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PRIMERO.- La demandada se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander en petición de otra que, revocando la anterior, desestime la demanda (desahucio por precario), absuelva a la demandada de las pretensiones que contra ella dedujo la mercantil actora e imponga a esta las costas de la instancia. Para bien resolver el presente recurso debemos reseñar los siguientes antecedentes. (1) Mediante sentencia de divorcio de fecha 25 de marzo de 1996, le fue adjudicado el uso de la vivienda a la esposa, ahora demandada. (2) La demandada y su exmarido don Jose Francisco eran copropietarios de la vivienda litigiosa (al 50%). (3) La cuota perteneciente a la demandada fue adjudicada a la ahora demandante en el seno de un procedimiento de apremio abierto por la Seguridad Social para el cobro de una deuda que frente a ella mantenía la hoy apelante. (4) El exmarido de la demandada, copropietario de la otra mitad indivisa, está de acuerdo con que la demandada siga ocupándola, entre otras razones, porque en esa vivienda se quedan, cuando vienen a El Astillero, su hija y nietas.

SEGUNDO.- Examinado el escrito de recurso, tres son los motivos que lo integran. El primero sostiene que existe un título que justifica la posesión que la demandada hace de la vivienda litigiosa, cual es la atribución judicial del uso en el seno del procedimiento de divorcio de 1996. El motivo debe decaer, porque la adjudicación judicial del uso de la vivienda en el seno de un procedimiento de familia no perjudica los derechos de los propietarios, ni constituye propiamente un título posesorio que pueda ser actuado frente a estos, sino en su caso solo ante los que fueron parte en el procedimiento de familia. Si la adjudicataria del uso de la vivienda carecía de título real o personal de ocupación, y por tanto era precarista en el momento de la adjudicación del uso, continuó siéndolo después, pues la resolución del Juzgado de Familia no torna en titulada una posesión que no lo era. Y si no siendo precarista en aquel momento vino después a tal condición (por pérdida del título personal o real), continúa siéndolo hasta tanto no obtenga un nuevo título personal o real que le autorice a poseer la vivienda.

TERCERO.- El segundo motivo de recurso sostiene que existe otro título justificativo de la posesión: que el otro copropietario (su exmarido) consiente que la demandada siga ocupando la vivienda. Para bien resolverlo, es conveniente traer a colación la doctrina del Tribunal Supremo acerca del uso de la cosa que corresponde al comunero, y de sus límites, que aparece expresada en la sentencia de 19 de febrero de 2016 (LA LEY 6428/2016) (y las muchas que ella se citan), que puede ser sintetizada en los siguientes puntos. (1) El artículo 394 CC (LA LEY 1/1889) atribuye a cada comunero la facultad de servirse o usar plenamente la cosa común. Esto es lo que quiere expresar la jurisprudencia cuando afirma que el artículo 394 CC (LA LEY 1/1889) establece el "uso solidario" de la cosa común. (2) Ese uso debe respetar los límites que el mismo precepto establece, entre los que no se encuentra el de que la extensión e intensidad del uso sea proporcional a la propia cuota, de manera que si un comunero usa la cosa común, el otro o los otros comuneros no pueden impedírselo por el mero hecho de que aquel use la cosa él solo, o de que teniendo todos ellos cuotas iguales, aquel en mayor proporción que estos. (3) El mero hecho de que el uso de la cosa por parte de uno de los comuneros sea único, o proporcionalmente mayor que la propia cuota, no justifica que los otros comuneros ejerciten remedios procesales para ponerle fin (reivindicatoria, desahucio, interdictos), ni convierte el aprovechamiento en uso ilícito que justifique una acción de resarcimiento, ni en un uso sin causa que permita fundar una acción de enriquecimiento injusto. (4) Es contrario a derecho que un comunero utilice la cosa común de un modo excluyente, para lo cual se requiere que impida a los otros partícipes el ejercicio de su igual facultad de uso solidario, y presupone que estos quieran usar la cosa. Esto es, que lo ilícito no es el uso exclusivo de la cosa, sino el excluyente. (5) El ejercicio de la facultad de uso solidario de la cosa común no está condicionado a que exista un previo acuerdo de la mayoría de comuneros que así lo autorice. (6) Con base en la natural presunción de que el "interés de la comunidad" coincide con el interés de la mayoría de cuotas (esto es, de que la mayoría es el intérprete del interés de la comunidad), debe en principio presumirse ilícito que un comunero use la cosa contraviniendo una previa reglamentación específica del uso de la cosa común acordada por la mayoría. (7) Sin embargo, la mayoría de cuotas solo puede excluir la facultad de uso solidario (estableciendo, por ejemplo, un uso por turnos o por zonas) cuando y mientras venga claramente exigida por el destino de la cosa o por el interés de la comunidad. (8) Esto último se da cuando se trate de vivienda, y el uso indiscriminado y promiscuo por todos los condueños (máxime si están enemistados) suponga la creación de una previsible fuente de conflictos y discordias. (9) Cuando por las razones antedichas no sea posible o aconsejable el uso solidario o compartido, y siempre que la comunidad o algún comunero inste el establecimiento de turnos de ocupación con uso exclusivo por periodos sucesivos y recurrentes, esta fórmula se considera justa. (10) No existiendo una situación como la que acaba de describirse, la supresión permanente de la facultad de uso solidario de la cosa común requerirá el acuerdo unánime de los comuneros. (11) La mayoría de cuotas sólo puede impedir temporalmente el ejercicio de dicha facultad de uso solidario, siempre que ese acuerdo no supere los términos en que jurídicamente consiste un "acto de administración", competencia de la mayoría; y sometido ese acuerdo mayoritario al control judicial de lo "gravemente perjudicial a los interesados en la cosa común" que prevé el párrafo tercero del mismo artículo 398 CC. (LA LEY 1/1889) (12) A falta de acuerdo válido de reglamentación específica del uso de la cosa común, no incumbe al propio comunero imponerse a sí mismo, como límite, que su uso "no perjudique el interés de la comunidad". (13) Si el partícipe viene usando la cosa más que los demás, aunque tal uso fuera incompatible con el de los otros, eso por sí solo no lo convierte en un uso sin causa, sin justificación e ilícito, de modo que pueda dar lugar a una acción de enriquecimiento o de resarcimiento del daño. (14) Para que el uso pueda ser reputado ilícito, es necesario que el comunero infrinja una reglamentación específica del uso acordada por la mayoría, o (caso de no existir) desatienda el requerimiento que le haga el comunero lesionado por uso incompatible con su derecho. (15) Cuando el concreto uso solidario de la cosa beneficie a un comunero y no cause ningún perjuicio relevante a otro, debe rechazarse toda pretensión dirigida a limitar aquel uso.

QUINTO. .- La estimación del segundo motivo de recurso convierte en intrascendente el examen del tercero, que viene a sostener que, siendo compleja la controversia de autos, el juicio adecuado no es el de desahucio por precario, sino un declarativo ordinario.

SEXTO.- Por cuanto antecede, es visto que el recurso de apelación debe ser estimado sin costas. Por lo que respecta a las de la primera instancia son de imponer a la demandante, al desestimarse íntegramente la demanda y no presentar su resolución serias dudas de hecho o de derecho ( artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398 LEC (LA LEY 58/2000)).

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española (LA LEY 2500/1978), y en nombre de su Majestad el Rey,