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PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de esta ciudad en autos nº 1063/18, ha interpuesto recurso de suplicación el letrado de la empresa demandada al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b ) y c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , alegando cinco motivo de recurrir: en el primero interesa la modificación del hecho probado quinto de la resolución impugnada para el que propone la siguiente redacción:

"QUINTO: El 6-9-18 se procedió a instalar en dicho vehículo un geolocalizador CAL AMP, desconociendo la empresa que el Sr. Demetrio se iba a reincorporar a su puesto de trabajo.

De ello no se notificó al demandante ni al comité de empresa ni a UGT.

El GPS reporta directamente a los servidores de la empresa las 24 horas todos los días, sin que la empresa haya consultado en ningún momento la actividad del vehículo desde su instalación".

En el segundo interesa la adición de un nuevo hecho probado, de ordinal séptimo con el siguiente contenido literal:

" SÉPTIMO: Desde abril de 2018, como consecuencia del protocolo "Madrid Central", SECÚRITAS está realizando un proceso de sustitución y renovación de su flota de vehículos en Madrid, habiendo adquirido nuevos vehículos eléctricos o híbridos que cumplan con las exigencias del protocolo a fin de trasladar los vehículos Diésel a zonas excluidas del ámbito geográfico de "Madrid central". "

En el tercero alega la infracción de la doctrina jurisprudencia que cita en su escrito de recurso.

En el cuarto alega " la infracción de lo preceptuado en el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , así como de laJurisprudencia que se citará que, entendemos, ha sido infringida por la sentencia de instancia. "

En el quinto se denuncia " que la sentencia infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) (en adelante LEC) en relación con el artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y la jurisprudencia de aplicación, en tanto en cuanto incurre la misma en contradicción interna, por arbitraria motivación, al aceptar que, aun existiendo dispositivos de geolocalización instalados en más de 20 vehículos (H.P SEXTO), la instalación realizada en un vehículo constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical ."

Recurso que ha sido impugnado por el letrado del demandante en base a los motivos que se expresan en su escrito de fecha 28-1-2019 que se dan por reproducidos íntegramente.

SEGUNDO. - Las dos adiciones que la parte recurrente interesa en el primer motivo de la suplicación se refieren a NO HECHOS, pues al decir " desconociendo la empresa que (...) ", "sin que la empresa haya consultado en ningún momento la actividad (...)", no aporta datos reales, materiales sino que hace alusión a circunstancias que por su no existencia material y real pues, precisamente, menciona lo que no conoce y lo que no ha hecho no puede ser considerado como hechos positivos susceptibles de integrar el relato fáctico de la sentencia de la instancia porque no son relato fáctico. Lo que impide estimar este primer motivo de recurso.

TERCERO. - El contenido literal anteriormente transcrito del hecho que con ordinal séptimo interesa la parte recurrente que se añada a los hechos declarados probados de la sentencia del Juzgado no tiene ninguna relación para el fallo del litigio que resulta inocuo que la empresa demandada haya adquirido nueve vehículos por exigencias del tráfico en "Madrid central". Lo que es objeto del litigo es el dispositivo de localización GPS que había instalado en el vehículo que tenía asignado el demandante para un trabajo del que disponía todos los días del año. Es sólo lo ocurrido con este vehículo lo que tiene relevancia para el fallo y, en consecuencia, no puede ser estimado este segundo motivo del recurso por intrascendente e innecesario.

CUARTO. - En un cuarto motivo de recurrir, aunque alegado por vía del apartado c) del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , vuelve a referirse la parte recurrente a un desconocimiento a la hora de actuar a que desconocía la reincorporación del demandado al trabajo tras ser dado de alta en la situación de baja temporal; a no haber aportado ningún indicio con la suficiente entidad. Estas alegaciones ya han sido desestimadas por las razones jurídicas aducidas en los antecedentes, fundamentos de derecho segundo y tercero de esta sentencia por lo que no es necesario reiterarlos para no estimarlas. Lo relativo a que no ha aportado el demandante ningún indicio con la suficiente entidad para desplazar la carga de la prueba no procede ser resuelto no considerado en esta vía del apartado c) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) porque en cuanto prueba, practicada o no, sirve únicamente para determinar los hechos probados, lo que ya se ha realizado por la vía del apartado c), no del b) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) únicamente debe analizarse si las normas legales sustantivas se han aplicado debidamente al supuesto de hecho previamente descrito. No procede, por tanto, y ello lleva a la desestimación del tercer motivo del recurso entrar a considerar a que parte correspondía la carga de la prueba cuando en esta fase procesal ya se cuenta con los hechos declarados probados a los que debemos atenernos en aplicación de lo dispuesto en el art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) que regula los motivos que pueden alegarse en la suplicación.

QUINTO. - Una vez que por razones de índole procesal se ha resuelto el motivo cuarto, que se refería a la carga de la prueba y a los indicios, ya ha quedado definido el supuesto de suplicación de las normas legales sustantivas y de la doctrina jurisprudencial que el recurrente mantiene que se han explicado indebidamente en la instancia, en los motivos tercero y quinto del recurso que pueden ser resueltos de consuno. A tal efecto conviene traer a consideración los siguientes hechos:

A) El localizador GPS que la empresa instaló en el vehículo que había puesto a disposición del demandante, aunque fuera para su trabajo podía disponer del mismo todos los días del año y reportaba el GPS directamente a los servidores de la empresa las 24 horas todos los días (hechos probados cuarto y quinto).

B) De ello, de la instalación del GPS en el vehículo del que disponía no se notificó al demandante ni al Comité de Empresa, ni a la UGT, sindicato del que es delegado sindical en la empresa.

Del primer hecho citado en el apartado a) se deduce que el localizador no sólo proporcionaba a la empresa datos durante la jornada de trabajo del actor sino fuera de ella, también en las jornadas no laborables.

Sobre estos periodos temporales ajenos a la jornada laboral del actor la empresa no dispone de las facultades que el artículo 20 del E.T . le otorga al empresario pues lo son para la dirección y la organización del trabajo de sus empleados que obviamente sólo lo realizan durante el tiempo de trabajo o de la jornada laboral. Fuera de ello el empresario se extralimita en el uso de sus facultades que el mismo artículo 20 del E.T . antes citado dispone que deben utilizarlos de forma regular. Dicho de otro modo con observancia y cumplimiento de las reglas legales entre las que se encuentran el respeto a la protección de la intimidad del trabajador.

Del segundo hecho citado en el apartado b) se deriva que el empresario tenía un control exhaustivo de la localización del vehículo del que disponía el actor las 24 horas del día, todos los días del año y si tenía este conocimiento de la localización del vehículo lógicamente lo tenía también de su conductor. Lo que indudablemente es una invasión de su vida privada para la que no está facultado. Y si lo ha hecho sin advertirle de la colocación del GPS en el vehículo es de aplicación el aforismo legal "el alma del fraude es la ocultación". Esta ocultación indica es causa de una conducta fraudulenta por parte del empresario; y si a ello se añade que el demandante es delegado sindical de UGT en la empresa, sus circunstancias personales privadas se extiende a su condición sindical. De lo que se deriva que la irregular conducta del empresario no sólo violaría el derecho fundamental básico del actor a su intimidad que el Estatuto de los Trabajadores le reconoce artículos 4.2 e ); 18 y 19 ; sino también su derecho a la libertad sindical regulada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LA LEY 2063/1985). En conclusión el demandante se ha visto afectado con ello en su intimidad personal y a la libertad sindical como acertadamente se dice en el fallo de la sentencia de la instancia y lógicamente debe ser reconocida esa situación reiterando lo que le ha causado a su vez un daño moral que debe serle indemnizado como acertadamente se argumentaba en el fundamento de derecho séptimo de la meritada sentencia al que nos remitimos y damos por reproducido en aplicación del principio de economía procesal por el que no tiene que ser transcrito literalmente. El Tribunal asume plenamente los argumentos jurídicos en el mismo contenidos al no haberse impugnado en las suplicación no ha lugar a modificarse la suma de 12.000 euros impuesta en concepto de indemnización.

En definitiva no pueden ser estimados estos dos motivos tercero y quinto y, por ende, el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado.