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La asociación demandante pretende que se anule y revoque dicha declaración de utilidad pública. Para ello relata los aspectos que considera más relevantes del expediente administrativo, con especial detalle de los hechos consignados en el recurso de reposición que dedujo en su momento ante la Administración; a continuación, considera concurrentes varios motivos que impiden la declaración efectuada, en concreto, por entender que los fines estatutarios no promueven el interés general, que la actividad de la asociación beneficia únicamente a sus asociados, que existen contradicciones en las cuentas anuales que no muestran la imagen fiel del patrimonio y que se han producido irregularidades en los informes emitidos por las Administraciones Públicas sobre los fines y las actividades de la asociación codemandada. En la fundamentación jurídica se detiene en justificar su legitimación y en desarrollar los incumplimientos denunciados de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LA LEY 497/2002), en concreto, del artículo 32.1.a ) y b), y del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre (LA LEY 30/2004) , sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

El abogado del Estado, tras reseñar la configuración jurídica de la declaración de una asociación como de utilidad pública, tal y como expuso esta Sección en la sentencia de 25 de mayo de 2011 (recurso número 969/2009 ) -que copia, aunque no cita, otras anteriores, como la sentencia de 23 de abril de 2008 (recurso 825/2006 )-, afirma la legalidad de la resolución impugnada, no siendo los argumentos utilizados por la Administración arbitrarios ni caprichosos, sino razonables, destacando el carácter determinante del informe del Ministerio de Economía y Hacienda al estarse ante un procedimiento reglado.

La asociación demandada, destinataria de la declaración de utilidad pública, precisa alguno de los hechos consignados en la demanda para, en los fundamentos de derecho, comenzar invocando la falta de legitimación activa de la actora, reparando en los fines perseguidos por la demandada y las notas que caracterizan la legitimación en el contencioso-administrativo, negando luego que se incumplan los requisitos de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) y los del Real Decreto 1740/2003 (LA LEY 30/2004), rebatiendo los argumentos desplegados por la demandante.

SEGUNDO.- Vistos los términos en los que el proceso ha quedado planteado, ha de comenzarse precisando que, aunque en la contestación a la demanda formulada por el abogado del Estado se postula la "inadmisibilidad" del recurso contencioso-administrativo "por la causa expresada" , la lectura de dicha contestación revela que no se alega y, mucho menos, se razona sobre la concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad previstas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LA LEY 2689/1998).

Por el contrario, en la contestación de la asociación codemandada sí se plantea formalmente y se desarrolla la concurrencia de la causa de inadmisibilidad de falta de legitimación, prevista en el artículo 69.b) de la Ley de esta Jurisdicción , y que, por evidentes razones jurídico-procesales, requiere su examen con anterioridad a cualquier otra cuestión.

A este respecto, resulta acertada la invocación por la asociación demandante de la sentencia de esta Sección de 15 de noviembre de 2017 (recurso 581/2016 ), en la que se analizó una alegación similar en el curso de un proceso seguido por otra asociación a la que se revocó la declaración de utilidad pública inicialmente concedida, en virtud de la estimación de un recurso administrativo de reposición deducido por la misma asociación aquí demandante, y que en el indicado proceso compareció como parte codemandada.

En la sentencia citada se comparten los argumentos ofrecidos por la Administración en la vía administrativa para apreciar el interés legítimo de la Asociación de Abogados Cristianos en atención a sus fines estatutarios exponiendo que:

"El artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992) , confiere la condición de interesado, en su apartado c) a: "Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva".

Con carácter de generalidad la doctrina jurisprudencial ha afirmado que el título legitimador para el ejercicio de la acción es que de la actividad impugnada se derive para el particular un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), los cuales no han de ser necesariamente de naturaleza jurídica, sino que también pueden ser de otra índole, como es el caso de los perjuicios morales.

El interés legítimo que puede ser tanto directo como indirecto, de carácter patrimonial o moral. Este carácter legítimo equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica (o de desventaja o perjuicio) por parte de quien actúa la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta.

Y tratándose de asociaciones es necesario tener en consideración los fines estatutarios de la entidad en orden a valorar el interés que respecto de los mismos se derive del ejercicio de la acción pretendida por la asociación, como razón de ser de la expresión del interés legítimo que deriva su actuación en vía administrativa y judicial.

En el supuesto de autos, como recoge el acto impugnado y reafirma la Abogacía del Estado, la Asociación de Abogados Cristianos tiene entre sus fines "la Defensa y la protección de la vida humana, de la concepción a la muerte natural" y, entre las actividades a realizar, le corresponde "y exteriorizar su criterio sobre la legislación, jurisprudencia y temas de interés general, mediante conferencias, cursos, declaraciones y otros medios adecuados" y "realizar toda forma de presentación, petición o actos necesarios para le defensa de los principios de la Asociación y de los intereses profesionales".

De donde, la concesión de la declaración de utilidad pública a la Asociación actora, con lo que ello conlleva del reconocimiento administrativo de una cualidad especial, beneficios fiscales y fomento e incremento en su participación en cuestiones de interés general, y en cuanto le constaba la infracción de la normativa sobre la publicidad de determinados medicamentos, hecho desconocido por la Administración concedente, afectaba a los intereses legítimos que dimanan de los fines de la codemandada, susceptible de generarla "un potencial perjuicio ilegítimo temido, de contenido moral" ( sentencia del Tribunal Constitucional 60/1982 (LA LEY 7216-JF/0000) ).

Como dice la Abogacía del Estado, la revocación de la declaración de utilidad pública a la Federación ahora recurrente reporta un beneficio o ventaja de carácter moral a la Asociación que interpuso el recurso de reposición, que va más allá de la mera defensa de la legalidad, base de la legitimación activa que se le reconoció en vía administrativa."

En el presente asunto, la Administración ni siquiera cuestionó en la vía administrativa la legitimación para interponer el recurso de reposición, desestimándolo por razones de fondo, y, según se ha dicho, tampoco la ha rechazado en este proceso, siendo la codemandada quien la niega.

Ahora bien, atendido lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , no cabe sino llegar a la misma conclusión plasmada en la sentencia referida en cuanto a la admisión de la legitimación, bien que ahora referida a la legitimación procesal activa.

En efecto, si bien la letra a) del citado artículo 19.1 atribuye legitimación a las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo, la letra b) extiende la legitimación a, entre otros sujetos, las asociaciones que resulten afectadas o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos y, en el caso, en los estatutos de la asociación demandante figura entre sus fines "la defensa y la protección de la vida humana, de la concepción a la muerte natural" [artículo 3 c) de los estatutos], para cuya consecución se prevé "realizar toda forma de presentación, petición o actos necesarios para la defensa de los principios de la Asociación y de los intereses profesionales" [artículo 4 g) de los mismos estatutos], lo que, unido a las consecuencias de la declaración de utilidad pública de la asociación codemandada, relacionados sucintamente en la parte que se ha trascrito de la sentencia citada, y a que entre sus fines primordiales aparecen los de "Defender el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla" y "Defender la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para enfermos avanzados que libremente desean liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable" (artículo 2.1 y 3 de sus estatutos), acredita la legitimación para acudir a la vía judicial impugnando aquella declaración, siendo, en consecuencia, desestimable la excepción de falta de legitimación.

TERCERO.- Pasando al examen de los motivos de impugnación desplegados en la demanda, conviene invertir el orden en el que han sido invocados, comenzando por el relativo al procedimiento seguido para declarar la utilidad pública de la asociación codemandada.

En cuanto al procedimiento a seguir para declarar la utilidad pública de una asociación, el apartado 1 del artículo 35 de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) se limita a disponer que tal declaración "se llevará a cabo en virtud de Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, previo informe favorable de las Administraciones públicas competentes en razón de los fines estatutarios y actividades de la asociación y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda" , remitiendo, en el apartado 3 del mismo artículo, al reglamento el detalle del "procedimiento de declaración -y revocación-" .

Es el Real Decreto 1740/2003 (LA LEY 30/2004) el que precisa los trámites, de los que interesa destacar que, conforme al apartado 4 del artículo 3 , una vez aportada la documentación requerida, "el instructor del procedimiento remitirá copia de la solicitud y de todo el expediente a aquellos ministerios y Administraciones públicas que tengan competencias en relación con los fines estatutarios y actividades de la asociación [...] y, en todo caso, al Ministerio de Hacienda, para que se informe sobre la concurrencia en la asociación de los requisitos legales exigibles y la procedencia de efectuar la declaración de utilidad pública" , añadiendo que "En particular, cada uno de los órganos informantes deberá valorar, desde el punto de vista de sus competencias, en qué medida considera que los fines estatutarios tienden a promover el interés general, y que la actividad de la asociación no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los fines de la asociación de que se trate" . Además, en el apartado 4 del mismo artículo 3 precisa el plazo para la emisión de los informes, previendo que, transcurrido el cual sin haberse recibido, se formulará informe-propuesta, salvo en el caso del informe del Ministerio de Hacienda, "que tendrá carácter preceptivo y determinante" .

En el expediente administrativo constan los siguientes datos con respecto a lo que ahora interesa:

- Se solicitó informe a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, que fue contestado advirtiendo de que la asociación "no figura inscrita en el Registro de entidades de acción social y servicios sociales de la Comunidad de Madrid" , así como señalando que, en razón a los fines de dicha asociación y en consideración al sector de atención que constituye el objeto de la actividad de la asociación, tras recabar informe de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, de la Dirección General de la Familia y el Menor y de la Agencia Madrileña de Atención Social, se concluyó que "no procede emitir informe" .

- Se solicitó informe al Ayuntamiento de Madrid, respondiendo la Dirección General de Relaciones con los Distritos y Asociaciones indicando que la asociación solicitante no figura en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, no teniendo conocimiento de la actividad de la asociación que permita informar sobre la procedencia o no de concesión de la declaración de utilidad pública.

- Se solicitó informe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que fue emitido en sentido favorable a la declaración de utilidad pública.

A la luz de todo ello, teniendo en cuenta que los informes persiguen contribuir a la formación de la voluntad del órgano decidor, así como la doctrina expuesta acerca de su valor por el Tribunal Constitucional en la sentencia 134/2006, de 27 de abril (LA LEY 43854/2006) , cabe concluir con que se ha respetado el procedimiento establecido en sus trámites esenciales sin que las alegaciones de la demandante afecten a su regularidad y, mucho menos, determinen la consecuencia que pretende.

En efecto, recabado y emitido el informe por la Agencia tributaria, en el indicado sentido favorable a la concesión, la circunstancia de que, para la actora, los informes pedidos a las autoridades autonómicas y locales debían haber sido solicitados de otros órganos que, a su entender, eran más aptos para emitirlos, no constituye ningún supuesto de nulidad de pleno derecho de los previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015) , y sólo podría conducir a una anulación del procedimiento con retroacción de actuaciones, que no se postula en la demanda, cuando, conforme al artículo 48.2 de la misma Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015) , el acto careciera de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, que no es el caso, o dé lugar a la indefensión de los interesados, que tampoco se ha producido, dada la caracterización de aquellos informes, siendo claro que, atendidas las denominaciones de los órganos a los que se pidió informe y los fines de la asociación informada - todos ellos, no alguno aisladamente considerado-, no hay siquiera una incompetencia manifiesta, por más que la apreciación de la recurrente pueda se otra y se base en meras hipótesis acerca del sentido en el que se hubieran redactado por aquellos otros órganos autonómicos y locales.

CUARTO.- Corresponde ahora examinar las alegaciones de la demandante en cuanto a los requisitos que dice se incumplen por la codemandada de los establecidos en el apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) para la obtención de la declaración de utilidad pública, relativas a los fines estatutarios, a los beneficiarios de las actividades de la asociación y a las cuentas anuales, que han de examinarse en relación con la obtención de la declaración, es decir, sin perjuicio de que, si con posterioridad se dejan de cumplir, pueda, aparte de por otros motivos, proceder la revocación en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 35 de la misma Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) .

Conviene añadir que, según reiterada jurisprudencia, la concesión de la declaración de utilidad pública no constituye una potestad discrecional de la Administración, sino que se trata de una decisión reglada, en el sentido de que "no resulta jurídicamente posible que ante la concurrencia de todos los requisitos relacionados legalmente se deniegue tal declaración, del mismo modo que ante el incumplimiento de alguna de tales exigencias se acuerde, no obstante, la declaración de utilidad mencionada" (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2010 y las que han seguido).

1. La letra a) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) señala, como uno de los requisitos que han de concurrir para que pueda declararse la utilidad pública de una asociación, el de "Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley , y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza" .

La asociación demandante entiende que se incumple este requisito ya que no promueven el interés general los fines estatutarios de la asociación codemandada, involucrada en distintos procedimientos judiciales, habiendo sido condenado penalmente su presidente, enunciándose algunos fines que resultan contrarios al derecho a la vida consagrado en el artículo 15 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , entendiendo, en suma, que no cabe declarar la utilidad pública de "una entidad que promueve la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido -fin legítimo, pero no calificable de interés público- y que dirige sus actividades, al borde de la legalidad, para la consecución de tales fines" .

Para dar la respuesta jurídica que corresponde a esta objeción hay que tener presentes los estatutos de la asociación codemandada, cuyo artículo 2, "Fines" , dice:

"La Asociación tiene como fines primordiales:

1. Defender el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla.

2. Defender los derechos del ciudadano al final de su vida:

a. A la información clínica.

b. A decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles (consentimiento informado).

c. A la intimidad.

d. A negarse al tratamiento y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.

e. A expresar anticipadamente su voluntad en el testamento vital, documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas.

f. Al alivio del sufrimiento, accediendo a una medicina paliativa de calidad que sea respetuosa con sus valores y sus creencias.

g. A evitar tratos inhumanos o degradantes, recurriendo a la sedación paliativa (morir dormido) si esa es su voluntad.

3. Defender la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para enfermos avanzados que libremente desean liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable.

4. Ayudar al socio al final de su vida mediante los recursos de los que, en cada momento, disponga la asociación."

La lectura de los anteriores fines permite considerarlos incluidos entre los reseñados en la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002), sin que se advierta contradicción alguna con los valores, principios y derechos recogidos en la Constitución que es de lo que, esencialmente, discrepa la actora.

En concreto, en cuanto al derecho a la vida, el Tribunal Constitucional en la sentencia 53/1985, de 11 de abril (LA LEY 9898-JF/0000) , declaró que, "reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible" , atribuyéndole en la sentencia 120/1990, de 27 de junio (LA LEY 1761-JF/0000) , "un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte" , pero añadiendo en la misma sentencia que "Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho" .

Por último, hay que precisar que no consta que la asociación, en cuanto tal, haya sido condenada por la comisión de algún delito o de alguna infracción administrativa, sin perjuicio de que haya podido serlo alguno de sus miembros o directivos, estando ante un supuesto distinto del contemplado por esta Sección en la referida sentencia de 15 de noviembre de 2017 , que consideró conforme a Derecho la revocación, en virtud de un recurso administrativo de interposición, de la inicial declaración de utilidad pública de una Federación que había sido sancionada por publicitar unos fármacos de manera ilegal, rechazando que pueda servirse al interés general vulnerando la normativa reguladora de la actividad, ya que, cabe reiterar, no consta que se haya impuesto alguna sanción a la codemandada por el desarrollo de sus actividades.

2. La letra b) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) , exige, para poder obtener la declaración de utilidad pública de una asociación "Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines" .

Sostiene la asociación demandante que la actividad de la asociación codemandada beneficia únicamente a sus asociados, resaltando que, en "las octavillas" que reparte, figura que , "para ciertos servicios" se exige ser socio e, incluso, tener un mínimo de antigüedad.

Según se observa, la propia actora admite que la exigencia de estar asociado no es general, sino para beneficiarse de "ciertos servicios" , lo que supone que el resto de actividades están abiertas a cualquier otro posible beneficiario. A este respecto, resulta admisible que, junto a las actividades principales, accesibles al público en general, existan algunas de acceso restringido, en el sentido de que lo determinante es la índole y la importancia de esas actividades o servicios, de modo que únicamente si las de mayor relevancia, en atención a los fines estatutarios perseguidos, son la reservadas a los asociados, se incumpliría el requisito legal, lo que aquí no se ha acreditado.

3. La letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 1740/2003 (LA LEY 30/2004) obliga a acompañar a la solicitud de declaración de utilidad pública las "Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica, que muestre la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad [...]" .

Entiende la asociación demandante que hay "contradicciones en las cuentas anuales aportadas que no muestran la imagen fiel del patrimonio" de la codemandada, incumpliéndose la anterior exigencia normativa, aunque también se refiere a la posibilidad de revocación por la no rendición de cuentas en los términos exigidos.

Ahora bien, de entrada ha de tenerse en cuenta que la aportación de las cuentas anuales no se establece en el apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) como un requisito para obtener la declaración de utilidad pública, sino que se anuda al mantenimiento de la declaración, a cuyo respecto ha indicado esta Sección que "la declaración de utilidad pública de una asociación, en cuanto medida de fomento que es, constituye el reconocimiento administrativo de dicha cualidad, lo que implica una serie de derechos y de obligaciones. Estas últimas se concretan en el artículo 34 de la citada Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) y son, fundamentalmente, dos: rendir cuentas anualmente y facilitar a las Administraciones públicas los informes que se les requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines" , explicando las prevenciones que en dicho precepto se contienen con respecto a la rendición de cuentas, sujeta a distintos requisitos (entre las últimas, sentencia de 20 de enero de 2016, recurso 286/2014 ).

Es cierto que el Real Decreto 1740/2003 (LA LEY 30/2004) enuncia entre los documentos que han de acompañarse a la solicitud las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados y que éstas han de mostrar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, pero de ello no puede considerarse que se esté ante un nuevo requisito con sustantividad propia, pues sólo ha de cobrar sentido en relación con los requisitos recogidos en el apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 (LA LEY 497/2002) , permitiendo la comprobación de, por ejemplo, las retribuciones de los órganos de representación o la suficiencia de medios personales y material, así como de la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. Además, ha de reconocerse la posibilidad de subsanación en relación con la posible ausencia o insuficiencia de tales documentos, según resulta del apartado 3 del artículo 3 del mismo Real Decreto 1740/2003 (LA LEY 30/2004) .

Por otro lado, la existencia de las irregularidades denunciadas por la recurrente, dada la especificidad del ámbito del que se trata, precisan de un sustento técnico que no se ha aportado, pues en la demanda se exteriorizan las impresiones subjetivas de la parte, que no fueron advertidas por el órgano técnico de la Administración que emitió el informe favorable y que, según se ha dicho, aparecen desconectadas por los requisitos legalmente exigidos para obtener la declaración de utilidad pública.

QUINTO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, por lo que las costas, a tenor del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , han de imponerse a la parte demandante.