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PRIMERO.- La sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid) de 6 de febrero de 2008 (LA LEY 20550/2008), ha recaído en un procedimiento sobre reclamación de cantidad instado por la mercantil METECNO ESPAÑA, SA contra el demandado, en el que se discute principalmente sobre la validez del pacto de no concurrencia suscrito entre las partes contendientes. El demandado ha venido prestando servicios para la parte actora desde el 10 de octubre de 1996 con la categoría profesional de Comercial Técnico de Organización, comunicando el 22 de agosto de 2005 su decisión de causar baja voluntaria en la empresa. La empresa y el trabajador formalizaron el 1 de enero de 2001 un pacto de no competencia, en el que se estableció en lo que ahora interesa que "en caso de que el trabajador incumpla lo dispuesto en esta cláusula, deberá satisfacer a la Sociedad, el doble de la cantidad que, de acuerdo con lo estipulación haya percibido el trabajador en virtud de este pacto de no competencia, en concepto de indemnización por los perjuicios causados a la misma", siendo dicha cantidad la que se reclama en la demanda rectora de autos, Frente al fallo de instancia se alzó en suplicación la parte actora y la Sala de segundo grado estimó en parte el mismo, y una vez examinado el pacto en liza y declarada licitud del mismo, entró a decidir sobre la cuantía de lo reclamado a la vista de la cláusula penal fijada en el pacto de no competencia. La sentencia afirma que la cuantía de la indemnización exigida es superior a la compensación abonada, máxime si se tiene en cuenta que ninguna prueba se articuló sobre los perjuicios causados, de ahí que deba operar como límite el importe total de lo recibido durante el desarrollo de la relación laboral en dicho concepto.

Disconforme la demandada con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala homónima de Aragón de 2 de abril de 2003 (LA LEY 64263/2003) (rec. 1133/02). En este caso, el trabajador había suscrito igualmente un pacto de no competencia en el que se hizo constar, entre otros extremos, que para el supuesto de que el trabajador incumpliera el mismo, éste debería satisfacer a la Sociedad el doble de la cantidad que el trabajador hubiera percibido en virtud del pacto de no competencia, en concepto de indemnización por los perjuicios causados. Al mes siguiente del cese en la empresa, pese al pacto, el trabajador se incorpora a otra que compite con la primera, deduciendo la empleadora la demanda de la que traen causa aquellas actuaciones interesando la suma de 500.000 pesetas en concepto de restitución de la cantidad indebidamente percibida y 1.000.000 pesetas en concepto de compensación de daños y perjuicios. La Sala de suplicación confirma el fallo combatido estimatorio de la pretensión rectora de autos.

SEGUNDO.- Debe estimarse concurrente el requisito exigido por el art. 217 de la LPL (LA LEY 1444/1995) sobre la existencia de fallos contradictorios en litigios sustancialmente idénticos en cuanto a hechos, pretensiones y fundamentos. En efecto, los supuestos de hecho guardan gran semejanza, hasta el extremo de que en la sentencia ofrecida como término de comparación, la parte actora es la misma mercantil hoy recurrente, en ambas sentencias se aborda la validez del pacto que contiene exactamente la misma cláusula penal y mientras que en un caso se considera no válida por implicar una renuncia anticipada de derechos indisponibles, en el otro se estima ajustada a derecho.

TERCERO.- La empresa recurrente denuncia la infracción del art. 3.5 del ET aplicado en la sentencia recurrida, manifestando que no está conforme con el parecer de la Sala de Suplicación ya que, a su juicio, no existe ninguna renuncia anticipada de derechos por el hecho de haberse suscrito una cláusula penal que implicaba para el trabajador la devolución de una indemnización mayor que la compensación recibida en virtud del pacto de no concurrencia.

El recurso debe prosperar porque en la firma de la citada cláusula no se advierte la renuncia anticipada de derechos indisponibles que apreció la sentencia recurrida. Los derechos protegidos por la prohibición establecida en el repetido art. 3.5 ET (LA LEY 1270/1995) son los reconocidos al trabajador "por disposiciones legales de derecho necesario", así como los "reconocidos como indisponibles por convenio colectivo"; pero no los derechos que surgen por acuerdo entre ambas partes, en cuanto no contradigan las mencionadas normas de carácter imperativo. El pacto de no competencia contractual crea sobre todo expectativas de derecho, que permiten la consolidación por el trabajador de la compensación económica recibida por renuncia a concurrir con la actividad de su antigua empresa durante cierto tiempo, o autoriza al empresario a reclamar la devolución de lo percibido -o en su caso a no abonar lo pactado- cuando el trabajador incumple esa prohibición de concurrencia. No existe por tanto renuncia anticipada de derechos legales o convencionales indisponibles, y lo que podrá plantearse en determinados supuestos es la proporcionalidad de la indemnización prevista ("compensación económica adecuada", a la que alude el art. 21 del ET (LA LEY 1270/1995) ), sobre la base de que la cláusula pueda resultar abusiva y contraria al principio de la buena fe ( art. 7.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ), lo que permite, en su caso, la nulidad parcial de la repetida cláusula. Pero en este supuesto, ni la sentencia recurrida resolvió la cuestión con arreglo a tal planteamiento -se limitó a invalidar la cláusula penal en cuanto a la obligación del trabajador de devolver una cantidad superior a lo que había recibido como compensación económica-, ni tampoco se plantea en el recurso, lo cual veda a este Tribunal de casación cualquier fundamentación jurídica al respecto, pues esta Sala realiza su función unificadora sobre las controversias tal y como fueron planteadas y decididas en suplicación. De otro modo entraría a construir de oficio el recurso con el consiguiente perjuicio del derecho de defensa al no haberse producido la contradicción correspondiente.