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PRIMERO. - La sentencia de instancia, estimando parcialmente la demanda presentada frente a DIRECCION000, sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral, declara el derecho de la trabajadora demandante a adaptar su forma de prestación de servicios a la modalidad de trabajo a distancia, de conformidad con lo solicitado el 30-8-21, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a darle efectivo cumplimiento. Absuelve a la empresa de la pretensión acumulada de indemnización por daños de índole moral.

Lo solicitado por la trabajadora, y reconocido por la sentencia, consiste en teletrabajar los lunes, miércoles y jueves, manteniendo la presencialidad los martes y viernes.

La sentencia se recure en suplicación por la empresa demandada, por los tres motivos previstos en el Art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), con la pretensión de que se proceda a su revocación.

El recurso ha sido impugnado por el Graduado Social que representa a la actora, oponiéndose a sus motivos y solicitando su desestimación.

El Fiscal interesa también la confirmación de la sentencia recurrida por considerar que es plenamente conforme a derecho.

SEGUNDO. - Al amparo de lo establecido en el Art. 193 a) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), la empresa solicita la reposición de las actuaciones al momento de la práctica de la prueba, por inadmisión de la prueba testifical que propuso en el acto del juicio.

Alega que la inadmisión de dicha prueba, motivada porque el testigo propuesto tenía facultades de representación de la demandada y la condición de administrador, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva ( Art. 24 de la CE (LA LEY 2500/1978)) y supone un quebranto de las garantías procesales y de su derecho de defensa ( Art. 91.5 de la LRJS (LA LEY 19110/2011)), pues los poderes del testigo son mancomunados y fue la persona que, como superior jerárquico de la actora, participó directamente en el proceso negociador interno producido durante el mes de septiembre de 2021, tras la presentación de la solicitud de conciliación de la vida laboral y familiar.

Para dar respuesta a la queja formulada por la empresa recurrente, debemos comenzar recordando que el Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada que el derecho a la prueba previsto en el Art. 24.2 de la CE (LA LEY 2500/1978) no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de los que sean pertinentes dentro de las autorizadas por el ordenamiento, pues se trata de un derecho de configuración legal cuyo ejercicio ha de acomodarse a las exigencias y condicionantes impuestos por las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional. Por ello, en ningún caso podrá considerarse menoscabado el derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pude ponerse en duda ( SSTC 149/87 (LA LEY 94674-NS/0000), 212/90 (LA LEY 1604-TC/1991), 233/92 (LA LEY 2057-TC/1992) y 131/95 (LA LEY 2592-TC/1995), entre otras muchas).

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) impone al órgano judicial el deber de resolver sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinar la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas (Art. 87.2). Este control judicial sobre la prueba presupone, como dicen las STSS de 2 de diciembre de 2006 (Rec. 138/05) y 3 de noviembre de 2015 (Rec. 288/14 (LA LEY 176942/2015)), que las partes no tienen libertad absoluta para proponer y practicar cualquier tipo de pruebas y que el órgano judicial no está sometido a un mecanismo ciego en la admisión de los medios de prueba, sino que ha de estar al sistema previsto en las leyes procesales y a los criterios de pertinencia y necesidad.

De conformidad con el Art. 91.5 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), "la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea una persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de este, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubiera actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos ...".

En el caso aquí enjuiciado, la persona propuesta como testigo por la empresa demandada ostenta el cargo de administrador mancomunado (folio 20) y tiene poderes de representación, por lo que resulta claro que su declaración sólo podía acordarse dentro del interrogatorio de la parte demandada, si la actora lo hubiera solicitado, y que la decisión adoptada por el juzgador, lejos de vulnerar las normas que se denuncian como infringidas, es plenamente ajustada a derecho al ser totalmente improcedente la pretensión de que declare como testigo quien ostenta la condición de administrador mancomunado de la demandada.

Ninguna indefensión puede invocar, por tanto, la recurrente, pero además basta la lectura de los hechos que, según dice, pretendía acreditar con la testifical propuesta para comprobar que se trata de hechos no recogidos en la comunicación denegatoria de la solicitud de adaptación de jornada formulada por la actora, por lo que procede desestimar la nulidad de actuaciones interesada.

TERCERO.- Los motivos segundo y tercero del recurso, con amparo en el Art. 193 b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), solicitan la revisión del relato fáctico de la sentencia para introducir dos nuevos hechos probados con el texto que propone.

Cita en su apoyo los documentos nº 1 y 5 del ramo de prueba de la recurrente, consistentes en un cuadro comparativo entre las funciones de la trabajadora y el porcentaje de las mismas que podía desarrollarse en modalidad de teletrabajo, y un cuadro de subvenciones concedidas a DIRECCION000 por proyectos de I + D en los años 2015 a 2021.

Los motivos han de ser rechazados pues no cumplen las condiciones exigidas para revisar en suplicación el relato de instancia.

Como se ha advertido con reiteración, el recurso de suplicación no es una apelación ni una segunda instancia, sino un recurso extraordinario, de objeto limitado, en el que el Tribunal no puede valorar ex novo la prueba ( STC 294/93 (LA LEY 2371-TC/1993)) y sólo puede revisar los hechos declarados probados por el juzgador de instancia, a quien el Art. 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) atribuye en exclusiva la valoración de la prueba, cuando un posible error aparezca de modo evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al juez de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes ( SSTS de 13-7-10, Rec. 17/09 (LA LEY 162092/2010), 5-6-11, Rec. 158/10 (LA LEY 98875/2011), y 23-9-14, Rec. 66/14 (LA LEY 152579/2014), entre otras muchas).

En el caso aquí enjuiciado, los documentos invocados en el recurso no son idóneos a efectos revisorios, pues se trata de unos cuadros elaborados unilateralmente por la recurrente, sin firma alguna ( STS de 13-11-12, Rec. 226/11 (LA LEY 185643/2012)), a los que el Juzgador no reconoce valor probatorio alguno. Recogen, además, datos relativos al porcentaje de tareas que la actora podría realizar en teletrabajo y a subvenciones concedidas, que no fueron alegados en la respuesta dada el 30-9-21 a la solicitud de adaptación de jornada formulada, por lo que no pueden tenerse en cuenta en este proceso.

CUARTO.- Con amparo en el Art. 193 c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), el último motivo del recurso denuncia la infracción de lo dispuesto en el Art. 34.8 del ET, en relación con el Art. 139 de la LRJS (LA LEY 19110/2011). Argumenta en síntesis que las funciones inherentes al puesto de trabajo de la actora no son susceptibles de ser realizadas en régimen de teletrabajo en el porcentaje propuesto por ella (tan sólo sería asumible que realizase un 23% de las mismas), y que no se denegó su solicitud, sino que se le ofreció una alternativa que mejoraba incluso la política general del grupo, por lo que, al haber ofrecido tal alternativa, la empresa no tenía la obligación de indicar expresamente las razones objetivas en que sustentó su decisión.

El rechazo del motivo resulta forzoso, pues parte de hechos que la sentencia no declara probados y de una interpretación del Art. 34.8, tercer párrafo, del ET que es contraria a la doctrina constitucional que establece que, en materia de conciliación, han de ponderarse los intereses en juego, lo que obliga a valorar las circunstancias personales y familiares de la persona trabajadora y las eventuales dificultades que la empresa pueda tener para acceder a la medida solicitada ( ATC 1/2009 (LA LEY 358335/2009)), pues la dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de circunstancias personales ( Art. 14 de la CE (LA LEY 2500/1978)), como desde la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la infancia ( Art. 38 de la CE (LA LEY 2500/1978)), debe prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación en un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar (por todas, STC 26/11 (LA LEY 6062/2011)).

El Art. 34.8 del ET reconoce el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo del trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de trabajo a distancia, para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. En el caso de que tengan hijos o hijas, tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. "En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio .... En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustente la decisión".

En el caso enjuiciado, la sentencia de instancia estima la pretensión de adaptación de jornada realizada por la actora, madre de dos hijos menores de doce años, razonando que está justificada su situación familiar, por los documentos aportados en su ramo de prueba, y que la solicitud es proporcionada y razonable, por cuanto se constriñe únicamente a tres días laborales a la semana, siendo que, asimismo, ha venido prestando servicios en régimen de teletrabajo o trabajo a distancia con anterioridad, hasta el 30-8-21, sin que la empresa acredite razones objetivas de carácter organizativo o productivo que le impidan ahora acceder a ese régimen de trabajo.

Consta probado que la actora teletrabajó desde marzo de 2020 a finales de junio de 2020, y desde noviembre de 2020 hasta el 30 de agosto de 2021, por lo que correspondía a la empresa acreditar los efectos negativos que para la producción o la organización del trabajo tendría ahora aceptar ese régimen de trabajo, o restringirlo a 15 días laborables cada trimestre, pese a que lo solicitado por la trabajadora para una conciliación de la vida familiar y laboral fue teletrabajar los lunes, miércoles y jueves, manteniendo la modalidad presencial los restantes días de la semana.

En respuesta a esa solicitud, la demandada se limitó a afirmar que las circunstancias en las que se desarrolla el teletrabajo "no son idóneas para la buena marcha de la empresa, habida cuenta de que dificulta aspectos tan esenciales para el trabajo en equipo como la interacción directa y hasta las relaciones informales que resultan esenciales en el trabajo creativo que está en la base de nuestra misión como investigadores", lo que no constituye una razón objetiva que justifique no acceder a lo solicitado por la trabajadora, por lo que procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,