Volver a página de inicio

PRIMERO. 1. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda formulada por el trabajador d. José F. S. frente a las empresas Compañía de Vigilancia de Bienes Grupo 10, S.A., y Servisur Grupo 10. SA. Solidariamente condenaba a dichas empresas a abonar al actor la cantidad total de 1.114.316 ptas., más el interés por mora del art. 29 del Estatuto de los Trabajadores, correspondientes a varios conceptos: horas extraordinarias, medias dietas, horas nocturnas, y salarios.

2. Frente a esta sentencia, la empresa Compañía de Vigilancia de Bienes Grupo 10, S.A., interpone recurso de suplicación con base en dos motivos. Con el PRIMERO denuncia quebranto formal de la sentencia, y aparece expuesto al amparo del apartado a/ del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995). El segundo se canaliza por el apartado c/ del citado art. 191, y comprende tres clases de censuras normativas que examinaremos. Por otra parte, el recurso ha sido impugnado de contrario. En este escrito se suscita como causa de inadmisibilidad la infracción del art. 194.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995), alegato que no es dable acoger toda vez que, de un lado, el escrito formalizador del recurso explica suficientemente su discrepancia jurídica frente al parecer de la sentencia; y de otro si bien es cierto que la literalidad del suplico se revela aparentemente confusa (pide la revocación de la sentencia de instancia y la consiguiente absolución de la demanda a la par que la reposición de actuaciones al estado en que se encontraban en el momento de haberse producido la infracción normativa) es evidente que las indicadas peticiones son correlativas a los motivos del recurso, y deben entenderse la relativa a la nulidad de actuaciones como principal y la revocatoria en cuanto al fondo, como subsidiaria y correlativa a la atención de algunos o todos de los reproches normativos achacados a la sentencia.

SEGUNDO. 1. En cuanto al primer motivo del recurso. Se queja la recurrente de que la sentencia vulnera el art. 120.3 de la CE (LA LEY 2500/1978) porque --según afirma-no se ha pronunciado sobre un hecho discutido, y en su opinión trascendental, cual era la jornada ordinaria realizada por el demandante en el lugar de trabajo sito en Villarrobledo. Denuncia que no puede prosperar en atención a las consideraciones que seguidamente pasan a exponerse.

2. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), en relación con el requisito de motivación de las sentencias, ha sido reiteradamente analizado por el Tribunal Constitucional, constituyendo reiterada doctrina aquella en la que se dice que el referido requisito «... no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su "ratio decidendi" (SSTC 122/1991, de 3 Jun (LA LEY 1748-TC/1991). (RTC 1991/122) F. 2; 5/1995, de 10 Ene (LA LEY 13005/1995). (RTC 1995/5) F. 3; 184/1998, de 28 Sep (LA LEY 9889/1998). (RTC 1998/184),F. 2), excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos...» (STC de 27 Mar. 2000 (RTC 2000/80).

3. Analizando el contenido de la sentencia recurrida cabe afirmar que en modo alguno incide en el vicio de falta de motivación denunciado. A lo largo de sus extensos y detallados fundamentos de derecho, la sentencia va dando respuesta cumplida a las pretensiones del demandante, aunque ciertamente en sentido distinto al pretendido por la parte actora, que, de alguna manera, equipara la falta de acogimiento de sus propias deducciones realizadas sobre determinados hechos y valoración de medios probatorios, a la falta de motivación. Como expresamente reconoce y delata la propia recurrente, en la fundamentación jurídica, con clara naturaleza de hecho probado, el Magistrado expresa su convicción en dos ocasiones sobre tal circunstancia: una cuando indica que «las dos hora diarias de desplazamiento a Villarrobledo, al exceder de la jornada ordinaria de 8 h allí efectuada», y otra cuando expresa que "... en dicha localidad se realizaba una jornada de al menos 8 horas, según resulta de las hojas denominadas Plan Mensual para Cálculo de horas». Afirmaciones fácticas plenamente coherentes con lo expresamente noticiado en los hechos probados (segundo y tercero) que dan cuenta del pacto expreso de acogerse al máximo de jornada en cómputo semanal de 40 h El primer motivo del recurso, en consecuencia, ha de rechazarse.

TERCERO. 1. El segundo motivo del recurso, se ampara, como adelantamos, en el cauce procesal del artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995). Alberga tres reproches normativos: el PRIMERO. citando los artículos 35 y 37 del Convenio Colectivo Estatal de empresas de seguridad 1997-2001 en relación con el art. 35.1 y 34.5 del Estatuto de los Trabajadores; el segundo denuncia interpretación errónea del art. 18 del citado convenio, y el TERCERO censura aplicación indebida del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Examinémoslos por separado.

2. La empresa demandada disiente de la calificación jurídica que la sentencia contiene a la hora de compensar como horas extraordinarias el tiempo invertido por el trabajador demandante para desplazarse a los dos lugares de trabajo (Villarrobledo y Villena) que le fueron asignados durante dos períodos sucesivos, y que es precisamente a los que se contrae la reclamación del trabajador. Concretamente, la sentencia, acogiendo la petición contenida en demanda y ulterior escrito de aclaración, considera tiempo efectivo de trabajo el invertido en los desplazamientos a los lugares de trabajo, en el entendimiento de que la prestación de servicios se hacía fuera del centro de trabajo estipulado en los sucesivos contratos de trabajo (que siempre fue Albacete), catalogándolo de horas extraordinaria al reputar que en dichos lugares la prestación de servicios cumplía el máximo legal. Pues bien, la censura normativa debe prosperar por las siguientes consideraciones: (a) El planteamiento que hace la parte recurrente encaja en las previsiones legales (art.34.5 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art. 35, ambos del Estatuto de los Trabajadores) y convencionales así como en la interpretación jurisprudencial. Dice el PRIMERO de los preceptos que «el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria del trabajador se encuentre en su puesto de trabajo». El precepto quiere impedir que se tenga como tiempo de trabajo todo aquel conducente a tomarlo o dejarlo materialmente: desplazamientos, actos preparatorios, cambio de indumentaria, actos de control mediante firma o fichaje, traslado dentro de la empresa desde el garaje donde están los vehículos a las sede de al unidad y regreso [cfr. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 12 Dic. 1994 RJ 1994,10089]. (b) Esto es lo que cabalmente sucede en el caso. Y las previsiones convencionales aplicables (art. 35, 37 y 42) no avalan la conclusiones a la que llega el Magistrado a quo, primera, para conceptuar tiempo de trabajo efectivo el invertido en el desplazamiento, y en su consecuencia, reputarlo como compensable como hora extraordinaria por suponer un exceso sobre la jornada máxima legal. El juzgador se limita a anudar tal conceptuación de tiempo efectivo abonable como hora extraordinaria al hecho de que al demandante se le asignaran lugares de trabajo distintos al inicialmente previsto en el centro de trabajo. La lectura de los hechos probados no permite asimilar el supuesto ni en la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 24 Jun. 1992 (RJ 1992/4669)-dictada en casación ordinaria--, cuando afirma que «el horario se anticipa para el trabajador a fin de realizar una actividad concreta en un determinado lugar» que no es el de trabajo el «tiempo dedicado a desplazarse desde el centro de trabajo a distinto lugar» debe considerarse o computarse como «jornada de trabajo»; ni en la más reciente Sentencia de 18 Sep. 2000 (RJ 2000\9667) que, precisamente para empresas de vigilancia y seguridad, conceptúa que el tiempo invertido en los desplazamientos entre el depósito de armas y el centro donde presta sus servicios el vigilante de seguridad es tiempo de trabajo, retribuible como hora extraordinaria. Ahora bien, ello es así porque tal jurisprudencia atiende a supuestos en que los desplazamientos no son los propios de ida y vuelta al trabajo desde el domicilio o residencia del trabajador, sino que están determinados por un deber impuesto por la empresa en atención a necesidades o conveniencias del servicio. Nada de eso ocurre en el caso que examinamos. No figura en hechos probados ninguna circunstancia excepcional fuera de lo que constituye ida y vuelta del domicilio del trabajador (sito en Albacete, el mismo, por cierto que el señalado en el contrato de trabajo como centro) al lugar específico de trabajo, que guíe a la consideración de tiempo efectivo y remuneración de tal tiempo. Ni siquiera, como parece apuntarse en el escrito de impugnación, la obligación de toma y entrega de vehículo en el centro de trabajo en la empresa de Albacete, al inicio y término de la jornada de trabajo, obligación que de existir, visto que la residencia del trabajador radica también en Albacete carecería de la excepcionalidad predicable en los supuestos jurisprudenciales expuestos. (c) En el presente caso es aplicable la regulación general en la materia claramente expresiva de que no cabe considerar como horas de trabajo y, por tanto, como extraordinarias, el mayor tiempo que necesita el trabajador para desplazarse al lugar de trabajo, a consecuencia de la unilateral decisión de su empresario de asignarle uno distinto al convenido [en análogo sentido puede verse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Social) del País Vasco de 4 Feb. 1997 AS 1997\780, que si bien referida al convenio colectivo precedente y si bien para un supuesto distinto: desplazamiento dentro de la localidad, alcanza esta misma conclusión, sin derecho a compensación económica alguna por el tiempo invertido en el desplazamiento]. Conviene precisar que en el litigio actual no se enjuicia la legalidad de esa decisión empresarial, sino únicamente si el trabajador ha de recibir una compensación económica por ese mayor tiempo de desplazamiento, como a su entender procede y ha de cuantificarse mediante su abono como horas extraordinarias. Regulación general no alterada, a estos efectos, en el convenio colectivo nacional para las empresas de seguridad vigente para los años 1997 a 2001, de aplicación a las partes. Nótese que el art. 42 del convenio, al cifrar la jornada de trabajo en cómputo anual y mensual habla de «trabajo efectivo» en armonía pues con el precepto legal. Cierto es que aquel precepto recoge las posibilidad de fórmulas (flexibilizadoras) alternativas en materia de jornada, si media pacto entre empresa y representación de los trabajadores, o cómputos distintos, pero nada de esto consta que suceda en el caso de autos. Además como razona la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Social) del País Vasco: «La legislación actual no contempla de forma específica los casos de cambio del sitio de trabajo por unilateral decisión del empresario que no conlleve alteración del lugar de residencia del trabajador, pero ello no es sino muestra de su voluntad de que no genere más consecuencias que las previstas en la normativa sectorial de aplicación al caso o en los pactos que se puedan alcanzar al respecto. Es sintomático, al efecto, que la Ley 11/1994, de 19 May (LA LEY 1812/1994)., en su disposición derogatoria única, haya derogado la OM 10 Feb. 1958, reguladora del plus de distancia, en la que se contemplaba el supuesto de cambio del lugar de trabajo (del tajo, en los términos de dicha norma), disponiéndose únicamente su compensación con un mayor importe del citado plus, ajustándolo a la cantidad resultante de la superior distancia existente entre aquél y la localidad de residencia del trabajador (párrafo último de su art. 5). Por su parte, el referido convenio colectivo regula de manera expresa los supuestos de desplazamientos temporales del lugar de trabajo a otra localidad que impliquen cambios del lugar de residencia del trabajador (destacamentos, según su art. 36), diferenciándolos de aquellos otros que no conllevan esa alteración del sitio en que reside (desplazamientos, en los términos de su art. 37). Para estos últimos, que es la situación de autos, dispone que el trabajador tendrá derecho al percibo de dietas salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el trabajador. En el caso de que no se desplace en vehículo de la empresa, tendrá derecho a que se le abone, además, el importe del billete del medio de transporte idóneo. Si el desplazamiento se realizase en un vehículo particular del trabajador, se abonará 28 ptas. el kilómetro. Regulación que, como puede advertirse, no contempla una compensación económica de ese mayor tiempo de desplazamiento, en clara demostración de que no se ha querido que la tenga. No estamos, por tanto, ante una situación carente de regulación, que permita acudir a mecanismos destinados a suplirla, como sería la aplicación analógica de otros preceptos. Aquí se ha regulado, pero se ha estimado prevalente el interés del empresario respecto al del trabajador, que ha de soportar el pernicioso efecto que para él conlleva una decisión a la que no ha dado su conformidad e incide de manera tan notable en su vida, como es la reducción de su tiempo libre disponible.» La compensación económica por el lugar de destino laboral que da origen al desplazamiento viene dada precisamente por otro camino que también es reconocido en la sentencia, y que el recurso no parece atacar frontalmente. Una interpretación sistemática y finalista de los artículos 35 (lugar de trabajo), 36 (destacamentos), 37 (desplazamientos), 38 (dietas), 39 (traslados) y 74 a) (plus de distancia y transporte) puesta en relación con las concretas circunstancias del caso que resumidamente según hechos probados Consisten en que la asignación de los lugares de trabajo (Villarrobledo y Villena) comportaban desplazamientos fuera del término «localidad» definido en el art. 35 del convenio («se entenderá por localidad tanto el municipio de que se trate, como a las concentraciones urbanas o industriales que se agrupen alrededor del mismo y que formen con aquel una Macroconcetración urbana o industrial, aunque administrativamente sean municipios distintos siempre que estén comunicados por medios de transportes públicos a intervalos no superiores a media hora, a la entrada y/o salida de los trabajadores»), pues aparte de que la empresa no ha demostrado que aquellos lugares estuvieran dentro del radio de acción de su centro de trabajo (Albacete), la distancia kilométrica y la dispersión de tales núcleos de población respecto del inicialmente asignado, desbordan por completo esta previsión, y dan lugar al devengo, en el caso, de las correspondientes medias dietas, porque el trabajo ha sido realizado fuera de la zona definida como localidad [a sensu contrario dice el art. 35 pfo segundo: «los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no dará lugar a dietas (...)], y el art. 37 contempla como supuesto de desplazamiento la salida de la localidad para la que haya sido contratado «tendrá derecho al percibo de dietas salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el trabajador», no así a kilometraje por utilizar para el desplazamiento el vehículo de la empresa. Los hechos evidencian sin duda un mayor tiempo de desplazamiento de su lugar de residencia al de lugar de trabajo (dos horas --una de ida y otra de vuelta-respecto de Villarrobledo y tres horas --hora y media por viaje de ida y regreso-con relación a Villena), que muestran a las claras un perjuicio para el trabajador que le obliga a realizar una comida fuera. De ahí la procedencia de las medias dietas que la sentencia declara.

3. Por lo expuesto, no cabe remunerar como hora extraordinaria el tiempo de los desplazamientos tanto a Villarrobledo como a Villena. En este punto ha de revocarse la sentencia de instancia.

CUARTO. En cambio no puede prosperar la segunda censura normativa dirigida a combatir parcialmente la condena al abono de salarios, durante un determinado período de tiempo tomando como base el salario de vigilante de seguridad, ante la ausencia de previsión convencional de la categoría profesional de guarda. Indica la empresa recurrente que el Magistrado confunde dos categorías profesionales: la de guarda de seguridad y guarda de campo y caza, y crítica que asimile las funciones desempeñadas por el demandante durante el período comprendido desde el 27 Ago. 1998 al 25 Feb. 1999 con las de vigilante de seguridad, categoría profesional prevista en el nuevo convenio colectivo que hizo desaparecer la categoría de guarda de seguridad. Son varios los argumentos --y en casi todos, como veremos subyace un defectuoso planteamiento procesal-los que impiden atender este motivo. En principio, una lectura atenta de los términos del debate en este punto que pueden desprenderse tanto del acta de juicio como del tenor literal de la sentencia, el enfoque que da el recurrente a la cuestión, claramente planteando una inaplicación del convenio colectivo durante el mencionado tiempo de prestación de servicios, entraña una cuestión nueva. Con todo, no queda desvirtuada la convicción judicial acerca de que en todo momento las tareas del trabajador han sido las propias de vigilancia y seguridad (sin armas) y que ambas empresas --cuya vínculos generadores de responsabilidad aparecen indiscutidos-- estén incluidas dentro del ámbito de aplicación del mencionado convenio colectivo. Esta razón se ve complementada con otra que atiende a la propia concepción técnica del recurso: al limitarse aquella petición a la censura normativa no se explica el razón de otro salario, a qué funciones reales corresponde y actividad de la empresa. Con estos elementos resulta inviable acoger el motivo de censura normativa. El pronunciamiento relativo a las diferencias salariales (en total 415.696, según cálculos efectuados en sentencia) ha de permanecer inalterado, junto con los correspondientes a medias dietas y horas nocturnas --éstos no atacados en el recurso-- (que suponen 256.508 ptas. y 49.648 pesetas).

QUINTO. La tercera y última de las censuras normativas versa sobre aplicación indebida del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Denuncia que merece ser acogida. Al respecto el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en sentencia de 15 Jun. 1999 (RJ 1999\6736) recuerda que es doctrina constante de dicha Sala " en interpretación y aplicación del citado precepto estatutario, sentada en la Sentencia de contraste de 14 Oct. 1985 (dictada en interés de ley y en relación con el art. 29.3 de la Ley 8/1980, de 10 Mar (LA LEY 496/1980)., pero con doctrina aplicable igualmente en casación unificadora y en relación con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 Mar (LA LEY 1270/1995). que no ha variado su texto) y también en las anteriores de 7 Jun. y 21 Dic. 1984 (RJ 1984/3302 y RJ 1984/6483) y en las posteriores de 28 Sep. 1989 (RJ 1989\6541), 28 Oct. 1992 (RJ 1992\7850), 9 Dic. 1994 (RJ 1994/9960) y 1 Abr. 1996 (RJ 1996\2974) que «... el recargo por mora solo será procedente cuando la realidad y cuantía de los salarios dejados de percibir consten de un modo pacífico e incontrovertido, es decir, cuando se trate de una cantidad exigible, vencida y líquida, sin que la procedencia o improcedencia de su abono se discuta por los contratantes» (Sentencias de 14 Oct. 1985 y 28 Sep. 1989), de modo que «cuando lo reclamado como principal es problemático y controvertido, queda excluida la mora en que podrían encontrar causa dichos intereses» (Sentencias de 2 Dic. 1994 y 1 Abr. 1996). Afirmación esta última que, como es lógico, debe entenderse referida a una oposición empresarial razonablemente fundada, no a la mera negativa a abonar unos salarios no discutidos, o controvertidos sin base legal suficiente». En el presente caso, aparte de que la sentencia aplica el interés a conceptos claramente extrasalariales, la acumulación de reclamaciones correspondientes a varios conceptos salariales, la estimación ahora en el recurso respecto a la inviabilidad del devengo de horas extraordinarias declaradas inicialmente en instancia y el abono parcial de los salarios adeudados, además de haber llevado a estimar ya en instancia parcialmente la demanda (lo que en fase de recurso vuelve a reiterarse pero minorando el total) impiden determinar que la empresa recurrente haya llevado a cabo una defensa carente de fundamento, pues el importe de lo debido y reclamado no era ni pacífico ni tampoco incontrovertible, pues para que proceda sancionar el incumplimiento del deber de pago puntual exigido en el apartado 1 del artículo 29 del ET, es preciso que conste que la deuda es exigible, vencida y determinada o fácilmente determinable.

SEXTO. Por todo lo razonado, esta Sala estima en parte el recurso interpuesto, confirmando la sentencia de instancia, en cuanto a diferencias salariales (415.696 ptas.), manteniendo inalterado (por ser pacífica la cuestión en el recurso) asimismo lo correspondiente a medias dietas (256.508 ptas.) y horas nocturnas (49.648 ptas.), dejando sin efecto la condena a abonar horas extras, y el interés por mora declarado, sin que haya lugar, por la estimación parcial del recurso, a costas en esta alzada (art. 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LA LEY 1444/1995)).