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PRIMERO.- El relato de hechos probados resulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), tras la libre y conjunta valoración de la prueba y, en particular de la documentación médica aportada por la actora, informe Médico del INSS tal y como se ha indicado en cada ordinal.

Por lo que se refiere a la base reguladora de la prestación, la juzgadora asume la cuantía postulada por el INSS por estimar correcto el cálculo. Toma en cuenta así como fecha del hecho causante el informe del EVI (5/1/2022) con el periodo de referencia de 12/2013 a 11/2021 y asienta su cálculo en las bases de cotización obrantes al informe de bases cotización, siendo que si las comparamos con la actora no son coincidentes. La parte actora ha tomado en consideración otra fecha de hecho causante y otro periodo que no entendemos correcto. Es por ello que no puede estimarse la base reguladora que postula la actora por entender que el cálculo no se ajusta a lo previsto en el artículo 197 LGSS (LA LEY 16531/2015) y ni a las bases de cotización acreditadas.

SEGUNDO.- La parte demandante solicita un pronunciamiento judicial por el que, revocando la resolución del INSS, se le declare afecta de una incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente total, por la contingencia de enfermedad común para su profesión habitual de soldador. Considera que el cuadro pluripatológico que padece, con particular referencia a las dolencias de ACOS, taquicardia y ansiedad, resulta incompatible con el desarrollo de toda actividad laboral y, en todo caso, la que venía desarrollando. La actora muestra igualmente disconformidad con la base reguladora de la prestación que fija en 1397,05 euros.

El INSS se opone a dicha pretensión y solicita la ratificación de la resolución administrativa por considerar que el cuadro residual del actor ha sido correctamente valorado con remisión a las consideraciones contenidas en el informe del médico inspector, concluyendo que el actor se encuentra estabilizado del episodio de broncoespasmo grave que sufrió.

TERCERO.- Para resolver la cuestión hay que partir de los artículos 193 (LA LEY 16531/2015) y 194 del TRLGSS (LA LEY 16531/2015). El primero de ellos dispone que "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo." Por su parte, el artículo 194 (en la redacción establecida en la DT 26 del TRLGSS (LA LEY 16531/2015) y vigente hasta que entre en vigor el reglamento al que alude el apartado 3 de dicho precepto), en relación a los grados de incapacidad permanente, dispone:

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual.

c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

d) Gran invalidez.

2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.

3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta(...)»

Pues bien, para una correcta valoración de la invalidez, han de ponerse en relación las lesiones que presenta el beneficiario con las labores específicas que desarrolla el trabajador en su profesión habitual que no es esencialmente coincidente con el trabajo específico que se desarrolla en un determinado lugar de trabajo, sino aquella que el trabajador esté cualificado para hacer y a la que pueda ser destinado por la empresa por movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de las titulaciones académicas. Igualmente, para valorar el grado de invalidez el Tribunal Supremo (STS de 29-9-87) declara que ha de atenderse a las limitaciones que estas lesiones comportan en lo que se refiere al desarrollo de la actividad laboral. La valoración de las capacidades residuales se ha de hacer teniendo en cuenta las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos sufridos y no se ha de exigir un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador ni un grado intenso de tolerancia por parte del empresario (STS 21-1-88).

CUARTO.- Entrando a analizar el cuadro clínico del actor, a tenor de los hechos probados, considera probado la juzgadora que la patología principal del actor es de carácter respiratorio. Si bien se ha diagnosticado por el Servicio de Neumología que las dolencias son las de ACOS, fenotipo mixto EPOC-asma, también denominado síndrome de solapamiento entre asma y EPOC así como Apnea del Sueño, los últimos informes de dicho servicio (y posteriores al informe médico de recaída del INSS de 13/5/2022) apuntan como posible diagnóstico el de respiración disfuncional.

Se trata en todo caso de analizar la repercusión funcional de la dolencia y en tal sentido, consideramos relevante el informe de Neumología de noviembre 2023 que señala uoisnea prácticamente continua, está hiperventilando nada más entrar en la consulta".

De dicho cuadro médico resulta, posterior revisión, la imposibilidad sin perjuicio de una de ejercicio de toda profesión, puesto que la disnea prácticamente continua sin la realización de ningún esfuerzo, como apunta dicho informe, junto con la apnea del sueño de grado moderado en su conjunto hacen difícil, si no imposible apreciar capacidad residual del trabajador, incluso para profesiones livianas y sedentarias.

Todo ello determina la estimación de la demanda.

QUINTO.- Recurso: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación (artículo 191 LJS (LA LEY 19110/2011)).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.