Volver a página de inicio

PRIMERO.- Se impugna en este proceso la desestimación por silencio de la reclamación económico-administrativa deducida el 8 de diciembre de 2018 ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) contra la liquidación provisional de 7 de diciembre de 2018, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2017, dictada por el Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

SEGUNDO.- La liquidación originariamente impugnada puso fin a un procedimiento del verificación del datos, en el cual no se considera justificada la deducción practicada por el demandante en su autoliquidación correspondiente al donativo de 500 euros efectuado a la Santa Sede.

En el acuerdo de liquidación se contiene la siguiente fundamentación:

"E lartículo 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (LA LEY 1774/2002), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo establece que la efectividad de los donativos deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de esta Ley.

c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario. d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.

e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.

f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.

En la documentación aportada por el contribuyente el día 27/11/2018, con número de Registro RGE711051372018, no se incluye el citado certificado, por lo que no queda acreditada la efectividad de la donación realizada, procediéndose por tanto a regularizar su situación tributaria en los mismos términos que la propuesta de liquidación previa remitida".

TERCERO.- El demandante aduce y justifica cumplidamente que en los ejercicios 2015, 2016 y 2018 la AEAT ha reconocido el derecho a la práctica de la deducción por cantidades similares y aportando el mismo tipo de justificación. Lo ha hecho, además, mediante resoluciones expresas que dieron respuesta a otras tantas solicitudes de rectificación de su autoliquidación. De ahí que considere vulnerado el principio de confianza legítima, pues no se ha razonado el cambio de criterio respecto de una misma cuestión y a partir de unos hechos idénticos.

Por otra parte razona que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (LA LEY 1774/2002), que le son materialmente aplicables, toda vez que: i) la Santa Sede está incluida en el ámbito de aplicación de la norma; ii) por lo que respecta a la justificación del NIF del donatario, tal requisito no es exigible a la vista de que la Santa Sede no está obligada a tener un NIF español; iii) la mención expresa de estar comprendida entre las entidades reseñadas en el art. 16 de la propia ley, se deriva directamente de Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre España y la Santa Sede.

CUARTO.- La cuestión controvertida radica en si el demandante tiene o no derecho a practicarse deducción por donaciones a determinadas entidades, prevista en el art 68.3 (LA LEY 11503/2006) y 69.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LA LEY 11503/2006) (LIRPF (LA LEY 11503/2006)). El primero de ellos dispone, como deducción, en su número tercero:

3. Deducciones por donativos y otras aportaciones.

Lo s contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:

a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (LA LEY 1774/2002), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Por su parte el art. 69.1 establece los límites a las referidas deducciones.

De otro lado, el art. 24 Ley 49/2002, de 23 de diciembre (LA LEY 1774/2002), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, dispone:

Ar tículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.

1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas.

3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de esta Ley.

c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.

d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.

e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica.

f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.

QUINTO.- A siste la razón al demandante cuando, en esencia, aduce que la aplicación del art. 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (LA LEY 1774/2002), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se encuentra mediatizada por los caracteres jurídicos de la Santa Sede como entidad donataria.

En efecto, la disposición adicional tercera de la Ley 49/2002 (LA LEY 1774/2002), dispone, en sus apartados 2 y 3, lo siguiente:

Di sposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas.

2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, (...)

3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede (LA LEY 12/1979), y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación del Estado español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Por su parte, el art. IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (LA LEY 12/1979), firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, incluye a la Santa Sede entre las entidades en él enumeradas, para las que establece determinadas exenciones.

Consecuentemente, en aplicación de la remisión efectuada por la disposición adicional de la LIRPF (LA LEY 11503/2006) acabada de transmitir al Acuerdo Jurídico con la Santa Sede, ésta es, por disposición legal, una de las entidades donatarias a las que es de aplicación el cuestionado art. 24 de la Ley 49/2002 (LA LEY 1774/2002), sin que sean necesarias justificaciones adicionales relativas al aspecto subjetivo de la entidad donataria para la aplicación de la deducción.

En lo que hace a los aspectos objetivos de la donación, al margen de que la liquidación impugnada no concreta cuál de los requisitos pudiera no cumplirse, la justificación aportada por el actor acredita cumplidamente la cuantía donada y la realidad de su efectividad y su fecha. Así, consta: i) justificante de la Santa Sede, de 20 de septiembre de 2017, sobre la recepción de la donación; y, ii) justificante bancario de la transferencia por importe de 500 euros, efectuada por el actor a la Santa Sede el día 15 de mayo de 2017.

No cabe sino concluir que el demandante aportó la totalidad de la documentación legalmente exigible, en el caso concreto de donación a la Santa Sede, para acreditar el derecho a la deducción sometida a enjuiciamiento, razón por la cual procede la estimación del recurso.

SEXTO.- En materia de costas, a tenor de lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA (LA LEY 2689/1998), procede la imposición de las costas a la Administración demandada.