Volver a página de inicio

PRIMERO.- El demandante prestaba servicios laborales para la Diputación Provincial de Zaragoza. Fue condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4-1-2015 a la pena accesoria de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En la ejecutoria seguida para cumplimiento de la sentencia, la Audiencia Provincial fijó como fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación la de 1-1-2018. La Diputación Provincial comunicó al accionante que había aprobado un decreto acordando ejecutar la citada sentencia, por lo que se procedía a darle de baja en nómina y Seguridad social con fecha 31 de diciembre de 2017.

El trabajador interpuso demanda de despido contra la Diputación Provincial de Zaragoza, que fue desestimada por el Juzgado de lo Social. Contra la sentencia desestimatoria de instancia recurre en suplicación el actor.

El escrito de interposición del recurso de suplicación incumple los requisitos establecidos por el art. 196 en relación con el art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (en adelante LRJS). La parte recurrente no formula diferentes motivos sustentados en los apartados del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) sino una única "consideración", amparada en el apartado b) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), en la que solicita en primer lugar la revisión fáctica y a continuación desarrolla cinco apartados en los que efectúa alegaciones jurídico-sustantivas.

Sin embargo, como quiera que la lectura del escrito de interposición del recurso de suplicación permite conocer las razones de la impugnación de la sentencia de instancia e invoca las normas jurídicas que amparan su pretensión, en aras a la tutela judicial efectiva sancionada por el art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), es dable entrar en el examen de dichas alegaciones.

SEGUNDO.- En primer lugar, la parte recurrente solicita la revisión de los hechos probados tercero y cuarto pero sin indicar la concreta prueba documental o pericial que acredite el error probatorio de instancia, incumpliendo los requisitos para la modificación histórica suplicacional exigidos por el art. 196.3 en relación con el art. 193.b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) y por la doctrina judicial que los desarrolla, lo que impide estimar esta pretensión revisora.

TERCERO.- En cuanto a la denuncia de infracción de normas jurídico-sustantivas, la parte recurrente alega, en esencia, que la condena al actor a la pena de inhabilitación especial debe articularse mediante un despido disciplinario, lo que la Diputación Provincial no hizo, argumentando asimismo que el decreto que acordó su baja laboral no se le notificó como interesado, ni se le indicó si ese acto ponía fin a la vía administrativa, ni los recursos, ni el plazo, vulnerando el art. 69 de la LRJS (LA LEY 19110/2011). Y al haber incumplido los requisitos formales del despido, debe declararse su improcedencia, postulando que se estime la demanda, declarando la improcedencia del despido.

CUARTO.- En primer lugar debe examinarse la denuncia de infracción del art. 69 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), que regula el agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial. A juicio de esta Sala, el agotamiento de la vía previa administrativa no se exige respecto de cualquier demanda frente a las Administraciones Públicas sino únicamente en los supuestos de impugnación de actos administrativos. Las sentencias del TSJ del País Vasco de 20 de junio de 2017, recurso 1166/2017 (LA LEY 84331/2017) y 14 de febrero de 2018, recurso 156/2018 (LA LEY 59818/2018); y del TSJ de Extremadura de 22 de noviembre de 2018, recurso 603/2018 (LA LEY 196320/2018), argumentan:

1) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015), introdujo importantes novedades en la LRJS (LA LEY 19110/2011). A partir de su entrada en vigor la exigencia de la reclamación previa se mantiene solamente en los pleitos sobre prestaciones de Seguridad Social. Pero, en los demás pleitos frente a la Administración Pública, según el artículo 69.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) lo que se exige es el agotamiento de la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.

2) El agotamiento de la vía administrativa previa se mantiene en los mismos términos de la regulación anterior a la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015): cuando se impugnan actos de la Administración sujetos a Derecho administrativo, es decir, dictados en el ejercicio de una potestad administrativa.

3) Las demandas dirigidas frente a una Administración Pública en su condición de empleadora pueden instarse directamente, sin tener que cumplir ningún trámite previo en vía de evitación del proceso.

4) El Tribunal Supremo ya había razonado ( sentencia del TS de 8 de octubre de 2009, recurso 3604/2008 (LA LEY 283787/2009)) que "los actos de la Administración cuando actúa como empresario no están sujetos al derecho administrativo, sino al derecho laboral, como los de cualquier otro empresario. Y al no estar sujetos al derecho administrativo, es claro que no le son de aplicación las previsiones que para la revisión de los actos administrativos en sentido estricto establece el Título VII de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) LRJPAC, y más concretamente, su art. 103 sobre declaración de lesividad de los actos anulables. La Administración, cuando actúa como empresario laboral puede, como cualquier otro, modificar sus decisiones por sí mismo, sin perjuicio de su posterior control judicial y el trabajador con relación laboral a su servicio, tampoco está obligado a agotar los recursos que los arts. 107 y siguientes de la LRJPAC (LA LEY 3279/1992) prevén para la revisión de los actos administrativos sujetos al derecho administrativo. La propia Ley en el art. 125 de su Título VIII establece una vía más rápida y sencilla como es la simple reclamación previa, para que el trabajador que esté en desacuerdo con la decisión de su empresario, pueda obtener en vía judicial el reconocimiento del derecho que éste le niega".

5) Por ello, las demandas dirigidas frente a una Administración Pública en su condición de empleadora pueden interponerse directamente, sin que sea exigible el cumplimiento de ningún requisito preprocesal de evitación del proceso.

6) La Comunicación Laboral 67/2016, de 18 de octubre, de la Abogacía General del Estado, interpreta que las demandas fundadas en Derecho laboral planteadas frente a la Administración Pública deben interponerse directamente ante los órganos de la jurisdicción social, sin necesidad de cumplimentar ningún requisito preprocesal, con la sola excepción de las demandas sobre prestaciones de Seguridad Social y las reclamaciones al Estado del pago de los salarios de tramitación en juicios por despido, supuestos en los que se mantiene la obligación de plantear reclamación previa en vía administrativa, así como la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social en que se exige el agotamiento de la vía administrativa. Concluye, pues, dicha Comunicación que el agotamiento de la vía administrativa exigido por el art. 69 LRJS (LA LEY 19110/2011) solo es aplicable a la impugnación de "actos administrativos", esencialmente los contemplados en las letras n) y s) del art. 2 LRJS (LA LEY 19110/2011), a través del procedimiento especial previsto en el art. 151 de la misma.

Esta Sala comparte los citados argumentos, debiendo concluir que el requisito preprocesal del agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial es exigible en relación con los litigios en materia de Derecho Administrativo del Trabajo, en los que la Administración Pública ha intervenido realizando un acto administrativo en materia laboral, esto es, como poder público, ejercitando las potestades en materia laboral que tiene atribuidas. Pero este requisito no es exigible cuando la Administración Pública actúa en su condición de empleadora ( sentencia de este TSJ de Aragón de 12 de abril de 2018, recurso 172/2018 (LA LEY 64535/2018)).

QUINTO.- Por consiguiente, el precepto que considera vulnerado la parte recurrente: el art. 69 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), no es aplicable a la presente litis, debiendo añadir, a mayor abundamiento, que se declara probado que esta Administración pública comunicó al actor el decreto acordando ejecutar la sentencia de la Audiencia Provincial, con la correspondiente baja en nómina y Seguridad Social, interponiendo el trabajador la demanda impugnando la decisión del empleador, sin que sea dable declarar la improcedencia de su despido por dicha causa.

SEXTO.- La parte recurrente invoca las sentencias del TSJ de Galicia de 29-9-2017, recurso 2204/2017 (LA LEY 141101/2017) y del TSJ de Cataluña de 7-7-2017, recurso 3291/2017 (LA LEY 144697/2017), que desestimaron los recursos de suplicación interpuestos por los trabajadores, confirmando las sentencias de instancia, que habían declarado la procedencia de los despidos, en sendos supuestos en los que la Administración pública, tras ser notificada de la sentencia penal condenando a uno de sus trabajadores a la pena de inhabilitación especial, acordaba su despido disciplinario.

En la presente litis la Administración pública no ha procedido a despedir al actor sino que, al tener conocimiento de que el demandante había sido condenado a la pena de dos años de inhabilitación especial con fecha de inicio el 1-1-2018 y de finalización el 31-12-2019, se limitó a ejecutar dicha resolución judicial firme, procediendo a cursar la baja del actor en la nómina y en la Seguridad Social, comunicándoselo al trabajador.

Una sentencia penal condenó al citado empleado público por el delito de malversación de caudales públicos a una pena de inhabilitación especial. Cuando dicha resolución judicial adquirió firmeza, la Audiencia Provincial procedió a ejecutarla, acordando la fecha inicial y final de cumplimiento de la pena accesoria. La Diputación Provincial de Zaragoza no ha despedido a este trabajador: en ningún momento se ha acordado la extinción unilateral del contrato de trabajo por voluntad del empleador sino que la Administración pública se ha limitado a ejecutar una resolución judicial firme del orden penal, que condenaba a este trabajador a dos años de inhabilitación especial, desde el 1-1-2018 al 1-12-2019, por lo que procede concluir que no se ha producido un despido de este trabajador, debiendo desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia de instancia, que no ha vulnerado ninguno de los preceptos invocados por la parte recurrente.