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PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que, estimando la demanda, declara que el accidente de trafico sufrido por el hijo de los demandantes el 26.10.2018 fue un accidente in itinere, se alza en suplicación la mutua codemandada, destinado su recurso tanto a la revisión de los hechos probados como a la censura jurídica.

En concreto, en el campo del art. 193.b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) se interesa la modificación del ordinal 6ª para que se haga referencia a la existencia de otro accidente de trafico previo al considerado como probado en la sentencia y a las condiciones de visibilidad en que el vehículo del fallecido quedó parado.

En cuanto al primer aspecto, la redacción fáctica propuesta establece una vinculación del siniestro con el consumo por parte del conductor de diversas sustancias que no resulta del atestado ni del informe técnico incorporado al mismo más que por puro voluntarismo de la recurrente. Cualquier documento o dictamen que se pretenda hacer valer en vía revisora debe tener "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 (LA LEY 614/1999)). Estas condiciones no se cumplen en este caso: lo único que resulta del folio 43 del informe técnico del atestado es la mención a una colisión por alcance del vehículo que conducía el fallecido con otro posiblemente de gran tonelaje, que sería previa a accidente que después le ocasionó la muerte, como unica explicación plausible a los daños que aquel presentaba en su parte delantera, y que la juzgadora, en el ejercicio de su soberanía en materia probatoria, considera como mera hipótesis, sin que, en todo caso, se concrete respecto del mismo ni la hora, ni las circunstancias, ni los motivos, ni su vinculación con el siniestro en el que falleció el Sr. Ezequias.

Tampoco se establece por los funcionarios actuantes una relación causal exclusiva entre el segundo siniestro y la falta de señalización del tipo V-16. Este último dato, que la propia sentencia menciona, consta, efectivamente, entre las condiciones relativas al fallecido, pero no es mencionado como único factor determinante de la colisión, como parece pretender el recurso cuando dice que la misma se produjo "habida cuenta de la falta de señalización eficaz del vehículo conducido por el Sr. Plácido". De hecho, la redacción dada por la juzgadora el ordinal 6º se ajusta mucho más que la propuesta por la recurrente al contenido del precitado folio 43 donde se definen las causas del siniestro vial y se delimitan, sin valoraciones subjetivas ajenas a su literalidad, las condiciones personales de ambos conductores accidentados (y no solo las del finado). Por otra parte, la versión de los hechos relativos a la señalización ofrecida en la sentencia es corroborada, desmintiendo, a su vez, la del recurso, por el folio 33 del mismo informe cuando indica que el Renault Twingo se encontraba parado "con las luces de emergencia conectadas señalizando su posición y circunstancia (avería mecánica)" y que tal señalización se realizaba con las luces de emergencia propias y luces de cruce. Debemos indicar, finalmente, que: a) ni el atestado ni el informe técnico incorporado al mismo recoge las circunstancias relativas al consumo de sustancias toxicas, por lo que el contenido de los análisis posteriormente realizados no pueden ser tenidos como parte de ellos, tal y como se contempla en la redacción ofrecida al hecho probado, no habiéndose invocado el dictamen del Instituto de Medicina Legal como documento a efectos revisores; y b) que las declaraciones de los diversos sujetos que se vieron implicados o que fueron testigos del siniestro, obrantes en el atestado, no constituyen instrumento eficaz para modificar los hechos probados, pues, aunque se presenten incorporados a dicho soporte, no son realmente prueba documental sino una mera plasmación por escrito de un testimonio, de forma que tienen el valor de prueba testifical.

En definitiva, el texto propuesto en el recurso no se ajusta a los requisitos legales y jurisprudenciales del art. 193.b), no se corresponde con la realidad del contenido de la documental de referencia que cita, y se funda en una versión sesgada, parcial y subjetiva de los datos que efectivamente constan. Por todo lo expuesto, el motivo es rechazado.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 193.c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) se invoca la infracción de los arts. 156 (LA LEY 16531/2015), 157 (LA LEY 16531/2015) y 158 de la LGSS (LA LEY 16531/2015) en relación con los arts. 84.3 y 5, 115.2. e, f Y g y 116 de la LGSS de 1974 (LA LEY 801/1974). El argumento de censura es, de forma exclusiva, que el conductor actuó, en este caso, con imprudencia temeraria, y que ello excluye la existencia de accidente de trabajo.

La jurisprudencia ha considerado la imprudencia temeraria como «una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto» ( STS 19 Abr. 1968); «una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro..., sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría» ( STS 10 Dic. 1968); «una imprudencia... de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro» ( STS 20 Mar. 1970 y 6 Feb. 1971); «la imprudencia temeraria exige... se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva» ( STS, 23 Oct. 1971); «para apreciar la imprudencia temeraria... es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente» ( STS 4 Mar. 1974).

En todo caso, la doctrina jurisprudencial (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2007 (LA LEY 162114/2007) y 22 de enero de 2008 (LA LEY 39202/2008)) viene manteniendo que "el concepto de imprudencia temeraria no tiene en este ámbito del ordenamiento la misma significación que en el campo penal, desde el momento en que los bienes jurídicos protegidos en uno y otro caso son distintos, requiriéndose una mayor intensidad en la conducta cuando se trata de reprochar penalmente determinadas acciones u omisiones".

Específicamente, en lo relativo a la configuración como imprudencia temeraria de la presencia en el accidentado de sustancias toxicas, no puede establecerse un criterio apriorístico y de aplicación general. Como señala la STS de 31-3-1999 (LA LEY 4482/1999), no cabe "hacer una declaración general ... sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad".

Por tanto, según indica la sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2012, rec. 537/2012 (LA LEY 90565/2012), no puede presumirse la imprudencia temeraria por el simple dato de la presencia de cannabis, anfetamina y alcohol en el análisis realizado al hijo de los demandantes tras el accidente, puesto que no consta ni el grado de la ingesta, ni la fecha de la misma, ni tampoco su influencia en la conducción del vehículo siniestrado. Y, en consecuencia, no puede afirmarse que exista una relación de causalidad entre el consumo de tales sustancias y el accidente de tráfico en que se produjo el fallecimiento, cuya dinámica revela que el Sr. Ezequias ni siquiera se encontraba conduciendo. Tampoco respecto del hipotético primer siniestro, del que, como ya hemos afirmando con anterioridad, no consta en qué concretas circunstancias se habría producido, ni en relación con su vinculación causal con el segundo, ni respecto a las condiciones personales, viales y de conducción concurrentes. Así lo manifiesta igualmente la juzgadora de instancia a la hora de razonar su pronunciamiento estimatorio, que, en consecuencia, debe ser confirmado.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY