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PRIMERO.- 1. La cuestión, que debemos resolver en el presente recurso de casación unificadora, consiste en decidir si es viable la aplicación del art 110.1.b) LRJS (LA LEY 19110/2011), solicitándose la extinción de la relación laboral en sentencia, en supuesto de despido declarado improcedente, por imposibilidad de la readmisión, cuando se ha acreditado el cierre o cese del centro de trabajo donde prestaba servicios la demandante, pero continua la actividad empresarial en otros centros de trabajo en distintas ciudades.

2. La sentencia recurrida confirma la de instancia que, estimando la demanda en impugnación de despido por causas objetivas, decreta la improcedencia del mismo al tiempo que declara extinguida la relación a instancias de la demandante, ex art. 110.1.b) LRJS (LA LEY 19110/2011), con fecha de efectos de 7/7/2020, condenando a la codemandada Maqueserv SL al abono de indemnización y salarios de tramitación a la fecha de su dictado.

Consta que la empresa ha cesado su actividad en el centro de trabajo de Granada, donde prestaba servicios la trabajadora demandante, si bien tiene otros centros de trabajo en Madrid y Málaga (HP 11).

En suplicación y, en relación con lo que ahora interesa, la empresa recurrente sostiene que no se cumple el requisito exigido en el art 110.1 b) LRJS (LA LEY 19110/2011) en cuanto que no se ha producido un cese de actividad de la empresa. El recurso no prospera argumentando la sala de suplicación que el precepto referenciado supedita el derecho en el mismo contemplado, a que "constare no ser realizable la readmisión" lo que acontece cuando la empresa ha cesado totalmente su actividad, pero también ha de hacerse extensivo al supuesto analizado - cese de actividad del centro de trabajo, pero no de la empresa -. Sostiene que la extinción indemnizada del art 110.1.b LRJS (LA LEY 19110/2011), lo es para el caso de que no fuera posible la "readmisión", que no es otra que la señalada en el art. 56 ET y que por tanto habrá de serlo en las mismas condiciones y puesto de trabajo de antes del despido. Por ello no puede considerarse cumplido este requisito en el supuesto de que se produjera la readmisión en centro de trabajo distinto que comportase cambio de residencia, sin perjuicio de que, luego se valorase en trámite de ejecución de sentencia el carácter de dicha readmisión. Se entiende que el empleador no puede elegir válidamente el cumplimiento de la sentencia firme optando por readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, pues es imposible que así pudiera efectuarlo sin contar con la voluntad de ésta, lo que comporta, el que deba declararse la procedencia de la extinción contractual indemnizada.

3. Acude la empresa en casación para la unificación de doctrina e invoca, para sustentar la contradicción, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12/12/2019 (Rec 578/19 (LA LEY 244213/2019)) que, con revocación parcial de la sentencia de instancia y manteniendo la calificación de improcedente del despido producido con fecha 4 de septiembre de 2018, condena a la demandada GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. a las consecuencias inherentes, en vez de la extinción de la relación laboral a la fecha de la resolución. Consta que el demandante fue despedido disciplinariamente el 4/9/2018. El centro de trabajo de la empresa se encuentra cerrado y sin actividad. Sostiene que no es posible equiparar, a los efectos del art. 110.1º.b LRJS (LA LEY 19110/2011), el cierre del centro de trabajo con el cierre de la empresa, sin perjuicio de que, de optar por la readmisión ésta deba llevarse a cabo -en su caso- en otro centro de trabajo distinto de aquel en que el demandante prestaba sus servicios antes del despido, debiendo, en su caso, en ejecución de sentencia valorarse si se trata o no de una readmisión irregular, en el supuesto de que dicha adscripción sea cuestionada por el trabajador.

SEGUNDO.- 1. El art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (LRJS), para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina y en atención a su objeto, precisa de la existencia de sentencias contradictorias entre sí, lo que se traduce en que contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2. La Sala, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, considera que concurren aquí los requisitos de contradicción, exigidos por el art. 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011), toda vez que, en ambos casos, se acredita el cierre del centro de trabajo donde presta servicios la demandante, pero no el cierre de la empresa en su totalidad y ante esta identidad fáctica las soluciones adoptadas son contradictorias. La de contraste equipara, a los efectos del art. 110.1.b LRJS (LA LEY 19110/2011), el cierre del centro de trabajo con el cierre de la empresa, sin perjuicio de que, de optarse por la readmisión, que se produciría en otro centro distinto de aquel en que se prestaban servicios antes del despido, se valorase en ejecución de sentencia si se trata de una readmisión irregular. Sin embargo, la recurrida mantiene la posición contraria al entender que no siendo posible la readmisión en las mismas condiciones ello obsta la aplicación del precepto controvertido.

TERCERO.- 1. La recurrente articula un único motivo de casación, en el que sin remitirse a ninguno de los apartados del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011), denuncia que la sentencia recurrida ha aplicado indebidamente lo dispuesto en el art. 110.1.b LRJS (LA LEY 19110/2011), en relación con el art. 56 ET, apartándose de la doctrina establecida en SSTS 28-11-2017, rcud. 2868/15 (LA LEY 177824/2017) y 4-04-2018, rcud. 2935/2016 (LA LEY 25331/2018).

2. La señora María Inmaculada no se personó en el recurso como parte recurrida y no ha impugnado consiguientemente el recurso.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso.

CUARTO.- 1. El art. 110.1.b LRJS (LA LEY 19110/2011), que regula los efectos del despido improcedente, dice:

1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades:

...

b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia.

2. La Sala ha establecido una sólida doctrina sobre el precepto examinado, sintetizada en STS 9 de febrero de 2021, rcud. 406/19 (LA LEY 3414/2021), donde aplicamos una interpretación sistemática e integradora del art. 110.1.b LRJS (LA LEY 19110/2011) en relación con las previsiones del art. 56.3 ET, -que reconoce derecho a salarios de tramitación cuando se da la opción tácita de la empresa por la readmisión-; así como de los arts. 278 a (LA LEY 19110/2011)286 LRJS (LA LEY 19110/2011). En particular, el art. 286.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) dispone que, "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281". De esa conjunta interpretación, tal como se subrayaba en las recientes SSTS dictadas en los rcuds. 1102/2019 y 1648/2019, hemos extraído la conclusión de que, en el caso de la opción a la que se refiere el art. 110.1 b) LRJS (LA LEY 19110/2011), la persona trabajadora que ha obtenido sentencia favorable declarando la improcedencia de su despido ostenta derecho al percibo de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la extinción laboral. Allí concluimos que, dicha interpretación satisface, además, los principios de tutela judicial efectiva en relación con el necesario resarcimiento del daño en igualdad de condiciones y de economía procesal.

En la misma sentencia precisamos cuáles son los requisitos, para la aplicación del precepto examinado:

a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal ( STS/4ª de 19 y 21 julio 2016 - rcud. 338/2015 y 879/2015-, 28 noviembre 2017 -rcud. 2868/2015-, 13 marzo 2018 -rcud. 3630/2016-, y 12 febrero 2020 -rcud. 2988/2017-, entre otras).

Hemos mantenido del mismo criterio en SSTS 10-02-21, rcud. 4568/18 (LA LEY 5260/2021); 29-07-2021, rcud. 2238/18 y 11-01-22, rcud. 4776/18 (LA LEY 2493/2022), entre otras muchas.

3. El art. 56.1 ET establece, cuando el despido sea declarado improcedente, una obligación alternativa para el empleador, según la cual podrá optar en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia entre la readmisión del trabajador o el abono de la indemnización legal, precisándose en el apartado segundo del precepto antes dicho que, en el caso de readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación.

El art. 1131 del Código Civil (LA LEY 1/1889) dispone que, el obligado alternativamente a diversas obligaciones debe cumplir por completo una de ellas, precisándose en el art. 1132 que, si bien la elección de la obligación alternativa corresponde al deudor, éste no podrá elegir las prestaciones imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. Finalmente, el art. 1134 CC (LA LEY 1/1889) prevé que, el deudor perderá el derecho a la elección, cuando solo fuera realizable una de las prestaciones alternativas.

QUINTO.- 1. La resolución del recurso requiere recordar algunos extremos que han quedado perfectamente probados:

a. La empresa demandada suscribió con la actora un contrato eventual por circunstancias de la producción, en el que no se identificó con precisión y claridad la causa o la circunstancia que lo justifique (hecho probado primero).

b. El contrato, suscrito por las partes, se formalizó a tiempo parcial, conviniéndose una jornada de 30 horas semanales, en horario de 16 a 22 horas (hecho probado primero).

c. La empresa no ha regulado el registro de jornada, habiéndose levantado acta de infracción por la Inspección de Trabajo (hecho probado cuarto).

d. De hecho, la demandante ha venido trabajando a jornada completa, habiéndose regularizado su jornada como consecuencia de la acción inspectora, quien levantó acta de infracción, porque la actora disfrutó únicamente de un solo día de descanso semanal (hecho probado cuarto).

e. El salario, percibido por la demandante, ascendía a 845, 43 euros mensuales, correspondiéndole 1.537 euros mensuales.

f. La empresa despidió a la demandante por causas objetivas (económicas y organizativas), aunque no precisó ninguna de ellas.

g. La empresa ha cerrado el centro de trabajo de Granada, donde la actora prestaba servicios.

h. No obstante, mantiene centros de trabajo en Madrid y en Málaga.

2. Llegados aquí, estamos en condiciones de afirmar que, se ha acreditado cumplidamente que la readmisión de la demandante no podía realizarse cabalmente, aun cuando la empresa mantenga centros de trabajo en Madrid y Málaga, toda vez que, la readmisión, para producirse rectamente, debe hacerse en las mismas condiciones existentes antes del despido, siempre que las mismas no fueran imposibles, ilícitas o, que no hubiera podido ser objeto de la obligación ( art. 1132 CC (LA LEY 1/1889)).

En el caso, que nos ocupa, se ha acreditado claramente que la demandante fue contratada temporalmente en fraude de ley, puesto que no se concretó la causa de temporalidad, incumpliéndose frontalmente lo dispuesto en el art. 3.2.a RD 2720/1998 (LA LEY 62/1999).

Se ha probado, así mismo, que la empresa le obligó a suscribir un contrato de trabajo a tiempo parcial, aunque trabajó desde el primer momento a jornada completa, tal y como se desprende del acta de infracción, habiéndose demostrado, además, que solo disfrutó un día de descanso semanal en una empresa, en la que no se podían controlar las horas extraordinarias, porque no disponía, siquiera, de un registro de jornada, habiendo percibido un salario inferior al que le correspondía legalmente, lo que demuestra por sí solo, que la señora María Inmaculada fue sometida a un régimen de explotación intolerable, siendo imposible, por tanto, que su readmisión se produzca en los términos anteriores al despido.

Por lo demás, no es cierto que la doctrina de esta Sala mantenga que es presupuesto constitutivo, para que el trabajador pueda ejercer la opción del art. 110.1.b LRJS (LA LEY 19110/2011), que sea imposible la readmisión en la empresa, no bastando que sea imposible en el centro de trabajo, toda vez que, ya hemos precisado más arriba, que el trabajador puede ejercitar la opción controvertida cuando se acredite la imposibilidad de readmisión por cese o cierre de la empresa y también cuando se produzca cualquier otra causa de imposibilidad material o legal.

Dichas causas concurren claramente en el supuesto debatido, puesto que no es admisible que la demandante deba ser readmitida en el régimen laboral descrito, cuya ilicitud ha quedado plenamente probada, cuando se vería forzada, además, a ser objeto de un traslado forzoso a Madrid o a Málaga, que le exigiría necesariamente el cambio de domicilio, no habiéndose probado, siquiera, que existan vacantes de su categoría en dichos centros de trabajo.

SEXTO.- Por las razones expuestas, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, vamos a desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por Maqueserv SL, representada y asistida por el letrado D. Víctor Ramos Muñoz del Toro, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, de 25 de febrero de 2021, en su rec.1605/2020, que desestimó el recurso de suplicación interpuesto por Maqueserv SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Granada, que resolvió la demanda sobre reclamación por despido interpuesta por Dª María Inmaculada frente a Maqueserv, SL, Pastelería Isla SL, Ministerio Fiscal y el Fondo de Garantía Salarial, con la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Se condena en costas a la recurrente con 1.800 euros. Destínese el depósito y consignaciones realizadas a sus fines legales.