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PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 (LA LEY 1694/1985), 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio (LA LEY 1694/1985), del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.2 y 2.s de la Ley 36/2011 (LA LEY 19110/2011), de 14 de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , se hace constar que los anteriores hechos declarados probados se han obtenido de los siguientes medios de prueba:

-Los hechos primero a octavo, del acta de infracción que obra en el expediente administrativo, reconocido de contrario.

-El hecho noveno, del escrito de alegaciones que obra en el expediente administrativo.

-El décimo, del informe de contestación a las alegaciones, que obra en el expediente administrativo.

-El undécimo, de la propuesta de resolución de la Jefatura provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de la Resolución del Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El aviso de notificación obra en la descripción 106 de autos.

-El duodécimo, del escrito de recurso y de la resolución desestimatoria del mismo, así como del aviso que obra en la descripción 141 de autos, todo incluido en el expediente administrativo.

-El decimotercero resultó pacíficamente admitido por ambas partes en el acto del juicio.

TERCERO.- Alegada por la demandante la caducidad del procedimiento sancionador, procede aclarar que no estamos en tal escenario.

El art. 20.3 del RD 928/1998, de 14 de mayo (LA LEY 2149/1998) , por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, establece que "El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por infracciones de orden social será de seis meses, que serán computados desde la fecha del acta hasta la fecha en que se dicte la resolución, produciéndose en caso de superación de dicho plazo la caducidad del expediente. (...)"

Contrariamente a lo razonado por la parte demandante, el dies a quo del plazo no es la fecha de la visita sino la fecha del acta, que es la que abre las posibilidades de oposición que pudiera hacer valer la demandante. Así lo indica clara y literalmente el precepto citado, que ha de aplicarse en sus exactos términos para seguridad jurídica de todos los implicados. Entre el 1 de octubre de 2018, fecha del acta, y el 18 de febrero de 2019, cuando se notifica la resolución, transcurren menos de 6 meses. Por tanto, el procedimiento sancionador no había caducado.

CUARTO.- El relato fáctico desvela que, durante la visita de la Subinspectora de Empleo y Seguridad Social al centro de la empresa demandante, se produjeron actos de obstrucción a su labor por parte del Gerente, tales como sus reiteradas intervenciones e interrupciones durante la toma de declaración a algunos de los trabajadores entrevistados. Esta situación, que aconteció a pesar de las advertencias de la Subinspectora, tuvo su corolario con la expulsión de esta última sin que se le permitiera continuar con la visita ni entregar digilencias ni citaciones.

Las circunstancias descritas se derivan de los hechos plasmados en el acta de infracción, que gozan de presunción de certeza conforme a reiteradísima y pacífica doctrina.

Conforme dispone el art. 53.2 LISOS , "los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados."

En esta línea, el Tribunal Supremo mantiene que "las actas que levanta la Inspección de Trabajo gozan, sobre los hechos en ellas recogidos, de la presunción de certeza (iuris tantum) que la Ley les otorga" (por todas, STS 1028/2016 de 01/12/2016 (LA LEY 186712/2016) ). Y en Sentencia 14/2019 de esta Sala, de 07/02/2019 , dijimos que la presunción de inocencia queda neutralizada una vez que se consideran probados los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, "con base a la presunción de certeza de los hechos del Acta de Infracción, que fueron constatados directamente por los funcionarios actuantes, sin que el demandante, como adelantamos más arriba, haya desvirtuado dicha presunción, siendo criterio reiterado y pacífico en la doctrina judicial, por todasSTSJ Castilla y León (Burgos) 9-02-2017, rec. 23/17 (LA LEY 20248/2017); STSJ Galicia18-09-2018, rec. 1668/18 ,STSJ Cataluña 1-10-2018, rec. 2617/18 (LA LEY 170373/2018)ySTSJ Extremadura 15-10-2018, rec. 425/16 (LA LEY 167871/2018), que la presunción de inocencia cede, como no podría ser de otro modo, ante la prueba útil, que acredite la concurrencia de los hechos ilícitos, lo cual ha sucedido aquí."

QUINTO.- Correspondía a la empresa demandante demostrar que los hechos reflejados en el acta no se ajustaban a la realidad, lo que, a juicio de la Sala, no ha conseguido.

En nada suaviza la obstrucción acaecida durante la visita, el que, posteriormente y a requerimiento y citación por parte de la Subinspectora, la empresa aportara la documentación solicitada para entonces. La visita cumple una finalidad específica que no pudo ser cumplida más que parcialmente debido a la actitud del Gerente, y que no queda subsanada por la entrega de documentación exigida con posterioridad.

Tampoco cabe atender a las hipótesis sobre si la Subinspectora podría haber entrevistado a trabajadores de camino hacia o desde las dependencias a las que se dirigía, pues, en el caso de haberse cruzado con alguien, el orden de las identificaciones forma parte de sus decisiones estratégicas.

Del mismo modo, el que la Subinspectora no acudiera a las fuerzas policiales para volver a entrar en el centro sólo indica que decidió no hacer uso de la potestad -no obligación- que le asistía en tal sentido, sin que por ello pueda deducirse la inexistencia de la obstrucción denunciada en el acta.

Pretende también desmentirse que la Subinspectora fuera expulsada del centro, alegando en la demanda que era imposible que el Gerente cerrara la puerta, al ser de apertura automática. A tal efecto, la empresa aporta fotografía de la presunta puerta, de cristal (descripción 15 de autos). Sin embargo, se ha acreditado que en el momento de los hechos la puerta era de madera maciza y no corredera, reconociéndose que fue sustituida con posterioridad a la visita, con lo que la alegación de la actora cae por su propio peso.

Mediante la prueba testifical ofrecida por Dña. Pilar , cocinera que se encontraba en la lavandería y que dijo haber presenciado la entrevista de la Subinspectora a uno de los empleados, la parte actora pretende desmentir que el Gerente interrumpiera y obstaculizara la libertad de respuesta de los trabajadores. Pero su testimonio no resulta coherente, pues mantuvo que el Gerente sólo saludó al llegar a la estancia con un "hola chicos", frente a lo que la Subinspectora le espetó "aquí quien hace las preguntas soy yo", lo que no sería lógico si D. Millán no había realizado pregunta alguna. En cualquier caso, reconoció que este último intervino dirigiéndose al trabajador Sr. Carlos María durante su declaración a la Subinspectora.

Respecto del número de trabajadores presentes en el centro, en el Acta consta que, a preguntas de la Subinspectora, el Gerente mencionó unas 60 o 70 personas. En la demanda se alude a unas 25 o 30 personas, y Dña. Socorro testificó a instancia de la demandante en calidad de trabajadora social adjunta al equipo de dirección, manifestando como razonable, a la vista de un certificado de la empresa aportado en la descripción 19 de autos, un listado de 23 trabajadores. Pero, a preguntas de la Sala, admitió ignorar la identidad de quien había confeccionado y suscrito el citado documento, que no fue ratificado por su autor ni reconocido de adverso, por lo que la Sala entiende que resulta inhábil para quebrar la presunción de veracidad del acta.

SEXTO.- El art. 50.4.a LISOS tipifica como infracción muy grave "Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad".

El art. 40.1.f.2 del mismo cuerpo legal contempla las sanciones correspondientes, siendo las calificadas como muy graves, en su grado mínimo, una multa de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros. Los criterios de graduación se residencian en el art. 39 de la LISOS , que menciona, a estos efectos, "la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor (...) incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, (...) número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso", etc.

La Sala concluye que los hechos descritos y declarados probados desvelan una actitud obstruccionista intencionada, con incumplimiento de reiteradas advertencias y afectación a un número significativo de trabajadores, sin que la empresa haya conseguido desvirtuar ninguno de los extremos referidos. Consecuentemente, se entiende que la sanción, impuesta en su grado medio, resulta ajustada a derecho y proporcionada.

En razón de lo expuesto en los fundamentos jurídicos precedentes, la demanda debe desestimarse.