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PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al no haberse planteado motivos de revisión fáctica.

SEGUNDO.- El demandante trabajaba como conductor para "Valoriza Servicios Medioambientales, Sociedad Anónima" (en la actividad del sector de limpieza viaria y recogida de residuos) hasta que fue despedido en julio de 2020 imputándole la empresa que, estando el actor en incapacidad temporal (con diagnóstico de dolor en la columna) había realizado actividades de albañilería y conducción de vehículos que consideraba incompatibles con la baja médica. La demanda impugnaba el despido alegando que no estaba realizando actividades incompatibles y que además, como para comprobar los hechos objeto del despido se habían captado imágenes en el interior de su domicilio, tal prueba, y el despido mismo, serían nulos. La sentencia de instancia estima en parte la demanda y declara improcedente el despido. Considera la juzgadora que la prueba de detective es válida (el detective declaró en juicio, y estima que su declaración estaba además corroborada en parte por la testifical de la esposa del actor), que la práctica totalidad de las imágenes captadas lo eran en el exterior de la vivienda y que en el interior de la misma no se podía considerar que se realizaran actividades íntimas, porque precisamente se estaban haciendo obras de reforma del inmueble. También estima que se ha acreditado que durante varios días de junio de 2020, estando el actor en incapacidad temporal, el demandante condujo una furgoneta (de Tegueste a Bocacangrejo) y realizó (ayudado por otra persona) tareas de albañilería como colocar piso, abrir huecos o limpiar humedades, usando martillo, cincel o pala, agachándose y cargando objetos como cubos, bolsas o herramientas. Razona, en cambio, que como no se le había prescrito reposo absoluto y las actividades no se realizaron "con intensidad suficiente y ánimo deliberado como para perjudicar el proceso de curación", y además parte de la medicación le producía somnolencia, no se acreditaría un comportamiento desleal del trabajador. Ambas partes recurren en suplicación la sentencia. El primer recurso interpuesto es el de la empresa, que pretende la revocación total de la sentencia de instancia para que se declare que el despido es procedente, deduciendo con este objeto un motivo de examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). En cuanto al recurso del actor, interesa la revocación parcial de la sentencia a fin de que el despido sea declarado nulo, deduciendo un motivo de examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). Cada una de las partes ha impugnado el recurso de la contraria, oponiéndose al mismo e interesando que sea desestimado.

TERCERO.- Aunque se trata del segundo recurso anunciado e interpuesto, en la medida en que el trabajador cuestiona la licitud del principal medio de prueba empleado por la empresa para acreditar los hechos imputados al demandante, conviene proceder en primer lugar al estudio y resolución del recurso de la parte actora, en el que se denuncia infracción de los artículos 18.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), 8 del Convenio europeo de derechos humanos (LA LEY 16/1950), 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007), 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) y 17 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (LA LEY 129/1966), 4.2.e) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y 48.1.a) de la Ley 5/2014, de 4 de abril (LA LEY 5140/2014), de Seguridad Privada. El trabajador insiste en que la prueba de detective privado ha de ser declarada nula porque la misma supuso una intrusión ilegítima en la intimidad del actor al haber sido grabado en el interior de su domicilio. Intrusión que, según el demandante, se reconoce en varios párrafos de la carta de despido. Tras afirmar que la sentencia recurrida admite que el inmueble era vivienda del actor y su familia, y que la inviolabilidad del domicilio excluye intrusiones mediante aparatos visuales o auditivos, señala que la Ley de Seguridad Privada no autoriza investigaciones de detectives privados sobre la vida personal, familiar o social que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. Intromisión que el actor considera producido por haber grabado el detective tanto al demandante como a su familia tanto en el exterior como en el interior de la vivienda, intromisión que considera innecesaria y que convierte en nula la prueba. Y de esa nulidad de la prueba, invocando diversas sentencias de suplicación, deduce el actor que la consecuencia ha de ser la nulidad del despido.

CUARTO.- El recurrente mezcla y confunde el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, derechos que, aunque en los instrumentos internacionales vienen reconocidos - con terminología algo diferente- de manera conjunta, en la Constitución están claramente separados, regulándose el primero en el apartado 1 del artículo 18 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), y el segundo en el apartado 2 de ese mismo artículo. Aunque cada uno de esos derechos tiene su propio ámbito de aplicación, de manera que no toda la intimidad personal y familiar se tiene por qué realizar en el domicilio, mientras que por otro lado el espacio de privacidad que representa el domicilio constitucionalmente protegido excluye todo tipo de intrusiones indebidas, y no solo frente a aquéllas que afecten de forma directa a la intimidad personal o familiar, recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 32/2019, de 28 de febrero (LA LEY 10171/2019) que "la protección constitucional del domicilio tiene carácter instrumental, pues defiende el ámbito en que se desarrolla la vida privada de la persona, excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros. Por ello, existe un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio sin consentimiento del titular o autorización judicial ( art. 18.2 CE (LA LEY 2500/1978)) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad ( art. 18.1 CE (LA LEY 2500/1978)). El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; por ello, a través de este derecho no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella ( SSTC 22/1984, de 17 de febrero (LA LEY 8565-JF/0000), FFJJ 2 y 5; 137/1985, de 17 de octubre (LA LEY 10408-JF/0000), FJ 2; 50/1995, de 23 de febrero (LA LEY 13050/1995), FJ 5; 94/1999, de 31 de mayo (LA LEY 8094/1999), FJ 5; 119/2001, de 24 de mayo (LA LEY 3644/2001), FJ 6; 10/2002, de 17 de enero (LA LEY 1655/2002), FJ 6; 209/2007, de 24 de septiembre (LA LEY 154004/2007), FJ 2, y 188/2013, de 4 de noviembre (LA LEY 180030/2013), FJ 2, entre otras muchas)".

QUINTO.- Por su parte la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002, de 17 de enero (LA LEY 1655/2002), indica que la protección constitucional del domicilio en el artículo 18.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) se concreta en dos reglas distintas. La primera se refiere a la protección de su «inviolabilidad» en cuanto garantía de que dicho ámbito espacial de privacidad de la persona elegido por ella misma resulte «exento de» o «inmune a» cualquier tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad pública, incluidas las que puedan realizarse sin penetración física en el mismo, sino por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos. La segunda, en cuanto especificación de la primera, establece la interdicción de dos de las formas posibles de injerencia en el domicilio, esto es, su entrada y registro, disponiéndose que, fuera de los casos de flagrante delito, sólo son constitucionalmente legítimos la entrada o el registro efectuados con consentimiento de su titular o resolución judicial. También señala que aunque el artículo 18.2 no ofrece una definición expresa del domicilio como objeto de protección, la doctrina del Tribunal Constitucional ha ido perfilando una noción de domicilio de la persona física cuyo rasgo esencial reside en constituir un ámbito espacial apto para un destino específico, el desarrollo de la vida privada, que tal concepto no coincide plenamente con la que se utiliza en materia de Derecho privado y en especial en el artículo 40 del Código Civil (LA LEY 1/1889), sino que tiene mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico-administrativo y no admite concepciones reduccionistas; y tras resumir diversos supuestos en los que se ha apreciado que el lugar cerrado constituía domicilio, y otros en los que no, razona que "el rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 CE (LA LEY 2500/1978) reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea eventual. Ello significa, en primer término, que su destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. En segundo lugar, si bien el efectivo desarrollo de vida privada es el factor determinante de la aptitud concreta para que el espacio en el que se desarrolla se considere domicilio, de aquí no se deriva necesariamente que dicha aptitud no pueda inferirse de algunas de estas notas, o de otras, en la medida en que representen características objetivas conforme a las cuales sea posible delimitar los espacios que, en general, pueden y suelen ser utilizados para desarrollar vida privada.

El rasgo esencial que define el domicilio delimita negativamente los espacios que no pueden ser considerados domicilio: de un lado, aquéllos en los que se demuestre de forma efectiva que se han destinado a cualquier actividad distinta a la vida privada, sea dicha actividad comercial, cultural, política, o de cualquier otra índole; de otro, aquéllos que, por sus propias características, nunca podrían ser considerados aptos para desarrollar en ellos vida privada, esto es, los espacios abiertos. En este sentido resulta necesario precisar que, si bien no todo espacio cerrado constituye domicilio, ni deja de serlo una vivienda por estar circunstancialmente abierta, sin embargo, es consustancial a la noción de vida privada y, por tanto, al tipo de uso que define el domicilio, el carácter acotado respecto del exterior del espacio en el que se desarrolla. El propio carácter instrumental de la protección constitucional del domicilio respecto de la protección de la intimidad personal y familiar exige que, con independencia de la configuración física del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisiones de terceros".

SEXTO.- La anterior doctrina constitucional ha de servir de guía para interpretar el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada que autoriza con carácter general los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, para la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con, entre otros, los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados (artículo 48.1.a), insistiendo luego (artículo 48.3) que "En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos".

SÉPTIMO.- Evidentemente, este precepto legal impide que los actos de investigación se realicen en el interior de recintos cerrados calificables como domicilio a efectos del artículo 18.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), u otros lugares especialmente protegidos, por estar reservados a actos de especial intimidad personal. Se impide no solo la entrada física del detective dentro del domicilio de la persona investigada, sino también intrusiones de tipo inmaterial, mediante la colocación o empleo de artificios que permitan captar lo que ocurre en el interior del domicilio. Esto no impide, sin embargo, que la investigación llevada a cabo por el detective privado incluya hechos sensibles (en su sentido de perceptibles por los sentidos) que, aunque ocurran en el interior del domicilio, trasciendan de forma natural del mismo y puedan ser captados desde el exterior, sin necesidad de artificio alguno, directamente por los sentidos humanos. Por ejemplo, lo que ocurra en aquellos espacios del domicilio que están al aire libre y son visibles desde el exterior (como una terraza o azotea); lo que pueda verse a través de una ventana o puerta abierta; o los ruidos, olores o vibraciones que, procedentes del interior del domicilio, sean perceptibles desde su exterior por otra persona. El límite está en que para la captación de aquello que trasciende desde el interior del domicilio hacia el exterior no es posible el empleo de artificios técnicos que permitan al observador percibir más de lo que le permitirían sus propios sentidos, como usar unos prismáticos para ver a través de una ventana, convirtiendo la lejanía en cercanía, o una antena para captar sonidos que de ordinario no serían audibles desde el exterior.

OCTAVO.- En el presente caso, el inmueble en el que se observó al demandante no constituye su domicilio habitual, ya que el actor y su familia reside habitualmente en Tegueste (hecho probado 3º), y el inmueble en el que se hizo la investigación por el detective está ubicado en Bocacangrejo, municipio de El Rosario, y solo se utiliza en vacaciones (hecho probado 4º). De acuerdo con la doctrina constitucional, una segunda residencia, empleada en vacaciones, puede constituir domicilio constitucionalmente protegido, aunque, teniendo en cuenta la entidad de las obras de reforma que se estaban realizando en el mismo en el mes de junio de 2020 (hecho probado 6º) no parece, ciertamente, que la casa estuviera destinada a habitación de la familia en esos momentos, ni que se realizara en ella vida familiar en sentido estricto, y, en cualquier caso, ni el actor ni su esposa dormían en la casa de Bocacangrejo en esos días (hecho probado 6º: el demandante acudía a diario a la casa que estaba reformando, pero regresaba a su domicilio habitual para dormir), dificultando su consideración como domicilio.

NOVENO.- Partiendo de las fotografías que se acompañan al informe del detective, resulta que en solo cinco de ellas, de un total de 152, se puede observar al demandante en el interior de la vivienda, siempre a través de una ventana o una puerta abierta. El resto de imágenes aparecen captadas o en espacios de la vivienda abiertos al exterior, como la azotea, o directamente en el exterior de la misma. En su declaración en juicio el detective negó haber utilizado artificios ópticos para observar al demandante, afirmando que la observación se hizo a distancias de entre 25, 50 o 100 metros, suficientes, desde luego, para poder ver con claridad sin necesidad de prismáticos, y solamente admitió que la cámara fotográfica que empleó contaba con "un pequeño zoom", lo cual sería, ciertamente, uno de esos artificios ópticos que no pueden emplearse para observar el interior de un domicilio, en la medida en que permite acercar imágenes lejanas. Pero no consta que las cinco fotografías realizadas desde el exterior a puertas o ventanas, en las que se observaba al actor, hayan sido realizadas utilizando ese dispositivo óptico; de hecho, en alguna de esas fotografías parece apreciarse la sombra del propio detective, lo que denota que se hizo desde muy cerca. En cualquier caso, el número de imágenes en las que se ve al actor en el interior de la vivienda es no solo muy escaso con respecto del total, sino que ni siquiera se pueden considerar especialmente trascendentes, pues, en realidad, en ninguna de ellas se ve al actor agachándose, doblando la espalda, o cargando pesos, lo cual, en cambio, sí se ve en varias de las imágenes captadas en el exterior del inmueble, exterior que no está protegido, porque en él no hay expectativa alguna de intimidad, y, en cualquier caso, nada de lo que estaba haciendo el demandante puede considerarse que formaba parte de un ámbito especialmente protegido de su intimidad personal y familiar, pues no se le captó haciendo vida familiar, sino conduciendo vehículos y realizando obras de reformas en un inmueble. La posible, pero dudosa, irregularidad de una pequeña fracción de las imágenes no puede invalidar en su conjunto el informe del detective, ni enervaría lo que el mismo, que declaró en juicio, afirmaba haber visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos (por ejemplo "ruidos compatibles con trabajos en el interior del inmueble", según manifestó a preguntas del Ministerio Fiscal). Y, desde luego, la convicción de la juzgadora de instancia no se basó en absoluto, ni parece que pudiera haberse basado, en las escasas imágenes del interior de la vivienda captadas desde el exterior de la misma.

DÉCIMO.- La conclusión a lo antes expuesto es que el informe del detective privado no habría vulnerado ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ni el derecho a la intimidad del actor. Esto excluye, automáticamente, la pretendida nulidad del medio de prueba, y, derivado de ello, que el despido pueda calificarse como nulo por los argumentos esgrimidos por el recurrente, que, por otra parte, se basan en una tesis (que para acreditar el despido se haya usado prueba lesiva de derechos fundamentales determina la nulidad del despido mismo) que no es unánime en suplicación (ni ha sido unificada por el Tribunal Supremo), y tampoco es la única interpretación constitucionalmente admisible del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), según señala la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2021, de 15 de marzo (LA LEY 10370/2021) (y como en el recurso no se deducen pretensiones referentes a la indemnización adicional, la Sala no puede entrar a conocer de oficio sobre la misma). El recurso del demandante, en consecuencia, ha de ser desestimado.

UNDÉCIMO.- En el recurso de la empresa se denuncia infracción del artículo 58.3 del convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado, del artículo 54.1.d) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), y jurisprudencia, pues considera que se ha acreditado que, pese a estar el actor en incapacidad temporal por una dolencia dorso lumbar, el mismo estuvo llevando a cabo una vida normal, conduciendo su vehículo particular, o realizando trabajados de albañilería, que considera inconsecuente con su situación de incapacidad temporal y determinante de la prolongación de la baja, conducta que no se acomoda a la buena fe contractual, porque el actor realizó tareas que implicaban mucho más esfuerzo que las de su puesto de trabajo, y era contraindicada y perjudicial para el curso de su enfermedad, y no quedaría desvirtuado por no haberse prescrito al actor reposo absoluto.

DUODÉCIMO.- La sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1990 (ECLI:ES:TS:1990:9422) señala que "una reiterada doctrina de esta Sala, de la que se cita como ejemplo la Sentencia de 28 de mayo de 1983, declara que si el trabajador está impedido para consumar la prestación laboral a que contractualmente viene obligado, tiene vedado cualquier tipo de quehacer, sea de interés ajeno o propio, máxime cuando su forzosa inactividad le es compensada económicamente por la empresa y por la Seguridad Social a las que perjudica, incurriendo así en la causa de transgresión de la buena fe en el desarrollo del contrato, constitutiva del incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador, que justifica su extinción por decisión del empresario mediante despido".

DECIMOTERCERO.- A la vista de este criterio del Tribunal Supremo, puede concluirse que para que concurra gravedad suficiente en la conducta es preciso que el hecho de realizar la parte trabajadora una determinada actividad durante su situación de incapacidad temporal implique una de estas dos cosas: o un perjuicio para su curación, prolongando indebidamente la situación de incapacidad; o que las actividades realizadas evidencien la existencia de aptitud para el trabajo, por requerir los mismos esfuerzos físicos y psíquicos que las tareas propias del puesto de trabajo del empleado en situación de incapacidad temporal (debiendo tenerse en cuenta que una simulación de enfermedad se puede dar tanto cuando se finge padecer una patología inexistente, como cuando, habiendo una enfermedad objetivamente constatada, se pretende atribuir a la misma sintomatología invalidante de la que carece). Por el contrario, la realización de actividades que fueran compatibles con los requerimientos terapéuticos de la enfermedad por la que se estuviera en incapacidad temporal, y que no indicaran aptitud para el trabajo no podría justificar la extinción del vínculo laboral como medida disciplinaria. Es irrelevante, sin embargo, que la conducta incompatible con la situación de incapacidad temporal sea o no lucrativa, pues el perjuicio para la empresa deriva del hecho de tener que estar cotizando y abonando (en pago delegado) prestaciones de incapacidad temporal a quien podría estar prestando servicios efectivos y no los realiza de forma voluntaria e indebida.

DECIMOCUARTO.- En el presente caso se ha considerado acreditado que el demandante inició un proceso de incapacidad temporal el 12 de junio de 2020 y alta el 10 de julio de 2020, con diagnóstico de dolor en la región torácica de la columna vertebral, pautándosele reposo relativo y tratamiento con fisioterapia y farmacológico, así como evitar posturas mantenidas y forzadas por tiempo prolongado, presentando el actor igualmente, a consecuencia de la medicación, somnolencia nocturna (hecho probado 3º). Durante esa situación de baja médica, de hecho menos una semana después de iniciarla, el actor, durante varios días, condujo una furgoneta y realizó diversos trabajos de albañilería como colocar piso, abrir huecos, o limpiar humedades, empleando para ello herramientas como martillo, cincel o pala, efectuando posiciones de agachado y cargando objetos como cubos, bolsas o herramientas (hecho probado 6º).

DECIMOQUINTO.- La juzgadora considera que esa conducta no revela deslealtad ni quebrantamiento de la buena fe contractual porque al actor no se le prescribió reposo absoluto, sino evitar conducir durante varias horas, por lo que considera que "no hay elemento suficiente para determinar que tales acciones se realizaron con intensidad suficiente y ánimo deliberado como para perjudicar el proceso de curación", y que, además, la somnolencia asociada al tratamiento farmacológico desaconsejaba la conducción durante las jornadas nocturnas. También valora que la antigüedad del actor se remonta a 1996 y no le constan sanciones anteriores.

DECIMOSEXTO.- Discrepa la Sala de la valoración llevada a cabo por la juzgadora. Aunque al actor se le hubiera prescrito solamente reposo relativo, ese tipo de reposo es claramente incompatible no solo con conducir durante varias horas, sino con los esfuerzos físicos asociados a los trabajos de albañilería, que implica cargar pesos que pueden llegar a ser importantes, flexiones mantenidas o forzadas de la columna, como por ejemplo trabajar con la columna doblada, o los movimientos que han de hacerse para manejar un martillo con la finalidad de abrir huecos en una pared (movimiento que implica, y de forma directa, la columna dorso- lumbar). Se trata de actividades claramente contraproducentes con las patologías por las que el demandante fue dado de baja médica, porque se trata de esfuerzos que exacerban el dolor dorsal y no pueden mejorar el estado físico. Para apreciar la existencia de transgresión de la buena fe contractual, no es necesario que los hechos se cometan con una intención deliberada de retrasar la curación, como defiende la sentencia recurrida, sino que basta con la voluntad de realizar algo que se sabe puede perjudicar la evolución de las patologías, aunque la intención directa del demandante fuera hacer arreglos en su vivienda vacacional, y no hacerse daño o prolongar artificialmente su situación de incapacidad temporal. Y en el presente caso, la actividad incompatible empezó a realizarse de forma casi simultánea al comienzo de la baja médica. La conducta es objetivamente muy grave, y no puede enervarse por la antigüedad del actor en la empresa ni por la ausencia de antecedentes disciplinarios. En definitiva, no concurren ninguna de las circunstancias que, en opinión de la juzgadora de instancia, atenuaban la gravedad de la conducta del demandante, la cual puede calificarse, como ha hecho la empresa, de falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual (la demandada, no precisamente por casualidad ni por error, evita hablar de "simulación de enfermedad"). No habiéndolo entendido así la sentencia de instancia, procede estimar el motivo, revocar la sentencia recurrida y, en lugar de lo en ella resuelto, en aplicación de los artículos 55.4 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y 108.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), declarar procedente el despido, convalidando la extinción del contrato de trabajo a 7 de julio de 2020 sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, de acuerdo con los artículos 55.7 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y 109 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011).

DECIMOSÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), la sentencia de suplicación impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto en los procedimientos de conflicto colectivo, o cuando la parte vencida goce del beneficio de justicia gratuita o se trate de sindicatos, de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social. Estas costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en el recurso de suplicación.

DECIMOCTAVO.- Gozando la parte trabajadora vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajador o beneficiario de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (LA LEY 106/1996)), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), no procede la imposición de costas. Mientras que, al haberse estimado el recurso de la empresa, no procede hacer especial imposición de costas en relación con el mismo.