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PRIMERO.- Los artículos 4 (LA LEY 1157/1981) y 5 de la L.O. 4/1981 (LA LEY 1157/1981) del Estado de Alarma Excepción y Sitio establecen:

" Articulo 4. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el art. 116, 2, de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

• a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

• b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

• c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los arts. 28, 2 y 37, 2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

• d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Articulo 5. Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma. "

SEGUNDO.- Los Artículos 12 (LA LEY 18750/2011), 13 (LA LEY 18750/2011) y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (LA LEY 18750/2011) , General de Salud Pública en relación con los riesgos para la salud de la población y la colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias , establece :

"Artículo 12 De la vigilancia en salud pública

1. La vigilancia en salud pública es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública.

2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, la vigilancia de salud pública tomará en cuenta, al menos, los siguientes factores:

• 1.º Los condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud con mediciones en el nivel individual y en el poblacional.

• 2.º Los riesgos ambientales y sus efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes contaminantes en el medio ambiente y en las personas, así como el impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas.

• 3.º La seguridad alimentaria, incluyendo los riesgos alimentarios.

• 4.º Los riesgos relacionados con el trabajo y sus efectos en la salud.

• 5.º Las enfermedades no transmisibles.

• 6.º Las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes.

• 7.º Los problemas de salud relacionados con el tránsito internacional de viajeros y bienes.

• 8.º Las lesiones y la violencia.

• 9.º Otros problemas para la salud pública de los que se tenga constancia.

3. Asimismo, la vigilancia en salud pública requiere contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que pueden suponer una amenaza para la salud de la población.

4. Las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades locales asegurarán en el ámbito de sus competencias que los respectivos sistemas de vigilancia en salud pública cumplen en todo momento con las previsiones de esta ley. Asimismo, habrán de proporcionar la información que establezca la normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregación que en cada caso se determine.

Artículo 13 Articulación de la vigilancia en salud pública

1. Corresponde a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administración local, en el ámbito de sus competencias, la organización y gestión de la vigilancia en salud pública.

2. Corresponde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la Comisión de Salud Pública, asegurar la cohesión y calidad en la gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública.

3. Con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia se creará la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día. La configuración y funcionamiento de la Red de Vigilancia en salud pública serán determinados reglamentariamente.

Artículo 54 Medidas especiales y cautelares

1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (LA LEY 924/1986), de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LA LEY 1038/1986), la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:

• a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.

• b) La intervención de medios materiales o personales.

• c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

• d) La suspensión del ejercicio de actividades.

• e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

• f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable.

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad".

TERCERO.- Se establece en el art. 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio (LA LEY 2689/1998) , Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa que : "1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.

2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:

• a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.

• b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.

• c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.

3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela.

Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.

4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.

6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición."

CUARTO.- Se dispone en los articulos 5 (LA LEY 19113/2009), 55 (LA LEY 19113/2009), 56 (LA LEY 19113/2009) y 63 la la Ley 18/2009 , de 22 de octubre (LA LEY 19113/2009) de Salud Pública que :

"Artículo 5 Autoridad sanitaria

1. A los efectos de la presente ley, tienen la condición de autoridad sanitaria, en el marco de sus respectivas funciones, los siguientes órganos:

• a) El consejero o consejera del departamento competente en materia de salud.

• b) La persona titular de la secretaría sectorial.

• c) El director o directora de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.

• d) El presidente o presidenta de la Agencia de Salud Pública y Medio Ambiente de Barcelona.

• e) El gerente o la gerente de la Agencia de Salud Pública y Medio Ambiente de Barcelona.

• f) El consejero o consejera competente en materia de salud del Consejo General de Arán.

• g) Los presidentes de los consejos comarcales.

• h) Los alcaldes.

• i) Cualquier otro órgano administrativo en que se hayan desconcentrado o delegado las funciones de los órganos a que se refiere el presente apartado.

2. La autoridad sanitaria, en el ejercicio de sus funciones, puede solicitar el apoyo, auxilio y colaboración de otros funcionarios públicos y, si procede, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.

Artículo 55 Intervención administrativa en protección de la salud y prevención de la enfermedad

1. La autoridad sanitaria, mediante los órganos competentes, puede intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad. A tal fin, puede:

• a) Establecer sistemas de vigilancia, redes de comunicaciones y análisis de datos que permitan detectar y conocer, tan rápidamente como sea posible, la proximidad o presencia de situaciones que puedan repercutir negativamente en la salud individual o colectiva.

• b) Establecer la exigencia de registros, autorizaciones, comunicaciones previas o declaraciones responsables a instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, productos y actividades, con sujeción a las condiciones establecidas por el artículo 61 y, en todo caso, de acuerdo con la normativa sectorial. Letra b) del número 1 del artículo 55 redactada por el número 1 del artículo 38 de la Ley [CATALUÑA] 11/2011, 29 diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011

• c) Establecer prohibiciones y requisitos mínimos para la producción, la distribución, la comercialización y el uso de bienes y productos, y para las prácticas que comporten un perjuicio o una amenaza para la salud.

• d) Controlar la publicidad y propaganda de productos y actividades que puedan incidir en la salud, con la finalidad de ajustarlas a criterios de veracidad y evitar todo lo que pueda suponer un perjuicio para la salud.

• e) Establecer y controlar las condiciones higiénico-sanitarias, de funcionamiento y desarrollo de actividades que puedan repercutir en la salud de las personas.

• f) Adoptar las medidas cautelares pertinentes si se produce un riesgo para la salud individual o colectiva o si se sospecha razonablemente que puede haber uno, ante el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico, así como en aplicación del principio de precaución. Estas medidas deben adoptarse de acuerdo con lo establecido por el artículo 63.

• g) Acordar la clausura o el cierre de las instalaciones, los establecimientos, los servicios o las industrias que no dispongan de las autorizaciones sanitarias o que no cumplan las obligaciones de comunicación previa o de declaración responsable, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. Letra g) del número 1 del artículo 55 redactada por el número 2 del artículo 38 de la Ley [CATALUÑA] 11/2011, 29 diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa («D.O.G.C.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2011

• h) El decomiso y la destrucción de los bienes o productos deteriorados, caducados, adulterados o no autorizados, así como de los productos que, por razones de protección de la salud o prevención de la enfermedad, sea aconsejable destruir, reexpedir o destinar a otros usos autorizados.

•i) Requerir a los titulares de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias que hagan modificaciones estructurales o que adopten medidas preventivas y correctoras para enmendar las deficiencias higiénicas y sanitarias.

• j) Adoptar medidas de reconocimiento médico, tratamiento, hospitalización o control si hay indicios racionales de la existencia de peligro para la salud de las personas a causa de una circunstancia concreta de una persona o un grupo de personas o por las condiciones en que se realiza una actividad. También pueden adoptarse medidas para el control de las personas que estén o hayan estado en contacto con los enfermos o los portadores. Estas medidas deben adoptarse en el marco de la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril (LA LEY 924/1986) , de medidas especiales en materia de salud pública, y de la Ley del Estado 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y de las disposiciones legales que las modifiquen o deroguen.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 deben adoptarse respetando los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos, especialmente el derecho a la intimidad personal, de acuerdo con lo establecido por la normativa de protección de datos de carácter personal y con los procedimientos que esta normativa y las demás normas aplicables hayan establecido, y disponiendo de las autorizaciones preceptivas.

Artículo 56 Principios informadores de la intervención administrativa

Las medidas a que se refiere el presente título deben adoptarse respetando los siguientes principios:

• a) Es preferida la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias.

• b) No pueden ordenarse medidas que supongan un riesgo para la vida de las personas.

• c) Son preferidas las medidas que perjudican menos el principio de libre circulación de las personas y los bienes, la libertad de empresa y los demás derechos de la ciudadanía.

• d) La medida debe ser proporcional a las finalidades perseguidas y a la situación que la motiva.

Artículo 63 Medidas cautelares

1. Si, como consecuencia de las actividades de vigilancia y control, se comprueba que existe riesgo para la salud individual o colectiva o se observa el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por el ordenamiento vigente en materia de salud pública, o existen indicios razonables de ello, las autoridades sanitarias y, si procede, sus agentes, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, deben adoptar las siguientes medidas cautelares:

• a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.

• b) El cierre preventivo de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias.

• c) La suspensión de la autorización sanitaria de funcionamiento o la suspensión o prohibición del ejercicio de actividades, o bien ambas medidas a la vez.

• d) La intervención de medios materiales o humanos.

• e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias, con la finalidad de que corrijan las deficiencias detectadas.

• f) Prohibir la comercialización de un producto u ordenar su retirada del mercado y, si es preciso, acordar su destrucción en condiciones adecuadas.

• g) Cualquier otra medida si existe riesgo para la salud individual o colectiva o si se observa el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por el ordenamiento vigente o si existen indicios razonables de ello.

2. Las medidas cautelares a que se refiere el apartado 1 también pueden adoptarse en aplicación del principio de precaución. En este caso, con carácter previo a la resolución por la que se adopta la medida cautelar, se debe dar audiencia a las partes interesadas para que, en el plazo de diez días, puedan presentar las alegaciones y los documentos pertinentes.

3. Si se produce un riesgo debido a la situación sanitaria de una persona o de un grupo de personas, las autoridades sanitarias competentes para garantizar la salud pública pueden adoptar cualquier medida de las establecidas por la legislación, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley orgánica 3/1986 (LA LEY 924/1986) y la Ley del Estado 29/1998. Si la situación de riesgo que determina la adopción de la medida cautelar puede comprometer la salud de los trabajadores, la autoridad sanitaria debe comunicarlo al departamento competente en materia de trabajo y prevención de riesgos laborales a los efectos de lo establecido por el artículo 44 de la Ley del Estado 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

4. Las medidas cautelares, que no tienen carácter de sanción, deben mantenerse el tiempo que exija la situación de riesgo que las justifica.

5. El Gobierno y los órganos competentes de los entes locales deben establecer, mediante un reglamento, los órganos competentes, en el ámbito de actuación respectivo, para imponer las medidas cautelares establecidas por la presente ley.

QUINTO.- En los artículos 43 (LA LEY 2500/1978), 149.1.16 (LA LEY 2500/1978) y 149.1.21 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) se establece :

"Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias(...)

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos .

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. "

SEXTO.- Se dispone en los artículos 2 y 3 de la Ley 3/1986 de 14 de abril de Medidas Especiales en materia de Salud Pública que :

"Artículo 1

Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Artículo 2

Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".

SEPTIMO.- Se establece en el articulo 26 (LA LEY 1038/1986) y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril (LA LEY 1038/1986) que :

"Artículo 25

1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente ley, así como lo establecido en la Ley General de Salud Pública.

2. Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se establezcan, en virtud de la habilitación prevista en el apartado 1 del presente artículo, deberán cumplir las condiciones siguientes:

• a) No resultarán discriminatorios ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a sociedades, por razón de ubicación del domicilio social.

• b) Deberán estar justificados en la protección de la salud pública.

• c) Se cuidará que el régimen que se establezca sea el instrumento adecuado para garantizar la consecución del objetivo de protección de la salud pública, y no vaya más allá de lo necesario para conseguirlo, así como que no pueda sustituirse por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

• d) Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones o registros a los que se refiere esta ley deberán ser claros e inequívocos, objetivos, transparentes, proporcionados al objetivo de protección de la salud pública y darse a conocer con antelación.

3. Deberán establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos mínimos para el uso y tráfico de los bienes, cuando supongan un riesgo o daño para la salud.

4. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes podrán decretar la intervención administrativa pertinente, con el objeto de eliminar aquélla. La intervención sanitaria no tendrá más objetivo que la eliminación de los riesgos para la salud colectiva y cesará tan pronto como aquéllos queden excluidos.

Artículo 26

1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas.

2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.

OCTAVO.- Se determina en los artículos 8 (LA LEY 2395/1997), 9 (LA LEY 2395/1997) ,40 (LA LEY 2395/1997) y 43 de la Ley 4/97 de 20 de mayo (LA LEY 2395/1997) de Protección Civil de Cataluña que :

"Artículo 8 Sujeción a instrucciones

1. Una vez declarada la activación de un plan de protección civil, los ciudadanos y ciudadanas están obligados a seguir las instrucciones y cumplir las órdenes emanadas de la autoridad del plan.

2. La autoridad competente de protección civil sólo puede dictar órdenes e instrucciones que afecten a derechos de los ciudadanos y ciudadanas en los términos establecidos por las leyes de aplicación.

3. Las medidas restrictivas y las que imponen cargas personales tienen vigencia durante el tiempo estrictamente necesario y deben ser proporcionales a la situación de emergencia.

Artículo 9 Medidas de emergencia para la población

Entre las medidas de emergencia, corresponde a la autoridad de protección civil acordar las siguientes:

• a) Evacuar o alejar a las personas de los sitios de peligro.

• b) Recomendar el confinamiento de personas en sus domicilios o en sitios seguros, de acuerdo con las previsiones de los correspondientes planes.

• c) Restringir el acceso a zonas de peligro o zonas de operación.

• d) Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y privados y el consumo de bienes.

• e) Otras que se consideren necesarias de acuerdo con lo establecido en el plan que en cada momento se aplique.

Artículo 40 Autoridades de protección civil

1. Son autoridades de protección civil:

• a) El alcalde o alcaldesa, en el ámbito municipal.

• b) El consejero o consejera de Gobernación en el ámbito de Cataluña, sin perjuicio de las funciones que correspondan al presidente o presidenta de la Generalidad en caso de delegación en emergencias declaradas «de interés nacional», según la legislación del Estado.

2. Las autoridades de protección civil son lo directores o directoras de los planes de los res pectivos ámbitos territoriales. En caso de impe dimento ante las emergencias, deben substituirle las personas indicadas en el correspondiente plan.

3. El alcalde o alcaldesa puede encomendar funciones de dirección de los planes municipales a los tenientes o las tenientas de alcalde, y, en su defecto, a los demás regidores o regidoras.

4. El consejero o consejera de Gobernación puede delegar funciones directivas en los dele gados o delegadas territoriales del Gobierno y en los alcaldes o alcaldesas.

5. Las autoridades de protección civil pueden delegar funciones técnicas de dirección operativa en la persona o personas indicadas en el correspondiente plan.

Artículo 43 Competencias del consejero o consejera de Cobernación

1. El consejero o consejera de Gobernación es la autoridad superior de protección civil de Cataluña, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación que corresponden al Gobierno y de lo dispuesto en la legislación del Estado en los supuestos de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas declaradas «de interés nacional», según dicha legislación.

2. Corresponden al consejero o consejera de Gobernación las siguientes funciones:

• a) Elaborar y someter a aprobación del Gobierno el Plan territorial de protección civil de Cataluña, los planes territoriales de ámbito supramunicipal y los planes especiales.

• b) Elaborar y someter a aprobación del Gobierno los reglamentos generales de desarrollo y ejecución de la presente Ley.

• c) Desarrollar las normas y disposiciones que en materia de protección civil dicte el Gobierno.

• d) Elaborar y mantener el Catálogo de recursos y servicios movilizables para la protección civil en Cataluña.

• e) Declarar la activación de los planes de protección civil de ámbito de Cataluña y, subsidiariamente, la de los planes de emergencia municipal y los de autoprotección, y declarar su desactivación si la evolución de la situación lo permite.

• f) Elevar al Gobierno el informe sobre la aplicación de los planes de protección civil.

• g) Ejercer la dirección y mando superiores y la coordinación e inspección de todos los servicios, medios y recursos afectos al plan activado y de las actuaciones que se realicen.

• h) Presidir la Comisión de Protección Civil de Cataluña.

• i) Ejercer la dirección superior del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat) e inspeccionar, si procede, sus sedes territoriales y asociadas.

• j) Requerir a las demás administraciones, las entidades privadas y a los particulares la necesaria colaboración para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley.

• k) Ejercer las facultades de inspección establecidas en el artículo 25.

• l) Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en esta Ley.

• m) Ejercer las demás funciones que otorgue la legislación vigente.

3. El consejero o consejera de Gobernación puede delegar sus funciones, salvo las establecidas en el apartado 2.a, b, c, f y l. Las com petencias establecidas en el apartado 2.e y g son delegables en los términos indicados en el artículo 40.

NOVENO.- Se dispone en el artículo 5 del Decreto 63/2020, de 18 de junio (LA LEY 9900/2020) de la nueva gobernanza de emergència sanitaria provocada por el covid -19 e inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de Cataluña que:

" Facultar la Consejera de Salud y el Consejero de interior, en su condicion de autoridades integrantes del comitè de dirección del plan de actuacion PROCITAT para emergèncias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con potencial alto riesgo a fin de que adopten las resoluciones necesarias para hacer efectivas las medidas que han de regir la nueva etapa que se inicia".

DÉCIMO.- En relación con la proporcionalidad de la medida ,debe también tenerse en consideración en virtud de lo dispuesto en el art. 54 de medidas especiales y cautelares de la ley 3/11 d4 Octubre de Ley de General Pública, entre otras leyes referente a la proporcionalidad de las medidas, però en este caso en el ámbito sanitario, que según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos.

En primer lugar según el informe de situación epidemiològica i salud pública de la comarca del Segrià existe un crecimiento de casos respecto de la semana pasada, así pues mientras la tasa de incidència acumulada era de 149, 1 en la comarca del Segrià, esta ha subido a 187, 8 casos de la semana del 25 de Junio al 7 de Julio, según datos provisionales.

Dicho informe nos introduce un nuevo bloque consistente en la situación epidemiológica de los municipios del Baix Segrià respecto los cuales se pretende la adopción de medidas en la presente ratificación , señalando que la tasa de incidencia es de 216, 3 por 100.000 habitantes pero sin tener datos anteriores sobre este bloque a los que comparar para justificar dicha proporcionalidad y gravedad.

Así mismo se nos presenta la determinación de brotes controlados , de los cuales son 11 en empresas hortofrutícolas siendo 2 de ellas municipios distintos a los que se pretenden el confinamiento y el resto de los brotes a los que se hace mención, no se expresa en que municipio del Segrià se encuentran, lo único que se hace referencia es que existen y se tiene conocimiento y supuesto control, de ellos, y son 4 en residencias de gente mayor, 3 en centros sanitarios y distintos en residencias sociales, casales, casas de colonias y ámbitos familiares, por lo que esa identificación general, determina a su vez, la posibilidad de identificar brotes, domicilios y personas para realizar sobre ellas de forma individual, una adopción de medidas restrictivas.

Además de todo lo expuesto, la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada, y mientras en el anterior informe de situación epidemiológica se hablaba de un posible transmisión, se utiliza la misma frase y líneas para ello que en el anterior informe y nos añaden que ahora la transmisión no es posible sino que existe y puede ser importante. No nos aportan ningún dato más, ni porqué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a que datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos, para establecer esta afirmación.

Todo ello hace concluir que las medidas pretendidas no sólo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no habiéndose identificado ni subjetiva ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida, ni constando tampoco oposición expresa o tácita al cumplimiento de la medida sanitaria acordada de los destinatarios de la misma, siendo además principios informadores de toda intervención administrativa las medidas que perjudican menos el principio de libre circulación y de bienes tal y como se recoge el art. 56 de la ley 18/2009 de 22 de Octubre (LA LEY 19113/2009) de Salud Pública, pudiendo la Generalitat de Catalunya realizar otras actuaciones tales como individualización del confinamiento domiciliario respecto las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento en virtud de la competencia que le atorga el art. 9d) de lal ley 4/1997 20 de Mayo (LA LEY 2395/1997) de protección civil de Catalunya.

ONCEAVO.- En el presente caso, las medidas contenidas en la Resolución se han dictado a la vista de la situación generada en la comarca del Segrià por los casos de infección por SARS-CoV-2 ante la necesidad de proteger la salud de la población de los municipios de dicha comarca por dicho patógeno según se dice por una crisis sanitaria grave. Es público y notorio la elevada capacidad de expansión de la enfermedad y la existencia de un riego inminente y extraordinario para la salud pública que exige adoptar medidas que impidan una propagación de la enfermedad.

Pero lo que plantea la resolución cuya ratificación se propone es, ni más ni menos, el confinamiento de toda la población de una serie de municipios pues solo podrán salir de sus domicilios para trabajar y además en determinados sectores de actividad (ver punto 3 de la resolución donde solo se permite de forma muy limitada la salida del domicilio).

Hay que destacar que al Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (LA LEY 924/1986), de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública es muy ambigua por referirse a que se "podrán adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

Entender que ese precepto permite unas medidas de tanta gravedad y de tantas consecuencias de todo tipo, pero especialmente sociales y económicas como las que se pide ratificar es inaceptable, especialmente porque precisamente el Estado tiene en sus manos los mecanismos legales oportunos para paliar sus efectos en caso de adoptarse ese tipo de medidas.

Podemos citar como ejemplo la regulación de los denominados ERTES por fuerza mayor o en el ámbito societario la flexibilización del funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de sociedades mercantiles, civiles, cooperativas y fundaciones. Otro ejemplo sería el aplazamiento de los plazos previstos con relación a las Cuentas Anuales y otros documentos legalmente obligatorios o la prohibición de que los socios puedan ejercitar el derecho de separación hasta que finaliza el estado de alarma, aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital.

No pueden argumentarse a favor de la ratificación los Autos de Odena del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Barcelona de 13 de marzo de 2020 ni el recientemente dictado por este Juzgado de Guardia el pasado 4 de julio (por cierto pendiente de recurso de apelación) pues las medidas allí contempladas, restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora pretende el gobierno de la Generalidad.

En definitiva, cuando el contenido de la petición se limita exclusivamente a ordenar lo que se conoce como "cordón sanitario" seria asumible la ratificación de la medida por la Ley Orgánica 3/1986 (LA LEY 924/1986) pero lo que hoy se propone excede ampliamente de una simple limitación de movimientos e incide gravemente en los derechos reconocidos constitucionalmente, especialmente los previstos en los arts. 17 (LA LEY 2500/1978), 19 (LA LEY 2500/1978) y 21 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) que solo con pleno respeto a las leyes orgánicas pueden limitarse y mas de forma general como aquí se pretende. Baste recordar el art 17 (LA LEY 2500/1978),1 CE: "Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley"

Precisamente por eso el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, requirió la aprobación por el Congreso de los Diputados, su duración máxima era de 15 días, debiéndose prorrogar por ese plazo con los mismos requisitos.

Durante la vigencia del estado de alarma se limitó el tránsito de las personas a las vías o espacios públicos a determinadas actividades, que debían realizarse de manera individual, salvo que se acompañara a personas con discapacidad, menores, mayores u otra causa justificada

Estas actividades eran las siguientes:

• Adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad

• Asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios

• Desplazarse al lugar de trabajo, entidades financieras y de seguros

• Regresar al lugar de residencia habitual

• Asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables

• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad

Precisamente el estado de alarma permite excepcionalmente "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares" (art 11 LO 4/1981 (LA LEY 1157/1981)) determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos".

Sin duda la resolución presentada parece una copia precisamente del Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020) de estado de alarma aunque, a diferencia de la declaración de estado de alarma, es además ilimitada en el tiempo ("....és vigent fins que es dicti una nova resolució que la modifiqui o la deixi sense efecte") lo que agrava todavía más su contenido y consecuencias.

Entendemos que lo que se propone con la resolución que se presenta no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial que precisamente prevé, en garantía de los derechos fundamentales, el art 4º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LA LEY 1157/1981).

Esta es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados.

En todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LA LEY 1157/1981), "podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma".

En conclusión y por lo expuesto entendemos que las medidas acordadas en la Resolución de 12 de julio de 2020, de los Departamentos de Interior y de Salud de la Generalitat no pueden ser objeto de convalidación por la vía de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (LA LEY 924/1986) al ser manifiestamente contrarias a derecho y por ello SE ACUERDA NO HABER LUGAR A LA RATIFICACIÓN JUDICIAL DE LAS MISMAS.