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PRIMERO.- Recurre la acusada para interesar su libre absolución, y a tal fin aduce error de hecho en la valoración de la prueba e infracción de la doctrina jurisprudencial.

SEGUNDO.- Examinado con detenimiento lo actuado y visionada la grabación del plenario, en nuestra deliberación hemos concluido, forzosamente, que las alegaciones de la apelante, exculpatorias, sesgadas y que pretenden eclipsar el núcleo de los elementos probatorios que le son adversos, no pueden prevalecer frente a los sólidos y brillantes argumentos que se desarrollan al respecto en la sentencia objeto de crítica y que alcanzan un corolario plenamente acertado.

Ante todo, dados los prolijos y reiterativos términos en que aparece redactado el escrito de recurso, es preciso recordar que la motivación de las resoluciones judiciales no conlleva una determinada extensión ni un cierto modo de razonar, ni significa una respuesta pormenorizada o un paralelismo servil con el esquema discursivo de los escritos forenses ( SSTC 209/1993 (LA LEY 2365-TC/1993) , 2 , 23 , 60 y 231/1997 , 36 y 153/1998 , 118/2000 , 14 y 222/2001 , entre otras muchas). Por ello, no podemos compartir tampoco la alegación de que la sentencia impugnada realiza un "somero" análisis de las expresiones vertidas en los escritos objeto de la causa; más bien, coincidimos con la argumentación desplegada por el titular del órgano "a quo", a la que nos remitimos, teniéndola aquí por reproducida.

TERCERO.- Hemos transcrito los hechos declarados probados, que hacen referencia al contenido de los escritos de 29 de octubre de 2012 (repetido a lo largo del procedimiento, folios 5, 30, 42, 79, 113, 261, 677) y 27 de noviembre de 2012 (folios 19, 135, 136, 603, 604), este último con referencia al proveído de 27 anterior (folios 28 y 128). Digamos lisa y llanamente, evitando el uso de adjetivos, que la recurrente ha llegado al extremo de poner en cuestión la autoría de tales escritos, y así en el plenario (minuto 4:20 del acta grabada en adelante) intenta camuflarla aduciendo que fueron realizados por personal de su despacho aunque reconoce ser la última responsable, cuando ya en el escrito presentado el 5 de noviembre de 2012 (folios 7, 680 y siguientes respectivos) manifestaba al Juzgado "que la Letrada firmante del escrito de fecha 29/10/2012, es la que suscribe", y en su declaración como investigada ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Aviles el 7 de octubre de 2014 (folios 332 y 333), trámite practicado después de no pocos esfuerzos (exhortos obrantes a los folios 155, 198, 274 y siguientes) dice "que efectivamente es autora del escrito presentado el 29.10.2012 ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Aviles, en ejecución de Títulos Judiciales 798/11", y añade que "el escrito de fecha 27.11.2012 también reconoce que es de ella".

CUARTO.- La ahora apelante, en su precitado escrito de 5 de noviembre, considera que todas las manifestaciones vertidas por ella "se hacen estrictamente en el marco de la libertad de expresión como derecho fundamental del abogado en el ejercicio de la actividad de defensa de la parte", lo que, como veremos, es una apreciación categóricamente errónea.

Hemos de tener presente que el intérprete supremo de nuestra Ley Fundamental, que se ha pronunciado en innumerables ocasiones acerca de las libertades de expresión e información y su posible colisión con el derecho al honor y otros conexos, ya hacía notar en los fundamentos segundo y tercero de la sentencia 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) :

"Para abordar la cuestión de si la sanción impuesta por las expresiones vertidas en el aludido escrito vulneró o no el derecho a la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa letrada, único derecho fundamental que se denuncia como vulnerado en la demanda de amparo, bueno será recordar la doctrina de este Tribunal relativa a esta cuestión, la cual aparece sintetizada en la STC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , recogida luego en las recientes SSTC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , y 184/2001, de 17 de septiembre de 2001 (LA LEY 7412/2001) . En la primera de las citadas resoluciones decíamos:

"Dispone el art. 437.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) : 'En su actuación ante los Juzgados y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa'. Con estos términos el legislador orgánico de 1985 ha descrito los rasgos más esenciales del estatuto de la abogacía, concluyendo con una proclamación de la 'libertad de expresión y defensa', como parte esencial e imprescindible de la función de defensa. La relevancia constitucional de esta libertad es consecuencia necesaria de su conexión instrumental con el derecho fundamental a la defensa y asistencia de letrado reconocido en el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) , sin la cual dicho derecho fundamental resultaría ilusorio. En este sentido bien puede decirse que el derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia de letrado implica un derecho a una defensa libremente expresada. La libertad de expresión, por tanto del Abogado en el ejercicio de su función de defensa debe ser concebida como un supuesto particularmente cualificado de esta libertad fundamental.

En efecto, junto a los supuestos ordinarios de ejercicio de la libertad de expresión, como forma genérica, exteriorizada, de una previa libertad de opinión o de creencia, se dan supuestos de ejercicio de tal libertad en los que están implicados otros bienes constitucionales, o incluso otros derechos fundamentales. Tal es el caso de la libertad de expresión conectado a los procesos de formación y de exteriorización de un poder político democrático ( art. 23 CE (LA LEY 2500/1978) ), el de la libertad de cátedra [ art. 20.1 c) CE (LA LEY 2500/1978) ], o el que ahora nos ocupa de la defensa y asistencia de letrado. La libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de su función de defensa resulta, así, una libertad de expresión reforzada por su inmediata conexión a la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa ex art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) . Todo ello es sólo consecuencia del doble carácter o naturaleza de los derechos fundamentales puesto de relieve desde nuestra STC 25/1981 (LA LEY 197/1981) , FJ 5 ...

' La libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de la actividad de defensa', añadimos en la STC 205/1994 (LA LEY 13676/1994) , 'es una manifestación cualificada del derecho reconocido en el art. 20 CE (LA LEY 2500/1978) , porque se encuentra vinculada con carácter inescindible a los derechos de defensa de la parte ( art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) ) y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye ( art. 117 CE (LA LEY 2500/1978) ). Por esta razón, se trata de una manifestación de la libertad de expresión especialmente resistente, inmune a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar. Sin embargo, este reforzamiento, esta especial cualidad de la libertad ejercitada, se ha de valorar en el marco en que se ejerce, y atendiendo a su finalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento, y a 'la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial' que el art. 10.2 CEDH (LA LEY 16/1950) erigen en límite explícito a la libertad de expresión ( STEDH de 22 de febrero de 1989, caso Barfod )' (FJ 5)."

"Con estos parámetros de decisión estamos ya en condiciones de valorar si, en su apreciación, los órganos judiciales, el Juzgado primero y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia después al conocer del recurso de alzada, efectuaron una ponderación adecuada acerca de si las expresiones vertidas en el escrito del demandante de amparo desconocían o no el mínimo obligado respeto a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que constituye el límite de la reforzada libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa. Para ello habremos de atender principalmente al significado de las concretas expresiones utilizadas, en cuanto revelan una intención de menosprecio en la plasmación de las ideas y conceptos a cuya expresión sirven en una compresión global del mencionado escrito. Tal menosprecio, ofensa y maltrato hacia una de las funciones estatales, como es la función judicial, constituye el límite a la libertad de expresión del Abogado, pues, según reiteradamente hemos afirmado, "excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos" (por todos nuestros pronunciamientos al respecto, ATC 76/1998, de 16 de marzo ).

Pues bien, tildar la actuación judicial de dirección del interrogatorio de un testigo de réplica "violenta, hostil, maleducada y grosera" entraña una descalificación personal del instructor de la causa judicial que en nada se ordena a la defensa de los intereses del defendido por el demandante de amparo, y que, por esto mismo, no puede encontrar cobertura o justificación en la libertad de expresión del Letrado en el ejercicio de sus funciones. Las reseñadas son expresiones que resultan sin duda objetivamente ofensivas para un Juez en el desempeño de la función judicial, y merecen una valoración semejante a la que en diversas ocasiones ha justificado la inadmisión de otros recursos de amparo (ad exemplum, el supuesto de hecho considerado en el ATC 76/1999 (LA LEY 52403/1999), de 16 de marzo ).

Nuestro análisis ha de detenerse en la constatación de la utilización por el recurrente de palabras o expresiones vejatorias para la titular del órgano jurisdiccional, y en la realización por aquél de imputaciones claramente inadecuadas e infrecuentes en el uso forense para defender los intereses de su cliente".

Esta clara delimitación del ámbito en que puede desplegarse la libertad de expresión de los abogados se reitera en la STC 235/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 572/2003) , que en los apartados segundo a cuarto efectúa estas consideraciones:

"A la vista de las alegaciones de las partes, el objeto de este proceso se circunscribe a determinar si los Acuerdos que impusieron al demandante de amparo una corrección disciplinaria por falta de respeto debido a los Jueces y Tribunales ( art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) ) vulneraron su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [ art. 20.1 a ) y art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ].

Para resolver la cuestión planteada debemos acudir a la doctrina que sobre esta especial manifestación de la libertad de expresión ha ido sentando nuestro Tribunal en anteriores pronunciamientos, especialmente en las SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) ; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) ; 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) ; 184/2001, de 17 de septiembre (LA LEY 7412/2001) ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) ; y 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) .

En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) ( STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , FJ 4). Consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ), y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye ( art. 117 CE (LA LEY 2500/1978) ). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar ( STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5).

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los arts. 448 y ss. LOPJ (LA LEY 1694/1985) sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervienen en los mismos. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, "que cooperan con la Administración de Justicia" - según el epígrafe del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)-, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano y el respeto por parte del Abogado de los demás sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia ( SSTC 38/1998 (LA LEY 2115/1998), de 9 de marzo, FJ 2 ; 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5). La primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) , al disponer que "en su actuación ante los Jueces y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa". La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que también participan en la función de administrar justicia y tiene como consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) , los Abogados y Procuradores puedan ser corregidos disciplinariamente ante los Juzgados y Tribunales "cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso" ( STC 38/1988, de 9 de marzo (LA LEY 964-TC/1988) , FJ 2; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , FJ 5; 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) , FJ 6).

Asimismo, hemos puntualizado que la especial cualidad de la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos (LA LEY 16/1950) erige en límite explícito a la libertad de expresión ( SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), FJ 5 ; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5 ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002), FJ 2 ; 79/2002 (LA LEY 4129/2002) , FJ 6; STEDH de 22 de febrero de 1989, caso Barfod ).

La existencia de tales derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto ha de obligar al órgano jurisdiccional, cuando la sanción impuesta sea impugnada, a determinar si la conducta del Abogado está justificada por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa o si, por el contrario, con clara infracción de las obligaciones procesales de corrección antedichas, se pretende atentar a la imparcialidad del Tribunal o alterar el orden público en la celebración del juicio oral, o menoscabar el respeto que merecen los demás intervinientes en el proceso ( STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5)".

"Esto sentado, el Juzgado declaró que los calificativos "caprichosa", "arbitraria", "groseramente contraria a derecho" o "manifiestamente ilegal" utilizados por el Letrado para referirse a una resolución judicial exceden del ámbito de la defensa de los derechos de sus clientes y suponen un claro insulto, si no una imputación de un delito. Por su parte, la Sala de Gobierno afirma que la libertad de expresión no es ilimitada cuando entra en colisión con otros derechos dignos de protección, y encuentra sus límites señalados en el art. 20.4 de la Constitución española (LA LEY 2500/1978) , con especial mención del derecho al honor, a la intimidad, y a la propia imagen, concluyendo que pocas expresiones pueden ofender más a un Magistrado que la imputación del dictado de una resolución que se enjuicia con tales calificativos, los cuales exceden del ámbito de la defensa de los derechos de sus clientes.

Aunque brevemente, los Acuerdos recurridos contienen, respectivamente, una ponderación de los derechos e intereses en juego, coincidiendo ambos en que las expresiones vertidas por el recurrente en el escrito forense exceden del ejercicio legítimo del derecho de defensa y desbordan el derecho a la libertad de expresión al resultar ofensivas para la Juzgadora.

4. Debemos pues valorar si esta apreciación llevada a cabo por los órganos judiciales ha desconocido el derecho a la libertad de expresión en la actividad de defensa, como sostienen todas las partes personadas en este proceso de amparo.

Para ello cabe señalar, en primer lugar, que "el bien tutelado en el art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) no es el honor o la dignidad de la persona titular de un órgano judicial, sino el respeto debido al Poder Judicial en tanto que institución y, por tanto, al margen de las personas que eventualmente desempeñan la magistratura" ( SSTC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 2 ; 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) , FJ 2). Por tanto, tal como afirmamos en la STC 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) , FJ 3, el límite de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa lo constituye, en este caso, el mínimo respeto debido a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, y para comprobar si aquél se ha franqueado habremos de atender principalmente al significado de las concretas expresiones utilizadas, en cuanto puedan revelar una intención de menosprecio en la plasmación de las ideas y conceptos a cuya expresión sirven en una compresión global del escrito enjuiciado. Tal menosprecio hacia una de las funciones estatales, como es la función judicial, constituye un límite a la libertad de expresión del Abogado, pues, según reiteradamente hemos afirmado, "excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tanto más cuanto se trata de la reparación de un derecho fundamental que se entiende conculcado" ( SSTC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5 ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) , FJ 3; ATC 76/1999 (LA LEY 52403/1999), de 16 de marzo ).

En aplicación de tales criterios este Tribunal ha entendido que falta al respeto, autoridad e imparcialidad del Poder Judicial una afirmación gratuita en la que se lanza una velada acusación de prevaricación contra un Juez (ATC 76/1998, 16 de marzo ); o las manifestaciones gratuitas que no están referidas al concreto supuesto de hecho debatido en autos y que en nada pueden contribuir a la causa de su cliente ( ATC 299/2000, de 13 diciembre (LA LEY 226733/2000) ); o expresiones efectivamente graves y descalificadoras que se formulan en términos que no son los habituales ni los propios de la crítica a un Juez o Magistrado (ATC 10/2000, de 11 de enero ); o tildar una actuación judicial de "violenta, hostil, maleducada y grosera" ( STC 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) , FJ 3). Por el contrario, ha considerado amparadas por la libertad de expresión en la defensa letrada la denuncia, en un recurso, de una vulneración del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) con aseveraciones de especial gravedad y dureza, aunque en términos de estricta defensa ( STC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , FJ 5); o la crítica a la actuación procesal del Ministerio Fiscal en una causa, sin uso de expresiones insultantes o vejatorias ( STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , FJ 6)".

Quedémonos, pues, con tan ilustrativos argumentos, incluido los mencionados supuestos de velada acusación de prevaricación o las manifestaciones gratuitas que en nada pueden contribuir a la causa del cliente.

La STC 117/2003, de 16 de junio (LA LEY 2576/2003) , en los mismos ordinales, enseña:

"Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes de la Sentencia el objeto de este proceso consiste en determinar si los Acuerdos que impusieron al demandante de amparo una corrección disciplinaria por falta de respeto debido a los Jueces y Tribunales ( art. 450.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) ) vulneraron su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [ art. 20.1 a ) y art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ].

La cuestión debe resolverse acudiendo a la consolidada doctrina que sobre esta especial manifestación de la libertad de expresión ha ido sentando nuestro Tribunal, y que aparece sintetizada en el fundamento jurídico 2 de la reciente STC 235/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 572/2003) , con remisión a las anteriores SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , 184/2001, de 17 de septiembre , 226/2001, de 26 de noviembre , y 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) . En aquel fundamento jurídico se dice literalmente:

"En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) ( STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , FJ 4). Consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ), y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye ( art. 117 CE (LA LEY 2500/1978) ). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar ( STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5).

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los arts. 448 y ss. LOPJ (LA LEY 1694/1985) sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervienen en los mismos. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, 'que cooperan con la Administración de Justicia' -según el epígrafe del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)-, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano y el respeto por parte del Abogado de los demás sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia ( SSTC 38/1998 (LA LEY 2115/1998), de 9 de marzo, FJ 2 ; 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5). La primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) , al disponer que 'en su actuación ante los Jueces y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa'. La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que también participan en la función de administrar justicia y tiene como consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) , los Abogados y Procuradores puedan ser corregidos disciplinariamente ante los Juzgados y Tribunales 'cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso' ( STC 38/1988, de 9 de marzo (LA LEY 964-TC/1988) , FJ 2; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , FJ 5; 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) , FJ 6).

Asimismo hemos puntualizado que la especial cualidad de la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que el art. 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950) erige en límite explícito a la libertad de expresión ( SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994), FJ 5 ; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5 ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002), FJ 2 ; 79/2002 (LA LEY 4129/2002) , FJ 6; STEDH de 22 de febrero de 1989, caso Barfod ).

La existencia de tales derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto ha de obligar al órgano jurisdiccional, cuando la sanción impuesta sea impugnada, a determinar si la conducta del Abogado está justificada por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa, o si, por el contrario, con clara infracción de las obligaciones procesales de corrección antedichas, se pretende atentar a la imparcialidad del Tribunal o alterar el orden público en la celebración del juicio oral, o menoscabar el respeto que merecen los demás intervinientes en el proceso ( STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5)" ( STC 235/2002 (LA LEY 572/2003), de 9 de enero , FJ 2)".

"Constatado lo anterior debemos comprobar, en segundo lugar, si los Acuerdos recurridos contienen, respectivamente, una adecuada apreciación de los derechos fundamentales y de los bienes constitucionales en conflicto. De la lectura de los Acuerdos se desprende que tal ponderación puede encontrarse, aunque expresada concisamente, en las resoluciones impugnadas. En efecto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se refiere en su Acuerdo a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada, alegada por parte del recurrente, y argumenta que las calificaciones vertidas en el controvertido escrito no se justifican ni amparan en el derecho y la independencia de la que gozan los profesionales en sus actuaciones ante los Tribunales, puesto que imputar a los miembros del Tribunal la adopción de resoluciones sistemáticamente adversas contra su defendido, que se tildan de infundadas, irrazonadas y desacertadas, "no son conceptos que puedan esgrimirse para el legítimo derecho de defensa sino graves descalificaciones realizadas en un escrito extemporáneo". Por su parte el Acuerdo de la Sala de Gobierno se hace eco de la jurisprudencia constitucional en esta materia, y si bien admite que el escrito de recusación no contiene expresiones objetivamente injuriosas, y que las descalificaciones en él vertidas lo son de las resoluciones y no de los miembros del Tribunal, afirma que las expresiones utilizadas descalifican claramente la actuación de aquél con calificativos peyorativos que no tienen justificación".

"Queda ya sólo valorar si esta apreciación llevada a cabo por los órganos judiciales ha desconocido el derecho a la libertad de expresión en la actividad de defensa, como alega el demandante de amparo, o, por el contrario, aquella libertad no da cobertura a las calificaciones vertidas en el controvertido escrito de recusación, como sostiene el Ministerio Fiscal.

En este punto debemos recordar de nuevo que "el bien tutelado en el art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) no es el honor o la dignidad de la persona titular de un órgano judicial, sino el respeto debido al Poder Judicial en tanto que institución y, por tanto, al margen de las personas que eventualmente desempeñan la magistratura" ( SSTC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 2 ; 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) , FJ 2). Por ello, tal como afirmamos en la STC 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) , FJ 3 (y hemos reiterado en la citada STC 235/2002 (LA LEY 572/2003), de 9 de enero , FJ 4), el límite de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa lo constituye, en este caso, el mínimo respeto debido a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, y para comprobar si aquél se ha franqueado habremos de atender principalmente al significado de las concretas expresiones utilizadas, en cuanto puedan revelar una intención de menosprecio en la plasmación de las ideas y conceptos a cuya expresión sirven en una comprensión global del escrito enjuiciado. Tal menosprecio hacia una de las funciones estatales, como es la función judicial, constituye un límite a la libertad de expresión del Abogado, pues, según reiteradamente hemos afirmado, "excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tanto más cuanto se trata de la reparación de un derecho fundamental que se entiende conculcado" ( SSTC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996), FJ 5 ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) , FJ 3; ATC 76/1999 (LA LEY 52403/1999), de 16 de marzo )".

"Tal como reconoce en su resolución la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, las descalificaciones contenidas en el escrito de recusación aquí enjuiciado no se dirigen personalmente a los Magistrados de la Sección, sino a las resoluciones dictadas por éstos, que se reputan "sistemáticamente adversas, infundadas, irrazonadas y desacertadas", sin utilizar expresiones objetivamente injuriosas; sin que la referencia a la animosidad y el "encono intraprocesal" vayan más allá de lo necesario, para fundamentar la concurrencia de enemistad manifiesta como causa de recusación. No se trata por tanto de expresiones descalificadoras que se formulan en términos que no son los habituales ni los propios de la crítica a un Juez o Magistrado (ATC 10/2000, de 11 de enero ). Por el contrario, son calificativos empleados en términos de defensa que no deben considerarse ni insultantes ni vejatorios para el Tribunal, ni reveladores de un menosprecio hacia la función judicial, pues pretenden demostrar la concurrencia de la causa de recusación invocada por el Letrado demandante, lo cual exige referirse forzosamente a la actuación del Tribunal en términos críticos. Por ello las expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de recusación se amparan en la libertad de expresión del Letrado que, precisamente por su carácter específico, le permite una mayor "beligerancia en los argumentos" ( STC 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , FJ 6) dada su conexión con el derecho de defensa de la parte. Y ello con independencia de la actitud procesal del Letrado recurrente, sobre la que no debemos pronunciarnos porque que no fue propiamente objeto de la corrección disciplinaria impuesta por los órganos judiciales".

Y la STC 145/2007, de 18 de junio (LA LEY 52459/2007) , que se cita en la resolución combatida, pone de relieve, dentro de sus fundamentos tercero y cuarto, que citamos resumidos, lo siguiente:

"Descartadas las supuestas vulneraciones de carácter procesal que se invocan en la demanda, procede examinar si los Acuerdos impugnados, que impusieron al recurrente una corrección disciplinaria por faltar en su actuación forense al respeto debido a los jueces y tribunales ( art. 449.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985): LOPJ (LA LEY 1694/1985) ), han vulnerado su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [ arts. 20.1 a ) y 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ].

La consolidada doctrina que hemos ido sentando sobre esta especial manifestación de la libertad de expresión aparece sintetizada, entre otras, en las SSTC 235/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 572/2003) , FJ 2 ; 117/2003, de 16 de junio (LA LEY 2576/2003) , FJ 2 ; 65/2004, de 19 de abril (LA LEY 1210/2004) , FJ 2 ; 197/2004, de 15 de noviembre (LA LEY 2398/2004) , FJ 5 ; 22/2005, de 1 de febrero (LA LEY 376/2005) , FJ 3 ; 232/2005, de 26 de septiembre (LA LEY 1870/2005) , FJ 3. Parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar ( STC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5).

Asimismo hemos puntualizado ( SSTC 22/2005, de 1 de febrero (LA LEY 376/2005) , FJ 3 ; 232/2005, de 26 de septiembre (LA LEY 1870/2005) , FJ 3), que "la especial cualidad de la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial ( SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5 ; 79/2002 (LA LEY 4129/2002) , FJ 6; STEDH de 22 de febrero de 1989, caso Barfod )".

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los arts. 448 y ss. LOPJ (LA LEY 1694/1985) sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervienen en los procesos judiciales. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, "que cooperan con la Administración de Justicia" -según el epígrafe del libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)-, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano y el respeto por parte del Abogado de los demás sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia ( SSTC 38/1998 (LA LEY 2115/1998), de 9 de marzo , FJ 2 ; 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5).

La existencia de tales derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto ha de obligar al órgano jurisdiccional, cuando la sanción impuesta sea impugnada, a determinar si la conducta del Abogado está justificada por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa o si, por el contrario, con clara infracción de las obligaciones procesales de corrección antedichas, se pretende atentar a la imparcialidad del Tribunal o alterar el orden público en la celebración del juicio oral, o menoscabar el respeto que merecen los demás intervinientes en el proceso ( SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) , FJ 5 ; 235/2002 (LA LEY 572/2003), de 9 de enero , FJ 2). Para determinarlo, deben tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes, pues éstas pueden justificar la mayor beligerancia en los argumentos sin más límite que el insulto y la descalificación innecesaria".

"Queda ya sólo valorar si esta apreciación llevada a cabo por los órganos judiciales ha desconocido el derecho a la libertad de expresión en la actividad de defensa, como alega el demandante de amparo, o si, por el contrario, aquella libertad no da cobertura a las calificaciones vertidas, habida cuenta que, según reiteradamente hemos afirmado, "excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tanto más cuanto se trata de la reparación de un derecho fundamental que se entiende conculcado" ( SSTC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , FJ 5 ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) , FJ 3; ATC 76/1999 (LA LEY 52403/1999), de 16 de marzo ).

Y en este caso sí cabe apreciar que se ha lesionado o restringido ilegítimamente el derecho constitucional a la libertad de expresión ( art. 20.1.a CE (LA LEY 2500/1978) ), en el ejercicio de la defensa. Las expresiones utilizadas en el escrito, que han quedado consignadas en los antecedentes de esta resolución, no exceden del límite tolerado por el ejercicio del derecho de defensa, siendo expresiones utilizadas en los escritos forenses que en este caso no pueden calificarse como formalmente injuriosas o insultantes para el titular de la potestad jurisdiccional. Ninguna de las expresiones empleadas excede de los límites antes indicados de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa, ya que el recurrente ponía de manifiesto sus dudas sobre el reparto de asuntos realizado en el Decanato de los Juzgados y a solicitar a la titular del órgano jurisdiccional que realizase algunas averiguaciones sobre el orden de despacho ordinario de los asuntos, lo que en absoluto puede considerarse descalificador o insultante".

QUINTO.- Las circunstancias concurrentes e n el caso examinado conducen a pensar que las afirmaciones y juicios de valor en cuestión exceden de los indicados límites, pues no se dirigen a presentar, aunque fuese de forma vehemente, los argumentos para la tutela de los derechos e intereses de los clientes, sino que incurren en una gratuita y extremada falta de respeto a la integrante del Poder Judicial ( art. 117.1 CE (LA LEY 2500/1978) ) a que se dirigen. Las expresiones empleadas no son equívocas y los escritos hablan por sí mismos. Cuesta creer que una abogada en un documento forense prive de sentido técnico-jurídico ( art. 243 CP (LA LEY 3996/1995) ) a la palabra "extorsión", cuyo significado admite conocer en su calidad de Letrada (folio 332), máxime cuando el contexto del escrito no puede calificarse de moderado o conciliador, sino que está lleno de letras negritas, mayúsculas, subrayados y se incluyen términos como "absolutamente ilegal" o "su Señoría ordenó abusivamente", de modo que se estaba imputando a la Magistrada un delito de extorsión, y no otra es la opinión al respecto de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (apartado duodécimo "in fine" del auto de 7 de junio de 2013, folio 698 de la presente causa).

SEXTO.- Por lo que se refiere al escrito de 27 de noviembre, no se limita a una mera solicitud de deducir testimonio de todas las actuaciones, sino que debe entenderse que contiene la imputación de un delito de prevaricación, dados sus términos "infracción manifiesta del art. 452 de la LEC (LA LEY 58/2000) ", "únicamente se rectificó por Sª cuando se anunció la existencia de responsabilidades disciplinarias o penales...", "y otra muestra, en este caso, de total ausencia de motivación jurídica, es el auto de 21 de noviembre de 2012, pues NO CITA NI UN SOLO ARTÍCULO", a lo que añade "pudiendo haberse dictado en el presente procedimiento diversas resoluciones judiciales injustas, a sabiendas de su ilegalidad, habiéndose seguido el proceso y juicio sin citación a la parte demandada, o acordar el embargo de bienes contra personas que nunca fueron llamadas al proceso ni notificadas, o denegar injustamente el acceso a los recursos, bien a sabiendas o bien por ignorancia grave e inexcusable, podrían ser de aplicación los arts. 446 (LA LEY 3996/1995) y 447 del CP (LA LEY 3996/1995) ".

En el fundamento séptimo del ATSJA citado se comienza diciendo que "si bien la querellante no concreta cuál de las modalidades de prevaricación entiende cometida, es lo cierto que afirma en su escrito que la querellada actúa con desconocimiento total del ordenamiento jurídico y deja entrever que era plenamente consciente de la ilegalidad y arbitrariedad de su decisión", y en el undécimo, la Sala "considera que las resoluciones judiciales examinadas no son incardinables en el concepto típico de resolución injusta, pues ni se apartan de las opciones jurídicamente defendibles ni son irrazonables". En palabras del mismo apartado de la sentencia controvertida, que hacemos nuestras "pues bien, si los motivos para solicitar la deducción de testimonio contra la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº NUM002 de DIRECCION000 por un posible delito de prevaricación eran "absolutamente fehacientes", según la acusada, no se alcanza a entender por qué el Consejo General del Poder Judicial archivó los dos expedientes de queja (nº 5739/2013 y nº 17950/2013 -folios 413 y 448) incoados en virtud de denuncia formulada por la acusada Sra. Lorena contra la Sra. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº NUM002 de DIRECCION000 "; y añade, razonablemente, que el citado Tribunal que "con todos los respetos a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, ofrece a este juzgador mayor fiabilidad y garantía de objetividad, además de su contrastada cualificación jurídica) expone en su resolución de 7 de junio de 2013" (fundamento décimo, folio 697) "en el presente caso y en lo que se refiere al Juicio Verbal 966/2010 ha de tenerse en cuenta que el mismo terminó por sentencia contra la que las partes no interpusieron en tiempo y forma recurso alguno por lo que quedó firme y en consecuencia mal se puede hablar de resolución injusta por quien no agotó los recursos contra la misma. En lo que se refiere al procedimiento de ejecución lo que se desprende de los términos de la propia querella es la existencia de una mera discrepancia entre lo resuelto por la Magistrada y las pretensiones de la Letrada querellante que en su caso deben ser resueltas por las instancias superiores a través de la vía de los recursos que procedan, lo contrario supondría de alguna manera criminalizar la actividad judicial"; Alto Tribunal Autonómico que efectivamente dispuso para su estudio y para el análisis de la actuación de la Sra. Magistrada "de todas las actuaciones llevadas a efecto por el Juzgado de 1ª Instancia nº NUM002 de DIRECCION000 tanto en sede de juicio verbal nº 966/2010 como en el procedimiento de ejecución de Títulos Judiciales nº 798/2011, en el cual habrían dictado las resoluciones manifiestamente injustas, a sabiendas, por parte de la Ilma. Sra. Magistrada de dicho Juzgado".

La tesis de la simple deducción de testimonio no puede ser acogida favorablemente. Acierta el juzgador de instancia cuando en el fundamento decimotercero, que asumimos como propio, dice que aquella teoría no deja de resultar llamativa "en la medida en que "la propia acusada sigue sosteniendo con claridad -véase su declaración en el acto del plenario- que las resoluciones dictadas por la Magistrada eran injustas y se dictaron a sabiendas de su ilegalidad, es decir, sigue sosteniendo con obstinación que la Magistrada es una prevaricadora, afrentosa imputación que dada su claridad y concreción permite inferir el aspecto subjetivo del delito, la gratuita infamia y la voluntad de llevarla a efecto, siendo por lo demás manifiesta la falsedad de dicha atribución y por ende su conocimiento por parte de la acusada, ya no solo por su condición de Letrada, sino por lo inadecuado de su pretensión impugnativa, improcedencia que posteriormente fue así apreciada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en resolución desestimatoria de la querella por prevaricación presentada".

"Obviamente, al margen del uso del condicional en el referido escrito ("pudiendo haberse dictado"; "podrían ser de aplicación"...), el mero análisis de su contenido, la referencia - con transcripción literal- a los art. 446 (LA LEY 3996/1995) y 447 del C. Penal (LA LEY 3996/1995) y la cita pormenorizada de todas y cada una de las resoluciones injustas dictadas a sabiendas de su ilegalidad 8la providencia de 25 de octubre de 2012 y el auto de 21 de noviembre de 2012), permite concluir con certeza y sin ningún género de duda que lo que la acusada estaba efectuando en dicho escrito no era otra cosa que la imputación directa a la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia de DIRECCION000 de hechos constitutivos de un delito de prevaricación, bien doloso ( art. 446 del C. Penal (LA LEY 3996/1995) ), bien por imprudencia grave o ignorancia inexcusable (art. 447)".

"Recordemos, en todo caso, que la propia acusada, en su interrogatorio en el acto del plenario, y a preguntas de su Letrado, manifestó que las resoluciones dictadas por la Sra. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia de DIRECCION000 no es que pudieran se injustas, sino que son injustas, dejando escaso margen para la duda y desbaratando así su propio argumento de defensa.

Y ello efectuando con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, según se deduce de lo que ha quedado dicho sobre las numerosas resoluciones, tanto judiciales como administrativas, que han archivado o inadmitido a trámite cualquier tipo de procedimiento penal o disciplinario contra la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia de DIRECCION000 por los hechos denunciados por la acusada".

Concretamente, el auto de 21 de noviembre de 2012 (folios 124 a 127) contiene un razonamiento extenso del que no cabe hacer abstracción por la falta de cita de preceptos legales acaso innecesarios, y hemos de recordar nuevamente lo que se dice en el anterior apartado segundo a propósito de la exigencia que hace el art. 120.3 CE (LA LEY 2500/1978) .

a) imputación a una persona de un hecho delictivo, lo que equivale a atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro una infracción criminal de tal rango; b) dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de un inexactitud; c) no bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta; y d) ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención especifica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva ( STS 90/95, de 1-2 ).

Es necesario que la imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo de delito que se achaca (S. 6-11- 92).

Como dice y repite constantemente la jurisprudencia, si no hay una real voluntad de ofender en su honra al calumniado este delito no existe, pues la llamada difamación por ligereza no aparece tipificada en nuestras leyes (S. 12-7-91).

La falsedad de la imputación es patente, pues, ni siquiera en virtud de querella de la acusada (folios 632 y siguientes), han resultado i ndicios de comisión de los delitos de prevaricación o extorsión por parte de la Magistrada a quien se hacían claras referencias de intimidar a quienes hicieron determinada consignación económica, clientes de la acusada, y el referido ánimo específico de ofender o difamar resulta obvio a la vista de las repetidas expresiones y el especial énfasis que reciben mediante el caso de subrayados, mayúsculas y negrita, lo que denota inequívocamente que la aquí apelante era consciente de lo que había escrito, así como su empeño y el dolo, en definitiva, de menoscabar el honor de la Magistrada a la que se dirigía. En palabras de la representante del Ministerio Público, que compartimos, "aunque en el recurso se afirme que la acusada no imputó de forma absoluta un delito de prevaricación, limitándose a decir "un podría", lo cierto es que la acusada en el acto del plenario reconoció de forma rotunda que a su juicio la Sra. Magistrada había cometido un delito de prevaricación, es más su defensa en trámite de informe en la vista oral opuso la exceptio veritatis y en el recurso de apelación interpuesto se insiste en el carácter irregular de resoluciones dictadas por la Sra. Magistrada doña Esperanza ".

OCTAVO.- En el escrito de recurso se sigue insistiendo en las irregularidades supuestamente producidas en el procedimiento ejecutivo, que de apreciarlas la parte pudo ponerlas de manifiesto sin cortapisas pero sin necesidad alguna de traspasar, como ha hecho con gran exceso, el umbral de una falta de respeto a todas luces injustificada. El comentario gratuito "la extorsión realizada por la Sra. Juez" tiene el ya aludido sentido técnico y no el de mero perjuicio que puede atribuirse al término cuando se utiliza en sentido coloquial. La sentencia no emplea ardid alguno, ni retuerce el significado de los vocablos. Las críticas a la actuación procedimental son admisibles y hasta pudieran prosperar, en algunos casos, confiriéndose viabilidad a los recursos de que se trate, pero lo que aquí sucede es que el abuso del vocabulario hiriente está incluso desconectado de la finalidad de defender los ya mencionados derechos e intereses legítimos para, más bien, orientarse hacia el improperio, el denuesto y el exabrupto, tildando a la Magistrada de protagonista de la extorsión y de la prevaricación. Ha llamado extorsionadora a la Magistrada, lo que no necesita afirmar que se den uno por uno de los requisitos del ilícito, aunque está sugiriendo paladinamente que actúa de forma abusiva y ordena embargar un importe muy superior al que debió ejecutarse. Lo que no cabe de ninguna manera, a la luz de las anteriores premisas, es aceptar que los escritos en cuestión estén amparados por el uso legítimo de una libertad de expresión que tiene unos perfiles y contornos bien definidos por la supracitada doctrina del Tribunal Constitucional.

Tampoco cabe aceptar como axiomático que la resolución de 21.11.12, ya comentada, no se ajuste al art. 248.2º LOPJ (LA LEY 1694/1985) ni que esté desprovista de motivación, auto que la apelante no parece haber comprendido bien, lo que no significa ni equivale a la ausencia de tal requisito. Lo que a la defensa de la apelante dice producirle sorpresa y extrañeza constituye una serie de asertos y opiniones de las que disentimos, y ya hemos explicado por qué ha de entenderse atribuido el delito de prevaricación.

Por otro lado, la Magistrada a quien se dedicaron las expresiones ofensivas y desproporcionadas ha tenido que sufrir el seguimiento adicional de dos expedientes de queja y una querella en todos los casos fracasados, luego no es de recibo sostener que si no recurrió la decisión colegial es porque no se sentía lesionada en su honor y en su dignidad profesional, y la aludida resolución, es obvio que no posee autoridad de cosa juzgada ni puede mermar la independencia judicial, la tutela judicial efectiva ni el ejercicio del "iuris puniendi" por el Ministerio Fiscal.

Hemos tratado de compendiar la doctrina constitucional más representativa y de aplicación al caso analizado, lo mismo que ha hecho el juzgador de instancia, sin que se nos pueda aducir válidamente que omitimos interesadamente la cita de otras como son las que acompaña la acusada en su escrito presentado el 05.11.2012 o las que se citan en la apelación; es más, en algunas de las que mencionamos, y transcribimos en sus párrafos que nos parecen más reveladores, el Alto Tribunal concedió el amparo al allí quejoso. Puede decirse que la libertad de expresión del abogado es particularmente amplia, pero sin desconocer que, por prevalente o privilegiada que sea, no está desprovista de todo límite o constricción.

Asimismo hemos tratados de ponderar los derechos en conflicto de la forma más ecuánime posible, dejando claro nuestro criterio al respecto.

NOVENO.- Desde otras perspectivas, hay que reiterar lo dicho por el Juzgado "a quo" sobre la inaplicabilidad es este supuesto de una "exceptio veritatis" que no podemos apreciar, como tampoco detectó indicios delictivos el Tribunal Superior de Justicia. Como tampoco es dable dictaminar que se haya infringido la jurisprudencia, pues la calumnia, como delito de resultado, existe desde el punto y hora en que las expresiones vertidas por la ahora recurrente fueron conocidas por la Magistrada a la que iban dirigidas, situación inequívocamente acreditada, sin que sea necesaria su declaración ni hiciera falta la iniciativa impugnatoria frente a lo decidido por el Ilustre Colegio de Abogados.

DÉCIMO.- En el apartado que se denomina "en conclusión", letra g), se cuestiona subrepticiamente, sin incluirla en el "suplico" del recurso, la sanción de multa por considerarla excesiva, sin hacer referencia a la extensión ni a los recursos económicos con que cuenta la condenada en primera instancia. De nuevo hemos de hacer reenvío a lo razonado en la sentencia en este punto, en los fundamentos decimooctavo y decimonoveno. La extensión fijada, de 6 meses, es la mínima que prevé el art. 206 CP (LA LEY 3996/1995) y la mitad de la pedida por la acusación, y sobre la cuantía diaria, conforme al art. 50.4 (LA LEY 3996/1995) y 5 CP , una cuota de 18 euros para una abogada ejerciente y con despacho profesional abierto en al Paso de la Castellana de Madrid, y que tiene su domicilio en otra calle céntrica de la capital (escrito obrante al folio 238) se ajusta al principio acusatorio y parece proporcionada y hasta corta, si bien la proscripción de la "reformatio in peius" y el juego de dicho principio veda cualquier variación al alza.

Por todo ello, procede mantener el pronunciamiento recaído, previo rechazo del recurso, con imposición de costas ( art. 239 y siguientes de la LECrim (LA LEY 1/1882) ).