Volver a página de inicio

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia dictó sentencia con fecha 27 de abril de 2021, en proceso nº 73/2020, sobre despido y extinción de la relación laboral, por la que se estimó la demanda de despido formulada por Dª Ariadna frente a la empresa Aulaplus Formación S.L., declarando la nulidad del despido realizado por la parte demandada en fecha 24 de diciembre de 2019, por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad por razón de sexo, a la integridad física y a la integridad moral, con declaración de extinción de la relación laboral a fecha de 24 de diciembre de 2019, al considerar que consta acreditado que, si bien la actora fue objeto de despido por finalización de la obra o servicio para la que fue contratada, ello no se había producido, estando constatado que la actora había sido objeto de acoso por parte del empresario, lo que comportaría la extinción de la relación laboral.

Frente a dicho pronunciamiento se interpone recurso de suplicación por la empresa demandada; basado en primer lugar, en la revisión de hechos probados, al amparo del artículo 193, b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011); y, en segundo lugar, en el examen del derecho aplicable, a tenor del artículo 193, c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), por infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

Tanto la parte actora como el Ministerio Fiscal se oponen al recurso, habiéndolo impugnado; sin que los motivos de inadmisibilidad alegados por la parte actora tengan tan carácter, sino que se trata de posibles defectos referidos a la modificación de hechos probados que se deben analizar al en el motivo de recurso concreto, y no con carácter de generalidad.

SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo de recurso se interesa la revisión del hecho probado primero de la sentencia recurrida, para que se adicione que "La actora, Doña Ariadna prestó servicios para la demandada AULAPLUS FORMACION SL, desde el 26/09/2018 hasta el 07/05/2019, con un primer contrato temporal, a media jornada", que finalizó por las causas previstas en el mismo, sin reclamación alguna de la actora", lo que se sustenta en los documentos 3 (vida laboral), 9 (contrato de trabajo), 11 (comunicación de cese), 12, 13,14 y 15 (documento de finiquito y nóminas) de su ramo de prueba y la demandada con los documentos 6 (comunicación del cese) y 7 (acuerdo de saldo y finiquito) de su ramo probatorio; adición que se considera innecesaria para resolver el caso de autos, en que lo determinante es si el último contrato temporal por obra o servicio determinado se había extinguido por finalización de la obra o servicio que fue objeto del mismo.

Asimismo, se pretende la eliminación del hecho probado tercero, para que se sustituya por el texto ofrecido por la parte recurrente, con los ordinales tercero y tercero bis, lo que se sustenta en el interrogatorio del Sr. Fermín, en la conversación grabada, testigos e interrogatorio de la actora; revisión fáctica que no puede ser aceptada ya que, no solamente no se aprecia error o equivocación por parte del Magistrado de instancia en la valoración del referido material probatorio, sino que el relato judicial tiene su apoyo, tanto en el hecho probado tercero como en el quinto, en documental, interrogatorio de la actora y de legal representante de la empresa, testificales y reproducción de audio; a lo que ha de unirse que ni las pruebas testificales, ni el interrogatorio de las partes, son medios de prueba aptos para operar la revisión de hechos probados, de conformidad con el artículo 193, b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), no pudiéndose sustituir el imparcial criterio alcanzado por el Magistrado de instancia, previa valoración conjunta del material probatorio aportado a los autos, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), y tal como lo recoge en el Fundamento de Derecho Primero de la sentencia recurrida, por el más subjetivo de parte en legítima defensa de sus intereses, salvo que se aprecie error de valoración, lo que no sucede en el caso de autos.

Por todo ello, debe desestimarse este primer motivo de recurso.

TERCERO.- Como segundo motivo de recurso, se alega la infracción del artículo 55 del ET y del artículo 108 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), al entender que el cese de la actora no tuvo móvil discriminatorio alguno, ni el mismo se produjo con vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, ni por represalia alguna, sino que dicho cese se produjo por finalización de la obra o servicio para la que fue contratada; sin embargo, lo que consta en hechos probados es que la empresa comunicó a la actora el cese de la relación laboral por fin de contrato, o lo que es igual, por finalización de la obra o servicio para la que la actora fue contratada, consistente en creación del banco de preguntas de auxiliar administrativo y de auxiliar de enfermería y apoyo a la administración durante ese período; actividad que realmente no había finalizado, pues, tras el cese, esas actividades siguieron realizándose por otros trabajadores, lo que supone que no se produjo la finalización de la obra o servicio que fue objeto del contrato temporal, ni siquiera se ha constatado que aquella tarea tuviese carácter temporal, por lo que no se han visto vulnerados los artículos 15 y 49.1,c) del ET; por lo que el cese no puede considerarse ajustado a derecho, ni que obedeciese a un motivo razonable, cuando en hechos probados consta que "el día 16 de diciembre de 2019, en las oficinas de la empresa, tuvo lugar una reunión entre el Sr. Fermín y Ariadna, en la que el Sr. Fermín reconoció los hechos y pidió disculpas a Ariadna por su actitud, reprochándose de su comportamiento, sin embargo, se justificó diciendo que tal vez no era el lugar ni la forma adecuada para empezar algo así y que de otro modo o en otro sitio podía ser diferente, para terminar indicando a la trabajadora que próximamente iba a haber cambios en la empresa, que estaba muy contento con el desarrollo de su trabajo, pero que se tenía que ir pensando qué es lo que quería hacer para conservar el empleo", lo que evidencia una relación de causalidad entre el comportamiento del empresario descrito en hechos probados (proposición o acoso sexual), con insistencia de que "se tenía que ir pensando qué es lo que quería hacer para conservar el empleo" y el cese posterior, solamente ocho días después, sin que se hubiese completado la obra o servicio objeto de contratación de la actora; todo lo cual evidencia que el cese de la actora no tuvo un motivo razonable y justificado, como se pretende por la parte recurrente y cuya carga probatoria le corresponde, sino que nos hallamos ante indicios racionales suficientes como para entender que ha existido por parte del empresario una situación de acoso sexual, llegando al tocamiento del trasero de la actora, lo que sin duda condicionó la situación de ésta en la empresa, lo que le ha llevado a interesar la extinción de la relación laboral; por lo tanto, y de conformidad con el artículo 181.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), acreditados los indicios de vulneración de derechos fundamentales (en su modalidad de libertad sexual), debe la parte demandada constatar que su decisión fue razonable y proporcionada, y ello no se ha acreditado, tal como ya se ha indicado.

CUARTO.- Asimismo, se alega la vulneración del artículo 183 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), los artículos 216 (LA LEY 58/2000), 217 (LA LEY 58/2000) y 218 de la LEC (LA LEY 58/2000), artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y la doctrina judicial citada, al entender que no debe darse indemnización alguna por vulneración de derechos fundamentales por unos daños que no se alegan y que solamente con la declaración de nulidad se compensaría el posible perjuicio; sin embargo, en el caso de autos, no puede sostenerse, sin más, que la mera declaración del despido como nulo implica una clara reparación que incluye aspectos morales, pues los hechos que determinan la nulidad del despido y la extinción de la relación laboral, son atentatorios a la libertad sexual y dignidad de la mujer trabajadora, lo que conlleva una elevada carga de daño moral proyectada sobre bienes íntimos de la persona, con sufrimiento de tocamientos, lo que traduce en la persona unos daños y perjuicios, que el Magistrado de instancia califica de morales y psicológicos, y cuya vulneración tiene carácter de infracción muy grave, encuadrados en los artículos 8.11 y 13 de la LISOS, que califica como tales "11. Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. 13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma"; por lo que, tal como ya dijimos en sentencia de 20 de junio de 2018 (nº 585/2018), el criterio de la indemnización fijada por los daños y perjuicios derivados de la actuación empresarial, con base en el régimen de sanciones da la LISOS se estima adecuada y proporcionada, y no se aprecian circunstancias que permitan desvirtuar el criterio del Magistrado de instancia, máxime cuando el criterio empleado, una vez acreditada la existencia de daño moral, y ante la dificultad para concretar sus consecuencias económicas, es aceptado por la Sala de lo Social del TS en sentencia de 29 de noviembre de 2017 (rec. 7/2017 (LA LEY 191914/2017) y las que en ella se citan), por lo que la sentencia recurrida cumple con tales criterios jurisprudenciales, pues concreta cual es la falta muy grave en que incurrió la empresa y ante las circunstancias de los hechos declarados probados condena al pago de una indemnización de 15.000 euros, y, además, la cuantificación de la indemnización por daños morales corresponde fundamentalmente al Juzgador de instancia y solamente puede ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria, como ya expuso esta Sala en sentencia de 31 de marzo de 2013, con cita de las sentencias del TS de fecha 5 de marzo de 2013 (rec. 1478/2012 (LA LEY 26314/2013)) y 28 de febrero de 2013 (rec. 3341/2011 (LA LEY 18281/2013)), por lo que la condena al pago de la indemnización debe ser mantenida...".

Por todo ello, y con aceptación de los argumentos del Magistrado de instancia, debe desestimarse el recurso de suplicación, confirmándose la sentencia recurrida, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales del recurso, de conformidad con el artículo 235 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), fijándose en 500 euros el importe de los honorarios del Letrado de la parte contraria.