Volver a página de inicio

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda de despido interpuesta por los dos actores, ahora no conforme con dicha decisión interponen el presente recurso y lo hacen a través de dos motivos: el primero de revisión de los hechos primero y sexto, y el segundo de censura jurídica donde denuncian la infracción del art. 1.1 del TRLET , y todo ello con el objetivo de solicitar que se declare que la relación que les vinculada con la demandada fue siempre laboral y por ende su decisión de extinguir sus contratos con efectos del 19 de enero de 2014 no es ajustada a derecho, por lo que debe ser calificada de despido improcedente, y las consecuencias no pueden ser otras que las que se derivan de lo dispuesto en el art. 56 del TRLET .

SEGUNDO.- Revisión de los hechos:

Con relación a la alteración que se postula del hecho primero, la parte actora propone que se le de el siguiente contenido: " Que los actores DON Julián y DON Sixto prestaron sus servicios para la empresa demandada IBERSANT JUST, S.L. Desde el día 1 de junio de 2006, el Sr. Julián . Y desde el día 1 de diciembre de 2006, el Sr. Sixto . Continuando dicha relación ininterrumpidamente hasta fecha 19 de enero de 2014.

Que durante este periodo prestaron sus servicios con exclusividad para la empresa demandada. Percibiendo una remuneración diaria por sus servicios, según media de emolumentos percibidos durante el último año de 75,66 €/día, el Sr. Julián . y 82,02 €/día el Sr. Sixto ."

La petición la apoyan en los documentos, que de aceptarse provocaría valorar de nuevo prácticamente toda la prueba documental que forma parte de estos autos. Actividad que no podemos llevar a cabo, pues como debería saber el letrado del actor la valoración de la prueba es una facultad que corresponde en exclusiva a la Juzgadora de instancia, y solo si esta ha cometido algún error o las realidades que la conforman pueden considerarse absurda, ilógica y arbitraria, es cuando este Tribunal podrá corregir, suplir, suprimir, o incluso ampliar el relato de hechos, en caso contrario nada podrá hacer, como ocurren el presente supuesto.

De todas las formas si lo que persiguen los actores es fijar la fecha de antigüedad en la empresa y el salario regulador de referencia a efectos de una posible declaración de despido, este último vendría determinado por el salario convenio colectivo de aplicación, o en todo caso por lo estipulado en el hecho cuarto si la referencia que allí se contiene es superior, y la antigüedad, a falta de una oposición clara por parte de la empresa a las fechas que recoge la demanda, de estimarse este recurso la antigüedad será la que consta en la demanda.

Se pretende en segundo lugar revisar el hecho sexto, para lo cual se solicita que le demos la siguiente redacción:

"Que Don Sixto consta que fue BAJA en el Régimen de Trabajadores Autónomos en fecha 31/01/2015. Constando nueva ALTA en ese Régimen en fecha 01/03/2014 (folía 39 a 41 de los autos principales).

A los folios 34 y 35 del ramo de prueba de la parte actora consta que este actor es propietario de un FORD CONNECT 2 FURGON, según la Tarjeta de Inspección desde el 22/02/2008; con permiso de circulación para la conducción de dicho vehículo de fecha 28/01/2009 y dedicado a servicio público: el peso máximo del vehículo es de 1.999 kilogramos.

DON Julián consta que fue BAJA en el Régimen de Trabajadores Autónomos en fecha 31/01/2015. Y que fue dado de alta el 24/02/2014 por la empresa RECAMBIOS y ACCESORIOS GAUDI SL y continua en alta a la fecha del acto de juicio (folía 33 a 38).

A los folios 13 a 15 del ramo de prueba de la parte actora consta que el actor es propietario de un vehículo MERCEDES 639D FURGÓN 115CDI, con tarjeta de inspección desde el 17/06/2005 y permiso de circulación para la conducción de dicho vehículo expedido en fecha 09/05/2006, misma fecha de la matriculación del vehículo, con dedicación del mismo a Servicio Público, y con un peso máximo de 1.765 Kilogramos."

Examinados los documentos que se citan de la pieza de prueba de la parte recurrente se puede observar que si bien es cierto que el Ford Connect tiene una MTMA/MMA DE 1.999 Kg y Tara 1438 Kg no así la furgoneta mercedes donde resulta que la MTMA/MMA es de 2000 kg, y la Tara de 1765 kg. Por tanto, es cierto que existe un error en lo que se refiere a los datos que se han hecho constar, pero igualmente es un error que no debemos corregir salvo que lo que quiera el letrado es perjudicar al Sr. Julián , pues con esos datos le sería de aplicación lo dispuesto en el art. 1.3.g) del TRLET en clara relación con el art. 41.1.e) del RD 1211/1990 (LA LEY 2629/1990) que desarrolla la LOTT, y concretamente lo dispuesto en su art. 47.1 y por consiguiente desde esa perspectiva nunca podría ser considerado trabajador por cuenta ajena, no así el Sr. Sixto que la MMA de su vehículo es inferior a las dos toneladas y no necesitaría ningún título administrativo inhabilitante. Por consiguiente, no discutiéndose esta circunstancia por la parte impugnante y no siendo ciertas los datos que nos ofrecen, al menos en relación con el Sr. Julián , e irrelevantes con respecto al Sr. Sixto , debemos rechazar la revisión solicitada, y analizar en el siguiente apartado si la relación que tenían con la demandada era una relación laboral común como proponen o por el contrario era una relación de TRADE como informan sus contratos.

TERCERO.- Censura jurídica: En el apartado de censura jurídica se denuncia la infracción del artículo 1.1 del TRLET , por cuanto consideran los recurrentes que el vínculo que mantuvieron hasta que se extinguió su contrato por decisión de la demanda era de naturaleza laboral.

Inalterado relato de hechos se puede constatar que la relación de estos con la demandada desde inició se sustentó en un contrato mercantil como trabajadores autónomos, condición que voluntariamente decidieron mantener y reforzar a partir de la entrada en vigor de la Ley 20/2007 (Estatuto del Trabajador Autónomo -en adelante LETA (LA LEY 7567/2007)) al decidir voluntariamente formalizar por escrito en enero de 2011 contrato de Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). En virtud de ese contrato asumieron la condición de TRADES, a la vez que declaraban que el 75% de sus ingresos totales prevenían de un solo cliente, la empresa demandada, que no tenían trabajadores a su cargo, que no iban a subcontratar la actividad contratada con la empresa cliente, y que disponían de la infraestructura productiva y los materiales necesarios para el ejercicio de su actividad. Entre los medios materiales que se decía que aportaban al contrato estaban los dos vehículos (furgonetas). Además siguiendo a dictado las demás exigencias que la norma (art. 14) impone para dar validez y eficacia al contrato de TRADE, se fijó el horario, la contraprestación económica, el modo y forma de cobrarla, señalándose cuáles eran las causas de suspensión y extinción del contrato (arts.16 y 15), así como la indemnización que percibirían como daños y perjuicios en caso de extinción. Entre las condiciones particulares del contrato los actores aceptaron rotular la empresa con el logo de la demandada, y llevar ropa identificativa de la misma, pero asumiendo el riesgo y ventura del resultado del servicio prestado, y organizando su actividad del modo y forma que consideraran más conveniente, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudieran recibir de la empresa cliente.

En este contexto fáctico, y no otro, ya que la carga de la prueba a la hora de probar la existencia de relación laboral le corresponde a los actores, si las notas definitorias en esencia para calificar la relación como laboral son la ajenidad o la dependencia ( art. 1 TRLET ), y estos son dos conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, en le caso enjuiciado, los actores no ha conseguido demostrar la concurrencia de ninguno de ellos, y no es porque la actividad desarrollada no contengan fuertes notas de laboralidad, tales como la asistencia al centro de trabajo de la entidad colaboradora, la prestación casi con exclusividad, el tipo de actividad a desarrollar, el lugar de trabajo y el sometimiento a un determinado control horario o incluso la rotulación de las furgonetas o el uso de ropa identificativa de la empresa, sino porque nuestro ordenamiento a través de la LETA (LA LEY 7567/2007) ha excluido de dicho ámbito este tipo de actividades cuando se desarrollan cumpliendo ciertos requisitos.

Desde la entrada en vigor de dicha norma y tras su largo periodo de adaptación, el nuevo modo de prestar por los transportistas el servicio contratado, tanto de los que se ven afectados por el art. 1.3.g) TRLET (así lo dispone la DA 11ª), por prestar el servicio de transporte con un vehículo de dos toneladas o más, cómo los que quedan fuera de su ámbito de aplicación aunque no necesiten para ello de la correspondiente autorización administrativa, se consideran TRADES, siempre y cuando presten servicios como tales para uno o varios clientes y obtenga al menos de uno de ellos el 75% de sus ingresos y no tengan a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contraten o subcontraten parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. Requisitos que para aquellos TRADES que no se les aplica el art. 1.3.g) TRLET , se amplían con otras exigencias como: No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente; Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente; Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.

Es cierto que la LETA (LA LEY 7567/2007) no excluye, como lo hace el art. 1.3.g) TRLET , al colectivo que se dedica a la prestación del servicio de transporte público de mercancías del ámbito laboral, lo que sin duda permite de probarse que podamos estar ante un falso TRADE, o un falso Autónomo, pero difícilmente se puede reclamar la condición de trabajador por cuenta ajena cuando los reclamantes fueron los solicitaron constituirse como TRADEs, y para ello acreditaron que cumplían en ese momento con todas y cada una de los requisitos que para ello se exigen, e inscribiendo el contrato en el correspondiente registro. Por tanto, a partir de ese momento la relación jurídica que rige el vínculo que mantiene con la demandada pierde automáticamente de haber existido las notas de ajenidad y dependencia, que solo podrán restaurarse acreditando que el referido contrato estaba viciado en origen, o que con el paso del tiempo este fue modificado y por consiguiente a partir de dicho momento comenzaron a prestar sus servicios bajo las ordenes y dependencia de la demandada. Pero en los presentes autos nada de ello ha quedado probado. La gestión de sus recursos (furgonetas, y el modo de hacer su trabajo) era libre, sólo limitada por la tiempo, lugar de recogida y entrega de la paquetería, y además asumían el riesgo y ventura de la prestación del servicio, respondiendo frente al cliente y la empresa de cualquier incidencia.

En definitiva, la relación de los actores es la de TRADE, y en cuanto que la prestación de este tipo de transportistas no viene caracterizada por las esenciales notas de ajenidad y dependencia, al tratarse de relación concertada por un transportista autónomo de configuración legal, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia impugnada.

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) española de 27 de diciembre de 1978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo.