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PRIMERO.- En la demanda presentada la parte actora ejercita la acción prevista en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria (LA LEY 3/1946) , que tiene por objeto la tutela de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, contra los ignorados ocupantes de una finca de su propiedad, compareciendo como tales don Mario y doña Salome .

La sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda. La representación procesal de don Mario y doña Salome interpone recurso de apelación solicitando la nulidad de actuaciones desde la contestación a la demanda, dando respuesta a su petición de traslado previo de la demanda " a los organismos públicos competentes en materia de personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo de vulnerabilidad, y en especial a los Servicios Sociales de Sant Boi de Llobregat" .

SEGUNDO.- La nulidad pretendida es inexistente y el recurso debe ser desestimado, toda vez que es de una temeridad manifiesta. Tras admitir que se carece de título para ocupar la vivienda, invocando un inexistente derecho a " la ocupación pública y pacífica " de viviendas ajenas, lo que en realidad se pretende es una suspensión del proceso sine die prolongando la posesión de la vivienda gratuitamente y a costa del propietario. Huelga decir que lo que se pretende carece de fundamento legal, y la sentencia recurrida ya acuerda poner en conocimiento de los servicios sociales del ayuntamiento la situación de los demandados, que es lo que en su caso procedía hacer. Por tanto, no cabe más que confirmar la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

TERCERO.- Ante un recurso de apelación temerario que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de éxito, presentado por quien disfruta del beneficio de justicia gratuita, y que por eso difícilmente debería afrontar una eventual condena en costas, es una situación que, si bien es frecuente en los últimos tiempos, no puede aceptarse ni favorecerse, toda vez que se trata de un abuso de derecho que la Ley proscribe ( art. 11 LOPJ (LA LEY 1694/1985) ), cuando además implica el abuso de fondos públicos. El art. 19.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita , redactado de nuevo por la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), dispone que " Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior. Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente ". En consecuencia, procede, además de condenar al recurrente al pago de las costas procesales del recurso de apelación ( art. 398.1 LEC (LA LEY 58/2000) ), acordar la revocación del beneficio de justicia gratuita reconocido a los apelantes en cuanto a su uso en la tramitación del presente recurso de apelación y la subsiguiente comunicación a la Comisión de Justicia Gratuita de dicha revocación, a fin de que por la misma se inicie el correspondiente expediente o actuaciones para el reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente en el presente recurso de apelación.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 398.1 LEC (LA LEY 58/2000) , procede imponer a la apelante el pago de las costas procesales causadas en esta alzada.