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PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003) (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (LA LEY 843/2005). No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.

SEGUNDO.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:

- si se ajusta o no a derecho la sanción impuesta, a la vista de las alegaciones planteadas.

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LA LEY 1914/2003):

"1. Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

Entra otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria las siguientes conductas:

a. No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, factures, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otra dato con trascendencia tributaria.

b. No atender algún requerimiento debidamente notificado.

c. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.

d. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias.

e. Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.

2. La infracción prevista en este artículo será grave.

3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros salvo que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.

(....)

6. En el caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, se le sancionará de la siguiente forma:

b) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:

1.º Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros (....)".

CUARTO.- En el presente caso, la responsabilidad imputada obedece a la conducta tipificada en el artículo 203.1.a) de la Ley 58/2003 General Tributaria (LA LEY 1914/2003) ("No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registras, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria"), con apoyo en el relato de hechos acontecidos durante la personación inspectora realizada en el domicilio social y fiscal de la entidad (sito en CALLE001), documentados en la diligencia de fecha 03-05-2018, fecha en la que se hace entrega al administrador de la empresa (Sr. Diego), tanto de la comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación, como de la Autorización "para la entrada y reconocimiento de locales de negocio" y "para realizar las actuaciones inspectoras fuera de la jornada laboral de la oficina o de la actividad" firmadas por la Delegada Especial de la A.E.A.T. de Galicia.

De conformidad con el relato de los hechos descritos en aquella diligencia, el administrador habría negado su permiso para examinar cualquier ordenador de la empresa tras ser debidamente requerido, excusando su negativa en la protección constitucional de la que gozaría "el domicilio social de la empresa donde no tenía acceso el público", así como en la existencia de información relativa a otras personas (incluyendo clientes, proveedores y administradores) que no podría revelar so pena de las consecuencias penales establecidas en la Ley de Protección de Datos.

En la diligencia de actuación de describen los espacios físicos de los que dispone el inmueble, así como los lugares en los que discurrió la actuación de los actuarios, poniendo de manifiesto la existencia de una planta baja (con un almacén y un mostrador de atención a clientes), una primera planta (donde se halla el departamento técnico y se hacen demostraciones a clientes) y una segunda planta, en la que se sitúa el departamento de administración (las dependencias que comprendería esa segunda planta son las siguientes: el despacho del jefe de administración, un archivo donde se encuentran los servidores de la empresa -con una puerta sin cerradura-, el despacho del administrador, la habitación que se usa como sala de espera, y una sala abierta con 6 ordenadores separada del pasillo por un mostrador).

QUINTO.- El acuerdo sancionador niega que el lugar en el que se desarrollaron las actuaciones y donde se ubican los equipos informáticos a los que se pretendía acceder (en esencia, los seis ordenadores que, colocados detrás del mostrador, se situaban en la segunda planta) gozase de las características propias de un espacio constitucionalmente protegido (conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de fecha 24-04-2010 -Rec. 3791/2006-: "(....) a la luz de la delimitación del ámbito especial de protección domiciliaria efectuada por el Tribunal Constitucional, tienen la consideración de domicilio, a efectos de la protección constitucional otorgada por el art. 18.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) respecto de las personas jurídicas, los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal la sede principal o la sede secundaria, exigiéndose en estos casos la autorización judicial o el consentimiento del interesado (.....)").

Por contra, la entidad reclamante sostiene la condición de domicilio acreedor de protección constitucional del que participaría el lugar en el que actuó la Inspección (cita la segunda planta del inmueble, donde se situaba el departamento de administración), y como prueba de sus afirmaciones se remite al Auto de autorización de entrada y registro (adjunta copia) que fue dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Santiago de Compostela en fecha 27-06-2018, alegando que esa autorización judicial fue necesaria por afectar a espacios subsumibles dentro del concepto de domicilio constitucionalmente protegido. Dicho Auto fue emitido tras la solicitud formulada en fecha 22-06-2018 por la Delegada Especial de la AEAT de Galicia (también adjunta la copia), declarando entre otros extremos, que "(...) en el presente caso, se considera que el lugar donde se propone hacer la personación, entrada y -registra para el desarrollo de la comprobación, pudiera ser un "domicilio constitucionalmente protegido, y ello, porque es un inmueble donde se ubica la actividad administrativa y de gestión de la sociedad investigada" y "En definitiva, por considerar el lugar en el que se solicita la entrada un domicilio constitucionalmente protegido, para el respeto de los derechos del obligado tributario, se solicita dicha autorización judicial para la entrada al amparo del artículo 142 (LA LEY 1914/2003), 113 de la Ley General Tributaria y artículo 172.3 del Real Decreto 1065/2007 (LA LEY 9196/2007) ".

Es el propio órgano inspector el que, por tanto, y a la vista de la documentación anterior, admite la condición de espacio constitucionalmente protegido del lugar en el que se iban a desarrollar las actuaciones, por lo que la negativa de acceso a dicho espacio expresada por el obligado tributario no puede quedar revestida de tintes antijurídicos a efectos de motivar la imposición de sanción por vía del artículo 203 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LA LEY 1914/2003); y más cuando esa condición de domicilio constitucionalmente protegido se reconoce previamente a ser dictado el acuerdo sancionador ahora impugnado.

SEXTO.- El acuerdo viene a justificar, no obstante, que la sanción finalmente impuesta se desligue de la controversia sobre la calificación del lugar de actuación como constitucionalmente protegido. No en vano expone que, "Más allá de la controversia acerca de la calificación de ese lugar como constitucionalmente protegido, se ha sancionado la negativa a verificar y examinar la contabilidad, desde los sistemas de gestión, en los equipos informáticos de la empresa; esta obligación, como vamos justificar, está desligada de la protección de ese domicilio", y que "(....) la inspección de los Tributos, a la hora de proponer la presente sanción, no ha querido centrar la discusión en la constitucionalidad o no del local, poniendo el acento en otra tarea inspectora que es la que se ha obstaculizado (el acceso a los archivos informáticos), y que habría dado origen al presente expediente sancionador, por cuanto está entre las obligaciones del interesado, disponer todo lo necesario para que la Inspección pueda llevarla a efecto, y si se considera que se encuentra en un lugar protegido constitucionalmente, debe facilitar que la tarea se lleve a cabo en otro lugar diferente".

En este sentido, ya ha advertido este Tribunal en otras ocasiones, en las que en el momento de actuación de la Inspección en un domicilio considerado constitucionalmente protegido no se dispone de autorización judicial, que la facultad que aquella dispone de examinar la documentación relacionada en el artículo 142.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LA LEY 1914/2003) en alguno de los lugares citados en el artículo 151.3 de la misma Ley ("domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que designe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas"), junto a la obligación del sujeto comprobado de poner a disposición del personal inspector aquella documentación (artículo 171 del Real Decreto 1065/2007 (LA LEY 9196/2007) por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos), hace perfectamente posible que en el momento de la personación los funcionarios actuantes requieran al obligado tributario para que, tanto la documentación como los datos contenidos en los equipos informáticos que revistan trascendencia tributaria, se pongan a su disposición en cualquier dependencia del domicilio, desconectada del espacio constitucionalmente protegido.

Si frente al anterior requerimiento el obligado tributario se negase injustificadamente, tal conducta sí tendría encaje en el tipo objetivo de la infracción que se pretende imputar ("No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria") ; pero eso sí, siempre que el requerimiento de examen en ese otro lugar físico y la posterior negativa resultasen debidamente acreditados. En el presente caso, sin embargo, la lectura de la diligencia de personación de fecha 03-05-2018 no desvela la formulación de ningún requerimiento en aquellos términos.

SÉPTIMO.- En definitiva, y tras lo expuesto, no cabe concluir que la actuación del obligado tributario merezca la calificación de "resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria", a efectos del tipo objetivo tipificado en el artículo 203.1.a) de la Ley 58/2003 General Tributaria (LA LEY 1914/2003), por lo que la sanción impuesta ha de ser anulada.

Por lo expuesto