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Primero.- La resolución dictada en la instancia concluye apreciando la existencia de modificación de medidas y por lo tanto modifica la sentencia dictada por el juzgado de 1ª instancia nº 10 de esta ciudad el 3-mayo-2016 en el procedimiento de guarda y custodia adoptando otras medidas; alzándose contra la citada resolución el demandado por entender: a) que no ha habido una modificación de medidas y b) infracción del art. 92 Código Civil (LA LEY 1/1889) sea estimado el recurso y revocada la sentencia apelada se dicte otra en la que no se aprecie la existencia de modificación de medidas; a lo que se opone la parte contraria solicitando su confirmación.

Segundo.- El art. 90, inciso antepenúltimo del Código Civil (LA LEY 1/1889), permite cuando se alteren sustancialmente las circunstancias reclamar a los litigantes que se modifiquen las medidas judicialmente adoptadas o las acordadas por los cónyuges en el Convenio Regulador; esta facultad, tiene como finalidad de que las pretensiones impuestas o convenidas se adecúen, a lo largo de su vigencia, al posible cambio de circunstancias, subjetivas y objetivas concurrentes tanto en el obligado al pago como en la parte receptora; equilibrio de prestaciones de imposible salvaguarda al momento de suscribir el Convenio o del dictado por la resolución judicial, puesto que la variación ha tenido lugar por circunstancias ocurridas con posterioridad, pero hay que tener en cuenta que no toda variación de las circunstancias es susceptible de generar una modificación de las medidas anteriormente adoptadas sino que dicha variación debe ser "sustancial" lo que supone tanto como afirmar, a sensu contrario que las modificaciones que no afecten a la esencia de la prestación o que sean irrelevantes, puedan tenerse en cuenta dada su escasa relevancia.

Para resolver la cuestión litigiosa aquí planteada, ha de tenerse presente que: la alteración de circunstancias para ser tenidas en cuenta ha de revestir una serie de requisitos exigidos por la jurisprudencia: "Tales como que sean verdaderamente trascendentes, y no de escasa o relativa importancia; permanentes o duraderas y no coyunturales o transitorias; que no sean imputables a la simple voluntad de quien insta la revisión, ni preconstituidas con finalidad de fraude; y, por último, que sean posteriores y no previstas por los cónyuges o el juzgador en el momento en que fueron establecidas. Es, por ello, que la revisión postulada por el demandante se encuentra condicionada a la demostración, por su parte, que la mentada alteración ha tenido lugar, es decir, que nuevas circunstancias han generado una variación de la precedente situación contemplada.

Tercero.- Del conjunto de pruebas aportadas a autos ha quedado demostrado que en el caso presente sí ha habido una modificación de circunstancias, de manera que una vez se ha dictado la sentencia que acuerda el régimen de guarda y custodia compartida, al haberse demostrado la desatención del padre respecto al cuidado hacia su hijo, funciones que realizan los abuelos paternos, pues una cosa es que en casos puntuales pueda verse obligado a pedir ayuda a los abuelos del menor para su cuidado, pero no que sean éstos los que cuiden y se encarguen directamente de su nieto, puesto que las funciones que le corresponden al padre son de obligado cumplimiento sin que pueda exonerarse de sus obligaciones por considerar que el menor está bien cuidado por los abuelos, lo cual no se pone en duda, pero es él que como padre debe cumplir con sus obligaciones y en el presente caso no lo hace; circunstancia que es corroborada asimismo por la prueba testifical y el informe emitido por el equipo psicosocial del Imelga.

Extremo que debe ser desestimado.

Por otra parte se basa el recurso en la infracción del art. 92 del Código Civil (LA LEY 1/1889) en cuanto a la vulneración del interés del menor.

Ninguna vulneración se aprecia con la declaración de cambio de circunstancias, y cuyas consecuencias se adoptan precisamente para proteger al menor que es el interés que debe prevalecer; cualquiera medida que se adopte es teniendo en cuenta el "favor filii" y ello es lo que ha realizado el juez de instancia a la vista de los incumplimientos del padre destacando entre ellos por su importancia el no haber acudido al centro escolar donde acude el menor, con el fin de autorizar un apoyo individualizado de Audición y lenguaje en el centro, debido a sus necesidades educativas específicas, según informa la Consellería de Educación tratamiento que fue establecido por el departamento de orientación del CEIP DIRECCION000 en el mes de diciembre del año 2017; autorización que solo la ha dado la madre; incumplimientos que repetimos es su obligación y no puede éste considerarlos cumplidos por el ejercicio de éstas a través de los abuelos; considerando correctas las medidas adoptadas por el juez de instancia respecto a la atribución de la custodia a la madre; estableciendo un régimen de visitas, un cuadro de vacaciones, y la obligación al padre de abonarle en concepto de pensión por alimentos la suma de 200 € mensuales, pues si bien refiere el padre que actualmente se encuentra en paro ya en el informe psicosocial de fecha 12-enero-2018 se hace referencia a que trabaja como electricista en DIRECCION001; percibe unos ingresos mensuales de 1.300 € y vive en un piso de su propiedad de 85 m2, aun cuando le quedan 10 años por pagar de hipoteca; lo cual no concuerda con lo que dice percibir por hallarse en el paro, situación en que se encuentra desde el 3-05-18, habiéndose celebrado el juicio en julio de 2018; estas contradicciones hacen que mantengamos la cuantía que por pensión alimenticia se ha establecido en la sentencia apelada.

En este extremo el recurso ha de ser igualmente desestimado.

Cuarto.- La especial naturaleza de esta clase de procesos determina la no imposición de costas.