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PRIMERO.- El recurso entabla su primer motivo por la vía del art. 191 b) de la LPL . En primer lugar postula que se elimine la frase que cierra el ordinal fáctico tercero y que afirma que los hechos que relata la carta de despido "han quedado acreditados". La razón estriba en que, en opinión de la recurrente, este aserto predetermina el resultado del fallo.

La argumentación no es de recibo. Las proposiciones que predeterminan indebidamente el fallo y que por tanto no deben figurar en la relación de hechos probados son las que sustituyen la pura descripción de los elementos que conforman el substrato fáctico de la controversia por la expresión de conceptos o valoraciones jurídicos que entrañan la aplicación anticipada de las normas sustantivas rectoras de las consecuencias que de ese substrato se derivan. Decir que las imputaciones de la carta de despido han sido probadas formula una conclusión de hecho: que la realidad material de esas imputaciones ha quedado establecida. El aserto constituye la primera condición positiva de una sentencia desestimatoria de la demanda, pues la calificación del despido como procedente exige que el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación resulte acreditado, de acuerdo con los arts. 55.4 del ET y 108.1 de la LPL. En este sentido, claro es que la afirmación determina el fallo, al igual que lo determina necesaria e inevitablemente la prueba del supuesto de hecho de la norma cuya efectividad se pretende en el proceso. La fijación de los hechos materia de debate que aparecen probados es paso consustancial a toda operación de enjuiciamiento, que sin él deviene imposible.

El resto de solicitudes que deduce el motivo corren idéntica suerte negativa. Todas ellas pretenden que se eliminen ciertos párrafos y expresiones de la fundamentación de derecho de la sentencia porque entiende que afirman como probados hechos que la recurrente considera que no lo están. El recurso incurre de nuevo en un error conceptual de partida. El párrafo tercero del fundamento jurídico tercero no sienta ningún hecho litigioso. Simplemente alude a los informes psicológicos de fecha 4 y 7 de marzo y 14 de abril de 2008 aportados al pleito por la propia actora. La sentencia en manera alguna estaba obligada a reproducir literalmente su total contenido, y la circunstancia de que no lo haya hecho en absoluto impide a la parte invocarlos en el presente recurso y valerse de ellos en lo que estime útil para la defensa de su interés.

La frase final de ese mismo párrafo tercero, la del párrafo séptimo y el texto del octavo, de su lado, tampoco establecen la certeza de nuevos extremos fácticos. Únicamente reflejan las inferencias y valoraciones de la conducta de la trabajadora que conducen al Juzgador a calificar el despido como procedente. La recurrente puede discrepar de estos razonamientos y tratar de desvirtuarlos, pero la manera de lograrlo no consiste en pedir que se supriman de la redacción de la sentencia sino en oponer argumentos que convenzan de su debilidad y desacierto.

El motivo fracasa.

SEGUNDO.- El motivo de suplicación restante se encauza a través del apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento al objeto de denunciar infracción del art. 54.2 d) del ET . Su desarrollo niega que la actora haya incurrido en transgresión de la buena fe contractual. A tal efecto invoca la doctrina según la cual realizar actividades durante la situación de incapacidad temporal no constituye causa de despido si las mismas no son perjudiciales para el curso de la enfermedad ni atentan contra el tratamiento. En este sentido arguye que la empresa no ha demostrado que las actuaciones o hechos protagonizados por la demandante implican que ya estaba recuperada para prestar su actividad laboral o estaban perjudicando su recuperación.

Las sentencias de esta Sala de 22 de mayo de 2006 y 26 de marzo de 2007 dicen, en relación con esta materia, lo siguiente: "Una reiterada jurisprudencia vino considerando que si el trabajador está impedido para consumar la prestación laboral a que contractualmente viene obligado tiene vedado cualquier otro tipo de quehacer, sea en interés ajeno o propio, sobre todo si se tiene en cuenta que su forzada inactividad le es compensada económicamente por la empresa y por la Seguridad Social, a las que perjudica, incurriendo así en la causa de transgresión de la buena fe en el desarrollo del contrato constitutiva del incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador que justifica su extinción por decisión del empresario mediante despido (Sentencias de 10 de mayo de 1983, 18 de septiembre de 1986, 3 febrero 1987, 23 de julio de 1990 y 18 de diciembre de 1990).

Ahora bien, la misma Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de 18 de julio de 1990 o de 21 de marzo y 21 de diciembre de 1984 ha declarado que la anterior doctrina no es óbice para un examen individualizado de la conducta del trabajador, siendo obligado valorar las circunstancias concurrentes en cada caso, lo que con mayor razón es exigible en aquellos supuestos, como el de autos, que se asientan sobre situaciones de incapacidad física o enfermedad, que cobran una configuración casuística y particularizada derivada de la sustancial y diferenciada individualidad del sujeto que en cada caso resulta afectado. Siendo lo que entraña la transgresión del deber de la buena fe -artículo 5.a) del Estatuto de los Trabajadores - en el cumplimiento del contrato el hacer algo durante la enfermedad que pueda suponer un peligro para la curación o fraude a la empresa o a la Seguridad Socia, habrá que examinar las circunstancias de cada caso para determinar si estamos en presencia de un incumplimiento grave y culpable sancionable con despido".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de febrero de 2007 se pronuncia en idéntica línea. La sentencia señala: "En relación con las actividades que el trabajador puede realizar durante la situación de Incapacidad Temporal, la doctrina jurisprudencial ha establecido dos categorías distintas: por un lado, aquellas que, por resultar incompatibles con el proceso patológico en que la baja laboral se ha fundado, evidencian la simulación del mismo y el propósito fraudulento con que su reconocimiento y efectos subsiguientes se han obtenido; y, por otro lado, aquellas que son incompatibles no con las disminuciones funcionales infligidas por los padecimientos indicados, sino con la eficacia de los tratamientos prescritos, retrasando o impidiendo el resultado de éstos y la recuperación del afectado con daño tanto de los intereses públicos del sistema de asistencial, como de los privados de su empleadora. Al respecto, es criterio jurisprudencial consolidado (así, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1987 o 26 de enero de 1988 , entre otras) que "no toda actividad desarrollada durante la situación de incapacidad laboral transitoria (actualmente incapacidad temporal) puede calificarse como conducta desleal sancionable con el despido, sino sólo aquella que, dotada de suficiente gravedad e intencionalidad y a la vista de las circunstancias concurrentes, en especial la índole de la enfermedad y las características de la ocupación, sea susceptible de perturbar la curación del trabajador o evidencia la aptitud laboral de éste, con la consiguiente simulación en perjuicio de la empresa".

La actora causó baja médica el 15 de octubre de 2007 por presentar sintomatología ansioso-depresiva. El diagnóstico exacto que consigna el informe del Centro de Salud de 4 de marzo de 2008 es de "trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo" (fol. 17). Este trastorno se produce como consecuencia de factores estresantes, que dan lugar a un síndrome con una mezcla de síntomas depresivos y ansiosos de igual importancia. La característica esencial de su cuadro clínico consiste en un estado de tristeza y ansiedad persistente o recurrente al que acompañan síntomas adicionales, como dificultades de concentración o de memoria, trastorno del sueño, fatiga o falta de energía, irritabilidad, preocupación, llanto fácil, hipervigilancia, sensación de peligro inminente para el sujeto o sus allegados, desesperanza y pesimismo ante el futuro y baja autoestima o sentimientos de inutilidad, así como un cortejo de síntomas somatomorfos muy dispares (trastornos digestivos, mareos, palpitaciones) propios de la ansiedad generalizada.

Pues bien, hallándose la trabajadora en situación de incapacidad temporal en razón de dicha enfermedad psíquica, aparece probado que el 22 de febrero de 2008 se presentó a un proceso de selección de cantantes para intervenir en un conocido concurso de televisión de ámbito nacional, siendo seleccionada; el 26 siguiente concedió entrevistas por este motivo a dos periódicos; también la entrevistaron por la misma circunstancia en un canal local de televisión; el día 29 actuó efectivamente ante público y jurado en el referido concurso, el fue retransmitido por la cadena televisiva organizadora; el 6 de marzo, en fin, intervino en otro programa de televisión como consecuencia de su participación en dicho concurso. Este comportamiento resulta manifiestamente impropio de una persona que padece depresión impeditiva del trabajo y pone de relieve con claridad que la dolencia ya estaba superada, que la actora se había restablecido y que se encontraba en condiciones suficientes de reanudar sus labores de cajera en un supermercado, labores que no es pensable generen tensión y ansiedad más fuertes que actuar en un concurso televisado de amplia audiencia destinado al descubrimiento de artistas noveles.

De otro lado, no consta que la actora hubiera consultado su propósito de modo previo a los especialistas en salud mental que la venían tratando ni menos que hubiera sido alentada por ellos o siquiera autorizada a participar en el concurso. Tomar parte en este tipo de eventos supone experiencia que sin duda provoca un alto grado de nerviosismo y emociones intensas, por lo que bien pudo ocurrir que desde el punto de vista médico la iniciativa fuera contraproducente en orden a la plena recuperación del equilibrio psíquico o entrañara riesgo de retroceso del proceso curativo.

La conducta de la trabajadora encaja, por tanto, en las previsiones del art. 54.2 d) del ET y constituye causa legal de despido procedente. En consecuencia, el recurso decae y la sentencia de instancia se confirma.