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PRIMERO.- El presente recurso se interpone frente a la Sentencia de instancia que en demanda sobre despido declaró: Estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Teofilo frente a Arturo . sobre DESPIDO, con la intervención de FOGASA, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración y a que, por tanto, readmita al demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono en dicho caso de los salarios de tramitación, o bien le indemnice en la cuantía de 7.624,12 euros.

SEGUNDO.- Se formula un 1º motivo al amaro de la letra "c" del artículo 193 de la LIS , que tiene por objeto "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia".

Como normas que se consideran infringidas se citan las siguientes: los artículos 54.2.a ) y 55.4, primer inciso, ambos del ET , en relación con los artículos 43.3.b ) Y 44.c) del Convenio Colectivo de Toledo de Transportes de Mercancías por Carretera (BOP nº 275 de 28-11-2008), que no han sido aplicados, y los artículos 55.4 último inciso, y 56.1, ambos del ET , que han sido indebidamente aplicados.

TERCERO.- El motivo debe desestimarse y ello en base a las siguientes consideraciones:

A) La doctrina constitucional ( S.T.C. 44/1989, de 20 de febrero -R.T. Const. 1989,44-) tiene señalado por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina ( S.T.C. 175/85, de 15 de Febrero (R.T. Const. 1985, 175) que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas. Ahora bien, el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que se libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( S.T.C. 24/1990, de 15 de Febrero (LA LEY 609/1990) (R.T. Const. 1990,24)), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano judicial. La vigente Ley de Procedimiento Laboral ha recogido expresamente esta doctrina en su artículo 97.2 , al disponer que la sentencia, apreciando los elementos de convicción, habrá de declarar expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia a los fundamentos de derecho "a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión". Y puesto que en el presente caso, habida cuenta de las invocaciones de hechos efectuadas por los demandantes a que ya se ha hecho referencia, y la también señalada contestación dada por la demandada, el magistrado de instancia ha efectuado el razonamiento acerca del proceso lógico que le ha conducido a sentar las afirmaciones -que respecto a la problemática sustancial y de fondo planteada- integran el relato fáctico de la sentencia y concretamente el primero de los hechos declarados probados que al mantenerse y no admitirse le conlleva la desestimación del recurso.

B) Partiendo de los hechos probados resta incólume la apreciación del juzgador que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que la sentencia impugnada se precisó y al efecto es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo - Sentencias de 6 de diciembre de 1.979 y 10 de Mayo de 1.980 -así como la doctrina del T.C.T . ( Sentencias de 25 y 27 de noviembre de 1.985, continuada por los TSJ de que no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hechos que en la resolución se constaten y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima correlación de ambos presupuestos circunstancia que concurre en el supuesto de autos lo que incide en consecuencia y en definitiva a la desestimación del motivo.

C) Entrando a examinar los hechos que se imputan al demandante en la carta de despido, no resulta controvertido que el actor dejara de acudir a su puesto de trabajo desde el 10 al 21 de febrero de 2012. Alega el actor que tal ausencia se debió al disfrute de sus vacaciones, vacaciones que no había disfrutado no sólo en el 2011 sino tampoco en ninguna anualidad durante las cuales el trabajador ha prestado servicios por cuenta ajena para el empresario demandado. La parte demandada estima injustificadas tales faltas de asistencia, señalando en la vista que en todo caso el período vacacional conforme al artículo 38.2 ET (LA LEY 1270/1995) necesita previo y común acuerdo, sin que pueda justificarse con una actuación unilateral del trabajador. Para poder examinar los requisitos de gravedad y culpabilidad en el supuesto de autos debemos partir de los hechos anteriores a la extinción del contrato, fundamentalmente los que originan la sanción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en noviembre de 2011, cuando constata que el trabajador demandante prestaba servicios por cuenta del empresario sin hallarse de alta en el Régimen General, sino en el RETA. En base a tal forma irregular de articular la relación laboral entre las partes, el demandante disfrutaba de períodos vacacionales que unilateralmente decidía, sin que conste que requirieran la previa autorización del empresario. Por ello en las fechas mencionadas, del 10 al 21 de febrero, cierto es que el demandante procedió unilateralmente, como había venido haciendo desde el inicio de su relación laboral con D. Arturo , a tomarse unos días de vacaciones, y cierto es que no consta el consentimiento expreso de la empresa, pero tampoco su desconocimiento ni su oposición. Debe presumirse el conocimiento de la empresa de tal actuación unilateral del trabajador en cuanto que no consta probado que su ausencia originara ningún contratiempo imprevisto ni dejaran de realizarse portes que debían ser llevados a cabo en tales fechas por los camiones de la empresa. Ante tal hecho la empresa no obra conforme a los principios de lealtad ni buena fe pues no se pone en contacto con el trabajador para manifestarle su oposición a tales días de disfrute vacaciones y mucho menos para requerirle su prestación de servicios sino que deja pasar el tiempo sin dar contestación al trabajador tras las llamadas que recibe y sobre todo tras los mensajes de teléfono móvil que constan recibidos por el empresario y en los cuales se le requiere para que transmita al trabajador las órdenes oportunas sobre el desempeño de sus servicios tras la vuelta del período vacacional. Igualmente resulta probado en virtud de las testificales practicadas y visionado de los mensajes de teléfono móvil que el trabajador desde el 22 de febrero hasta la recepción de la carta de despido acudió al lugar donde prestaba los servicios, cochera de los camiones, se entrevistó con el otro trabajador y con la esposa del empresario (esta en su domicilio) y requirió a este a fin de que le remitiera las órdenes oportunas sobre la ruta y portes a realizar, sin que el empresario diera contestación alguna a tales requerimientos, obrando con una mala fe evidente, con una pretensión clara de dar de baja al trabajador por tales ausencias, y sin duda motivado por los hechos que sucedieron a la resolución del alta de oficio practicada por la TGSS, al haberse negado el trabajador a principios del mes de febrero a firmar un contrato temporal en virtud del cual se novaba totalmente su relación laboral con el empresario, con una disminución evidente de sus derechos de carácter laboral.

CUARTO.- En cuanto a la alegación de vulneración de la doctrina de los TSJ hemos de tener en cuenta que no hemos de olvidar que es reiterada la doctrina de nuestros Tribunales de lo Social en el sentido de que la censura jurídica a la sentencia de instancia habrá de operarse por violación de una norma sustantiva o de la jurisprudencia, entendiéndose como tal, según la concepción recogida en el art. 1.6 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , la doctrina que de modo reiterado establezca el TS al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, siendo indispensable la cita en el recurso de la norma sustantiva vulnerada o de las sentencias del TS.

QUINTO.- Se formula un 2º motivo al amparo de la letra "c" del artículo 193 de la LIS , que tiene por objeto "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia".

Como normas que se consideran infringidas se citan las siguientes: los artículos 4.2 (LA LEY 1270/1995).f , 26.1 (LA LEY 1270/1995) , y 29.2 del ET (LA LEY 1270/1995) , en relación con los artículos 1091 (LA LEY 1/1889) , 1258 (LA LEY 1/1889) y 1544 del Código Civil (LA LEY 1/1889) .

Me condena la sentencia al pago de la nómina completa del mes de febrero (1.185,25 euros), y al hacerlo viola en realidad los artículos antes citados, por cuanto de ellos se deduce que el trabajador solo tiene derecho a cobrar por los días en que haya acudido al trabajo (y no por los que no acudió a trabajar). Por lo tanto, como el trabajador solo trabajó 9 días de febrero, solo tiene derecho a cobrar la cantidad 434,04 euros líquidos, que es la que corresponde a los días trabajados en febrero de 2012 (con prorrata de extras incluida) y a las vacaciones de 2012 no disfrutadas. Esa cantidad ya le fue ofrecida al trabajador (como consta en el acta de conciliación que él acompaña como documento nº 15 de su demanda) cuando se celebró el acto de conciliación ante el SMAC, y el trabajador se negó a recibirla.

SEXTO.- El motivo debe desestimarse ya que como acertadamente dice el impugnante insiste la empresa en el recurso en que el trabajador solo trabajó 9 días del mes de febrero, como si voluntaria y unilateralmente hubiera dejado de trabajar el resto de días del mes de febrero, cuando la realidad, como se dice en la sentencia, fue que si no se pudo incorporar a su trabajo después del periodo vacacional fue por la actuación obstaculizadora llevada a cabo por el empresario. La baja en el Régimen General no se produce hasta el 29 de febrero de 2012, por lo que la aplicación del art. 219 del ET (LA LEY 1270/1995) que realiza la Juzgadora es del todo correcta.

SEPTIMO.- Los intereses se deben según las STS de fechas 29-6-12 (LA LEY 105953/2012) (R 3739/11 ) y 23-1-13 (Rº 1119/12 ) Y 17-6-14 (Rº 1315/13 ) en las que se manifiesta que procede la condena al pago de intereses del art. 29.3 ET (LA LEY 1270/1995) y 1108 C. Civil (LA LEY 1/1889) , aunque el tema sea controvertido ya que ello no obsta al pago de los mismos.

OCTAVO.- Por todo lo expuesto procederá previa desestimación del recurso la confirmación de la sentencia de instancia y de conformidad con el art. 235 de la LJS, procede la imposición de costas a la recurrente, comprensivas de honorarios de letrado de la parte contraria por importe de 400 euros y pérdida de depósitos.