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PRIMERO: La demandante solicita la declaración de que los procesos de baja iniciados el 24-6-2010 y el 15-3-2011 (finalmente acumulados), así como como la prestación de incapacidad permanente total posteriormente reconocida, derivan de enfermedad profesional o subsidiariamente de accidente de trabajo, pretensión que ha sido desestimada por el Juzgado.

Frente a la sentencia dictada se alza la actora en Suplicación, articulando su recurso en tres motivos que formula con amparo procesal respectivo en los párrafos b ) y c) del Art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) .

SEGUNDO: El primero de los motivos del recurso denuncia, a través del cauce adjetivo del Art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , la infracción de los Arts. 93 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), así como 335 y 348 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) .

Sostiene la recurrente que el juzgador a quo no ha valorado la prueba pericial propuesta y practicada a su instancia y así mismo no ha motivado suficientemente su falta de valoración.

Como declaró esta Sala en sentencia número 977/2011 : " El artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978) dispone en su apartado 1 que todas las personas tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, comprendiendo ello, según previene el apartado 2, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Y el Tribunal Constitucional, interpretando dicho precepto ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara la valoración de la prueba conforme a las pretensiones ejercitadas por la parte recurrente, sino el derecho de los litigantes a "una valoración de la prueba que no sea manifiestamente irrazonable o totalmente infundada, absurda o notoriamente errónea" ( SSTC nº 484/1984 de 26 de julio (LA LEY 373/1984) y 301/1996 de 25 de octubre (LA LEY 10653/1996) ), y que únicamente cabe apreciar indefensión por la valoración de la prueba cuando exista "una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba" ( STC nº 140/1994 de 9 de mayo (LA LEY 2579-TC/1994) ), o "por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes" ( STC nº 63/1993 de 1 de marzo (LA LEY 2152-TC/1993) ).

Asimismo, la doctrina constitucional ( STC 44/1989, de 20 de febrero (LA LEY 553/1989) ) tiene señalado, que por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina ( STC 175/1985 (LA LEY 516-TC/1986), de 15 de febrero ) que pueda realizar deducciones lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas, siendo el Juez o Tribunal de instancia soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esta libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( STC 24/1990, de 15 de febrero (LA LEY 609/1990) ), lo que quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano Judicial.

Y la vigente Ley de Procedimiento Laboral ha recogido expresamente esa doctrina en su artículo 97.2 , al disponer que la sentencia, apreciando los elementos de convicción, habrá de declarar expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, deduciéndose de ello que la apreciación de la prueba es facultad que corresponde al órgano judicial de instancia, que debe ser libremente ejercitada por el mismo, con el único requisito de que no resulte arbitraria, ilógica, irracional y absurda; y se encuentre además debida y suficientemente motivada; en tal sentido la STC núm. 14/1991 de 28 de enero (LA LEY 1638-TC/1991) señaló que, "la obligación de motivar las Sentencias que el art. 120.3º de la Constitución (LA LEY 2500/1978) impone a los órganos judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial protegido por el art. 24.1º de la propia Constitución (LA LEY 2500/1978) -entendido como derecho a una resolución jurídicamente fundada-, conduce a integrar en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la leyy el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación". Y para cumplir este mandato no es necesario que los razonamientos hayan de ser exhaustivos y pormenorizados, pero sí suficientes para justificar los motivos de la convicción judicial en cuanto a la realidad de los hechos que plasma, que no pueden aparecer como una arbitraria conclusión, puesto que la facultad de valoración de la prueba atribuida al Juez de instancia no significa una apreciación infundada o discrecional, y su libertad no es absoluta sino condicionada dentro de ciertos límites, al combinarse en nuestro ordenamiento civil y laboral los sistemas de prueba legal y de prueba libre, debiendo actuar en todo momento con sometimiento a las reglas de derecho y de la razón, optando, cuando existe una colisión entre el contenido de los diversos elementos probatorios, por aquellos que le ofrezcan, en función de su eficacia, una mayor garantía de certidumbre y poder de convicción para acreditar cumplidamente los fundamentos de derecho ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1985 ); sin que por lo tanto la libertad del órgano judicial en la valoración de la prueba suponga aceptar las más absoluta soberanía o admitir que el juez ha de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones ( Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989 de 20 de febrero (LA LEY 553/1989) ); debiendo, en todo caso, respetarse las normas de valoración tasada de pruebas que contiene nuestro ordenamiento jurídico ".

En análogo sentido se han pronunciado las sentencias de esta Sala del Tribunal Superior de justicia de Andalucía (Sevilla) de 13-6-13 y 5-4-11 .

En el caso ahora sometido a nuestro enjuiciamiento, la recurrente considera que el informe del perito propuesto por la misma no ha sido valorado adecuadamente por el Juzgador, a pesar de considerar que por sus concretas circunstancias (especialidad médica, tratamiento prolongado de la demandante etc) debió otorgársele un especial privilegio probatorio, y más aún, considera que debió ser mejor o más exhaustivamente fundada la no aceptación de sus conclusiones.

Sin embargo, siendo éste un medio de prueba (pericial), desde luego no es el único, consideramos que el hecho de que el magistrado haya optado por otorgar mayor credibilidad a otros informes de médicos, profesionales y organismos inspectores no puede llevar a concluir que la valoración efectuada por aquél (quien es soberano en esta función siempre que no se evidencie error patente en la valoración), sea errónea o irracional, habiendo optado -entendemos que razonadamente- por obtener otras conclusiones acerca del origen de la patología de la actora que se derivan de otros documentos y pruebas o del conjunto de todas ellas.

Sentado lo anterior, la supuesta errónea valoración de la prueba por parte del juzgador habrá de combatirse a través del cauce previsto en el Art. 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , dado que lo contrario, en un recurso extraordinario como es el de suplicación, con los medios de ataque y defensa tasados, implicaría reconducir la modificación del relato fáctico a la vía del Art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , lo que únicamente puede llevarse a cabo cuando la infracción de un derecho fundamental en la valoración de la prueba haya causado real indefensión y no pueda ser subsanado de otro modo, lo que consideramos no ha sido el caso.

El motivo, por lo expuesto, se desestima.

TERCERO: El segundo motivo del recurso, se articula bajo el cauce procesal del Art. 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , proponiéndose la revisión del Hecho Probado tercero del relato histórico, para el cual se pide la siguiente redacción: " La causa de la enfermedad de la actora, trastorno depresivo recurrente de larga evolución, viene derivada de una relación laboral conflictiva. No se recoge en ningún documento una alternativa causal para la enfermedad de la demandante. Los rasgos anancásticos de la personalidad de la actora no pueden ser valorados como rasgos patológicos causantes de su enfermedad ".

La redacción propuesta no puede ser acogida y ello fundamentalmente por su carácter predeterminante, al decidir sobre el origen laboral de la enfermedad, que debe ser una conclusión que se obtenga del relato fáctico, no pudiendo así mismo excluirse la referencia a los rasgos anancásticos de la personalidad de la actora por cuanto que ello se recoge en un documento que alcanzó la convicción del Juzgador y que por ello debe ser mantenido, con independencia de la conclusión que posteriormente se obtenga por la Sala al analizar el derecho aplicado en el correspondiente motivo del recurso.

El motivo se desestima.

CUARTO: En último lugar, se ha denunciado, al amparo del Art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , la infracción del Art. 115.2 e) de la Ley General de la Seguridad Social (Texto de 1994).

El objeto de la pretensión y del recurso es que se declaren derivadas de contingencia profesional los procesos de incapacidad temporal en los que ha estado incursa la demandante así como la posterior declaración de incapacidad permanente total que tuvieron por base -en síntesis- un trastorno depresivo que considera derivado del estrés laboral, de las excesivas presiones en el trabajo, de la mala gestión del trabajo por la empresa y de las circunstancias de enfrentamientos en que se venía desarrollando su labor en los últimos tiempos.

El artículo 115 de la LGSS (RCL 1994, 1825) establece que se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Indica así mismo el precepto en su número 2 que tendrán la consideración de accidentes de trabajo, e) : " Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo ".

Ha de partirse del hecho de que, según reiterada Jurisprudencia, el término enfermedad en este contexto no ha de ajustarse necesariamente a aquel otro más estricto que es propio del accidente, de manera que una enfermedad psiquiátrica, aún cuando no se tratase de una lesión acaecida de forma súbita, puede ser calificada como accidente de trabajo en virtud de la disposición contenida en el artículo 115.2.e.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 4-3-08 establece a este respecto: " En este concreto tipo legal de accidente laboral no basta con que el trabajo sea elemento que incide en la génesis de la enfermedad, sino que ha de ser el único factor causal de la misma, por lo que no tiene esa calificación legal cuando la enfermedad es fruto de la confluencia de varias causas, alguna de las cuales proviene del trabajo, pero no otras. Conviene no confundir pluralidad de causas reales con variedad de causas posibles, pero sólo una real. (...)

En el caso de las enfermedades psíquicas y/o mentales, su calificación como accidente de trabajo puede provenir de varias causas, de las que ahora debemos dejar de lado todos los supuestos en que: 1) la enfermedad de esas características es posterior a un accidente laboral propio, del que deriva, bien por las lesiones orgánicas sufridas (por ejemplo, personas demenciadas por el traumatismo craneal sufrido trabajando), bien como pura reacción psíquica o mental (sirva de ejemplo, quien tras caída al vacío trabajando, desarrolla fobia a trabajos en altura), cuyo amparo legal radica en el art.115-2-e LGSS ; 2) la enfermedad preexiste, por causa ajena al trabajo, a un accidente laboral, pero empeora su curso ( art. 115-2-f LGSS ) o altera el proceso de curación de las lesiones directamente derivadas del accidente ( art. 115-2-g LGSS ). Debemos aparcar su análisis, decimos, porque en todos ellos ha habido un accidente laboral distinto a la propia enfermedad, lo que no es el caso de autos, en el que únicamente existe ésta, a la que sin embargo se pretende que se reconozca como accidente de trabajo.

En casos como éstos, esa calificación únicamente puede provenir de que concurra el supuesto previsto en el art. 115-2-e) LGSS y ello exige, como hemos visto, que la única causa de la enfermedad sea el trabajo, por lo que no basta con que la patología se desencadene a consecuencia del modo en que el trabajador vivencia determinados avatares de la relación laboral, sino que también ha de darse que no confluyan otros elementos desencadenantes y, además, que no venga provocada por una personalidad de base del afectado, que le hace vivir mal, enfermando, lo que normalmente no desencadena patología alguna. De ahí que pueda resultar relevante, como elemento indiciario, determinar si el trastorno anímico se habría producido en una mayoría de personas colocadas en su misma situación laboral o si el grueso de ellos no habría enfermado.

Tipo legal en el que encajan adecuadamente los trastornos anímicos que un trabajador presenta motivados únicamente por incidencias surgidas en su trabajo y le impiden desempeñarlo, puesto que no están tipificados como enfermedad profesional y su causa exclusiva es la ejecución del trabajo por cuenta ajena. Así lo resolvimos, por ejemplo, en sentencia de 2 de noviembre de 1999 en quien presentaba el llamado síndrome del "quemado " por razón de su trabajo; en sentencia de 9 de mayo de 2000 en quien sufre una depresión originada por una decisión empresarial de modificación sustancial de sus condiciones laborales; (...).

Conviene advertir que, dados los términos del precepto en cuestión, no cabe esa calificación en los casos en que la incapacidad para el trabajo viene motivada por una alteración anímica generado en una persona con una patología psíquica previa, en la que los problemas laborales actúan como mero elemento desencadenante de esos episodios (...) ya que entonces falta el requisito de exclusividad exigido por la norma. Interesa destacar que, para la atribución de la situación a accidente de trabajo, poco importa que la problemática laboral generadora del trastorno obedezca a incumplimientos de su empresario o provenga de actuaciones de éste sujetas a derecho, ya que la razón de la calificación está en la causalidad de la enfermedad por el trabajo y no en el hecho de que ésta se origine por haber soportado en éste una situación injustificada ".

Por su parte, la sentencia del TSJ de Navarra de 5-3-14 señala: " se habla como nueva aparición de enfermedad psicosocial, la denominada «BURN OUT », que viene a significar «estar quemado», y que se trata de un síndrome de agotamiento físico y mental intenso, resultado de un estado de estrés laboral crónico o frustración prolongado y que según tanto la Psicología del Trabajo como la Medicina Forense se trata de un trastorno de adaptación del individuo al ámbito laboral cuya caracterización reside en el cansancio emocional (pérdida progresiva de energía, desgaste, agotamiento y fatiga emocional). El «quemado» por el trabajo, se ha dicho, tiene fuerzas, pero no tiene ganas; la despersonalización, manifestada en falta de realización personal, sentimientos de frustración, inutilidad, desinterés progresivo hacia el trabajo con rutinización de tareas; aislamiento del entorno laboral y social y, frecuentemente, ansiedad, depresión (trastorno psíquico adaptativo crónico). Respecto a sus causas, se apunta como estresores laborales desencadenantes, los vinculados al puesto de trabajo y las variables de carácter personal. Entre los primeros se señalan la categoría profesional, las funciones desempeñadas, escasez de personal. Respecto a los segundos, se trata de un estrés laboral asistencial, y por consiguiente con más incidencia en el sector servicios, de entre los que cabe destacar los servicios sociales en los que el trabajo se realiza en contacto directo con personas que por sus características son sujetos de ayuda ".

De este modo, lo fundamental es delimitar la causa de la enfermedad, resultando que la misma puede tener una causa laboral, incluso aunque no se aprecie conducta ilícita de la empleadora, ya que el objeto de este proceso es única y exclusivamente la determinación de la contingencia.

Corolario de todo lo expresado es la necesidad de que las consecuencias dañosas hayan de ser constatadas, en su realidad y gravedad, y hayan de atribuirse exclusivamente al ámbito laboral.

Centrándonos ya en el concreto caso de autos, la realidad de la patología psíquica no es controvertida. Tampoco lo es la forma en que la actora prestaba el servicio desde el año 1986 en que comenzó a laborar en la empresa, esto es, con una gran responsabilidad, un quehacer exhaustivo, una gran profesionalidad (era Directora de fábrica), alargando su jornada en los periodos necesarios, reconociéndose por todos el exceso de responsabilidad y autoexigencia, habiendo presentado bajas por estrés ya en los años 2000 y 2006. Es en 2008 cuando la reestructuración de la empresa, la adopción de nuevos proyectos y la contratación de nuevo personal gerente y directivo, provocaron cambios en las funciones de la actora, y conllevó que la demandante se sintiera desplazada, y aun cuando no se acredita un mal comportamiento de la empresa hacia ella ni una desconsideración en su trato, lo cierto es que mantuvo desavenencias con superiores y nuevos contratados.

De todo lo expuesto y de una detenida lectura del prolijo relato fáctico se descarta el hostigamiento propio de un comportamiento de acoso, pero esta Sala considera que una trayectoria como la de la demandante, con una situación permanente de autoexigencia y responsabilidad aprovechados por la empresa (sin que esta afirmación respecto de la empleadora en el contexto en el que incluimos suponga una crítica o desvalor), para mantener una adecuada gestión de sus servicios, (en palabras de los trabajadores que han accedido al relato fáctico, la actora era " el alma de la empresa ") no puede extrañar que conduzca tras muchos años de intensidad, y en un momento de cambios, a una situación como la denominada "burn out".

Sentado lo anterior, consideramos que ha de concluirse que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 24-6-2010 al que se acumuló el de 15-3-2011 y así mismo la situación de incapacidad permanente total reconocida deben considerarse derivadas de contingencia profesional. No de enfermedad profesional, dado que no se encuentra la enfermedad listada en el RD 1995/1978 de 12 de mayo (LA LEY 876/1978) ( Art. 116 LGSS Texto de 1994), pero sí accidente de trabajo de conformidad con la previsión contenida en el Art. 115.2 e) LGSS .

Resta por indicar que el hecho de que la actora presente rasgos de personalidad anancástica, no es suficiente en este contexto y con los antecedentes descritos, para excluir el nexo causal de la patología con el trabajo y así mismo de forma exclusiva como exige el precepto analizado.

El recurso, por todo lo expuesto, se estima.