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PRIMERO.- 1. La empresa demandada interpone recurso de casación ordinaria frente a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que estima la demanda de conflicto colectivo en los términos antes transcritos.

El recurso se desarrolla en un único motivo, amparado en el apartado e) del art. 207 LRJS (LA LEY 19110/2011), mediante el cual se denuncia la infracción del art. 3.1 del Estatuto de los trabajadores (ET). De este modo la parte recurrente muestra su disconformidad con la apreciación de la sala de instancia de que la entrega de la cesta de Navidad era una condición más beneficiosa de los trabajadores afectados por el conflicto (los que se definen como tales en el hecho probado segundo de la sentencia recurrida).

2. No combate la recurrente el relato fáctico de la sentencia recurrida. Por el contrario, entiende que se desprende del mismo la inexistencia de voluntad empresarial de incorporar al patrimonio de los trabajadores el derecho a la indicada cesta.

3. Recordemos que la pretensión que es objeto de la demanda se ciñe al derecho a la cesta de Navidad de 2016, lo que es congruentemente reconocido en la sentencia estimatoria. Y, asimismo, que se ha acreditado que, desde el inicio de la actividad hasta el año 2012, la empresa había entregado a los trabajadores afectados la indicada cesta -con la excepción del año 1997, en que se sustituyó por un cheque-regalo-. Fue en 2013 cuando la empresa decidió suprimir tal entrega, sin que tal decisión fuera objeto de impugnación, según señala la sentencia recurrida. Desde entonces, no se ha efectuado ya la entrega; constando, no obstante, que, en los años 2014, 2015 y 2016, las representaciones sindicales -del sindicato demandante o de USO-solicitaron su instauración.

SEGUNDO.- 1. Como recuerda la propia sentencia recurrida, la doctrina constante de esta Sala IV del Tribunal Supremo en relación con el concepto y delimitación de las condiciones más beneficiosa -figura esta que es, precisamente, de creación jurisprudencial- ha partido de la consideración de que detectar su concurrencia no es siempre tarea sencilla dado que, para alcanzar la conclusión de que nos hallamos ante ella, exige analizar si se da, de un lado, una sucesión de los actos sobre los que se apoya y, de otro -y de modo concurrente-, una voluntad inequívoca de la empresa como origen de la citada condición, que mejora el marco legal o convencional aplicable. La consecuencia de su apreciación es la incorporación de la misma al paquete obligacional del contrato de trabajo (así se recuerda en las STS/4ª de 22 septiembre 2011 (LA LEY 195864/2011) -rec. 204/2010-, 5 y 26 junio 2012 -rec. 214/2011 (LA LEY 142338/2012) y 238/2011 (LA LEY 101950/2012)-, 4 marzo 2013 -rec. 4/2012- (LA LEY 26297/2013), 15 junio 2015 -rec. 164/2014- (LA LEY 85364/2015) y 21 abril 2016 -rcud. 2626/2014- (LA LEY 58599/2016)).

2. Precisamente la cuestión de la entrega de la tradicional cesta de Navidad ha motivado ya algunos pronunciamientos de esta Sala en que se abordaba la cuestión de si la misma constituía o no una condición más beneficiosa. Hemos de recordar que no puede fijarse un criterio general según el cual la entrega de la cesta de Navidad constituye un derecho adquirido como condición más beneficiosa, ni tampoco que, por el contrario, se trate en todo caso de una mera liberalidad de la empresa. Por ello, el resultado de las soluciones judiciales puede ser diverso en atención a las características y la prueba de las circunstancias de cada caso.

Así hemos analizado y afirmado la concurrencia de una condición más beneficiosa en las sentencias siguientes: a) En la STS/4ª de 21 abril 2016 (LA LEY 58599/2016) - rcud. 2626/2014-, antes citada, donde se constata que «venía siendo disfrutado desde tiempo inmemorial, de forma persistente -se concedía todos los años- y en las mismas condiciones»; b) en la STS/4ª de 12 julio 2018 (LA LEY 123490/2018) -rec. 146/2017-, en un supuesto en que se acredita que la cesta de Navidad venía siendo entregada «sin solución de continuidad desde el año 2007 a los trabajadores en número superior cada año a los 3.200, y se ha mantenido pese a que esa cifra se ha venido incrementando hasta alcanzar las 4.297 cestas en 2012 y superar las 5.000 en 2013, en lo que supone una manifestación de la voluntad de la empresa de mantenerla y extenderla a los nuevos trabajadores pese al importante incremento de su número»; c) en la STS/4ª de 6 marzo 2019 (LA LEY 41628/2019) -rec. 242/2017-, en que, «pese a no existir acuerdo o pacto colectivo alguno que estableciera el derecho de los trabajadores (...) a la cesta de navidad, la empresa incluyó a este colectivo en la entrega de la misma, precisamente a raíz de los acuerdos suscritos respecto de los demás colectivos. No cabe negar el paralelismo seguido por estos trabajadores respecto de lo que ha sucedido a los restantes en relación con el percibo o no de la cesta de navidad, y no puede sino, de ello la afirmación de una voluntad de la empresa de mantener ese mismo régimen para este colectivo, aun cuando no exista constancia de la entrega de la cesta en los años 2006 y 2009»; y d) en la STS/4ª de 2 octubre 2019 (LA LEY 150816/2019) -rec. 153/2018- en que se constata que «la entrega de la cesta de Navidad sin solución de continuidad "desde hace más de diecisiete años" (...), concretamente en el mes de diciembre de cada anualidad, siendo en 2016 cuando se percibe en cuantía de 60 euros mientras que en 2015 lo había sido por un valor de 80,59 euros, y en 2017 cuando la empresa deja de entregarla».

Y, no obstante, hemos negado esa consolidación del derecho en el caso de la STS/4ª de 16 noviembre 2016 (LA LEY 185656/2016) -rec. 27/2016- porque allí no se había acreditado la concurrencia de los elementos característicos y definidores de la condición más beneficiosa.

3. En el presente caso, ya hemos señalado que, en efecto, la cesta de navidad venía siendo entregada desde el origen de la actividad de la empresa sin solución de continuidad hasta el año 2013. Y no puede negarse que en ese acto de la empresa se aprecian las notas definidoras de la controvertida condición más beneficiosa. No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento. El reparto de la cesta de Navidad no se produce por una mera tolerancia de la empresa, pues es evidente que, dado el volumen de la plantilla, esa entrega supone un desembolso económico que necesariamente tiene y debe ser aprobado y financiado, y, además, exige una determinada actividad de organización y logística -la empresa debe determinar el número de cestas que necesita, adquirirlas en el mercado y organizar su distribución o el sistema por el que las cestas lleguen a manos de cada uno de los trabajadores-.

En suma, estamos ante una condición de trabajo que estaba incorporada al contrato de trabajo de los trabajadores afectados y, por ende, obligaba a la parte acreedora de dicha prestación -la parte empleadora- como parte del contenido de dicho contrato ex art. 3.1 c) ET y 1091 del Código Civil.

TERCERO.- 1. Resta por examinar la cuestión de la vigencia de dicha condición más beneficiosa a la vista de las argumentaciones que se hacen en el recurso en torno al dato de que el cambio en la misma se produjo en el año 2013.

2. La parte recurrente pone de relieve que la demanda se plantea pasados más de tres años desde que cesó la entrega de la controvertida cesta de Navidad. Sin embargo, no alega la excepción de prescripción, ni concreta con precisión cual es la valoración jurídica que hace de ese dato.

En todo caso, hemos de poner de relieve las siguientes circunstancias decisivas para sostener la virtualidad y actualidad de la acción ejercitada en la demanda:

a) De un lado, la decisión unilateral de la empresa de no efectuar el reparto de la cesta de Navidad en el año 2013 plantea serias dudas de que supusiera una modificación sustancial de condiciones, habida cuenta de que, por tal, hay que entender aquélla de tal naturaleza que altere o transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, puesto que no toda decisión empresarial que altere la prestación de servicios del trabajador constituye una modificación sustancial (STS/4ª de 12 junio 2013 (LA LEY 105840/2013) -rec. 103/2012-, 25 noviembre 2015 -rec. 229/2014-, 13 septiembre 2016 -rec. 212/2015- ó 25 enero 2017 -rec. 47/2016-, entre otras).

Mas, en todo caso, lo que la empresa decidió en 2013 tenía una clara vocación coyuntural, al ceñir de modo expreso la medida a dicha anualidad. Con ello estaba condicionando la reacción de los sujetos legitimados para, en su caso, reaccionar frente a tal decisión, tanto si consideraban que era materia comprendida en el art. 41 ET -que habría abierto un plazo de caducidad de 20 días-, como si se entendía que no se estaba en ese ámbito y, por tanto, la acción estaba únicamente delimitada por la posible prescripción genérica del art. 59 ET.

Precisamente la falta de impugnación pone de manifiesto que la parte social aceptaba el sacrificio puntual en atención a las circunstancias afirmadas por la empresa en relación con la situación de dicha anualidad.

b) De otro lado, y en consonancia con lo anterior, es evidente que las representaciones sindicales mantuvieron viva la reclamación frente a la empresa tras superarse el año para el que ésta había afirmado la dificultad económica, con lo que, aun en el supuesto caso de haberse excepcionado prescripción, se ha acreditado que la misma hubiera quedado interrumpida por las oportunas reclamaciones anuales.

4. En suma, afirmada la existencia de una condición más beneficiosa incorporada a los contratos de trabajo de los afectados por el conflicto, nada impide el ejercicio de la acción tendente a su reconocimiento en el momento en que los legitimados al efecto ponen en marcha el procedimiento adecuado para ello, sin que la limitación de la pretensión a la cesta correspondiente al año 2016 -sin extenderla a las dos anualidades previas- pueda tener efectos enervantes ni negativos de la efectividad del derecho.

CUARTO.- 1. Lo que venimos razonando nos lleva a la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 235.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) no procede hacer condena en costas, debiendo asumir cada una de las partes litigantes las causadas a su instancia.

3. En aplicación de lo establecido en el art. 217 LRJS (LA LEY 19110/2011), debe procederse a la pérdida del depósito y darse a la consignación el destino legal.