del amparo al entender que no hay vulneración del art. 25 CE (LA LEY 2500/1978) por cuanto la interpretación y aplicación al caso del art. 449 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) entonces vigente (en adelante LOPJ (LA LEY 1694/1985)) constituye una correcta y razonada subsunción de la conducta en la previsión legal, operación que incluye la valoración sobre la intencionalidad del recurrente. Igualmente carecería de trascendencia el hecho de haberse dictado el Acuerdo sobre la solicitud de audiencia en justicia fuera del plazo previsto en la ley, pues el cumplimiento de los plazos procesales, tal y como se exige en la demanda, carece de cobertura constitucional. En cuanto a la supuesta vulneración de la libertad de expresión del recurrente en el ejercicio de la asistencia letrada coincide con los órganos judiciales al considerar que la atribución de «falsedades y barbaridades» a la juzgadora de instancia supera la crítica tolerable en cuanto implica la atribución a su redactora de la comisión de un delito, ya que, son expresiones que, pese a dirigirse contra la Sentencia impugnada trascienden a su redactora, por lo que las expresiones utilizadas constituyen un exceso no protegido por la libertad de expresión del Letrado.

2. Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes de la Sentencia, el objeto de este proceso consiste en determinar si los Acuerdos que impusieron al demandante de amparo una corrección disciplinaria por falta de respeto debido a los Jueces y Tribunales [art. 450.1 b) LOPJ (LA LEY 1694/1985)] vulneraron su derecho a la legalidad sancionatoria y su libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [arts. 20.1 a) (LA LEY 2500/1978) y 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)].

Cabe destacar que, en este caso, la aducida lesión del art. 25 CE (LA LEY 2500/1978) coincide materialmente con la referida a la libertad de expresión pues, precisamente, la razón por la que el recurrente considera que ha sido sancionado fuera de los casos previstos en la ley es el hecho de hallarse su conducta protegida por la libertad de expresión. Dada dicha identidad, y descartada la relevancia constitucional, a estos efectos, del incumplimiento por parte de la Audiencia provincial del plazo legal previsto para resolver la petición de audiencia en justicia, que nada tiene que ver con el contenido del derecho fundamental alegado, centraremos nuestro análisis en la aducida lesión del art. 20.1 a) CE (LA LEY 2500/1978), puesto en relación con el 24.2 de la Norma fundamental en cuanto garantiza el libre ejercicio del derecho de defensa a través de la asistencia letrada.

La cuestión debe resolverse, de nuevo, acudiendo a la consolidada doctrina que sobre esta especial manifestación de la libertad de expresión ha ido sentando nuestro Tribunal, y que aparece sintetizada en el fundamento jurídico 2 de la reciente STC 117/2003, de 16 de junio (LA LEY 2576/2003), con remisión a las anteriores SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000), 184/2001, de 17 de septiembre (LA LEY 7412/2001), 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002), 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002), y 235/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 572/2003). En aquel fundamento jurídico, referido a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) antes de su modificación por Ley Orgánica 13/2003, de 24 octubre (LA LEY 1636/2003), se dice literalmente:

«En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000), FJ 4). Consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)), y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye (art. 117 CE (LA LEY 2500/1978)). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar (STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), FJ 5).

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los arts. 448 y ss. LOPJ sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervienen en los mismos. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, "que cooperan con la Administración de Justicia” --según se indica en el epígrafe del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)--, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano y el respeto por parte del Abogado de los demás sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia (SSTC 38/1988, de 9 de marzo (LA LEY 964-TC/1988), FJ 2; 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), FJ 5). La primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), al disponer que "en su actuación ante los Jueces y Tribunales los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa”. La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que también participan en la función de administrar justicia y tiene como consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), los Abogados y Procuradores serán también corregidos disciplinariamente por su actuación ante los Juzgados y Tribunales "cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso” (SSTC 38/1988, de 9 de marzo (LA LEY 964-TC/1988), FJ 2; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5; 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002), FJ 6).

Asimismo hemos puntualizado que la especial cualidad de la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos (LA LEY 16/1950) erige en límite explícito a la libertad de expresión (SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), FJ 5; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002), FJ 2; 79/2002 (LA LEY 4129/2002), FJ 6; STEDH de 22 de febrero de 1989 (LA LEY 609/1989), caso Barfod).

La existencia de tales derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto ha de obligar al órgano jurisdiccional, cuando la sanción impuesta sea impugnada, a determinar si la conducta del Abogado está justificada por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa o si, por el contrario, con clara infracción de las obligaciones procesales de corrección antedichas, se pretende atentar a la imparcialidad del Tribunal o alterar el orden público en la celebración del juicio oral, o menoscabar el respeto que merecen los demás intervinientes en el proceso (STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), FJ 5)» (STC 235/2002, de 9 de enero (LA LEY 572/2003), FJ 2).

3. La aplicación de esta doctrina al presente caso exige, en primer lugar, comprobar si el demandante fue corregido disciplinariamente por una actuación que se incluya efectivamente en el ámbito de la función de defensa, dado el contenido y finalidad de la actividad desplegada, así como la condición procesal en la que aquélla fue llevada a cabo por el solicitante de amparo (STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000), FJ 4). La respuesta no puede ser sino afirmativa: el recurrente, Letrado en ejercicio, ha sido corregido disciplinariamente por el contenido de las alegaciones expresadas en la vista de un recurso de apelación civil. Se trata además de expresiones referidas al contenido de la Sentencia impugnada, a través de las cuales precisamente se pretendía justificar la petición de nulidad de la misma. Por tanto, al igual que en el caso analizado en la STC 117/2003, de 16 de junio (LA LEY 2576/2003), la conducta por la que el demandante de amparo fue sancionado consiste en una actuación forense, es decir, ligada a la función de representación y defensa de los intereses de su patrocinado asumida por el aquí recurrente.

Se constata, en segundo lugar, que los Acuerdos recurridos aciertan en su argumentación al determinar cuáles son los derechos fundamentales y los bienes constitucionales en juego (la libertad de expresión y el derecho de defensa letrada, de una parte, y el adecuado desenvolvimiento del proceso y la autoridad e imparcialidad del poder judicial de otra). El aparente conflicto fue resuelto por los órganos judiciales, en línea con lo alegado por el Ministerio Fiscal en este proceso, afirmando que el Letrado recurrente incurrió en un exceso verbal no protegido por su libertad de expresión en el ejercicio del derecho de asistencia letrada dado el carácter objetivamente vejatorio de las expresiones utilizadas que, por su contenido, trascendían de la resolución criticada a la Magistrada que la redactó, pudiendo interpretarse, incluso, como la imputación a la misma de un delito.

4. Resta examinar si esta última apreciación llevada a cabo por los órganos judiciales ha desconocido el derecho a la libertad de expresión en la actividad de defensa, como alega el demandante de amparo, o, por el contrario, aquella libertad no da cobertura a las calificaciones vertidas.

En este punto, como hemos hecho en anteriores ocasiones, debemos recordar que «el bien tutelado en el art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) no es el honor o la dignidad de la persona titular de un órgano judicial, sino el respeto debido al Poder Judicial en tanto que institución y, por tanto, al margen de las personas que eventualmente desempeñan la magistratura» (STC 117/2003, de 16 de junio (LA LEY 2576/2003)). Por ello, tal como hemos afirmado en la citada Sentencia, «el límite de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa lo constituye, en este caso, el mínimo respeto debido a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial». Y para comprobar si aquél se ha franqueado ha de atenderse principalmente al significado de las concretas expresiones utilizadas y al contexto en que se emplean, en cuanto puedan revelar una intención de menosprecio en la plasmación de las ideas y conceptos a cuya expresión sirven en una comprensión global del escrito enjuiciado. Tal menosprecio hacia una de las funciones estatales, como es la función judicial, constituye un límite a la libertad de expresión del Abogado, pues, según reiteradamente hemos afirmado, «excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tanto más cuanto se trata de la reparación de un derecho fundamental que se entiende conculcado» (SSTC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002), FJ 3; ATC 76/1999, de 24 de marzo (LA LEY 52403/1999)).

En el presente caso fue en la vista oral de un recurso de apelación civil, al justificar la solicitud de nulidad de la Sentencia impugnada, donde el recurrente, en su condición de Letrado, manifestó que en ella había «falsedades y barbaridades», expresiones éstas en las que se centra el reproche de los Acuerdos sancionadores. Al haber sido en la vista oral y haber retirado el Presidente de la Sección el uso de la palabra al Letrado, éste no pudo entonces explicar en qué basaba tales contundentes afirmaciones. Podríamos reconstruir sus explicaciones a través de las expresadas en sus recursos en la vía judicial previa y en las alegaciones presentadas en este proceso de amparo. No parece oportuno ni preciso, sin embargo, centrar nuestro análisis en la existencia o inexistencia de justificación fáctica o jurídica de tales expresiones, pues con las mismas, cualquiera que sea su acierto y la palmaria posibilidad de ser sustituidas por otras menos molestas, no se hacía otra cosa sino expresar el desacuerdo fáctico y jurídico con las conclusiones a las que, en la Sentencia impugnada, había llegado la juzgadora de instancia.

Resulta evidente que a las expresiones utilizadas pueden atribuírsele diversos significados. Dicho de otro modo, no presentan como único significado el que les han atribuido los órganos judiciales al justificar la corrección disciplinaria, ni tampoco únicamente el más benigno que el recurrente ofrece en su defensa. Las expresiones utilizadas se refieren, indudablemente, a la Sentencia impugnada, aunque trascienden a su autora intelectual, mas no apreciamos que no se trate de términos empleados para defender la petición de nulidad que se postulaba, pues ésta, según el art. 238 LOPJ (LA LEY 1694/1985) entonces vigente, puede basarse, entre otras razones, en haber prescindido «total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley», supuesto que, de concurrir en este caso, supondría en lenguaje coloquial un error jurídico de tal magnitud que algunos podrían tachar de auténtica «barbaridad» o una «falsedad».

Por ello cabe concluir que las expresiones vertidas en la vista oral vienen amparadas en la libertad de expresión del Letrado que, precisamente por su carácter específico, le permite una mayor «beligerancia en los argumentos» (STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000), FJ 6) dada su conexión con el derecho de defensa de la parte. En definitiva, el Abogado recurrente actuó en este caso en defensa de su cliente, intentando justificar la impugnación de la Sentencia de instancia en términos que, pese a su rotundidad, no pueden considerarse fuera del alcance de la protección que otorga la libertad de expresión en la defensa letrada. En consecuencia, los Acuerdos ahora recurridos, al sancionar al demandante de amparo exclusivamente por la utilización de tales términos aun después de haberle retirado el uso de la palabra, lo que materialmente supuso ya una importante limitación de su libertad de expresión, vulneraron esta manifestación cualificada del derecho fundamental alegado, y por ello debe otorgarse el amparo.