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PRIMERO.- Doña Raimunda , articula su recurso al amparo del artículo 193 letra B de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , solicitando la revisión de los hechos probados octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero; y al amparo de la letra C del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , solicita se estime el recurso, se revoque la sentencia de instancia y con estimación de la demanda, se declare la improcedencia del despido con las legales consecuencias inherentes a tal declaración. Considera infringida la jurisprudencia sobre la teoría gradualista.

El Corte Inglés, S.A., impugna el recurso, solicitando se dicte sentencia desestimatoria.

SEGUNDO.- Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967 , 18 y 27 de marzo de 1968 , 8 y 30 de junio de 1978 , y 2 de mayo de 1985 ).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero (LA LEY 553/1989) Jurisprudencia citada a favor STC, Sala Primera , 20/02/1989 (LA LEY 553/1989) ( STC 44/1989 (LA LEY 553/1989)) Recurso de amparo en materia electoral. y 24/1990 de 15 de febrero Jurisprudencia citada a favor STC, Pleno, 15/02/1990 (LA LEY 609/1990) ( STC 24/1990 ) Recurso de amparo en materia electoral), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980 , 10 de octubre de 1991 , 10 de mayo , 16 de diciembre de 1993 , o 10 de marzo de 1994 ). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) Legislación citada que se aplica Ley 36/2011, de 10 de octubre (LA LEY 19110/2011), reguladora de la jurisdicción social. art. 196 (11/12/2011) ). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) Legislación citada LRJS art. 196.3 (LA LEY 19110/2011) ), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995 Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 14/07/1995 Conflicto colectivo. ), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo 5 de 26 de septiembre de 1995 Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 26/09/1995 (rec. 372/1995 (LA LEY 10802/1995) ) Conflicto colectivo. ), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001 Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 03/05/2001 (rec. 1434/2000 (LA LEY 7240/2001) ) Conflicto colectivo. ).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

La Sala, tras analizar detenidamente la documental invocada, entiende que no ha de prosperar la pretensión revisora.

No indica el recurrente la redacción alternativa que pretende dar a los hechos probados octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero. Parece, en consecuencia, que pretende que sean eliminados sin redacción alternativa.

El hecho probado octavo se basa en la testifical de doña Nicolasa . No es aceptable sustituir la percepción que de ella hizo la Juzgadora, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada; y no se aprecia en tal valoración ningún error evidente de la Magistrada de instancia que permite omitir tal hecho probado.

Mismas consideraciones deben hacerse del hecho probado noveno, que se basa en pruebas mayoritariamente testificales, que llevan a la convicción de la Magistrada de instancia sobre la actitud de la actora frente a sus compañeros y superiores. Se dice en el recurso que se basa en correos electrónicos posteriores al despido, lo que no es correcto, pues la sentencia se refiere a uno anterior, y a varias testificales.

E iguales términos se pronuncia el recurrente con respecto al hecho probado décimo primero que se basa en testificales a las que la Magistrada de instancia otorgo plena validez probatoria sin que se indiquen otras pruebas que evidencien un error en la juzgadora.

Nuevamente pretende desvirtuar al hecho probado décimo segundo basado en testificales y con meras manifestaciones de parte.

Sostiene el recurrente que el hecho probado décimo tercero no puede referirse a la misma situación que motivo el despido, pero la transcripción que recoge la Magistrada es clara, y habla de si se la traslada a joyería, no que se la hubiera trasladado ya, lo cual efectivamente puede ocurrir tiempo después.

El juzgador de instancia es soberano para la valoración de la prueba testifical y no le es dable a la Sala proceder a un nuevo estudio de la misma, pues el recurso de suplicación no abre ninguna segunda instancia, sino que es un recurso de carácter extraordinario, de naturaleza casi casacional, y de tipo eminentemente jurídico, en el que el estudio de las normas jurídicas aplicadas ha de partir en todo caso del relato de hechos probados de la sentencia de instancia salvo que prosperara un motivo de revisión de hechos planteado correctamente al amparo del artículo 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) -lo que, como se ha indicado, no es el caso-.

TERCERO.- Al amparo del apartado C del artículo 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , sostiene el recurrente que se vulnera la jurisprudencia sobre la teoría gradualista citando sentencias de 1991, 2000, 1990, 1992.

La actora es sancionada conforme al artículo 54.9 ºy 13 º y 56 del Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes que sanciona con suspensión de empleo y sueldo o con rescisión las faltas y considera como tales los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta de respeto y consideración a los jefes o familiares, así como a los compañeros de trabajo y al público en general y transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

No se trata de la primera falta de la actora por estos hechos, pues ya fue sancionada, deviniendo firme la sanción, por no impugnada, el día 22 de septiembre de 2015, con suspensión de 16 días de empleo y sueldo, por la comisión de una falta muy grave. Los hechos sancionados -hecho probado séptimo.- fueron; apatía en el trato a una clienta, vender una muestra, no rellenar la garantía, devolución de un producto averiado, se ausentó de su área de trabajo para rellenar en un bote propio productos de otra área, dejo el material al alcance de los clientes sin custodia y tuvo un comportamiento descortés con un superior.

Tenemos, por tanto, que el comportamiento falto de respeto hacía sus superiores y de desidia y desobediencia en el trabajo venía ocurriendo desde septiembre de 2015. Después de recibir la sanción, de 16 días de suspensión de empleo y sueldo, el 1 de diciembre de 2015 le dijo a su compañera "eres una petarda, gilipollas y espesa, que me eche, así me pagan todo lo que me deben". Estas palabras no sólo son una muestra clara de falta de respecto y consideración hacía una compañera sino demuestran la actitud que tenía la actora y sus posibles intenciones, esto es, conseguir un despido retribuido. Y tal intención se desvela en la actitud que sigue manteniendo, descortés hacía sus compañeros y superiores, acepta de mala gana las órdenes, no atiende los requerimientos de sus superiores en materia de protección de la mercancía dejándola a la vista de los clientes sin custodia, rotura de material, negativa a usar juego de llaves propio de apertura de vitrina, ausencia en horas de trabajo de su área de actividad y falta de consideración a la clientela.

Cada uno de los hechos que considera probados la sentencia de instancia podrían encuadrarse en una falta leve o grave y no en una muy grave. Ahora bien, la continuidad y variedad de conductas que realiza la actora, máxime después de ser sancionada, demuestran el descontento de la trabajadora en su puesto de trabajo y la voluntad de no cumplir con buena fe sus cometidos y el buen trato que debe presidir la relación con sus compañeros y con los clientes.

No se trata de hechos aislados, sino en la continuidad durante tres meses en una actitud en sus cometidos falta de buena fe.

Conforme señala la jurisprudencia la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe. La inexistencia de perjuicios para la empresa o la escasa importancia de los derivados de la conducta reprochable del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no acreditación de la existencia de un lucro personal para el trabajador, no tiene trascendencia para justificar por sí solos o aisladamente la actuación no ética de quien comete la infracción, pues basta para tal calificación el quebrantamiento de los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, aunque, junto con el resto de las circunstancias concurrentes, pueda tenerse en cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderación de la gravedad de la falta, con mayor o menor trascendencia valorativa dependiendo de la gravedad objetiva de los hechos acreditados. Igualmente carece de trascendencia y con el mismo alcance valorativo, la inexistencia de una voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido o no, consciente y voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, siendo suficiente para la estimación de la falta el incumplimiento grave y culpable, aunque sea por negligencia, de los deberes inherentes al cargo. Los referidos deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas.

La STS de 17 noviembre de 1988 con cita de las sentencias de 13 de noviembre de 1987 , 27 de enero de 1988 y 17 de febrero de 1988 , indica que en lo que se refiere a la valoración de los hechos constitutivos de infracciones laborales que puedan o no ser merecedores de la sanción de despido la doctrina ha establecido la teoría llamada gradualista,desde el punto de vista de la aplicación de la sanción, y personalizadora, desde la óptica del sujeto autor de la infracción. Con arreglo a esta teoría es obligado el examen individualizado de cada caso concreto en que han de ponderarse todos los elementos concurrentes en él, tanto subjetivos como objetivos: intención del infractor, circunstancias concurrentes, posibilidad de la existencia de provocación previa, etc., de tal manera que sólo cuando la conducta del trabajador, valorada teniendo en cuenta todos los elementos de juicio dichos, constituye una infracción de la máxima gravedad, resultará procedente la sanción de despido que es también, la más grave prevista en la escala de las que pueden ser impuestas por la comisión de faltas en el trabajo .

Estas consideraciones aplicadas al caso de autos, llevan a esta Sala a confirmar la sentencia de instancia. La actitud de la actora no es aislada, y ya la empresa la sanciona con suspensión de empleo y sueldo, por hechos similares que denotan la mala fe con la que desarrolla su actividad laboral, al parecer motivada por un cambio de puesto con el que no estaba conforme. Lejos de cesar en su actitud, a raíz de esa sanción de 16 días de suspensión de empleo y sueldo, persiste en su actitud y verbaliza la intención de obtener un despido retribuido. Desarrolla un conjunto de actitudes y acciones que individualmente consideradas, podrían no tener más relevancia disciplinaria que una falta leve o incluso grave, pero en su conjunto denotan la voluntad rebelde de la actora a continuar en el desarrollo correcto de sus funciones y hace presidir las mismas por una mala fe contraria a la buena fe que debe presidir la relación laboral.

La empresa actúa conforme a derecho, suspende de empleo y sueldo a la actora, pero no consigue que cese en su actitud. Quiebra definitivamente la confianza de la empresa en la trabajadora, cuando después de ser sancionada, no decae en su voluntad rebelde de menosprecio a sus superiores y compañeros y a las ordenes recibidas. La pérdida de confianza es tal que la empresa no puede tener ninguna en que la actora cumpla correctamente sus cometidos, siguiendo las instrucciones de servicios y sin faltar al respeto a sus compañeros o clientes.

La empresa actúa conforme al convenio colectivo, imponiendo la sanción más grave prevista, esto es el despido, cuando ya había optado por la suspensión de empleo y sueldo y no había conseguido restablecer la buena fe en la relación laboral.

Habiéndolo entendido en el mismo sentido la sentencia de instancia, procede su confirmación.

CUARTO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , no procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto a las costas del presente recurso.