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PRIMERO.- La sentencia de instancia estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo. Razonaba el Juzgador que concurría un supuesto de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Antella, dada la inactividad municipal ante los ruidos sufridos en su domicilio por el reclamante, procedentes de los ladridos del perro al que aludía, tal y como se desprendía fundamentalmente de la prueba testifical practicada y del informe de medición acústica que había aportado, realizado por la entidad Teleacustik y firmado por los ingenieros técnicos en telecomunicación Dª María Rosa y D. Rafael.

El Juzgador condenó al Ayuntamiento demandado a abonar al actor la cantidad de 3.000 € en concepto de indemnización por los daños ocasionados, teniendo en cuenta al efecto la duración de las molestias acústicas y los importes indemnizatorios reconocidos por esta Sala en otros supuestos de responsabilidad patrimonial administrativa por inactividad ante emisiones acústicas vulneradoras de los derechos fundamentales de otros recurrentes proclamados en los arts. 15 (LA LEY 2500/1978) y 18.2 de la C.E. (LA LEY 2500/1978)

De otro lado, la sentencia rechazó la indemnización pretendida por el recurrente en concepto de daños físicos y psíquicos padecidos consistentes en cuadro ansioso depresivo, daños acerca de los cuales, señalaba el Juzgador, no existía prueba de que tuvieran su causa en las molestias acústicas.

Desestimaba también el Juzgador la pretensión ejercitada por el demandante relativa a la confiscación del perro, puesto que, afirmaba la sentencia, se trataba de una medida de carácter indudablemente sancionador prevista en el art. 26 de la Ley 4/1994 (LA LEY 3929/1994), sobre protección de animales de compañía.

Por último, la sentencia no hacía imposición de las costas de primera instancia.

SEGUNDO.- En la presente apelación, el apelante impugna la sentencia alegando que no ha tomado debidamente en consideración las siguientes circunstancias: 1.- la restitución de la situación jurídica individualizada por el Ayuntamiento pasa por la confiscación del animal, por cuanto la sola indemnización económica no soluciona el problema ocasionado por aquél al recurrente: 2.- los daños físicos y psíquicos que padeció han quedado acreditados mediante los partes médicos que aportó a autos, en los que consta de forma precisa el tipo de enfermedad sufrida, y su causa; y 3.- por último, solicita el apelante la condena al Ayuntamiento en las costas de la primera instancia, a la vista de la nula actividad instructora desarrollada por éste en vía administrativa, y de la mala fe con que ha actuado en el proceso.

Se oponen las partes apeladas a las alegaciones y pretensiones del apelante y sostienen, en síntesis, que la sentencia impugnada es ajustada a derecho.

TERCERO.- La Sala, a la vista de las alegaciones formuladas por las partes, y tras el examen del expediente administrativo y de las actuaciones de instancia, considera que procede desestimar el recurso de apelación, según se pasa seguidamente a exponer.

Comenzando la Sala por examinar la alegación formulada por el Ayuntamiento apelado acerca de la ausencia de crítica de la sentencia recurrida en que, a su juicio, incurre el apelante en el escrito de interposición del recurso de apelación, ha de rechazarse ese alegato. No es cierto que en dicho escrito el apelante se limite a efectuar una reiteración acrítica de motivos de impugnación que ejercitó en primera instancia, sino que, aun redundando en los mismos motivos, no deja de referirse a la sentencia apelada, cuya fundamentación jurídica intenta contrarrestar. Pero es que, además, resulta lógico que el apelante insista en las cuestiones que planteó en el recurso contencioso-administrativo fueron desestimadas por el Juzgador, por motivos que aquél considera infundados.

Será, por tanto, al hilo del análisis de los motivos impugnatorios ejercitados por el apelante cuando habrá de determinarse si los concretos términos en que han sido formulados conllevan, en su caso, su rechazo por su falta de fundamento.

CUARTO.- Ha de ser rechazada la pretensión del apelante relativa al reconocimiento a su favor de la situación jurídica individualizada consistente en la confiscación por el Ayuntamiento de Antella del perro cuyos ladridos constituyeron el foco de las molestias acústicas apreciadas por la sentencia de instancia. Dicha sentencia fundó su pronunciamiento estimatorio parcial del recurso contencioso-administrativo en el reconocimiento de la vulneración por el Ayuntamiento de los derechos fundamentales del recurrente a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria ( arts. 15 (LA LEY 2500/1978) y 18.2 de la C.E. (LA LEY 2500/1978)), situación ya producida y agotada, por lo que no se entiende cómo podrían tales derechos conculcados ser restituidos a través de la confiscación del animal - art. 31.2 (LA LEY 2689/1998) y 71.1.b) de la Ley 29/1998 (LA LEY 2689/1998)-: la forma idónea de llevarse a cabo dicho resarcimiento es, sin duda, el otorgamiento al recurrente de una indemnización compensatoria.

Por añadidura, como razona el Juzgador de instancia, la medida confiscatoria del animal solo podría llevarse a cabo en el seno de un procedimiento sancionador, tal como así se establece en los arts. 26 (LA LEY 3929/1994) y 27 de la Ley 4/1994, de 8 de julio (LA LEY 3929/1994), de la Generalidad Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía.

QUINTO.- No puede tampoco ser acogida la pretensión del apelante sobre el reconocimiento a su favor de una indemnización por importe de 60.000 €. La sentencia apelada le reconoció un montante indemnizatorio de 3.000 € por la aludida vulneración por el Ayuntamiento de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria, cuantía indemnizatoria que se ajusta -es adecuada y proporcional- a lo que esta Sala y Sección ha venido estimando en otros asuntos similares al presente.

El apelante objeta que la indemnización procedente a su favor debe tener en cuenta los daños físicos y psíquicos que padeció como consecuencia de las molestias acústicas declaradas en la sentencia recurrida. Pero, como señala esa sentencia, si bien mediante los informes médicos aportados a autos por aquél ha quedado acreditado que desde junio del año 2019 padece un cuadro de ansiedad, tratado con medicación, lo que no consta debidamente justificado es que la citada dolencia tenga su causa en las molestias acústicas: dichos informes médicos se limitan a incorporar las manifestaciones subjetivas del paciente en cuanto "refiere" que las circunstancias desencadenantes de su estado son debidas a los ladridos de un perro del vecindario. No se encuentra probada, en definitiva, la existencia de nexo causal entre esos trastornos físicos y psíquicos y las expresadas molestias acústicas.

SEXTO.- El apelante solicita también que se impongan al Ayuntamiento de Antella las costas del proceso de instancia.

Pues bien, en este extremo considera la Sala que procede asimismo la confirmación de la sentencia apelada. De un lado, no cabe apreciar, contrariamente a lo sostiene el apelante, que el Ayuntamiento demandado sostuviera en dicho proceso su acción con mala fe o temeridad ( art. 139.1, párrafo segundo, de la Ley 29/1998 (LA LEY 2689/1998)).

Y de otro lado, argumenta D. Manuel que dedujo el recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación por silencio por el Ayuntamiento de la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó, razón por la cual, añade, procede condenar a éste al pago de las costas procesales de instancia. Ha de traerse a colación en este punto la STS 3ª, Sección 3ª, de 28 de noviembre de 2022 -recurso de casación número 4864/2020 (LA LEY 288684/2022)-, que, acerca de la imposición de costas procesales al administrado cuando el recurso contencioso-administrativo se dirija frente a la desestimación presunta en vía administrativa por falta de respuesta de la Administración en el plazo legalmente previsto, razona, remitiéndose a otras sentencias precedentes de ese Tribunal, que en materia de costas cada procedimiento debe ser resuelto individualmente, sin que quepa un pronunciamiento que no tenga en cuenta y sea ajeno a las concretas circunstancias presentes en cada supuesto, entre ellas que el recurso se interponga contra una desestimación por silencio administrativo.

En el presente caso, a tenor de la antecitada doctrina jurisprudencial, concluye la Sala que, a pesar de haber deducido el actor el recurso contencioso-administrativo frente al acto desestimatorio municipal presunto, resulta procedente, de conformidad con el art. 139.1, párrafo segundo, la Ley 29/1998 (LA LEY 2689/1998), como así consideró la sentencia apelada, no hacer expresa imposición de costas procesales a ninguna de las partes. Resulta esencial al respecto tener en cuenta que la mayor parte de las pretensiones ejercitadas por el actor basándose en el art. 31.2 de esa Ley 29/1998 (LA LEY 2689/1998) fueron desestimadas por el Juzgador.

SÉPTIMO.- Por último, cabe agregar que ninguna incidencia tiene a efectos de la resolución de esta litis la sentencia de 15 de septiembre de 2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Valencia cuya copia ha sido aportada por el apelante a tenor del art. 271.2 de la LEC (LA LEY 58/2000): esa sentencia versa sobre hechos que no guardan ninguna relación directa de conexidad con los que son objeto de enjuiciamiento en el recurso de autos.

Procede, de conformidad con todo lo fundamentado, la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada.

OCTAVO.- En aplicación del art. 139. 2 de la Ley 29/1998 (LA LEY 2689/1998), ha lugar a hacer expresa imposición de costas procesales de esta segunda instancia al apelante, al haber sido desestimado el recurso de apelación y no apreciarse por la Sala la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

No obstante, el Tribunal, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.4 de la misma Ley, limita el importe de las costas fijándolo en la cifra máxima total de 600 € a favor de cada una de las partes apeladas, ello atendiendo a la actividad procesal desplegada por éstas, así como a la índole del asunto y a su grado de dificultad.

Por cuanto antecede,