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PRIMERO.- Las representaciones de las dos partes interponen sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de DIRECCION001 el día 21 de junio de 2.017, que acordó el divorcio de los litigantes, asignó al demandado la guarda de los dos hijos, de 8 y 3 años de edad, fijando un régimen de comunicación para regular las relaciones paterno-filiales, estableció a cargo de la actora la obligación de pagar la suma de 250 euros al mes en concepto de alimentos para los dos hijos, así como la obligación a cargo del demandado de pagar a la actora la suma de 200 euros al mes durante dos años en concepto de pensión compensatoria.

La actora interesa en su recurso que se le asigne la guarda de los dos hijos, y una pensión compensatoria de 300 euros al mes durante tres años, mientras que el demandado solicita que la actora pague alimentos por valor de 360 euros al mes para los hijos, y que no establezca a su cargo la obligación de pagar una pensión compensatoria.

Alega en primer lugar en su recurso la actora que no ha podido practicar la prueba que interesaba en la instancia, lo que le ha producido indefensión. Esta alegación no puede aceptarse porque la actora no ha solicitado la prueba en la alzada, de acuerdo con lo que dispone el artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) .

Para determinar cuál es el sistema de guarda más adecuado al interés de los hijos, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LA LEY 167/1996) de 15 de enero de 1.996, así como el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (LA LEY 3489/1990), el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007), y el artículo 92 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , se tiene en cuenta que el informe pericial realizado por la perito psicóloga designada por el Juzgado (folios 99 y siguientes), recomienda la asignación de la guarda del hijo de 8 años de edad, al demandado, y la de la niña de 3 años, a su madre, por la adaptación del hijo a su ambiente familiar, social y educativo en Tuéjar, que es donde vive el demandado, mientras que la hija, por su edad, no tiene esa vinculación con el entorno paterno, por lo que no es perjudicial la asignación de su custodia a la actora, que reside en Valencia. La sala entiende que no es posible el establecimiento de la custodia compartida, sistema acordado por los litigantes en un documento privado de 8 de junio de 2.016, que rigió durante el verano de ese año, pero que no es posible reinstaurar pues ninguna de las dos partes lo solicita en la apelación, y además, es de difícil aplicación con carácter ordinario, habida cuenta de la distancia que hay entre los domicilios de los progenitores. Aunque el artículo 92 (LA LEY 1/1889)-5 del Código Civil , con carácter general, recomienda la no separación de los hermanos, en el presente caso, el dictamen pericial lo aconseja, debido a la distinta edad, y etapa de crecimiento en la que se encuentran los hijos, que hace que tengan distinta vinculación con el entorno paterno en la localidad de Tuéjar. A juicio de la sala no existen elementos de prueba suficientes para desvirtuar las conclusiones del informe pericial, ni para atribuir la custodia de los dos hijos al padre, como ha decidido la sentencia, ni para encomendársela a la madre, como solicita en su recurso, porque esta solución perjudicaría, según la valoración pericial, al hijo de 8 años de edad. Procede por ello revocar la sentencia para atribuir la guarda de la hija a su madre, y establecer un régimen de comunicación para regular las relaciones paterno-filiales, que será de fines de semana alternos desde la salida del colegio los viernes a las 20 horas de los domingos, pero esa alternancia se llevará a efecto de modo que los hermanos estarán juntos todos los fines de semana, así como en los periodos vacacionales, que disfrutarán los progenitores por mitad, correspondiendo la elección al padre en los años pares, y la madre en los impares.

SEGUNDO. - Para determinar la suma que deben pagar los litigantes como contribución a la manutención de sus hijos, de acuerdo con los artículo 93 (LA LEY 1/1889) y 142 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889) , se tiene en cuenta que el demandado regenta un bar en Tuéjar, y declaró en el ejercicio fiscal de 2.015 un rendimiento neto reducido de 7.229, 09 euros, en el régimen de estimación objetiva (folio 179), mientras que la actora presenta nóminas que ascendieron a 402, 57 euros en el mes de diciembre de 2.016, y a 332, 38 euros en el mes de febrero de 2017. En la alzada la actora ha reconocido que trabajó en un centro comercial de Alfafar durante la última Navidad. En el acuerdo que suscribieron los litigantes en el mes de junio de 2016, en el que pactaron provisionalmente una situación de custodia compartida, consintieron en que el demandado pagara 300 euros al mes y el 75% de los gastos extraordinarios, y la actora, 100 euros mensuales y el 25% de los gastos, hasta el mes de diciembre de 2016, en que se igualaría su contribución a 200 euros al mes cada uno de los progenitores y la mitad de los gastos extraordinarios, aunque "este límite temporal tendrá virtualidad una vez que se haya podido comprobar la situación económica real del negocio de bar de D. Eutimio y del posible trabajo remunerado de Dª Marisol , quedando a salvo que pueda existir en tal fecha una medida judicial al respecto que fije una proporción distinta" Consta que la actora tiene una vivienda de la que percibe como alquiler la suma de 450 euros al mes (folio 189), aunque alega pagar una hipoteca de 400 euros al mes. No consta que los hijos tengan unas necesidades superiores a las normales de su edad, el hijo asiste a un centro docente público (folio 89). A la vista de estos elementos de juicio, se considera acuerdo al artículo 93 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , en relación con los artículo 146 y siguientes del mismo cuerpo legal , que el demandado pague la suma de 300 euros al mes, y la actora, 150 euros al mes, para los hijos que, respectivamente, viven con el otro progenitor.

TERCERO.- Establece el artículo 97 del Código Civil (LA LEY 1/1889) que el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia, cuyo importe, a falta de acuerdo de los cónyuges, se determinará teniendo en cuenta las circunstancias que el mismo precepto enumera. En el caso que hoy se somete a la decisión del tribunal, en la que no hubo conformidad en relación con la pensión compensatoria (folio 77), la situación económica de las partes ha quedado descrita sucintamente en el anterior razonamiento jurídico, del que se desprende la existencia de un desequilibrio económico en perjuicio de la actora producido como consecuencia de la ruptura de la convivencia, como resulta del propio pacto de los litigantes firmado en el mes de junio de 2.016. En dicho pacto, no obstante, se preveía una rápida reinserción laboral de la actora, que cuenta con la titulación de Relaciones Laborales, Derecho y Formación Profesional de segundo grado, rama administrativa (folios 45 y siguientes). Por ello, la suma fijada en la sentencia recurrida, así como el periodo de tiempo durante el que la actora debe percibir la pensión compensatoria, son adecuados al artículo 97 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , y debe, en consecuencia, mantenerse el pronunciamiento de la sentencia de instancia.

CUARTO.- La Sala, visto el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , siguiendo el criterio mantenido por ésta y otras Audiencias, en atención a la naturaleza de las pretensiones planteadas en materia matrimonial y paterno-filial, acuerda la no imposición de las costas, y en consecuencia, que cada parte deberá asumir las causadas a su instancia corriendo por mitad las comunes.