Volver a página de inicio

PRIMERO.- Términos y alcance del debate.

En esencia, se discute si resulta aplicable a los "deportistas profesionales" la indemnización por expiración del tiempo convenido para los contratos de duración determinada que contempla el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (ET).

No hay inconveniente en avanzar que las posturas encontradas surgen como consecuencia de una distinta interpretación acerca de los razonamientos contenidos en nuestra STS de 26 de marzo de 2014 (rec. 61/2013 (LA LEY 32639/2014)) respecto de los allí identificados como "deportistas de élite".

1. Antecedentes y hechos relevantes.

Más arriba ha quedado reproducido el extenso relato de hechos elaborado por el Juzgado de lo Social. A nuestros efectos, ahora basta con destacar lo siguiente:

El futbolista (D. Darío) ha prestado servicios para su Club desde la temporada 2009/2010. Merced a diversas renovaciones se ha mantenido en ese equipo hasta la temporada 2014/2015.

La Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D. ha competido en la Liga en Segunda División A (Liga Adelante). En ella el demandante ha tenido una participación destacada (partidos y número de minutos jugados).

Desde el punto de vista retributivo, consta que ha cobrado (285.561,07 € la última temporada) muy por encima tanto del Convenio Colectivo sectorial (64.500 €) cuanto de la media de futbolistas de su categoría (96.330 €).

Al finalizar su relación profesional con el Alcorcón ha sido contratado por otro equipo (Deportivo Alavés).

2. Sentencia del Juzgado de lo Social.

Mediante su sentencia 451/2015 de 12 de noviembre el Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid pone término al procedimiento 983/2015 y desestima la demanda de cantidad interpuesta por el trabajador, que reclama la indemnización por fin de contrato prevista en el artículo 49.1.c) ET.

La argumentación central se apoya en el tenor de la STS de 26 de marzo de 2014 (rec. 61/2013 (LA LEY 32639/2014)), invocada por las partes litigantes en sentidos distintos, y extensamente reproducida. La resolución de instancia concluye que nuestra doctrina conduce a admitir el pago de la indemnización reseñada en el caso de deportistas humildes, excluyéndola a favor de quienes son "de élite". Por eso considera decisivo "determinar si el actor se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la STS referida en tanto que ha venido desempeñando su actividad con resultados más humildes por encontrarse dentro de los mínimos salariales garantizados convencionalmente en el sector de actividad particular".

A la vista de la progresión retributiva que los hechos probados describen, de la intensa actividad deportiva y de que incluso a una edad avanzada (para el fútbol profesional) ha sido contratado, la sentencia considera que el actor "ha tenido una carrera profesional que bien cabe calificar como exitosa" y que "no ha desempeñado su actividad con resultados humildes".

Importa retener la verdadera razón de decidir. El Juzgado de lo Social conoce y desea aplicar en sus propios términos la doctrina sentada por esta Sala en la citada sentencia de 2014. Como considera que el demandante se incluye en una de las dos excepciones que la STS establece al juego supletorio de la indemnización reclamada, lo procedente es rechazar su abono. Porque "es claro que el actor, si bien no participa del muy reducido grupo de futbolistas que, como es notorio, perciben sueldos millonarios, sí ' que se encuentra en una situación mucho más ventajosa que otros futbolistas que, como él en su día, prestan servicios en Segunda División B o divisiones inferiores, las cuales^-no gozan de la condición de fútbol profesional, y en las que los clubes de dichas divisiones se encuentran, con respecto a sus futbolistas, en una posición más dominante de lo que puede acontecer con los clubes que forman parte del fútbol profesional, esto es, Primera y Segunda División A".

3. Sentencia del TSJ, recurrida.

Disconforme con ese resultado desfavorable, el futbolista presenta recurso de suplicación. Mediante sentencia 401/2016 de 11 de mayo (rec. 147/2016 (LA LEY 83818/2016)), aclarada por Auto de 25 de mayo del mismo año, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la desestimación de la demanda.

Explica que los preceptos legales aplicables son los arts. 6 (LA LEY 1635/1985) y 13.b) del RD 1006/1985, de 26 de junio (LA LEY 1635/1985), y no el art. 49.1.c) ET. Considera que la sentencia del Juzgado "debe ser mantenida y confirmada en base a sus propios fundamentos fácticos y jurídicos".

4. Recurso de casación unificadora.

El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por el trabajador y tiene por objeto determinar si a la extinción de la relación laboral especial por expiración del tiempo convenido de un deportista profesional resulta de aplicación la indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET.

El recurso, fechado el 16 de noviembre de 2016, analiza la contradicción con la sentencia que propone como referencial y sostiene que la recurrida vulnera el artículo 49.1.c ET, en relación con la Directiva 1999/70/CE (LA LEY 7675/1999).

Sostiene que el concepto "deportista de élite" introduce enormes dosis de inseguridad y es ajeno a la construcción normativa, por lo que la mayor o menor entidad de los ingresos debe quedar al margen del debate.

5. Impugnación del recurso.

Con fecha 13 de junio de 2017 la Abogada y representante de la Agrupación Deportiva Alcorcón SAD formaliza su impugnación al recurso de casación unificadora.

Considera que no concurre la preceptiva contradicción entre las sentencias comparadas porque la trayectoria profesional y remuneración de los futbolistas cuya reclamación se resuelve son bien diversas; en el presente caso estamos ante un futbolista "de élite" que se encuadra en una de las excepciones contempladas por la STS de 26 marzo 2014, mientras que en el caso referencial el trabajador ni ha pasado por la Primera División, ni viene percibiendo un salario por encima del promedio, ni posee una carrera profesional tan dilatada y exitosa.

Asimismo, respecto del tema de fondo reitera los argumentos de la sentencia de instancia: nos encontramos ante una de las excepciones que la propia STS 26 marzo 2014 abre a la aplicación de su doctrina general. Además, el Club no lo ha despedido, sino que estamos ante la terminación del contrato temporal por transcurso del tiempo pactado, quedando acreditado que tres días después ya había fichado por un nuevo equipo.

6. Informe del Ministerio Fiscal.

Con fecha 6 de julio de 2017 el representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta emite el informe contemplado en el artículo 226.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) y entiende que el recurso interpuesto es improcedente.

Considera concurrente la contradicción, pero inexistente la infracción normativa alegada puesto que en el caso concurre la excepción prevista por la STS 26 marzo 2014. Basta atender al monto de la remuneración percibida para comprender que estamos ante un "deportista de élite"; además, la naturaleza especial de la relación laboral impide la aplicación indiscriminada del artículo 49.1.c) ET y si el legislador hubiera querido establecer indemnizaciones lo habría hecho de manera expresa, como sucede con otras relaciones laborales de carácter especial en las que hay remisión al ET.

7. Normas aplicables.

Para una más ágil exposición del posterior razonamiento, interesa ahora recordar el alcance de los preceptos que inciden sobre el caso.

A) Estatuto de los Trabajadores.

Conforme al art. 2.1.d) ET se considera relación laboral de carácter especial la de los deportistas profesionales. El apartado 2 añade que "en todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución".

Por su parte el art. 49.1.c) ET preceptúa que el contrato de trabajo se extinguirá por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. Y añade que "a la finalización del contrato el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación".

B) Real Decreto 1006/1985 (LA LEY 1635/1985).

El Real Decreto 1006/1985, de 2 de junio, regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales y contiene varios preceptos que afectan directamente al tema debatido:

Sobre la duración del contrato, dispone el art. 6 que "La relación laboral especial de los deportistas profesionales será siempre de duración determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización de un número de actuaciones deportivas ...Podrán producirse prórrogas del contrato, igualmente para una duración determinada, mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado...".

Acerca de su extinción, el art. 13.b) prescribe que la relación laboral se extinguirá por expiración del tiempo convenido. El art. 14.Uno añade que "Para el caso de que tras la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido el deportista estipulase un nuevo contrato con otro club o entidad deportiva, mediante convenio colectivo se podrá pactar la existencia de una compensación por preparación o formación, correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia".

Sobre el Derecho supletorio aplicable, preceptúa el art. 21 que "en lo no regulado por el presente Real Decreto serán de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales".

C) Convenio Colectivo.

En el BOE de 9 octubre 2014 aparece publicado el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional, vigente desde 1 de julio de 2014, cuyo artículo 14 ("Duración del contrato") prevé que "el contrato suscrito entre el Club/SAD y el Futbolista Profesional tendrá siempre una duración determinada, bien porque exprese la fecha de finalización, bien porque se refiera a una determinada competición o número de partidos. En el primer supuesto, se entenderá finalizado, sin necesidad de previo aviso, el día señalado. En el segundo supuesto, se entenderá finalizado el día en que se celebre el último partido de competición de que se trate, siempre que el Club/SAD participe en el mismo".

Su artículo 18 desarrolla la compensación contemplada en el artículo 14 del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985), pero excluye de la misma los casos de futbolistas que hayan cumplido los 23 años al acabar la temporada anterior a la nueva contratación.

SEGUNDO.- Análisis de la contradicción.

Además de constituir una exigencia legal expresa, controlable incluso de oficio a fin de evitar que se desnaturalice este excepcional recurso, la contradicción entre las resoluciones contrastadas ha sido cuestionada, de modo razonado, por la impugnación al recurso. Eso redobla la necesidad de que debamos examinarla de inmediato, antes de abordar, en su caso, las infracciones normativas denunciadas.

1. El presupuesto del artículo 219.1 LRJS (LA LEY 19110/2011).

El artículo 219 LRJS (LA LEY 19110/2011) exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo-una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

Como regla general, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo supuestos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, con el alcance precisado.

El requisito de contradicción comporta la necesidad de una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contratadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a Derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Pero si bien esta labor normalmente comporta un previo juicio de valor abstracto acerca de la cuestión debatida, hay supuestos en los que la determinación acerca de la igualdad o desigualdad de los presupuestos fácticos requiere simultánea definición sobre el fondo de la cuestión debatida, porque la diversidad o identidad sustancial únicamente se alcanza a determinar si se pone en relación directa con la norma a aplicar, con necesidad de expresar de manera frontal la interpretación que se atribuye a la disposición -legal o convencional-de que se trata

2. Sentencia referencial.

Para el contraste se aporta la STSJ Aragón 175/2015 de 25 de marzo (rec. 121/2015 (LA LEY 34824/2015)). Desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma la sentencia de instancia, que estimó parcialmente la demanda interpuesta por el actor frente a la Sociedad Deportiva Huesca en reclamación de cantidad. Resultado de ello es la condena al Club (10.739,72 €) en concepto de indemnización por fin de contrato (en lugar de los 35.738,72 € reclamados, incluyendo el premio de antigüedad).

Se trata de un futbolista con contrato laboral entre las temporadas 2008/2009 a 2012/2013, primero en Segunda División B y luego en Segunda División. En suplicación solicita la empresa recurrente la revocación de la sentencia de instancia, en esencia, porque en la relación laboral especial de los deportistas profesionales no existe indemnización por fin de contrato.

La sentencia sostiene que es compatible con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales la norma del ET sobre indemnización cuando el contrato finaliza por expiración del tiempo convenido. Al efecto se apoya en la STS 26 marzo 2014 (rec. 61/2013 (LA LEY 32639/2014)).

3. Consideraciones específicas.

Son evidentes las similitudes existentes entre las dos sentencias sometidas a comparación, comenzando por los hechos. Se trata de deportistas profesionales, vinculados con sus respectivos Clubes por una relación laboral especial del RD 1006/1985, de 26 de junio (LA LEY 1635/1985). En los dos casos los trabajadores acreditan diversas temporadas con sus equipos, jugando en Segunda División En ambos casos los contratos se extinguen por la llegada de la fecha pactada.

Respecto de las pretensiones, los futbolistas reclaman el abono de la cantidad correspondiente a la indemnización por finalización de contrato temporal. En cuanto a los fundamentos, en ambos casos se trata de determinar si es aplicable el artículo 49.1.c ET, lo que requiere aquilatar su compatibilidad con los principios o características de la relación especial. El diverso tenor del convenio colectivo aplicable es inocuo para la cuestión abordada.

Pese a lo expuesto, los fallos de las resoluciones son claramente contradictorios, pues la sentencia recurrida no reconoce el derecho del trabajador a la indemnización reclamada, mientras que la sentencia de contraste considera que la indemnización no es incompatible con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales y reconoce el derecho del trabajador a la indemnización.

A pesar de todo, hay que dar la razón al escrito de impugnación cuando destaca que las dos sentencias acogen la misma doctrina (la contenida en la STS 26 marzo 2014) y difieren porque una considera que estamos ante deportista de élite (presente supuesto) mientras que la otra se pronuncia sobre supuesto respecto del que no se asume esa realidad.

Lo que sucede es que nos encontramos, precisamente, ante uno de los supuestos en los que solo tras el estudio de fondo del asunto podrá confirmarse el acierto de esta valoración inicial. La contradicción entre las sentencias opuestas y la solución al debate, por así decirlo, van de la mano. Si para resolver el problema planteado fuere decisivo que el deportista se englobe entre los considerados "de élite" bien podría pensarse que las sentencias resuelven problemas diversos (porque solo en el caso que nos ocupa aparece catalogado como tal quien demanda) y que no son contradictorias. Sin embargo, si concluimos que el nivel remuneratorio carece de relevancia a estos efectos (como se desprende de la sentencia referencial, que omite el análisis) no solo habrá contradicción sino que deberemos revocar la sentencia recurrida.

TERCERO.- Examen de la STS 26 marzo 2014 (rec. 61/2013 (LA LEY 32639/2014)).

Tanto las sentencias comparadas cuanto los escritos procesales sucesivamente presentados en este procedimiento citan de manera expresa la doctrina acuñada por nuestra sentencia de 26 de marzo de 2014 (rec. 61/2013 (LA LEY 32639/2014)) y, pese a sostener posturas bien diversas, lo hacen por entender que actúan de acuerdo con ella. Por tanto, parece muy conveniente recordar de manera detallada su alcance.

1. El conflicto planteado.

A) La Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional (entidad patronal del sector) promueve conflicto colectivo para que se declare que al término del contrato de duración determinada de los ciclistas profesionales no se devenga ningún concepto ni cuantía indemnizatoria a favor del ciclista profesional, sin que del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) se pueda inferir que del convenio colectivo para la actividad de ciclismo profesional deriva el derecho de los ciclistas profesionales a percibir la indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET. El Convenio sectorial establece que "al finalizar la relación laboral se liquidará el finiquito que contendrá los conceptos económicos que regule la legislación vigente".

B) La Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 16 julio 2012 (LA LEY 125610/2012) (autos 123/2012) desestima la demanda. Considera que, aunque los contratos no puedan ser indefinidos, al extinguirse se produce un quebranto objetivo al deportista, justificándose la indemnización regulada en el art. 49.1.c ET. Además, la indemnización controvertida se convierte en instrumento promocional de la prórroga contractual, que mejora la estabilidad profesional de este colectivo.

C) Es especialmente relevante recordar los argumentos básicos del recurso de casación interpuesto por la patronal promotora del conflicto colectivo frente a la sentencia de instancia, toda vez que alguno de ellos vuelve a invocarse en el presente litigio. Son tres las líneas argumentales desplegadas en aquella ocasión (todas ellas fracasadas):

· La regulación del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) es completa y no cabe acudir a supletoriedad alguna.

· La indemnización del art. 49.1.c) ET es incompatible con la obligada temporalidad del contrato de los deportistas.

· Ni el legislador ni los convenios colectivos posteriores hicieron referencia alguna a tal indemnización, pudiendo hacerlo.

2. El RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) tolera la supletoriedad del ET respecto de la extinción del contrato temporal.

Tras constatar que el RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) dedica el artículo 14 a "Extinción del contrato por expiración del tiempo convenido" desde una óptica distinta de la planteada en el conflicto, nuestra sentencia descarta que se trate de una regulación completa y excluyente del complemento que, por vía supletoria, pueda aportar la regulación común, máxime si se trata de una posterior. Recordemos las propias palabras de la STS glosada:

Así como no impide -ello es incuestionable-la posible existencia de indemnizaciones pactadas colectivamente o acordadas en contrato individual, de igual manera tampoco puede entenderse excluyente de cualquier otra integración por aplicación supletoria del ET, como el recurso sostiene [desacertadamente, a nuestro entender]; y con mayor motivo, insistimos, cuando -por obvias razones temporales-el texto del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) en manera alguna podía incluir lo que habría de legislarse años después [RD-Ley 5/2001 (LA LEY 341/2001)], precisamente por las razones -entonces no tan relevantes-a que posteriormente nos referiremos, y en términos de derecho necesario relativo.

3. Necesaria temporalidad del contrato especial.

El siguiente paso que nuestra STS da se refiere al alcance de la temporalidad que el RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) impone. Tras recordar su origen (evitar el derecho de retención de los clubes, permitir la libertad contractual), asume la opinión de un sector de la doctrina académica del siguiente modo:

Las necesidades del trabajador deportivo son inversas a las del trabajador común, pues en tanto éste aspira a la garantía que le significa la estabilidad en el empleo, por el contrario al trabajador deportista -particularmente de élite-le interesa en no pequeña medida la libertad contractual que le permita negociar con frecuencia las condiciones económicas de su contrato, precisamente en función del éxito de su carrera profesional.

4. Finalidad de la indemnización por fin de contrato temporal.

Puesto que la indemnización del artículo 49.1.c) ET ("introducida, ratificada y modificada por el RD-Ley 5/2001 (LA LEY 341/2001), la Ley 12/2001, el RD-Ley 10/2010 (LA LEY 12544/2010) y la Ley 35/2010") es incorporada a la Ley con posterioridad a la aprobación del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985), la STS se detiene a examinar la finalidad de esa regla. En tal sentido explica lo siguiente:

La reforma buscaba primordialmente una deseable mayor estabilidad en empleo, estimulando la contratación indefinida por la indirecta vía de penalizar -mediante obligada indemnización-la contratación temporal; pero no lo es menos que la indemnización legalmente prevista también atribuía una «mayor calidad» a la contratación temporal [objetivo al que también se refieren los citados preámbulos], al dotarla de un resultado económico -la indemnización-que en alguna medida «compensaba» la limitación temporal del contrato de trabajo

5. Compatibilidad de la indemnización con la temporalidad de los contratos deportivos.

La STS considera que el carácter intrínsecamente temporal de los contratos que unen a clubes y deportistas profesionales no es obstáculo para el juego supletorio de la indemnización contemplada por el artículo 49.1.c ET. Al menos hay dos razones para ello: promover "una mayor estabilidad por la incentivación de las prórrogas" y "una mejora en la «calidad» del empleo [se facilita económicamente la transición entre los contratos con diversos clubes o entidades]". Recordemos el tenor del argumento, muy relevante a nuestros efectos:

En este sentido hacemos nuestras las acertadas palabras de la sentencia de instancia al afirmar que «la indemnización controvertida se convierte en instrumento promocional de la prórroga contractual, que mejora la estabilidad profesional de este colectivo». Y también recordamos la afirmación -consideración general 6-efectuada por la Directiva 1999/70/CE (LA LEY 7675/1999) del Consejo, de que los contratos de trabajo de duración indefinida -e igual consideración nos merecen las sucesivas prórrogas de uno temporal-«contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados».

6. Interpretación de acuerdo con la Ley Fundamental.

Puesto que de entre los posibles sentidos de la norma debe elegirse aquel que sea más ajustado a las normas constitucionales (art. 5.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985)), nuestra STS advierte que la aplicación del régimen general de indemnizaciones contribuye a eliminar desigualdades:

La solución ha de ser "aplicar la previsión indemnizatoria del art. 49.1.c) ET también a los deportistas profesionales, en tanto que con ella se elimina una desigualdad de tratamiento que se nos presenta contraria al indudable proceso de laboralización de las relaciones especiales de trabajo".

7. Reforzamiento argumental a la vista de la Directiva 1999/70 (LA LEY 7675/1999).

También la STS tiene a la vista la ya citada Directiva 1999/70/CE (LA LEY 7675/1999) del Consejo [28/Junio], relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y de la que es trasposición la Ley 12/2001 (LA LEY 1019/2001), que no contempla como posibles excepciones a su ámbito de aplicación supuestos como el de los deportistas. En tal sentido expone que

Esta aplicación general la reconoció también la STJCE 13/09/2007 [Asunto del Cerro Alonso ], al afirmar «salvo que esté justificado un trato diferenciado por razones objetivas, debe reconocérseles un alcance general, dado que constituyen normas de Derecho social comunitario de especial importancia de las que debe disfrutar todo trabajador, al ser disposiciones protectoras mínimas» [apartado 27].

8. El pasaje cuya interpretación se discute.

Tras acceder a la conclusión de que el recurso de casación planteado debe desestimarse, nuestra STS realiza una exposición que se encuentra en el origen de cuanto ahora discutimos y de un amplio debate en la doctrina judicial acerca de su alcance. Dada la relevancia que posee, interesa reproducir de forma literal ese pasaje y examinarlo con atención:

Lo que mantenemos con dos elementales reflexiones: a) la primera es que la solución a adoptar -la que en definitiva acordamos-no debe verse enturbiada por la existencia de deportistas de élite a los que nada afecta la cuestión de que tratamos [su problema parece más bien situarse en la duda entre prorrogar sus contratos o fichar por otra entidad deportiva], sino que está dirigida a la inmensa mayoría de profesionales que desempeñan su actividad con resultados más humildes [para ellos la «percepción mínima garantizada» asciende a 23.000 €;/año, conforme al art. 18 del Convenio Colectivo del sector, como oportunamente observa en su impugnación la ACP], y cuyos intereses se sitúan entre la deseable estabilidad laboral y la imprescindible libertad contractual; y b) la segunda va referida a la todavía más obvia consideración de que la indemnización únicamente procederá cuando la falta de prórroga contractual proceda de la exclusiva voluntad de la entidad deportiva y no -como es lógico-cuando ambas partes estén acordes en no prolongar la vida del contrato o sea el propio deportista el que excluya aquella posibilidad novatoria.

CUARTO.- Reafirmación de la supletoriedad del artículo 49.1.c ET.

1. Planteamiento.

En su razonado Informe, el Ministerio Fiscal considera que el condicionante del artículo 21 del RD 1006 impide el juego supletorio del artículo 49.1.c ET, dada la temporalidad del contrato deportivo; además, si el legislador hubiera querido establecer para ella alguna consecuencia indemnizatoria en relación con la extinción por cumplimiento del tiempo pactado, lo habría hecho, tal y como acredita la circunstancia de que el supuesto se contemple en la regulación de otras relaciones laborales de carácter especial.

La tesis defendida por el Ministerio Público equivaldría a la rectificación de la doctrina acogida por nuestra STS de 21 marzo 2014 (rec. 61/2013), al igual que la presente, dictada en Pleno.

Digamos ya que consideramos del todo válidas las numerosas razones acogidas por nuestra sentencia de 2014 para concluir que el artículo 49.1.c ET juega de forma supletoria en los casos de terminación del contrato de los deportistas profesionales. Además, el tiempo transcurrido desde entonces ha venido a aportar argumentos adicionales desde la perspectiva del trato igual a quienes tienen un contrato de trabajo especial. Mencionaremos tres ejemplos.

2. La STS 1069/2016 de 20 diciembre (rec. 535/2015 (LA LEY 199307/2016)).

La STS 1069/2016 de 20 diciembre (rec. 535/2015 (LA LEY 199307/2016)) aborda el problema de si un futbolista profesional que ha cumplido ya los treinta años puede ser declarado afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, sin que se discuta la contingencia ni las lesiones invalidantes.

La sentencia recurrida se había centrado en la actividad del trabajador, considerando que en el fútbol de competición el cumplimiento de los treinta años comporta una edad a la que es lógico ir abandonando la profesión; por lo tanto, rechazaba que sus lesiones invalidantes pudieran ser constitutivas de una incapacidad permanente total, como en el resto de profesiones.

Por cuanto ahora interesa, nuestra sentencia 1069/2016 de 20 diciembre (rec. 535/2015 (LA LEY 199307/2016)) aplica la regulación común y acepta la argumentación según la cual no existe norma alguna que impida el acceso a la incapacidad en cualquiera de sus grados a los deportistas profesionales a partir de una determinada edad. Y es que "el RD 1006/1985 de 26 de junio (LA LEY 1635/1985), que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales no establece especialidad alguna en relación con la edad de estos profesionales", además de que "no existe norma alguna que impida a un futbolista el ejercicio de su profesión a la edad en el caso cuestionada -de 30 años-".

3. La STJUE de 26 de febrero de 2015 (LA LEY 6614/2015) (C-238/14), Comisión contra Luxemburgo.

La STJUE de 26 de febrero de 2015 (LA LEY 6614/2015) (C-238/14; Comisión contra Luxemburgo) declara que el Gran Ducado incumple la Directiva 1999/70/CE (LA LEY 7675/1999) al excluir de las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada a los trabajadores temporales en el sector del espectáculo. Recordemos su parte central:

Aun suponiendo que la normativa nacional controvertida persiga el objetivo invocado por el Gran Ducado de Luxemburgo, a saber, procurar una cierta flexibilidad y ventajas sociales a los trabajadores temporales del sector del espectáculo ofreciendo a sus empresarios la posibilidad de contratar a estos trabajadores de manera recurrente sobre la base de contratos de trabajo de duración determinada, tal objetivo no puede hacer que esta normativa sea conforme con la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, ya que no permite demostrar la existencia de circunstancias específicas y concretas que caractericen la actividad de que se trate y que, por tanto, puedan justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada (& 50),

4. La STJUE de 25 de octubre de 2018 (LA LEY 143871/2018) (C-331/17), Sciotto.

La STJUE de 25 de octubre de 2018 (LA LEY 143871/2018) (331/17; Sciotto) aborda el caso de una Bailarina de la Ópera romana, contratada de manera temporal y sucesivamente prorrogada durante cinco años. El problema surge porque los trabajadores del sector de las fundaciones líricas y sinfónicas no tienen derecho, incluso en caso de abuso, a la recalificación de sus contratos de trabajo de duración determinada en relación laboral de duración indefinida y tampoco pueden acogerse a otras formas de protección, como la fijación de un límite a la posibilidad de recurrir a los contratos de duración determinada.

La sentencia alerta sobre la posible existencia de "una discriminación entre los trabajadores de duración determinada del citado sector y los trabajadores de duración determinada de los demás sectores" (& 71)

El Tribunal concluye que la Directiva 1999/70 (LA LEY 7675/1999) se opone a que la actividad (artística) en fundaciones líricas y sinfónicas quede al margen de las normas sobre conversión en fijos de los contratos temporales abusivos si no hay otra medida efectiva que sancione tales abusos.

5. Conclusión.

El artículo 21 del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) ordena la aplicación supletoria de las normas comunes; esa la regla general. La excepción surge respecto de previsiones normativas que sean "incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales". No hay obstáculos derivados de las peculiaridades de la actividad deportiva que se opongan al juego del artículo 49.1.c) ET. Y la pertenencia a un sector de actividad (aquí, el deporte) no puede justificar que la contratación temporal quede al margen de las garantías o derechos que poseen la personas con contrataciones de duración determinada en otros ámbitos funcionales.

Además, el juego supletorio del artículo 49.1.c) contribuye a minorar las diferencias entre relaciones especiales y comunes, en particular, evitando injustificadas discriminaciones entre trabajadores temporales de tipo común y trabajadores temporales de tipo especial.

En esa línea se mueven los pronunciamientos tanto de esta Sala cuanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como en 2014, afirmamos que la peculiaridad de las actividades deportivas no es, por sí sola, bastante para descartar el juego de las reglas propias del régimen contractual común sobre terminación del contrato de trabajo o sobre temporalidad.

QUINTO.- Aplicación del artículo 49.1.c ET a todos los contratos regulados por el Real Decreto 1006/1985 (LA LEY 1635/1985).

Una vez que hemos reafirmado la aplicación, por vía supletoria, del régimen indemnizatorio contemplado en el artículo 49.1.c ET a los contratos disciplinados por el RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985), debemos aquilatar las consecuencias de que quien finaliza su contrato pueda identificarse como deportista "de élite".

1. Alcance de la afirmación contenida en la STS 26 marzo 2014.

En el apartado 8 del Fundamento Tercero hemos reproducido el pasaje en que basa su posición la sentencia recurrida (remitiéndose a la del Juzgado), confiriendo al concepto de "deportista de élite" una dimensión remuneratoria y una virtualidad excluyente de la expuesta supletoriedad del artículo 49.1.c ET. Sobre este particular, hemos de comenzar poniendo de relieve que el pasaje de referencia no posee tal contundencia y finalidad.

Primero, porque es una de las "dos elementales reflexiones" que acompañan a la conclusión principal y no se formula como exclusión, sino como complemento argumental.

Segundo porque lo que se hace es restar importancia a un argumento contrario a la tesis acogida. Ésta se mantiene ("no debe verse enturbiada") aunque en el mundo del deporte profesional otros colectivos sean ajenos al problema de la estabilidad y estén más pendientes de recuperar su libertad para renegociar condiciones más favorables.

Tercero porque lo advertido por la sentencia es que "la cuestión de que tratamos" (un conflicto colectivo promovido por asociación empresarial) es ajena a la que acaece cuando quien finaliza el contrato temporal es una persona en condiciones de imponer sus condiciones laborales al empleador. Dicho en positivo: la discusión "está dirigida a la inmensa mayoría de profesionales que desempeñan su actividad con resultados más humildes" y "cuyos intereses se sitúan entre la deseable estabilidad laboral y la imprescindible libertad contractual".

Cuarto, porque el recurso al concepto "deportista de élite" no remite a una categoría de alcance normativo (por más que ciertas normas autonómicas la acuñen como referida a quienes reciben ayudas públicas en función de sus méritos) sino que aparece como una locución gráfica para llamar la atención sobre la procedencia de haber interpuesto un conflicto colectivo en que se debatiera la cuestión.

Quinto, porque la sentencia distingue la virtualidad de la segunda hipótesis ("la indemnización únicamente procederá cuando....") y la de la primera ("no debe verse enturbiada...."), siendo errónea la lectura parificadora de los efectos que una y otra posean.

Sexto, porque pese a tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo, el contenido de esa reflexión no trasciende al fallo, siendo evidente que así se hubiera hecho si fuese la intención de nuestro pronunciamiento.

Séptimo, porque si se acepta que el deportista profesional tiene derecho a la indemnización del art. 49.1.c ET a la extinción de su contrato, con invocación del art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), en tanto que con el otorgamiento de la previsión indemnizatoria se satisfacen las exigencias del principio de igualdad y "se elimina una desigualdad de tratamiento que se nos presenta contraria al indudable proceso de laboralización de las relaciones especiales de trabajo", sería extraño eliminar la consecuencia para un grupo de aquéllos.

En fin, con independencia de que el Ministerio Fiscal pueda tener más o menos razón cuando advierte "la dificultad de fijar con alguna seguridad lo que haya de entenderse como deportista de élite", lo cierto es que la introducción de ese concepto no puede servir para restringir el alcance subjetivo de la indemnización por término del contrato sino, más bien, para significar que buena parte del colectivo no está en condiciones de superioridad a la hora de renegociar la renovación de su contrato y que a una minoría no le preocupaba el eventual devengo de un pequeño premio por fin de su relación laboral.

2. El nivel de ingresos y el devengo de la indemnización litigiosa.

En todo caso, resolviendo las innegables dudas generadas por nuestra reiterada STS de 2014, debemos afirmar con claridad que la aplicación del artículo 49.1.c ET a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del RD 1006/1985 (LA LEY 1635/1985) no puede depender de su mayor o menor nivel retributivo. Los argumentos que en ella se recogen para concluir a favor de la aplicación supletoria, así como los expuestos en el Fundamento Cuarto, abogan a favor de ello. Añadamos alguna otra reflexión para reforzar nuestra resolución.

A) Dándose los presupuestos de laboralidad (art. 1.1 ET), el legislador no establece un tope retributivo a partir del cual las personas que lo superan queden al margen de los derechos laborales, sino que se preocupa de garantizar lo contrario: que nadie quede por debajo de lo suficiente para satisfacer las propias necesidades y las del círculo familiar (art. 35.1 CE (LA LEY 2500/1978); art. 27 ET).

Cuando la empresa debe abonar una indemnización como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo no aparece tope alguno que conduzca a minorarla, toparla o, mucho menos, excluirla. La consulta de los artículos 40 (movilidad geográfica), 41 (modificación sustancial de condiciones de trabajo), 50 (extinción causal), 51 (despido colectivo), 53 (extinción por causas objetivas) y 55 (despido disciplinario), así como de la abundante doctrina sobre su alcance así lo confirma.

B) La toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial (art. 33 ET), cuando se afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador (art. 27.2 ET) o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador (art. 32 ET).

Pero cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las relaciones laborales de carácter especial.

C) Al margen los supuestos formativos o de interinidad, el artículo 49.1.c) ET se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término, con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo.

Si la regla, así de incondicionada, juega supletoriamente respecto de los deportistas contemplados en el RD 1006/1981 (LA LEY 1081/1981) y no aparece razón válida alguna para eludirla cuando estemos ante los catalogables como "de élite" la conclusión no puede ser otra que la de estimar la demanda interpuesta por el Sr. Darío.

3. Naturaleza de la indemnización.

Carece de sentido la indagación sobre el real perjuicio que el término de su contrato haya supuesto para el futbolista demandante. No estamos ante una compensación de daños y perjuicios, al modo de la responsabilidad civil común, sino ante el devengo automático de una cantidad por terminación del contrato. Al efecto basta con recordar las indicaciones que hay en el punto 4 del Fundamento Tercero.

SEXTO.- Resolución.

A la vista de cuanto llevamos expuesto estamos ya en condiciones de resolver de manera frontal el recurso, lógicamente en sentido estimatorio.

1. Estimación del recurso de casación.

En aplicación de todo lo expuesto, oído el Ministerio Fiscal, se impone la estimación del recurso y la revocación de la sentencia recurrida, que alberga doctrina errónea.

El demandante ha reclamado por tal concepto 34.576,25 €, cantidad que no aparece cuestionada por la entidad empleadora ni en su monto, ni en su ajuste a las previsiones de la Disposición Transitoria Octava del ET.

2. Debate planteado en suplicación.

A) El artículo 228.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) dispone en su primer tramo que "Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada". Puesto que la sentencia recurrida posee doctrina contraria a la que venimos sosteniendo y debemos anularla, también debemos resolver lo procedente sobre el recurso de suplicación interpuesto en su día por el trabajador.

B) El recurso de suplicación, con adecuado soporte documental, interesaba la adición de dos nuevos hechos probados sobre las intenciones del Club (no contando con los servicios del trabajador) o determinadas circunstancias personales del mismo (lugar de residencia), pero que ni fueron admitidas por la sentencia de suplicación, ni podemos incorporar al debate en esta fase casacional, dadas las limitaciones inherentes a este excepcional y extraordinario recurso que ahora resolvemos.

El recurso de casación para la unificación de doctrina no permite revisar los hechos probados, por lo que hemos de partir de la crónica judicial de instancia, no alterada en su día por el TSJ.

Lo que sí resulta necesario es clarificar el alcance de tales hechos probados, cosa que hacemos de inmediato.

C) Que el Club activase la normal terminación del contrato temporal implica que, con independencia de las gestiones que el trabajador llevase a cabo en orden a su ulterior contratación por otro equipo, no estamos ante el supuesto contemplado por la segunda de las "elementales reflexiones" acogidas por nuestra STS de 2014 para descartar el abono de la indemnización. A saber, que solo se abona "cuando la falta de prórroga contractual proceda de la exclusiva voluntad de la entidad deportiva". Puesto que el presente debate (precisar si un deportista que cobra por encima de lo previsto en el convenio colectivo debe considerarse "de élite" y quedar al margen de la indemnización por fin de contrato) no versa sobre tal hipótesis, tampoco debemos examinarla nuevamente. El futbolista se incorpora de inmediato al Alavés, pero ello no es expresivo de que el contrato que le vinculaba con la demandada hubiese finalizado a su instancia, como tampoco que fuera de mutuo acuerdo. Por tanto, la hipótesis queda al margen de nuestro estudio. Y lo que nadie discute es que la indemnización se devenga aunque la terminación del contrato vaya seguida por la inmediata.

D) El recurso de suplicación considera vulneradas las mismas normas que el de casación unificadora, por lo que para justificar su éxito es suficiente con dar por reproducidas las consideraciones de los Fundamentos Cuarto y Quinto.

La estimación del recurso de suplicación comporta que revoquemos la sentencia del Juzgado de lo Social. Y que estimemos la demanda de cantidad interpuesta por el trabajador, en reclamación de la indemnización contemplada en el artículo 49.1.c ET.

3. Costas.

El artículo 228.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) acaba prescribiendo que "En la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolverá lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicación de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido depósito para recurrir, se acordará la devolución de su importe".

El artículo 235.1 LRJS (LA LEY 19110/2011) contempla la imposición de costas a la parte vencida en el recurso, pero solo por referencia a quien posee la condición de recurrente, no de recurrido. Por lo tanto, al estimarse los recursos del trabajador no procede imponer costas a la SAD Agrupación Deportiva Alcorcón.

Por otro lado, a lo largo del procedimiento no ha sido preciso constituir depósito o consignar cantidad alguna.