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PRIMERO.- La representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del inmueble de la CALLE000 nº NUM000 de Barcelona interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada el 29 de enero de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Barcelona en autos de juicio ordinario nº 867/2016. El referido procedimiento se inició en virtud de demanda interpuesta por D. JOAN PASCUAL ESQUIUS contra la recurrente en ejercicio de acción de impugnación de acuerdos comunitarios adoptados en la Junta de Propietarios celebrada el 19 de mayo de 2016, en concreto en los puntos del orden del día relativos a: la diferencia de costes del portero y su seguridad, recargo del 10 por ciento en retrasos del pago de cuotas y derramas, derrama extraordinaria para terminar con la existencia de ratas, derrama para la reparación de los canalones, y abono de gasto de telefonía, entre otros. La Comunidad demandada se opuso alegando que los acuerdos impugnados no son contrarios a la ley, ni al título de constitución, ni a los estatutos; así como tampoco son contrarios al interés comunitario ni gravemente perjudiciales para ninguno de los propietarios, habiendo sido adoptados con el quorum y régimen de mayorías legalmente exigibles.

Frente a dicha resolución se alza la demandada que recurre en apelación alegando la existencia de incongruencia extra petita por cuanto en la demanda se solicitaba únicamente que el acuerdo del recargo del 10% en caso de impago no afectara al actor, y la sentencia ha declarado la nulidad del acuerdo en general y para todos los copropietarios; y en segundo lugar el el error en la valoración de la prueba en relación a dicho recargo, que estima prudente dada su finalidad disuasoria y/o punitiva para el comunero que no cumpla con sus obligaciones de pago. La parte contraria se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución dictada en la instancia.

SEGUNDO.- En relación al presupuesto de congruencia debe señalarse, tal y como se expone en las STS del 16 de noviembre de 2016 (LA LEY 166238/2016) (ROJ: STS 5103/2016 ) y del 28 de febrero de 2018 (LA LEY 7067/2018) (ROJ: STS 646/2018 ), que exige una correlación entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta el petitum (la petición) y la causa petendi (causa de pedir) o hechos en que se fundamente la pretensión deducida. La incongruencia adquiere relevancia constitucional, pues infringe no solo los preceptos procesales ( art. 218 (LA LEY 58/2000)-1 LEC ) sino también el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) , cuando afecta al principio de contradicción porque se modifiquen sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses.

Como dice la última sentencia citada: " La delimitación de la cuestión litigiosa viene determinada por la demanda y por las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. En conclusión, hay incongruencia cuando en el pronunciamiento judicial se altera el objeto del proceso y se varían los términos en que se planteó el debate procesal, en tanto se vulnera el principio de contradicción y con ello el derecho de defensa.

Ciertamente, la correlación debe darse entre las pretensiones y el fallo, no necesariamente respecto de los argumentos empleados en la sentencia, pues esta concordancia entre las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia en que consiste la congruencia no puede ser interpretada como exigencia de un paralelismo servil del razonamiento de la sentencia con los argumentos de las partes, pues el respeto a la causa petendi de las pretensiones de las partes, esto es, el acaecimiento histórico o relación de hechos que sirven para delimitarlas, engarzado con el componente jurídico de la acción, es compatible con un análisis crítico de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo iura novit curia [el juez conoce el derecho].

Pero tiene el límite infranqueable de la mutación del objeto del proceso que provoque indefensión porque sustraiga a las partes el verdadero debate contradictorio y produzca un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes ".

TERCERO.- En cuanto al motivo de fondo del recurso, la validez del acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios, debemos recordar que el art. 553-45 CCCat . establece la obligación de todos los copropietarios a contribuir al pago de los gastos comunes en proporción a su cuota de participación o de acuerdo con las especialidades fijadas por el título de constitución, los estatutos o los acuerdos de la junta. Su impago genera un crédito preferente a favor de la comunidad (art. 553 - 47).Además, los elementos privativos están afectados con carácter real y responden de los importes que deben los titulares por razón de los gastos comunes, ordinarios o extraordinarios, y por el fondo de reserva ( art. 553-5 ).

No es cuestión pacífica si dicho recargo para el caso de impago de cuotas afecta o no al título constitutivo, dado que ello determina tanto el régimen de mayorías exigibles para la validez del acuerdo, como el plazo de ejercicio y por tanto la posible caducidad de la acción ejercitada. Esta Sala considera que tal acuerdo no supone una modificación del título constitutivo, pues ni se modifica el coeficiente de participación ni el importe de las cuotas (para los que se requeriría el acuerdo unánime conforme al art. 553-3-3), pues el propietario que cumple puntualmente las obligaciones que le impone el art. 553 CCCat que regula el régimen de Propiedad Horizontal, no sufre alteración alguna en la cuantía de sus cuotas (en igual sentido, SAP Málaga, sección 5, del 5 de diciembre de 2017 (LA LEY 243619/2017) (ROJ: SAP MA 3628/2017 ).

En consecuencia, todo lo expuesto conlleva la estimación del recurso y la revocación de la resolución apelada en el sentido de desestimar la demanda con imposición de las costas procesales de la instancia al actor (ex. art. 394 LEC (LA LEY 58/2000) ).

CUARTO.- Por aplicación de lo dispuesto en el art. 398 (LA LEY 58/2000)-2 LEC , al estimarse el recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.