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PRIMERO.- Fundamentación de la sentencia apelada.- No se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Objeto del litigio.- La cuestión litigiosa planteada puede resumirse en los siguientes términos:

1.º) El 10 de enero de 1981 contrajeron matrimonio don Gustavo y doña Angelina. Su régimen económico matrimonial fue el subsidiario de gananciales. Tienen dos hijos.

3.º) Don Gustavo era socio y administrador único de las mercantiles "Construcciones Rodal Maneiro, S.L." y "Obras y Servicios Rodalar, S.L.". Los beneficios obtenidos por estar mercantiles, dedicadas a obras de rehabilitación de viviendas era la única fuente de ingresos de la familia. Doña Angelina desempeñó trabajo en el hogar, atendiendo al cuidado de los hijos, si bien se contienen referencias a que ayudó en las empresas familiares, no constando que hubiese tenido nunca un trabajo remunerado por cuenta propia o ajena.

6.º) Impagadas las cuotas de amortización, "Banco Santander, S.A." declaró vencido anticipadamente el préstamo, y promovió ejecución. Por auto de 31 de julio de 2017, dictado en el procedimiento de ejecución 98/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos, se despachó orden general de ejecución contra don Gustavo y doña Angelina.

7.º) Está acreditado que doña Angelina abonó a "Banco Santander, S.A." 11.937,85 euros para liquidar la deuda ejecutada en el procedimiento 98/2017 mencionado anteriormente, más 131,38 euros embargados en su cuenta, más 477,75 euros correspondientes al saldo deudor de otra cuenta.

8.º) El 10 de abril de 2019 doña Angelina dedujo demanda en procedimiento ordinario por razón de la cuantía contra don Gustavo. Tras exponer los hechos, invocando los artículos 1440 (LA LEY 1/1889) y 1145 del Código Civil, terminaba suplicando se condenase al demandado a abonarle la cantidad de 12.546 euros, más intereses desde la demanda.

9.º) El demandado manifestó allanarse parcialmente a la demanda en la cantidad de 6.273 euros, reconociendo adeudar a la demandante la mitad de lo pagado, por cuanto eran los dos prestatarios por igual, y que el dinero se había empleado en las empresas, que eran de donde se obtenían recursos para el sustento de la familia.

10.º) Se dictó auto teniendo por allanado parcialmente a don Gustavo, mandando seguir el procedimiento por los otros 6.273 euros.

11.º) Tras la correspondiente tramitación se dictó sentencia es la que se establece que ambos cónyuges suscribieron el préstamo de forma solidaria, siendo indiferente la finalidad del mismo, por lo que ambos responden por igual. Por lo que desestima la demanda, con costas a la demandante. Pronunciamientos que son recurridos por esta en apelación ante esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Infracción de garantías procesales.- En el primer motivo del recurso de apelación se alude a una infracción constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, porque no se reiteró el oficio a "Banco Santander, S.A."

El motivo no puede ser estimado.

1.º) Para que pueda invocarse una infracción procesal por no haberse cumplimentado correctamente una prueba propuesta y declarada pertinente, es requisito imprescindible, entre otros, que se haya intentado la subsanación ( artículo 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)), que en este caso sería la solicitud del recibimiento a prueba en esta alzada ( artículo 460.2 (LA LEY 58/2000)-1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)), como así se hizo. La infracción del derecho a la prueba que haya podido ser cometida por el Juzgado resulta subsanable por la Audiencia Provincial si la parte lo solicita oportunamente y será esa falta de subsanación la que podrá denunciarse. El artículo 460.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) prevé que el apelante puede pedir en el escrito de interposición del recurso la práctica en segunda instancia [ SSTS 12 de marzo de 2014 (LA LEY 21264/2014) (Roj: STS 850/2014, recurso 105/2012), 14 de octubre de 2010 (LA LEY 171466/2010) (Roj: STS 5063/2010, recurso 1821/2006), 13 de octubre de 2010 (LA LEY 171477/2010) (Roj: STS 5147/2010, recurso 776/2006)].

2.º) La parte propuso la prueba en segunda instancia, y se le denegó por auto de 23 de febrero pasado, porque ya está cumplimentada. La respuesta de "Banco Santander, S.A." ya obra en el expediente judicial. Cuestión distinta es que pretenda que se dé una respuesta aportando unos datos distintos, que el propio banco no tiene.

3.º) Por otra parte, se trata de una prueba innecesaria, pues desde la contestación se reconoce que el dinero se invirtió en las mercantiles "Construcciones Rodal Maneiro, S.L." y "Obras y Servicios Rodalar, S.L."; y lo que se aduce es que los beneficios obtenidos por la actividad empresarial que llevaba a cabo don Gustavo con esas mercantiles era el sustento de la familia, que era la única fuente de ingresos. Nunca se cuestionó que el dinero fuese utilizado exclusivamente por don Gustavo, y en atenciones de las sociedades de las que era administrador y socio único .

CUARTO.- La solidaridad en la repetición.- En el segundo motivo se argumenta una infracción del artículo 1145 del Código Civil (LA LEY 1/1889), pues se basa en que las partes se constituyeron en prestatarias solidarias, y por lo tanto ambas deben responder; no teniendo en consideración las relaciones internas.

El motivo debe ser estimado.

1.º) La acción de repetición del deudor solidario que paga íntegramente la deuda se regula en el segundo párrafo del artículo 1145 del Código Civil (LA LEY 1/1889), al normar que «El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo». Satisfecha la condena impuesta por uno o varios de todos los obligados solidarios frente a un tercero, el artículo 1145 del Código Civil (LA LEY 1/1889) permite que aquel o aquellos que cumplieron con el total de la deuda puedan ejercitar la acción de reembolso o regreso; y en este proceso se puede debatir la distribución del contenido de la obligación entre todos los intervinientes, desapareciendo entonces la solidaridad que rige en las relaciones externas, frente al perjudicado acreedor, para pasar a regir en las internas (entre deudores solidarios) la mancomunidad. La jurisprudencia interpretadora del artículo 1145 del Código Civil (LA LEY 1/1889) descarta que la acción de regreso a que alude el precepto, cuya razón de ser es evitar un enriquecimiento sin causa, conlleve una subrogación en los derechos del acreedor cuya deuda haya sido satisfecha. La acción de regreso como distinta de la subrogación; cuando paga el total de lo adeudado uno solo de los deudores solidarios, no se produce una subrogación por éste, en el crédito, sino que se extingue el mismo, y para que no haya enriquecimiento indebido, el párrafo segundo del artículo 1145 del Código civil (LA LEY 1/1889) concede un derecho de repetición para reclamar a cada uno de los codeudores la parte que le corresponda y los intereses del anticipo; entonces la solidaridad que rige en las relaciones externas, frente al perjudicado acreedor, para pasar a regir en las internas (entre deudores solidarios) la mancomunidad [ SSTS 404/2020, de 7 de julio (LA LEY 72053/2020) (Roj: STS 2237/2020, recurso 3505/2017); 509/2018 de 20 de septiembre (LA LEY 122431/2018) (Roj: STS 3166/2018, recurso 269/2016); 56/2018, de 2 de febrero (LA LEY 1369/2018) (Roj: STS 222/2018, recurso 959/2015); 249/2016, de 13 de abril (LA LEY 29693/2016) (Roj: STS 1642/2016, recurso 182/2014); 129/2015, de 6 de marzo (LA LEY 18357/2015) (Roj: STS 826/2015, recurso 579/2013); 559/2010, de 21 de septiembre (LA LEY 157544/2010) (Roj: STS 4620/2010, recurso 1834/2006) y 274/2010, de 5 de mayo de 2010 (LA LEY 76104/2010) (Roj: STS 2884/2010, recurso 858/2005)].

Lo que sostiene doña Angelina es que ella no se benefició del préstamo, que fue aplicado por don Gustavo a financiar la actividad económica de "Construcciones Rodal Maneiro, S.L." y "Obras y Servicios Rodalar, S.L.", en las que ella no tenía participación; y por lo tanto solamente él se lucró de ese préstamo. Por el contrario, la parte apelada parece invocar al artículo 1438 del Código Civil (LA LEY 1/1889), como una contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio, en cuanto era la fuente de financiación.

La financiación de la actividad económica de unas entidades mercantiles, de las que es exclusivo socio y administrador uno de los cónyuges, no puede considerarse una carga del matrimonio [ SSTS 404/2020, de 7 de julio (LA LEY 72053/2020) (Roj: STS 2237/2020, recurso 3505/2017); 583/2019, de 5 de noviembre (LA LEY 158518/2019) (Roj: STS 3549/2019, recurso 196/2017) y 206/2013, de 20 de marzo (LA LEY 75861/2013) (Roj: STS 3121/2013, recurso 1548/2010)]. Y en un régimen de separación de bienes, no hay vinculación a los bienes comunes (a diferencia del artículo 1365.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889)), porque no hay tales bienes comunes. El préstamo se destinó a financiar la actividad de las sociedades de las que es titular don Gustavo, por lo que en nada benefició directamente a doña Angelina. Se trata de la inversión de un dinero común en una propiedad privativa, por lo que debe devolverse íntegramente por el titular de ese bien que resulta beneficiado. Parece haber pesado en el planteamiento el hecho de que el resultado económico final fuese negativo, que se perdiese la empresa. Si el resultado económico hubiese sido diferente, si las sociedades hubiesen incrementado su valor, ningún rendimiento obtendría doña Angelina. Por lo que tampoco debe soportar el perjuicio. Por otra parte, mal puede sostenerse que los rendimientos de las sociedades beneficiaron a doña Angelina, en cuanto le sirvieron para sufragar su sustento, cuando el préstamo se concertó el 24 de octubre de 2014, y se reconoció que en el año 2015, sin concretar fecha exacta, se produjo la separación de hecho.

SEXTO.- Costas.- Al estimarse el recurso no procede hacer expresa imposición de las costas devengadas en la segunda instancia ( artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)).

La petición relativa a la imposición de las costas de este recurso a la parte apelada no puede prosperar. Nunca podrían imponerse las costas al apelado. El artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) prevé que en caso de estimación total o parcial del recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Norma que plasma una doctrina jurisprudencial tradicional. Siendo la apelante la única parte que ha dado lugar a actuaciones procesales ante esta Audiencia Provincial, adoptando el apelado una postura de mera defensa de la resolución apelada, no puede ser este, sino aquel, quien haya de correr con el riesgo de la imposición de las costas de la apelación si es desestimada; mientras que el triunfo de su recurso sólo podrá dar lugar a que no se haga expresa condena; nunca que se impongan aquéllas a la parte que solo se opuso [ SSTS 18/2021, de 19 de enero (LA LEY 597/2021) (Roj: STS 83/2021, recurso 4324/2017), 653/2020, de 3 de diciembre (LA LEY 173878/2020) (Roj: STS 4026/2020, recurso 4740/2017): 631/2020, de 24 de noviembre (LA LEY 170849/2020) (Roj: STS 3898/2020, recurso 3543/2017), entre otras muchas].