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Primero. Contra la sentencia de instancia, que en procedimiento de despido disciplinario estimó la demanda declarando improcedente el despido de la trabajadora demandante, recurre en suplicación la empresa demandada.

El primer motivo del recurso al amparo del artículo 193 b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), esto es, en el campo de la censura fáctica interesa que al hecho probado noveno se le dé la siguiente redacción: ""La trabajadora había recibido en fecha 10/12/2018 su login y su clave de usuario contraseña, recordándole la empresa en el escrito correspondiente la obligación de adoptar las medidas necesarias para su custodia evitando su uso por terceros e indicando textualmente "En consecuencia siempre Usted será la única persona responsable de la utilización correcta de su clave de usuario" Asimismo se le facilitó el Código General de Conducta y las Normas de Sala, incorporadas en el ramo de prueba documental de la empresa y que se dan por reproducidos" .

No hay inconveniente en dicha modificación por no contradecir sino completar el meritado hecho y basarse en documento hábil para ello.

El segundo motivo del recurso también el campo de la censura fáctica interesa la supresión del hecho probado octavo. Éste motivo no puede tener éxito pues lisa y llanamente la recurrente pretende, sin basarse en documento o pericia del que se refleje el error evidente en la juzgadora de instancia, sustituir el criterio objetivo e imparcial de aquella por el subjetivo y parcial suyo.

El tercer motivo del recurso relativo a la adición de un nuevo hecho probado tampoco va a tener éxito, y no tanto porque no sea cierto lo que en él se dice, sino porque su contenido ya consta en los hechos probados cuarto y décimo.

Segundo. Los motivos de recurso cuarto al séptimo ya en el campo de la censura jurídica con arreglo artículo 193 c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) los vamos a resolver conjuntamente por estar íntimamente ligados entre sí. Para ello vamos a partir del supuesto fáctico contemplado en la sentencia de instancia que se desprende del relato de hechos probados de la misma, con la modificación introducida en este recurso, así como de las afirmaciones fácticas que con dicho valor de hecho probado se contienen en la fundamentación jurídica de dicha resolución. En síntesis y como más relevante es el siguiente. La trabajadora es teleoperadora a la que se aplica el Convenio Colectivo estatal de empresas de Contac Center.

" Se imputa a la trabajadora en la carta de despido la infracción delartículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), consistente en "la trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo", y del art. 67.4 del convenio de aplicación, consistente en "la falsedad, deslealtad, fraude , el abuso de confianza y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a terceros relacionados con el servicio durante el desempeño de sus tareas o fuera de las mismas". Asimismo se imputa la infracción de las Normas de Sala y Código General de Conducta, al haber incumplido las obligaciones de guarda y custodia de la contraseña, permitiendo su uso por otro trabajador que realizó actuaciones injustificadas, lo que supone una grave perjuicio para la empresa al cuestionarse las medidas para garantizar los distintos accesos a los datos de los clientes e igualmente al realizarse abonos de una cantidad económicamente significativa, sin motivo ni justificación alguna.

En concreto los hechos detectados son que el 27/9/2021 el compañero de la trabajadora Don Fabio, utilizando el usuario y contraseña de la actora, accedió al sistema y realizó un abono por importe de 14,63 euros en el cliente L.E.P; que el 23/3/2021 asimismo dicho compañero utilizó el usuario y contraseña de la trabajadora demandante y realizó un abono de 1443,51 euros en la partida 310000003857 sin justificación; y que el 16/6/2021 asimismo dicho compañero, con el usuario y contraseña de la trabajadora desactivó un compromiso de permanencia de un terminal . La carta expresa que fue intención de la trabajadora facilitar las claves de acceso a los sistemas con su usuario a su compañero Don Fabio, de forma voluntaria." .

Asimismo, quedó acreditado " que el trabajador que accedió en tres ocasiones con el usuario y contraseña de la trabajadora, lo hizo sin el conocimiento ni el consentimiento de ésta, en momentos en que la trabajadora estaba ausente y fuera del horario de su turno de trabajo, y accediendo a su carpeta para proceder a la consulta de su contraseña" . Dichas contraseñas que había que cambiarlas cada dos meses la trabajadora las tenía apuntadas en el interior de una carpeta, no existiendo un lugar seguro para su custodia bajo llave en la empresa.

Tercero. Pues bien, si esto es así la Sala no puede sino coincidir con el criterio de la juzgadora de instancia en el sentido que la conducta de la trabajadora despedida no merece ser sancionada con despido. En efecto, no puede hablarse de una transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza, deslealtad o fraude lo que exige un elemento intencional o al menos de negligencia relevante en la conducta de dicha trabajadora. El elemento intencional no está acreditado precisamente porque la utilización de sus contraseñas se hizo sin conocimiento y consentimiento de la misma. Tampoco lo está la existencia de negligencia relevante en la custodia de las contraseñas, siendo razonable que teniendo que cambiarse cada dos meses se tuvieran que apuntar en algún sitio para su recordatorio y teniendo en cuenta que la propia empresa, más allá de la atribución de responsabilidad genérica a los trabajadores del uso correcto de las contraseñas, no facilitó ningún lugar seguro para tenerlas custodiadas bajo llave. Por todo lo anterior la calificación de improcedencia del despido efectuada por la juzgadora de instancia se ajusta a derecho al no haber infringido la trabajadora con su conducta ni el artículo 54 del ET (LA LEY 16117/2015) ni el 67.4 del Convenio Colectivo aplicable, por lo que dicha sentencia debe ser confirmada y en consecuencia el recurso debe de ser desestimado.

Cuarto. La desestimación del recurso conlleva la pérdida del depósito para recurrir y de la cantidad que, en su caso, se hubiera consignado, con arreglo al artículo 204 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), a los que se deberá dar el destino legal una vez firme esta resolución, y asimismo conforme al artículo 235 de dicho texto procede la imposición de costas a la empresa recurrente, que comprenden los honorarios del abogado o del graduado social colegiado que hubiera actuado en el recurso, impugnándolo, en la cuantía habitual que lo viene haciendo la Sala de 500 € más IVA.

Por lo expuesto y,

EN NOMBRE DEL REY