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PRIMERO.- La sentencia de fecha 8 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Cartagena en el proceso 195/16 estimó la demanda formulada por Íñigo frente a la empresa BANCO SABADELL S.A., y FONDO DE GARANTIA SALARIAL y condenó a la parte demandada empresarial al abono al trabajador de la cantidad de 9.641,19 euros + el 10% de interés por mora a calcular desde cada devengo salarial y asimismo proceden los intereses del art. 576 de la LEC del total reconocido y a partir de esta resolución.

Disconforme con la demanda, la empresa demandada interpone contra la misma recurso de suplicación, solicitando, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) que la cantidad objeto de condena se reduzca a la suma de 6.758,29€ o, subsidiariamente, a la de 8.904,23€, con absolución del interés por mora.

El actor se opone al recuso, habiéndolo impugnado.

SEGUNDO.- La cuestión que se debate en el presente recurso se centra en determinar la cuantía de la indemnización que procede por la imposibilidad del actor de disfrutar vacaciones en los años 2013 y 2014; no se cuestiona el derecho a las mismas, ni la imposibilidad de sus disfrute.

Concurre la circunstancia de que el convenio colectivo aplicable regula la duración de las vacaciones anuales en función de días laborables y no de días naturales, de ahí la discrepancia en cuanto al cálculo de la indemnización de los días de vacaciones no disfrutadas.

La sentencia recurrida ha estimado que la indemnización correspondiente a los 30 días laborables de las vacaciones del año 2013, más los 28 días laborables de las del año 2014 asciende a 9.641,19 euros, para lo cual se ha calculado el valor de la indemnización de cada uno de los días laborables, procediendo a dividir la retribución anual que corresponde a los 365 días naturales, por el número de días laborables. De tal criterio discrepa la empresa demandando, afirmando con carácter principal que, para el cálculo de la indemnización habrá que multiplicar el valor del salario que corresponde a cada día natural, por los días laborables de vacaciones que contempla el convenio; subsidiariamente afirma que el cálculo se ha de realizar convirtiendo el número de días laborables en días naturales.

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores se limita a establecer el derecho al disfrute de vacaciones anuales cuya duración mínima es de 30 días naturales, derecho este que puede ser mejorado por la negociación colectiva. En el presente caso, el convenio colectivo aplicable (Banca) establecía un derecho superior, pues lo fijaba en días laborables, concretamente 31 días en el año 2013 y 28 días en el 2014; lógicamente, su disfrute en la práctica determina que el periodo de vacaciones habría de comprender un número superior de días naturales, cuyo número concreto depende de la fecha de inicio de su disfrute.

No se discute la imposibilidad del actor de disfrutar vacaciones por encontrarse en situación de IT seguida de declaración de incapacidad permanente determinante de la extinción de su contrato, ni por tanto su derecho a percibir una indemnización por la falta de disfrute.

La cuestión debatida se circunscribe a determinar la forma en que la indemnización ha de ser calculada, dado que el convenio colectivo fija las vacaciones anuales en función de días laborables y no de días naturales.

Es rechazable la formula pretendida por la empresa autora del recurso, es decir la consistente en aplicar a cada día laborable el valor del salario por día natural.

El método de cálculo utilizado por la sentencia recurrida, esto es dividir la retribución anual que se corresponde al año natural de 365 días, por el número de días laborables, a efectos de calcular el valor de la retribución de cada día laborable resulta plenamente ajustada a derecho, por lo que la sentencia recurrida no infringe la legalidad que se denuncia como infringida.

Procede por lo expuesto la desestimación del recurso.

TERCERO.- Se cuestiona por la empresa autora del recurso la condena al pago de intereses moratorios.

La denuncia jurídica que se formula no puede prosperar pues reiteradamente desde la sentencia de fecha 17 de junio de 2014, recud 1315/2014, la Sala IV del TS mantiene el criterio de la objetiva y automática imposición de los intereses moratorios del art. 29. 3º ET , con independencia de que se presente como más o menos comprensible y razonable la oposición de la empresa a la deuda reclamada por el trabajador ( SS de 18 de julio del 2017, recurso 1506/2015 (LA LEY 117448/2017) , entre otras).

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) procede imponer a la empresa condenada el pago de las costas de este recurso.