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PRIMERO.- 1. El objeto del presente recurso de casación unificadora es doble:

a. Debemos despejar, en primer término, si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva, porque no se ha pronunciado sobre la pretensión subsidiaria de la demanda referida a la improcedencia del despido.

b. Debemos resolver, en segundo lugar, si basta, para validar la extinción del contrato por ineptitud sobrevenida, el informe emitido por un servicio de prevención ajeno, cuando la Entidad Gestora ha descartado declarar al trabajador afectado en situación de invalidez permanente en ninguno de sus grados.

2. La sentencia recurrida ha estimado el recurso de suplicación, deducido por la mercantil demandada contra la sentencia de instancia, que había declarado la nulidad del despido y desestima la demanda por despido rectora de autos.

El demandante ha venido prestando servicios para la demandada --UTE Álava Oeste 2017-- con antigüedad dese el 18-1-2002 y categoría profesional de Encargado de obra. Con fecha 13-6-2019 la Dirección Provincial del INSS dictó resolución por la que se denegaba la IP por no tener las lesiones que padece el actor un grado suficiente de disminución de la capacidad laboral y se declara extinguida la prórroga de los efectos económicos del subsidio de IT. Las lesiones y menoscabos orgánicos y funcionales, presentados por el actor, son los recogidos en el informe de valoración médica de 7-6-2019. El 20-6-2019 la empresa realiza al trabajador un reconocimiento médico de retorno al trabajo, realizado por la mercantil Cualtis, con la que la empresa tenía concertado la prevención de riesgos laborales, reconocimiento que concluyó con la emisión de un certificado de no apto para las tareas propias de encargado de obra, y descritas en el inmodificado HP 5º. La Dirección General de Tráfico no ha establecido ninguna restricción al permiso de conducir del trabajador. El 6-8-2019 se comunica al demandante el despido objetivo por ineptitud sobrevenida.

La sentencia de instancia declaró la nulidad del despido. Sin embargo, tal parecer no es compartido por la Sala de suplicación que procede a revocar la resolución recurrida y desestimar la demanda. Se funda esta decisión en el hecho de que, si el servicio de prevención de riesgos laborales externo a la empresa declaró la no aptitud del trabajador, queda acreditada la causa de extinción contractual prevista por el art. 52.a) de ET, sin que nada más quepa exigir a la empresa. Y en lo que atañe a la vulneración del derecho a la salud en relación al trato discriminatorio lo descarta porque la extinción contractual no vino provocada como reacción empresarial ante una patología del trabajador.

3. Disconforme el demandante con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina suscitando un inicial motivo de contradicción para denunciar el vicio de incongruencia omisiva al no pronunciarse la sentencia sobre la improcedencia del despido, y proponiendo como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de 24 de julio de 2014 (rec. 2087/13 (LA LEY 140819/2014)).

En la misma se examina el caso de una trabajadora, que presta servicios para la empresa allí demandada, con la categoría de dependienta, hasta que la empresa le notifica el despido por razones objetivas al haber procedido a la liquidación y cierre empresarial. La empresa puso a disposición de la actora un cheque consistente en la indemnización de veinte días de salario por año de servicio que no fue aceptado por la trabajadora. El TSJ desestima la demanda porque la empresa ha acreditado la procedencia del despido. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina al apreciar incongruencia omisiva, que implica una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, dado que la actora había solicitado en el recurso de suplicación que se declarara la improcedencia del despido por no haber entregado la empresa la indemnización correspondiente, sin que la Sala del TSJ haya realizado pronunciamiento alguno al respecto. Se declara la nulidad de la sentencia y se devuelven las actuaciones a la Sala para que resuelva dicha pretensión.

4. Se suscita un segundo punto de contradicción en relación con la cuestión de fondo, aportando como soporte de su recurso la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de junio de 2019 (rec. 977/19 (LA LEY 121935/2019)).

En el asunto allí resuelto, la resolución judicial de instancia ha estimado la demanda del trabajador demandante, que con categoría profesional de Mozo-Almacenero y antigüedad de 1984, a quien le fue comunicada carta de despido por ineptitud sobrevenida debido a que, en el reconocimiento médico recibido, realizado por el servicio de prevención ajeno a la empresa, ha dado como resultado falta de aptitud. La juzgadora entiende que estamos ante un despido improcedente por cuanto la carga de la prueba de la ineptitud grave y permanente del trabajador para su desempeño laboral como Mozo-Almacenero, no puede permitir que se atienda única y exclusivamente a una información de aptitud por un servicio de prevención respecto de unas lesiones que tanto el ámbito administrativo de la Seguridad Social como el Judicial, han remarcado como insuficiente de cara a la consecución de un grado de incapacidad permanente, no concurriendo limitación relevante para tareas de su profesión, con los efectos que configura de cosa juzgada positiva. La Sala de suplicación, en lo que hace ahora al caso, confirma en este extremo el parecer del Juez a quo, básicamente, al entender que, no puede sustentar el fallo, una valoración de incapacidades, ajena al ámbito administrativo y judicial, concluyendo que, entender lo contrario, supondría permitir a la empresarial extinguir contratos de trabajo a través de informes médicos unilaterales y parciales, que no deviene admisible en derecho.

SEGUNDO.- 1. El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2. La Sala, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, considera que no concurren, en lo que afecta al primer motivo de casación unificadora, los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), toda vez que, esta Sala tiene reiteradamente declarado, que la contradicción en las infracciones procesales requiere la existencia de identidad en la manera en que dice cometida la infracción procesal, lo que no sucede aquí.

En efecto, en la sentencia de contraste, la incongruencia omisiva, imputada a la Sala de suplicación, viene motivada porque había dejado de resolver uno de los motivos de suplicación en relación con la falta de entrega de la indemnización por despido, de tal suerte que, de haberse examinado el motivo, el despido se hubiera calificado necesariamente como improcedente por mor del art. 53 ET, y no procedente. Por el contrario, esta situación no es parangonable con la que aborda la sentencia recurrida, en la que, de su lacónica argumentación se desprende que, al no ser nulo el despido, debiera calificarse como procedente, puesto que, tras razonar sobre las pruebas practicadas y su valoración, concluye que, "queda acreditada la causa de extinción contractual prevista por el art. 52.a) del ET", lo cual permite concluir, sin grandes esfuerzos interpretativos, que considera procedente el despido, toda vez que, el art. 122.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) dispone que "se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita".

3. Por el contrario, la Sala considera que, sí concurren los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), entre las sentencias comparadas para sustentar el segundo motivo de casación unificadora, a diferencia del Ministerio Fiscal.

Es así, porque, en ambos casos, se trata de trabajadores, a quienes se extingue el contrato por ineptitud sobrevenida, tras un determinado período de IT y, en ambos casos se ha descartado por la Entidad Gestora que sus lesiones fueran tributarias de invalidez permanente en ninguno de sus grados, sin que sean relevantes, a los efectos perseguidos, las diversas patologías y profesiones habituales desempeñadas por los respectivos demandantes, toda vez que, el núcleo de la contradicción queda ceñido a determinar si cabe o no cabe sustentar el despido objetivo, basado en el art. 52.a) ET, con base únicamente en la información proporcionada por el servicio de prevención de riesgos laborales a la empresa, en el que se califica al trabajador como "no apto", cuando concurre la circunstancia que en ambos casos consta resolución del INSS denegatoria del reconocimiento al trabajador de la IP por no alcanzar las lesiones la suficiente disminución de capacidad laboral.

TERCERO.- 1. El señor Luis Carlos articula el segundo motivo de suplicación, en la infracción de los arts. 52.a y 49.1.l ET, en relación con los arts. 122 (LA LEY 19110/2011) y 181 LRJS (LA LEY 19110/2011), el art. 217 LEC (LA LEY 58/2000) y el art. 24 CE. (LA LEY 2500/1978)

Defiende básicamente que, la sentencia recurrida basa exclusivamente su decisión en el informe del Servicio de Prevención, al que da más valor que al testimonio del médico del propio Servicio de Prevención, que, en concordancia con la carta de extinción, destacó que la ineptitud del trabajador se debía esencialmente a su incapacidad para conducir, teniéndose presente que la conducción de la furgoneta ocupa aproximadamente el 75% del tiempo de trabajo del demandante, para concluir que, la ineptitud del trabajador no derivaba de su incapacidad para conducir, sino del resultado de las mermas físicas y funcionales que padece.

Subraya, por tanto, que la empresa no ha cumplido con sus cargas probatorias, basadas en el informe antes dicho, que no tiene entidad suficiente como para extinguir su contrato de trabajo.

2. El recurso ha sido impugnado por UTE ALAVA OESTE 2017, quien defiende básicamente que no concurre contradicción entre las sentencias comparadas, toda vez que en la sentencia de contraste se esgrimió únicamente como prueba, para acreditar la ineptitud, el informe del Servicio de Prevención Ajeno, mientras que en la recurrida se esgrimió una importante prueba documental y testifical.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del motivo, porque considera que no concurre contradicción entre las sentencias comparadas.

CUARTO.- 1. La resolución del motivo requiere destacar algunos extremos que han quedado perfectamente acreditados:

a. El demandante estuvo en situación de IT desde el 29-07-2017, aunque dicho proceso había sido precedido de otros previos del 14-03-2016 al 23-03-2016 y del 30-03-2016 al 28-07-2017.

b. Las conclusiones, referidas a limitaciones orgánicas y funcionales, efectuadas por el informe de valoración médica, fueron las siguientes: "Hipotimia reactiva a quejas somáticas. Patología degenerativa lumbar y sacroilíaca que no justifica el cuadro sintomático referido. Falta de fiabilidad en la exploración por falta de colaboración y características de funcionalidad. Sin cambios significativos con respecto a anterior valoración".

c. La Dirección Provincial del INSS de Álava, dictó resolución de fecha 13/06/2019, por la que se denegaba la prestación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que padece el demandante un grado suficiente de disminución de la capacidad laboral y se declara extinguida la prórroga de los efectos económicos del subsidio de incapacidad temporal.

d. El 20 de junio de 2019 la Entidad Gestora comunica a la empresa la citada resolución.

e. La empresa demandada no reincorporó al trabajador a la empresa, concediéndole 5 días de permiso retribuido del 8/07/2019 al 12/07/2019; 7 días de permiso retribuido del 13/07/2019 al 19/07/2019 y del 25/07/2019 al 31/07/2019. El trabajador disfrutó asimismo de 4 días de vacaciones del 1 al 4 de agosto de 2019.

f. La empresa solicitó a su servicio de prevención ajeno que informara sobre la aptitud del demandante, emitiéndose informe el 17 de junio de 2019, en el que, sin identificar de ningún modo las limitaciones del demandante, lista genéricamente las funciones propias de su categoría y concluye que, éste no está en condiciones de conducir, actividad ésta que supone el 75% de su tiempo de trabajo, por lo que le califica como no apto para el desempeño de su trabajo.

g. El 6-08-2019 la empresa notifica al demandante la carta de extinción de su contrato con efectos del mismo día. En dicha comunicación se listan y se explican cada una de las funciones del puesto de encargado y, sin identificar las limitaciones del demandante, ni razonar por qué no puede acometer las funciones anteriormente descritas, concluye, con base al informe de Cualtis, que el demandante no puede conducir, lo que le impedirá realizar el 75% de su actividad. En la carta se afirma que no ha sido posible encontrar otro puesto de trabajo.

2. Como hemos subrayado más arriba, la sentencia recurrida revocó la de instancia, que había declarado la nulidad del despido, con base únicamente al informe del servicio de prevención de riesgos laborales.

En efecto, en su fundamento de derecho único afirma que, la mera lectura del hecho probado quinto de la sentencia de instancia, permite concluir, refiriéndose a las funciones del puesto de trabajo del demandante "...que la principal no es la conducción de vehículos sino otras muchas y muy determinantes para cuya ejecución la conducción de vehículos es una actividad auxiliar o instrumental" y, fundamenta dicha conclusión, porque en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, donde se especifican las patologías físicas que aquejan al trabajador inciden en las zonas lumbar y sacroilíaca, lo cual le permite concluir que, no exista indicación alguna sobre la imposibilidad de que el trabajador no pueda conducir vehículos, subrayando, como prueba evidente, "que la Dirección General de Tráfico no ha establecido ninguna restricción en el permiso de conducir del trabajador". Señala, a continuación, "...que no puede aceptarse que posea relevancia el testimonio de la médico de prevención cuando declaró que la principal causa para apreciar la ineptitud sobrevenida del trabajador había sido la de presentar limitaciones para conducir".

Sin embargo, aunque el informe del servicio de prevención ajeno, tal y como consta probado, establece, como única limitación, la conducción de vehículos, considera que dicho informe "posee plena eficacia el certificado de ausencia de aptitud del trabajador para las tareas propias de encargado de obra, emitido por la entidad con la que la empresa tenía concertada la prevención de riesgos laborales; y que tal ineptitud no era el resultado de la incapacidad para conducir sino el resultado de las mermas físicas y funcionales que padece" y, concluye que, "si el servicio de prevención de riesgos laborales externo a la empresa declaró la no aptitud del trabajador, queda acreditada la causa de extinción contractual prevista por el art. 52-a) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015). Nada más cabe exigir a la empresa, no habiéndose acreditado el error o falsedad del dictamen del servicio de prevención", subrayando que "si el servicio de prevención de riesgos laborales externo a la empresa declaró la no aptitud del trabajador, queda acreditada la causa de extinción contractual prevista por el art. 52-a) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015). Nada más cabe exigir a la empresa, no habiéndose acreditado el error o falsedad del dictamen del servicio de prevención".

Es claro, por tanto, que la convicción de la Sala se apoyó únicamente en el informe del Servicio de Prevención reiterado, como se deduce de las razones expuestas, aunque se apartan llamativamente de las conclusiones del informe de Cualtis, en el que no se precisan, por cuanto afecta a datos personales del trabajador, cuáles son las lesiones que padece, limitándose a listar las tareas propias de su trabajo, para resaltar que, le obligan a conducir un 75% de la jornada, concluyendo que, "...por los motivos expuestos anteriormente, la conducción de vehículos ligeros, ocupa la mayor parte de la jornada, en una proporción superior al 75%, con lo que con la limitación indicada no puede desarrollar las labores propias de su puesto de trabajo de encargado de obra".

Dicha limitación, referida a la incapacidad de conducir vehículos, teniendo en cuenta que dicha activad ocupa el 75% del tiempo de trabajo del demandante, es la única que se contiene en la carta de extinción, para acreditar la ineptitud sobrevenida del demandante, asumiendo expresamente el informe del SPA, donde no se menciona más limitación que la conducción de vehículos, aunque no se razona, de ningún modo, cuáles son los fundamentos de dicha incapacidad, al igual que en la carta de extinción.

3. Debemos despejar, a continuación, si el informe del Servicio de Prevención ajeno, solicitado por el empresario, para determinar la aptitud de un trabajador, cuyas lesiones, tras un largo período de incapacidad temporal, no tienen entidad para declararle en situación de invalidez permanente en ninguno de su grados, con base al informe de valoración médica, en el que se subraya, además, que las quejas somáticas del demandante han provocado una hipotimia (depresión), con una patología degenerativa lumbar y sacroilíaca que no justifica el cuadro somático referido, subrayando la falta de fiabilidad en la exploración por falta de colaboración y características de funcionalidad, tiene valor por sí solo para cumplir las cargas probatorias, exigidas por el art. 122.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), en relación con el art. 217.3 LEC. (LA LEY 58/2000)

QUINTO.- 1. El art. 52.a ET dispone que el contrato "podrá extinguirse por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento".

El art. 53.1.a ET prevé que, "la adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa".

Así pues, es claro que, la empresa, que pretenda extinguir el contrato de trabajo de trabajo por ineptitud sobrevenida del trabajador, deberá precisar en la carta de extinción cuales son las limitaciones del trabajador y de qué manera provocan una ineptitud sobrevenida para el desempeño de las tareas propias de su profesión.

El art. 122.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), que regula la calificación de la extinción del contrato dispone que "se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita. Si no la acreditase, se calificará de improcedente".

Es claro también que, la carga de la prueba de la ineptitud del trabajador para el ejercicio de su profesión corresponderá a la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 122.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), en relación con el art. 217.3 LEC. (LA LEY 58/2000)

2. Los trabajadores, en la relación de trabajo, tienen derecho, conforme dispone el art. 4.2.d ET "a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales" y están obligados, a tenor con lo dispuesto en el art. 5.b ET a "observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten".

El art. 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LA LEY 3838/1995), que regula la vigilancia de la salud, dispone en sus apartados 1 a 3, lo siguiente:

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.

El apartado cuarto del artículo examinado prevé lo siguiente:

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

El art. 31. 3. f de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995), que regula los servicios de prevención, dispone que éstos deberán proporcionar asesoramiento y apoyo a las empresas sobre "la vigilancia y salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo" y establece, a continuación que, si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto a dicha materia se efectuará por los servicios de prevención ajenos.

El ar. 19.1 del RD 39/1997, de 17 de enero (LA LEY 306/1997), del reglamento de servicios de prevención, que regula las funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención, dispone que las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda a las entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de actividades como la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas, precisándose en su apartado segundo, que dichas entidades asumirán las funciones señaladas en el art. 31.3 LPRL (LA LEY 3838/1995).

La lectura de los preceptos examinados permite deducir que, los servicios de prevención ajenos tienen, entre otras misiones, la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. De este modo, cuando constaten, en su función de vigilancia de la salud de los trabajadores, que éstos han perdido sobrevenidamente su aptitud para el desempeño de su puesto de trabajo, están obligados a informar al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de sus conclusiones sobre dicha pérdida de aptitud o, sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva, todo ello con respeto a las cautelas previstas en los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 22 de la LPRL (LA LEY 3838/1995), puesto que dicha información contiene datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Ahora bien, el cumplimiento de esa obligación de seguridad por parte del empleador, no comporta que éste pueda extinguir mecánicamente el contrato de trabajo del trabajador por ineptitud sobrevenida del trabajador con base únicamente a las conclusiones del informe del servicio de prevención ajeno, cuya finalidad, como hemos resaltado, es meramente informativa, limitándose a trasladar unas conclusiones, que no pueden fundarse en las lesiones del trabajador, toda vez que, la información, relacionada con el estado de salud del trabajador, está protegida por su derecho a la intimidad y su derecho a la protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.3 (LA LEY 3838/1995) y 4 LPRL (LA LEY 3838/1995).

En el caso, que nos ocupa, se ha acreditado contundentemente que la sala de suplicación ha basado exclusivamente su decisión en el informe de Cualis, en el cual, como advertimos más arriba, ni se identifican las limitaciones funcionales del demandante, ni se precisa de qué modo le impiden el desempeño de las funciones listadas en el propio informe, salvo en lo que afecta a la capacidad de conducir, afirmándose paladinamente que el demandante no puede conducir el 75% de su jornada, sin explicar, de ningún modo, las razones de dicha limitación.

Así pues, constatado que, la propia sentencia recurrida afirma que el demandante no ha perdido la capacidad de conducir, constando acreditado en el hecho probado octavo de la sentencia de instancia, que no ha sido modificado, que "la Dirección General de Tráfico no ha establecido ninguna restricción en el permiso de conducir del trabajador", es patente que, la empresa no ha cumplido las exigencias probatorias, requeridas por el art. 122.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), en relación con el art. 217.3 ET, lo cual comporta que el despido deba declararse improcedente, conforme a lo mandado por el art. 122.1 LRJS (LA LEY 19110/2011).

SEXTO.- Por las razones expuestas, oído el Ministerio Fiscal, vamos a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por D. Luis Carlos, representado y asistido por el Letrado D. Juan José Lozano Fernández, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha el 21 de julio de 2020 (LA LEY 219972/2020), en su recurso de suplicación núm. 804/2020, que estimó el recurso de suplicación interpuesto por UTE Álava Oeste 2017, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Vitoria-Gasteiz, que resolvió la demanda sobre despido presentada por D. Luis Carlos frente a UTE Álava Oeste 2017, Esconsu S.L., API Movilidad S.A.-IMESAPI S.A.- y Firmes Alaveses S.A.

UTE Álava Oeste 2017, representada y asistida por Dª Beatriz Inchaurraga Aranguren, presenta escrito de impugnación contra el recurso de casación para la unificación de doctrina, casar y anular parcialmente la sentencia recurrida y, resolviendo el debate en suplicación, estimar parcialmente el de tal clase, interpuesto por las demandadas contra la sentencia de instancia, que revocamos parcialmente, declarando la improcedencia del despido y condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos, para que a su opción, en un plazo de cinco días, readmitan al trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido con más los salarios de tramitación, o le indemnicen con la cantidad de 75.389, 18 euros. Sin costas.