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PRIMERO.- El examen íntegro de las actuaciones procesales de primera instancia, efectuado por la Sala en el ejercicio de la función revisora que, como tribunal de segunda instancia, tiene legalmente atribuida, evidencia que el objeto de debate y controversia en el proceso -que se reitera en esta alzada- quedó circunscrito, conforme a la delimitación efectuada por las partes en sus respectivos escritos alegatorios, a una cuestión de carácter eminentemente jurídico: determinar si la actividad desarrollada por la entidad demandada en el local de su propiedad, consistente en el alquiler individualizado, y por separado, de cada una de las 9 habitaciones que lo componen, constituye una actividad prohibida por los estatutos de la comunidad.

SEGUNDO.- No resulta cuestionado, ni controvertido, en esta alzada, que la actividad desarrollada por la entidad demandada en el local de su propiedad no constituye una actividad de hospedería, sino un arrendamiento de habitaciones, sujeto, con carácter general, a las disposiciones del Código Civil.

Debiendo tenerse presente, en este punto, que aun considerando la no sujeción del arrendamiento de vivienda a las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LA LEY 4106/1994), no existe inconveniente alguno para que las partes contratantes, por el principio de autonomía privada o de libertad de pacto contractual sancionado por el artículo 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889), convengan la aplicabilidad al contrato de todas, o alguna, de las disposiciones de aquella normativa especial.

La anterior calificación, consentida por las partes -pues ni se combate en el recurso, ni, en tal extremo, es objeto de impugnación la sentencia por la parte apelada-, no puede ser alterada en esta segunda instancia, conforme a lo prevenido por el artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).

Idéntica conclusión ya fue establecida por esta misma Sección en su sentencia de 20 de febrero de 2018 (LA LEY 35641/2018), en cuyo Fundamento de Derecho Tercero se razonaba por la Sala: "... La Sentencia recurrida tras valorar la prueba practicada considera que el destino dado a la vivienda por el demandado no es una actividad de hospedería y sí de arrendamiento temporal de habitaciones con cita de los contratos de arrendamiento aportados a los autos con duración superior a tres meses, ser ocho las habitaciones existentes en la vivienda con valoración, también, de la normativa sobre establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, conclusión y naturaleza jurídica plenamente compartida en la presente alzada no desvirtuada por la recurrente quien discrepa por la publicidad del alquiler que incluye prestación de servicios y por la actuación realizada por inmobiliaria encargada de gestionar los alquileres, cuestiones accesorias que no desvirtúan en modo alguno la naturaleza jurídica del presupuesto fáctico que permite afirmar estar en presencia de arrendamiento de habitaciones, utilización que no contradice el destino de la vivienda conforme a la descripción de la misma en el título de propiedad...".

QUINTO.- Cuestión distinta -y que rebasa, en puridad, el ámbito objetivo del presente proceso- es que la finalidad perseguida con la cesión del goce o uso de la habitación fuera la satisfacción de una necesidad ocasional o esporádica de vivienda -con independencia de su duración temporal- por parte del arrendatario; pues es evidente que en tal circunstancia, la actividad desarrollada en el elemento privativo podría, indudablemente, calificarse como de hospedería, en cuanto supone dar alojamiento a una persona, proporcionándole, y manteniéndola en el uso exclusivo y disfrute pacífico de una habitación durante el tiempo convenido, con independencia de que, además, puedan prestarse otros servicios complementarios. Actividad que, indudablemente, prohíben, de modo expreso, los Estatutos de la Comunidad.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas, el carácter complejo y jurídicamente dudoso de la cuestión controvertida en el proceso -que se evidencia por la distinta valoración jurídica que de los mismos hechos efectúa la juzgadora de instancia y esta Sala-, justifica, al amparo de lo establecido en el artículo 394.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), que no proceda efectuar una expresa y especial imposición de las costas originadas en la primera instancia del proceso a ninguna de las litigantes.

De igual modo, la estimación del recurso de apelación interpuesto determina, de conformidad con lo prevenido en el artículo 398.2 de la misma Ley Procesal, que tampoco proceda efectuar expresa condena a ninguna de los litigantes de las costas de esta alzada.

OCTAVO.- La estimación del recurso determina, asimismo, por otra parte, de conformidad con lo prevenido por el apartado número Ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), la devolución a la parte recurrente de la totalidad del depósito en su día constituido para su interposición.