Volver a página de inicio

PRIMERO.- La versión judicial de los hechos, reflejada en los Hechos Probados de la presente resolución ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, de carácter documental, expediente administrativo , mas documental aportada por las partes y pericial médico privada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) en relación con el art 319, 322, 326 y siguientes y art 348 de la L.E.C (LA LEY 58/2000)

SEGUNDO.- En primer lugar y en cuanto a la base reguladora de la prestación hay que decir que el cálculo de la base reguladora realizado por el INSS de acuerdo con los informes de bases de cotización que obran en el expediente administrativo llevan a considerar válido el cálculo realizado, lo que de otro lado ha sido reconocido por la actora.

TERCERO.- El artículo 193,1 Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social redacción RD 8/2015 (LA LEY 679/2015) de 30.10.2015 define la invalidez permanente contributiva como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El art.194 dentro de los Grados de incapacidad permanente establece

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

Tres son los rasgos configuradores de la invalidez permanente en nuestro Sistema de Seguridad Social:

-Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables ("susceptibles de determinación objetiva"), o lo que es lo mismo, que se puedan demostrar o constatar médicamente de forma indubitada, no cabiendo por ello estar ante meras manifestaciones subjetivas del interesado.

-Que sean previsiblemente definitivas, esto es, y como destaca reiterada doctrina judicial, incurables, irreversibles, "siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad".

-Que las reducciones sean graves disminuyendo o anulando la capacidad laboral. Nuestro Sistema de Seguridad Social tiene un carácter esencialmente profesional en el que destaca la valoración no solo de las lesiones y limitaciones en sí sino también su incidencia en el menoscabo funcional u orgánico. Ello, por otra parte, ha de conectarse a los requerimientos físicos exigidos por la profesión habitual (para la incapacidad permanente total) o la de cualquier otra de las ofrecidas en el mercado laboral (incapacidad permanente absoluta). Es reiterada la jurisprudencia (Sentencias del TS de 24- 7-86 y 9-4-90) la de que, a los efectos de la declaración de invalidez permanente en el grado de total, debe partirse de los siguientes presupuestos:

A).La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B).Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C).La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a "una continuación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano.

D).No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad el que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas "menos importantes o secundarias" de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ‚ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que "tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro".

E).Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

CUARTO.- Al concurrir todos los presupuestos necesarios sobre competencia material y territorial, capacidad y legitimación de las partes, la cuestión debatida se circunscribe a determinar si la parte actora se encuentra en situación de Incapacidad Permanente total para su profesión habitual de ADMIISTRATIVA como postula la parte actora o es correcta la calificación del INSS que declara la no calificación de la actora como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómica o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

QUINTO.- Conjugando el anterior soporte normativo y jurisprudencial al concreto caso enjuiciado, la cuestión litigiosa se centra en determinar las consecuencias invalidantes del estado patológico en que se encuentra la parte actora cuyas dolencias declaradas probadas que han podido determinarse en base al informe de evaluación médica y resto de documentación medica aportada por la actora y pericial medico privada ,coincidiendo esencialmente en las patologías y discrepando en el carácter invalidante de las mismas y debe concluirse que las dolencias de la actora, neurológicas y osteoarticulares, con su repercusión orgánica global, le limitan para las tareas básicas de su profesión habitual de administrativa al ser su mano rectora y tener escasa funcionalidad residual como concluye el médico evaluador, lo que sus secuelas objetivadas a la fecha del dictamen propuesta alcanzan los presupuestos necesarios para que su situación pueda ser calificada como de invalidez permanente en el grado de total y poderse afirmar, que la parte demandante presenta reducciones anatómicas o funcionales graves de tal naturaleza que le disminuyen o anulen su capacidad laboral, impidiéndole desarrollar la tarea productiva con un mínimo de profesionalidad, rendimiento, disciplina o eficacia, atendidas las facultades residuales de que dispone desde un punto de vista objetivo, y es por ello que procede declarar a la actora afecto de incapacidad permanente en el grado de total para su profesión habitual .

SEXTO.- Contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación, al amparo de lo establecido en el art. 191 3 c)LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,