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PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 17 de esta ciudad, en autos número 1125/2016, ha interpuesto recurso de suplicación el Letrado del demandante al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 b), c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) alegando como motivo único de recurrir: "ÚNICO .- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 193 LETRA C) DE LA LEY DE JURISDICCIÓN SOCIAL. EXAMEN DE LAS INFRACCIONES DE NORMAS SUSTANTIVAS Y DE LA JURISPRUDENCIA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 54.2 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES POR APLICACIÓN INDEBIDA. INFRACCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 54 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y LA TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Y LA GRADACIÓN DE LA SANCIÓN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE JULIO DE 2010 . SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 Y 28 DE FEBRERO , 6 DE ABRIL Y 18 DE MAYO DE 1.990 , 16 DE MAYO DE 1991 Y 2 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE 1992 ."

Recurso que ha sido impugnado por el Letrado/a de la empresa demandada en base a los MOTIVOS que se alegan en su escrito de 25.10.2017 que se dan por reproducidos íntegramente.

SEGUNDO.- La no impugnación de ninguno de los hechos declarados probados en la sentencia del Juzgado por parte del demandante y ahora recurrente además de traer como consecuencia inmediata y directa su firmeza, denota la tácita aceptación de su veracidad por el actor.

Hechos que son de naturaleza parecida, muy similar a los que han sido objeto de valoración en la sentencia dictada en fecha 18.05.2016, en el recurso de suplicación 300/2016 (autos nº 89/2015) por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de de la que transcribimos los siguientes argumentos jurídicos: " QUINTO.- .- En la presente litis no ha habido una interceptación de una comunicación por un tercero ajeno a los

destinatarios sino que los propios destinatarios de la comunicación la divulgaron a terceros, hasta que llegó a conocimiento de la supervisora de la actora. Y tampoco ha habido un conocimiento antijurídico de lo comunicado. La empresa no ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de la demandante porque no ha accedido a su cuenta privada de Facebook. El hecho de que inicialmente los destinatarios del mensaje fueran solo algunos amigos y conocidos de la demandante en modo alguno excluye que estos, como sucede habitualmente en las redes sociales, divulguen posteriormente esta información, que la empresa no conoce porque haya interceptado comunicaciones ajenas, ni porque haya accedido antijurídicamente a su contenido, sino porque la difusión de esta información por sus destinatarios llegó a la supervisora de la accionante. El envío de un mensaje impactante en una red social hace que frecuentemente los destinatarios a su vez lo divulguen. Cuando la demandante envió este mensaje en una red social a una pluralidad de destinatarios era previsible que estos a su vez lo divulgaran, como así hicieron, hasta que llegó a conocimiento de la empresa, que no ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de la accionante.

SEXTO.- .- Y tampoco ha habido una intromisión empresarial en un área reservada a la trabajadora desde el momento en que ésta se dirigió a varios compañeros del trabajo y a otras personas, utilizando una conocida red social, para insultar a otros trabajadores de la empresa y desearles una grave enfermedad. El derecho a la intimidad, que garantiza un ámbito propio y reservado frente al conocimiento de los demás, no puede amparar la conducta de una trabajadora que insulta gravemente a otros trabajadores en una red social, a sabiendas de la difusión que habitualmente tienen estos comentarios en estas redes. La tesis contraria supondría la impunidad de los comentarios gravemente ofensivos para terceras personas, lo que redundaría en un grave perjuicio de su imagen y honorabilidad. En definitiva, la sentencia de instancia, al atribuir virtualidad jurídica a estos comentarios injuriosos de la actora, no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente, lo que conduce al fracaso de este motivo.

SÉPTIMO.- En el siguiente motivo del recurso, formulado con el mismo amparo procesal, se denuncia la infracción de los arts. 54.2.c ) y d ) y 58.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores de 24-3-1995, aplicable a la presente litis (en adelante ET) y de los arts. 52 a 56 del convenio colectivo aplicable, así como de la doctrina de suplicación que cita, alegando, en síntesis, que los insultos a otros trabajadores no están tipificados como falta muy grave en la citada norma colectiva, lo que impide aplicar la sanción consistente en el despido disciplinario de esta trabajadora.

El art. 53.d) del Convenio colectivo del sector de establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia privada de Aragón EDV 2012/92595 tipifica como falta leve "La desatención y falta de corrección en el trato con el público y/o trabajadores del centro cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa". La conducta de la actora, al insultar gravemente a sus superiores y desearles una enfermedad muy grave, no puede subsumirse en esta falta leve. Su conducta es mucho más grave que la descrita en este precepto convencional.

La tesis de la parte recurrente consiste, en esencia, en que la conducta de la trabajadora no está tipificada en dicho convenio colectivo, por lo que no puede ser sancionada con el despido. El examen de los artículos 53 a 55 de esta norma colectiva, que describen las faltas leves, graves y muy graves, revela que no se trata de una tipificación exhaustiva. Conductas gravísimas, como una agresión fisica o una amenaza de muerte al empleador o a su familia, no están tipificadas. Ello no supone que dichas conductas deban quedar impunes. La breve y concisa tipificación prevista en estos preceptos no pretende ser exhaustiva porque no estamos en el ámbito del Derecho penal, ni del Derecho administrativo sancionador, sino en el de un incumplimiento contractual. Si la norma colectiva considera como falta muy grave "El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las actuaciones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o cualquier otra persona, realizado como consecuencia de la prestación de servicios" (art. 55.b), forzoso es concluir que la conducta de la trabajadora al insultar gravemente a sus superiores en una red social, con la previsible difusión y daño a su honorabilidad, constituye un quebrantamiento del deber de lealtad ínsito en la relación laboral que, por su gravedad, justifica su despido disciplinario al amparo del art. 54.2 del ET .

OCTAVO.- En el último motivo del recurso, formulado con idéntico amparo procesal, se denuncia la infracción de los arts. 54 y 58 del ET , así como la doctrina jurisprudencial y de suplicación que cita, alegando que la aplicación de la doctrina gradualista obliga a declarar la improcedencia del despido de la actora.

Las sentencias de esta Sala n° 560/2008, de 2-7 ; 846/2009, de 18-11 ; 908/2009, de 2-12 ; 82/2010, de 10-2 ; 464/2011, de 22-6 y 321/2013, de 3-7 , entre otras, explican que en las cuestiones disciplinarias o sancionadoras, han de ponderarse todos los aspectos, objetivos y subjetivos, pues elementales principios de justicia exigen perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva, se juzga la conducta del trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas.

No todo incumplimiento del contrato por parte del trabajador es constitutivo de despido, sino tan sólo cuando se produzca de forma "grave y culpable", siendo exigible que la conducta sancionada se revele "maliciosa", esto es, a través de "actos voluntarios" que denoten una "intencionalidad u omisión culpable... (imputable) a una torcida voluntad" de su autor ( sentencias del TS de 16-6-1965 y 5-5-1980 ), pues la gravedad de la sanción de que se trata obliga a una interpretación restrictiva de la misma con la consecuente imposición de otras de una menor trascendencia disciplinaria, si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien pudieran ser merecedores de sanción, no lo son de la más grave... siendo así necesario resaltar para la valoración de la falta cometida, su entidad, así como las circunstancias personales y de índole profesional de su autor, por el claro matiz subjetivo que la caracteriza.

El art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que entre las conductas que justifican el despido se incluyen las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o fisicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, y la trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, incumplimientos que se imputan al trabajador en la carta de despido.

La valoración de la conducta sancionable ha de hacerse con criterio individualizador ( sentencia del TS de 2-2-1987 ) y gradualista ( sentencia del TS de 5-3-1987 ), en cuanto se ha de conocer la singularidad de caso, valorando las circunstancias concurrentes y sus peculiaridades, con especial relevancia del factor humano o personal, y a través del examen individualizado de cada caso ha de pretenderse lograr una plena coherencia y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción (sentencia del TS de 19-2- 1990), ya que toda falta admite matices y graduaciones a los efectos de aplicar o no la máxima sanción del despido, debiendo reservarse tal sanción para aquellos incumplimientos dotados de una especial significación por su carácter grave, trascendente e injustificado y siempre que la culpabilidad resalte de un modo patente, no cuando resulte atemperada o atenuada en virtud de las circunstancias concurrentes ( sentencia del TS de 24-2-1990 ). La jurisprudencia mantiene esta tesis gradualista en la imposición de las sanciones, tal como la expone la sentencia del TS de 2-04-1992 , en relación con los incumplimientos señalados en el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores : "Las infracciones que tipifica al art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores , para erigirse en causa que justifiquen sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario, análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción, ya que tales infracciones, las que tipifica el mencionado art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores , si bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan, abstractamente consideradas, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente". Dice la sentencia del TS 11-10-1993 que los arts. 55.3 hoy art. 55.4 del Estatuto de los Trabajadores y 108.1 de la Ley de Procedimiento Laboral establecen que el despido será procedente si se acreditan tales incumplimientos y en caso contrario será improcedente. Para esta declaración, el Juez ha de realizar un juicio de valor sobre la gravedad y culpabilidad de las faltas alegadas ( art. 54 del Estatuto de los Trabajadores ) y, para ello tiene que examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de faltas que se recogen en el cuadro sancionador correspondiente.

NOVENO.- Reiterada doctrina jurisprudencial dictada en supuestos de despidos disciplinarios basados en ofensas verbales, pondera las circunstancias concurrentes concluyendo, por aplicación de la teoría gradualista, que el despido debe reputarse improcedente cuando las expresiones utilizadas no pueden considerarse graves ( sentencias del TS de 16-5- 1991 , 20-3-1991 y 24-11-1986 ), habiendo precisado la sentencia del TS de 6-4-1990 que deben "atenderse para determinar la gravedad de la expresión a los factores subjetivos que intervienen en el hecho, la intención del trabajador, que exige un claro ánimo de injuriar, el momento y circunstancias en que se llevan a cabo, pues una misma palabra, acto o gesto puede, revestir la máxima gravedad en una determinada situación y carecer absolutamente de ella en otras".

DÉCIMO.- En la presente litis la razonada sentencia de la Jueza de instancia argumenta 1) que no se trata de un acaloramiento puntual o de una reacción inmediata a una decisión empresarial, 2) que el empleador se había limitado a cambiar dos compañeras de trabajo de la actora, 3) que es un comentario claramente vejatorio y ofensivo, que atenta gravemente contra la dignidad de los superiores jerárquicos de esta trabajadora y 4) que se trata de un escrito difundido en una red social en la que están incluidos tanto trabajadores de la empresa como terceras personas. Por todo ello, la Jueza de lo Social considera que el incumplimiento contractual de esta trabajadora justifica, por su gravedad, su despido disciplinario, sin que esta Sala encuentre razones para disentir de la argumentada sentencia de instancia. El empleador se limitó a comunicarle el cambio de dos compañeras de trabajo. Más tarde (no fue una respuesta inmediata debida a un calentón) esta trabajadora envió a varios destinatarios, trabajadores de la empresa y ajenos a ella, el texto gravemente insultante, que tuvo una importante y previsible difusión, siendo "la comidilla" de los trabajadores de la empresa, con grave perjuicio para la dignidad de los insultados.

Se trata de un incumplimiento contractual subsumible en el art. 54.2.c) del ET , relativo a "las ofensas verbales o fisicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos", debiendo concluir que la gravedad de la conducta de la atora justifica su despido disciplinario, lo que obliga a desestimar el recurso interpuesto, confirmando la sentencia de instancia."

TERCERO.- Si los anteriores Fundamentos de derecho acabados de transcribir son suficientes para la declaración de procedencia del despido disciplinario de una trabajadora únicamente por la infracción laboral muy grave que en las mismas se contempla, es decir, los insultos a otros trabajadores (en este caso al empresario); la falta de corrección en el trato con el público; los insultos graves a los superiores en una red social, en este caso hay que añadir que el actor, incumpliendo gravemente las normas de prevención de riesgos laborales que le habían imputado en la sanción dada al respecto, se encaramó a una cinta transportadora de alimentos y estando encima de la misma procedió a realizar movimientos da baile con el objetivo riesgo de accidente que ello conllevaba. Una infracción laboral más que añadir a la anterior. Lo que lleva a la conclusión de que no ha lugar a estimar el recurso interpuesto.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,