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PRIMERO.- Cuestión planteada y resolución recurrida.

1. En el presente recurso de casación, las asociaciones judiciales Juezas y Jueces para la Democracia, Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente recurren la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional (AN) 15/2022, de 7 de febrero de 2022 (LA LEY 10175/2022) (proc. 251/2017).

La sentencia de la AN desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada el 26 de julio de 2017 por las asociaciones judiciales mencionadas.

2 a) Previamente a su sentencia 15/2022, de 7 de febrero de 2022 (LA LEY 10175/2022), la sala de lo social de la AN había dictado en el procedimiento 251/2017 una primera sentencia -la 25/2018, de 12 de febrero de 2018 (LA LEY 1671/2018)-, que estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción.

Pero la sentencia del pleno de esta sala 4ª del Tribunal Supremo 483/2019, de 24 de junio (rec. 123/2018 (LA LEY 93034/2019)), estimó el recurso de casación interpuesto por las asociaciones judiciales contra la anterior sentencia de la AN; declaró la competencia del orden jurisdiccional social; y devolvió las actuaciones a la AN para que, partiendo de tal competencia jurisdiccional, resolviera, con libertad de criterio, las demás cuestiones suscitadas oportunamente por las partes.

b) Como consecuencia de la STS anterior, la sala de lo social de la AN dictó una segunda sentencia -la 100/2019, de 11 de septiembre de 2019 (LA LEY 129129/2019)-, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento.

Una nueva sentencia del pleno de esta sala 4ª del Tribunal Supremo -la 950/2021, de 29 de septiembre (rec. 3/2020 (LA LEY 161378/2021))-, estimó el recurso de casación interpuesto por las asociaciones judiciales contra la segunda sentencia de la AN; desestimó la excepción de inadecuación de procedimiento; y devolvió las actuaciones a la AN para que, partiendo de la adecuación de procedimiento, resolviera, con libertad de criterio, las demás excepciones alegadas y, en su caso, el fondo del asunto.

c) Como consecuencia de la STS anterior, la sala de lo social de la AN dictó una tercera sentencia -la ya mencionada 15/2022, de 7 de febrero de 2022 (LA LEY 10175/2022)-, que, como ya hemos dicho, desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada el 26 de julio de 2017 por las asociaciones judiciales citadas.

Según se ha anticipado, esta tercera sentencia de la AN es la ahora recurrida en casación por las asociaciones judiciales.

En la demanda de conflicto colectivo interpuesta el 26 de julio de 2017, las asociaciones judiciales solicitaban:

«1º) Que se declare que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incumplido su obligación, documentada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016, de regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral.

2º) Que se declare que la metodología y procedimiento empleada en el "Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas" (...) es inadecuado al fijar la carga de entrada de los órganos jurisdiccionales como criterio para evaluar riesgos para la salud de los miembros de la carrera judicial por sobrecarga de trabajo.

3º) Que se condene al CGPJ a (la) regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio de dedicación o rendimiento adecuado para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial y que, además, tenga en cuenta circunstancias personales y del órgano, y ello en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de la sentencia.

Subsidiariamente se condene al CGPJ a la inmediata regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio adecuado, distinto a la carga de entrada del órgano judicial, para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial.

4º) Que se condene al CGPJ a que regule la carga de trabajo de los miembros de la carrera judicial a efectos de salud laboral con carácter independiente, y sin perjuicio de que pueda hacerlo (,) previa o simultáneamente, a la regulación de la carga de trabajo a otros efectos (retributivo, disciplinario o cualquier otro).

Y, como igualmente se ha anticipado, es la sentencia de la AN 15/2022, de 7 de febrero de 2022 (LA LEY 10175/2022), desestimatoria de la demanda de conflicto colectivo, la que se recurre en el presente recurso de casación.

SEGUNDO.- El recurso de casación, sus impugnaciones y el informe del Ministerio Fiscal.

1. En efecto, las asociaciones judiciales han recurrido la sentencia de la sala de lo social de la AN 15/2022, de 7 de febrero de 2022 (LA LEY 10175/2022) (proc. 251/2017).

El recurso tiene cuatro motivos. Los dos primeros se formulan al amparo del artículo 207 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) (LRJS). El tercero, al amparo del artículo 207 d) LRJS (LA LEY 19110/2011). Y el cuarto, al amparo del artículo 207 e) LRJS (LA LEY 19110/2011). Estos motivos serán examinados en los siguientes fundamentos de derecho.

El recurso de casación solicita: la estimación de los dos primeros motivos y la declaración de nulidad de la sentencia recurrida con los efectos legales inherentes a dicha declaración; la estimación del tercer motivo modificando el hecho probado décimo en los términos que se indican; y la estimación del cuarto motivo y la consiguiente estimación de los pedimentos de la demanda de conflicto colectivo.

2. El recurso de casación ha sido impugnado por el CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Cantabria, la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y la Generalitat Valenciana.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso.

TERCERO.- Las causas de inadmisión alegadas (artículo 213.4 LRJS (LA LEY 19110/2011)).

1. Con carácter previo al examen de los motivos del recurso de casación, debemos analizar, en primer lugar, la causa de inadmisibilidad que alega el escrito de impugnación del Abogado del Estado en la representación que ostenta del Ministerio de Justicia.

Afirma el Abogado del Estado que el recurso incurre en la causa de inadmisión del artículo 213.4 LRJS (LA LEY 19110/2011), por no cumplir con los requisitos técnicos del recurso. Se alega, concretamente, en primer término, que los dos primeros motivos del recurso confunden los conceptos de incongruencia omisiva, incongruencia extra petita, alteración de la causa de pedir e incongruencia interna. En segundo lugar, que el tercer motivo, que pretende la modificación de un hecho probado, no cumple los requisitos para proceder a esa modificación. Y, en último lugar, que el cuarto motivo del recurso incurre en una petición de principio o hacer supuesto de la cuestión.

La sala no comparte que el recurso incurra en la causa de inadmisibilidad esgrimida. Las razones que se alegan podrán conducir, en su caso, a la desestimación de los motivos del recurso. Pero no se puede compartir que el recurso incumpla de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir, que es lo que exige el artículo 213.5 LRJS (LA LEY 19110/2011), y menos todavía que la formulación del recurso perjudique la defensa de la Abogacía del Estado, quien, en representación del Ministerio de Justicia, ha podido impugnar perfectamente -como, en efecto, así lo ha hecho- los cuatro motivos del recurso.

No se estima, en consecuencia, la causa de inadmisibilidad aducida por el Abogado del Estado en la representación que ostenta del Ministerio de Justicia.

2. Por su parte, la Letrada de la Junta de Andalucía alega que se ha producido la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de casación interpuesto, por dos razones.

1. En primer lugar, porque la sentencia de la sala 3ª de este Tribunal Supremo 969/2020, de 9 de julio (rec. 46/2019 (LA LEY 72805/2020)), ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia contra el Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2018, para el cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo (LA LEY 931/2003), reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en lo relativo a remuneraciones variables por objetivos de los miembros de la Carrera Judicial, publicado en el BOE de 18 de diciembre de 2018 (en adelante, el Reglamento 2/2018 del CGPJ).

El escrito de impugnación de la Letrada de la Junta de Andalucía afirma que el Reglamento 2/2018 del CGPJ fue impugnado, entre otros motivos, por haber incumplido el apartado 5.2 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Carrera Judicial (2015-2016) (en adelante, PPRL), que, como se ha anticipado y se expondrá con mayor detenimiento más adelante, es una de las pretensiones principales de la demanda de conflicto colectivo de las asociaciones judiciales.

La segunda razón que esgrime la Letrada de la Junta de Andalucía es que en el BOE de 29 de diciembre de 2018 se publicó la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre (LA LEY 21275/2018), por la que se publica el Acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, de 20 de diciembre de 2018.

En similar sentido, el Abogado de la Generalitat Valenciana entiende que el Reglamento 2/2018 del CGPJ y el Acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia suponen «en cierto modo» la satisfacción extraprocesal de las pretensiones de las asociaciones judiciales.

La sentencia de la AN ahora recurrida en casación ya afirmaba que no podía tomar en consideración estas novedades, puesto que la nulidad de la segunda sentencia de la AN, decidida por la STS 950/2021, de 29 de septiembre (rec. 3/2020 (LA LEY 161378/2021)), retrotrae las actuaciones al momento de dictar sentencia, cuando no se habían aprobado ni el Reglamento ni el Acuerdo mencionados, aunque dichos acontecimientos realmente se han producido, lo que la AN afirma que no puede desconocer.

En todo caso, no se puede apreciar la carencia sobrevenida del objeto del recurso, si atendemos a las materias que regulan el Reglamento 2/2018 del CGPJ y el Acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2018.

En efecto, el Reglamento 2/2018 del CGPJ tiene por objeto las retribuciones por objetivos de los miembros de la carrera judicial, para dar cumplimiento a la Ley 15/2003, de 26 de mayo (LA LEY 931/2003), reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal. No tiene por objeto, en consecuencia, la prevención de riesgos laborales de los miembros de la carrera judicial.

Tampoco el Acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2018 regula en puridad la prevención de riesgos laborales de los integrantes de la carrera judicial, sino que tiene como objeto «la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales». El artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985) establece, entre las atribuciones del CGPJ, la de «elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.» Como puede observarse, la elaboración y aprobación de lo anterior es conjunta con el Ministerio de Justicia y no unilateral del CGPJ. Por el contrario, el propio artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985) establece que la determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al juez o magistrado, «corresponderá en exclusiva al CGPJ.»

En esta misma línea, el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial (LA LEY 9107/2011), aprobado por el Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del CGPJ y publicado en el BOE de 9 de mayo de 2011, establece en su artículo 317.2 que, para garantizar el derecho proclamado en el artículo 317.1 («los jueces y magistrados tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones»), es igualmente al CGPJ a quien corresponde promover «cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia del derecho enunciado en el número anterior, en consonancia con lo establecido en la normativa sobre prevención de riesgos laborales» (en adelante, Reglamento 2/2011 del CGPJ).

Y, en este sentido, el apartado 5.2 PPRL, cuyo incumplimiento denuncia el recurso de casación, prevé que es el CGPJ quien «regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.»

La determinación de la carga de trabajo que puede soportar «un órgano jurisdiccional» (artículo 560.1.21ª, párrafo primero, LOPJ (LA LEY 1694/1985)), la que cabe exigir a efectos disciplinarios al «juez o magistrado» (artículo 560.1.21ª, párrafo segundo, LOPJ (LA LEY 1694/1985)), o, en fin, el «rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado» a efectos de la retribución variable (artículo 7 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003), de retribuciones de la carrera judicial y fiscal), son materias relacionadas, ciertamente, con la regulación de «la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral» (apartado 5.2 PPRL). Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, la referencia que a las «medidas de prevención de riesgos laborales» se hace en la consideración cuarta y en la estipulación primera del Acuerdo entre el Consejo General y el Ministerio de Justicia publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2018.

Pero que se trata de materias relacionadas, e incluso con zonas de coincidencia, no desdibuja que se trata de materias diferenciables y con autonomía propia, al menos relativa, y que, en todo caso, su regulación no corresponde siempre únicamente y en exclusiva al CGPJ.

Por lo demás, en el apartado 5 i) del fundamento de derecho noveno de la sentencia ahora recurrida en casación se afirma que el 22 de marzo de 2017 se decidió la prórroga del PPRL. El propio recurso de casación afirma que el PPRL fue prorrogado.

Sea como fuere, no puede negarse el interés legítimo que siguen teniendo las asociaciones judiciales recurrentes en casación sobre el cumplimento del apartado 5.2 PPRL, sin que tampoco se pueda afirmar que sus pretensiones al efecto se hayan visto satisfechas extraprocesalmente.

3. En consecuencia, se rechaza igualmente la causa de inadmisión del recurso alegada por la Letrada de la Junta de Andalucía.

CUARTO.- El primer motivo del recurso (artículo 207 c) LRJS (LA LEY 19110/2011)).

1. En su primer motivo, formulado al amparo del artículo 207 c) LRJS (LA LEY 19110/2011), el recurso alega que se ha producido un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. La sentencia habría incurrido en incongruencia omisiva extra petita por alteración de la causa de pedir, con vulneración del artículo 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011), en relación con el artículo 218 LEC (LA LEY 58/2000) y el artículo 248.3 LOPJ (LA LEY 1694/1985), con afectación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), con producción de efectiva indefensión.

El recurso aduce, en esencia, que la sentencia habría alterado los términos del debate, tanto antes del procedimiento como durante su transcurso, y modificado las pretensiones realmente deducidas por las partes, que no habrían recibido respuesta de la AN. El motivo rechaza que la demanda de conflicto colectivo pretendiera que el CGPJ fijara -a la baja- unas cargas de trabajo máximas, generales o abstractas, sino que lo pretendía que es que se fijara una carga adecuada desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. El motivo acepta que las tres y sucesivas demandas de conflicto colectivo coinciden, como no podría ser de otra manera -se afirma-, en su pretensión principal (que se declare incumplida la obligación de regular las cargas de trabajo a efectos de prevención de riesgos laborales y que se condene al CGPJ a cumplirla), pero sostiene que la actual y tercera demanda difiere en las restantes pretensiones. También se afirma que se ha debatido, asimismo, sobre el momento en que debe cumplirse la obligación y no solo sobre su contenido.

Con todo, la objeción mayor que el motivo formula contra la sentencia recurrida es el ya señalado de que se rechaza que la regulación de las cargas de trabajo a efectos de salud laboral obligara al CGPJ a fijar a la baja de forma general y abstracta los objetivos de cada destino, pues las asociaciones judiciales nunca habrían solicitado una regulación a la baja, sino una regulación saludable.

El recurso admite que las asociaciones elevaron una propuesta al CGPJ en el sentido de que se fijara, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial una horquilla entre el 90 y el 100 por cien del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010. Pero el recurso insiste en ello se hacía con carácter provisional, para activar mecanismos ante situaciones de las pudieran derivarse riesgos, hasta que se cumpliera el PPRL en uno de sus aspectos esenciales. El recurso también admite que la regulación de las cargas laborales desde el punto de vista de la salud ha de ser general, en el sentido de ser aplicable a todo el cuerpo judicial. Pero lo de que se pretenda una regulación abstracta no se alcanza a entender -afirma el motivo-, porque las asociaciones judiciales son conscientes de que la regulación de la carga de trabajo debe tener en cuenta tanto factores personales del juez o jueza, como estructurales del órgano judicial.

2. Una lectura atenta y objetiva de la sentencia recurrida conduce a rechazar que haya alterado los términos del debate y de la causa de pedir y, menos todavía, que haya causado indefensión a las asociaciones recurrentes en casación.

Basta con remitir al fundamento de derecho décimo primero de la sentencia recurrida, en el que se da una respuesta expresa, razonada y diferenciada a cada una de las cuatro pretensiones deducidas en la demanda de conflicto colectivo.

Por lo demás, si el propio recurso reconoce que la regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral «ha de ser general, en el sentido de ser aplicable a todo el cuerpo judicial», no puede extrañar que la sentencia recurrida entienda que la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo («que se declare que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incumplido su obligación, documentada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016, de regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral») se traduce en que se pretende que el CGPJ establezca una regulación «general» de la carga de trabajo de todos los miembros de la carrera judicial. Y tampoco puede extrañar que se entienda que la pretensión, además de general, supone una regulación abstracta de la carga de trabajo, con independencia de que se atienda a factores personales del juez o jueza y a los factores estructurales del órgano judicial, toda vez que una regulación abstracta no es en modo alguno incompatible con la atención a los factores mencionados.

En todo caso, que la sentencia recurrida entienda que la pretensión de la demanda de conflicto de colectivo es que el CGPJ proceda a regular la carga de trabajo de la carrera judicial de forma general y abstracta no supone, en forma alguna, que la sentencia recurrida haya incurrido en la incongruencia ni en la alteración de la causa de pedir denunciadas y, menos aún, que haya causado indefensión a las asociaciones recurrentes.

El motivo se muestra particularmente crítico con que la sentencia recurrida atribuya a la demanda de conflicto colectivo la pretensión de que se redujera a la baja la carga de trabajo de los miembros de la carreja judicial. Pero, además de que el propio recurso reconoce que las asociaciones judiciales elevaron una propuesta en tal sentido al CGPJ, lo cierto es que la sentencia recurrida desestima la primera pretensión de la demanda identificándola, de forma correcta y precisa, con el denunciado incumplimiento de «regular la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral» (fundamento de derecho décimo primero, apartado a).

Otra cosa es cómo la sentencia recurrida describa el largo conflicto mantenido por las partes sobre la cuestión. El motivo discrepa de algunos elementos de dicha descripción, sin que obviamente pueda prevalecer la subjetiva visión del recurso acerca de lo realmente ocurrido sobre la más imparcial y objetiva del órgano judicial. Debe insistirse, en todo caso, que, tras una muy amplia descripción de los antecedentes del conflicto y de sus hitos principales, la sentencia recurrida identifica con precisión, como acabamos de decir, cual es exactamente la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo.

Cuestión distinta es que la AN entienda que la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral está condicionada, entre otros factores, por las previsiones existentes respecto de las retribuciones variables, sobre las que aquella regulación tendría repercusión, por lo que habría que contar con el informe legalmente preceptivo del Ministerio de Hacienda, además de afectar al contenido del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).

El motivo discrepa legítimamente de lo anterior. Pero ello no significa, ni puede significar, que la sentencia recurrida sea incongruente, haya alterado la causa de pedir o haya causado indefensión. La sentencia parte de que la pretensión de la demanda de conflicto colectivo tiene como consecuencia inherente e inevitable -cabría decir-, la reducción a la baja del objetivo de dedicación de cada destino. Pero tampoco ello supone que la sentencia incurra en incongruencia, altere la causa de pedir o cause indefensión.

3. Conforme a lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, se desestima el primer motivo del recurso.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso (artículo 207 c) LRJS (LA LEY 19110/2011)).

1. En su segundo motivo, formulado igualmente al amparo del artículo 207 c) LRJS (LA LEY 19110/2011), el recurso alega que se ha producido un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia con producción de indefensión. La sentencia habría incurrido en incongruencia omisiva entre su fundamentación jurídica y su fallo, lo que vulneraría el artículo 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011), en relación con el artículo 218 LEC (LA LEY 58/2000) y el artículo 248.3 LOPJ (LA LEY 1694/1985), con afectación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), con producción de indefensión.

El motivo funda la incongruencia entre la fundamentación jurídica de la sentencia y su fallo en la segunda pretensión de la demanda de conflicto colectivo.

Esta segunda pretensión era la siguiente: «Que se declare que la metodología y procedimiento empleada en el "Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas" (...) es inadecuado al fijar la carga de entrada de los órganos jurisdiccionales como criterio para evaluar riesgos para la salud de los miembros de la carrera judicial por sobrecarga de trabajo.»

Para el recurso, la incongruencia se habría producido en que, así como la sentencia entiende que la carga de trabajo del apartado 5.2 PPRL se refiere a las cargas de salida, sin embargo, desestima la segunda pretensión por el argumento de que no le corresponde a la AN declarar adecuada o inadecuada la metodología del citado «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», siendo claro y evidente -afirma el recurso- que el citado documento establece la metodología de los módulos de entrada.

2. Tampoco puede estimarse este segundo motivo del recurso.

El recurso parte en este extremo de una premisa errada.

La sentencia recurrida hace la afirmación de las cargas de salida respecto de la pretensión primera de la demanda de conflicto colectivo sobre la obligación prevista en el apartado 5.2 PPRL: regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.

Pero la segunda pretensión de la demanda de conflicto colectivo sobre la inadecuación de la metodología y procedimiento del «Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», se desestima por la AN, porque «los demandantes no han identificado en qué norma legal se basan para descalificar la metodología del Mapa Judicial de Riesgos y Sistema de Alertas», añadiendo que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LA LEY 3838/1995) (LPRL) «no contempla específicamente a las cargas de trabajo como riesgo laboral.»

Como puede comprobarse, para la AN, una cosa es que, a efectos de la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo (el cumplimiento de la obligación asumida en el apartado 5.2 PPRL), la carga de trabajo se refiera a las cargas de salida; y otra, distinta, que, a efectos de la segunda pretensión de la demanda de conflicto colectivo (la adecuación de la metodología utilizada en el mapa judicial de riesgos y sistema de alertas), la sentencia recurrida constate que los demandantes no han identificado la norma legal que vulneraría la metodología seguida por el Mapa Judicial de Riesgos y Sistema de Alertas y que, en todo caso, la LPRL (LA LEY 3838/1995) no contemple específicamente a las cargas de trabajo como riesgo laboral.

Adicionalmente, la sentencia recurrida califica el «Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas» como «una herramienta más para el cumplimiento de la obligación de seguridad» y constata que a lo largo de todo el proceso previo «también se han tenido en cuenta las cargas de salida.»

Es preciso señalar, por lo demás, que el «Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», no solo se refiere al módulo de entrada, sino que también menciona, en su apartado III.4 y en el anexo II, otros factores «objetivos» como la «tasa de resolución» del juez/a, la pendencia, la experiencia en la tarea desarrollada y la agenda de señalamientos, y factores «personales», como el estado de salud o la discapacidad.

3. Procede, en consecuencia, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, desestimar el segundo motivo del recurso.

SEXTO.- El tercer motivo del recurso (artículo 207 d) LRJS (LA LEY 19110/2011)).

1. En su tercer motivo, formulado al amparo del artículo 207 d) LRJS (LA LEY 19110/2011), el recurso propone una redacción alternativa del segundo párrafo del hecho probado décimo de la sentencia recurrida.

Este segundo párrafo tiene la siguiente redacción:

«El 21-07-2016 el Gabinete técnico del CGPJ emitió informe, que obra en autos y se tiene por reproducido, en el que establece, en el apartado de consideraciones jurídicas, que se deben distinguir tres círculos concéntricos de cargas de trabajo: el interior y más reducido relativo a la responsabilidad disciplinaria, el círculo medio, correspondiente al rendimiento del Juez con efectos en la esfera retributiva, y el exterior, que correspondería a la salud laboral del Juez, cuya superación perjudicaría a la salud, ninguno de los cuales está determinado en la actualidad. - Subraya, en efecto, que el CGPJ no ha desarrollado la competencia exclusiva de fijar las cargas de trabajo a efectos disciplinarios, para recordar, que la jurisprudencia anuló el Reglamento 2/2003, porque no se determinaron cargas de trabajo individualizadas y debidamente medidas para cada órgano judicial, concluyendo finalmente que no era posible, por las mismas razones, establecer una carga general y abstracta a estos efectos, por lo que concluye que el mandato del punto 5.2 del Plan de Prevención no comporta la obligación del CGPJ de regular cargas de trabajo en abstracto a efectos de salud laboral.»

Y lo que propone el motivo es que el párrafo pase a tener la siguiente redacción:

«El 21-07-2016 el Gabinete técnico del CGPJ emitió informe, que obra en autos y se tiene por reproducido, en el que establece, en el apartado de consideraciones jurídicas, que se deben distinguir tres círculos concéntricos de cargas de trabajo: el interior y más reducido relativo a la responsabilidad disciplinaria, el círculo medio, correspondiente al rendimiento del Juez con efectos en la esfera retributiva, y el exterior, que correspondería a la salud laboral del Juez, cuya superación perjudicaría a la salud, ninguno de los cuales está determinado en la actualidad. - Subraya, en efecto, que el CGPJ no ha desarrollado la competencia exclusiva de fijar las cargas de trabajo a efectos disciplinarios, para recordar, que la jurisprudencia anuló el Reglamento 2/2003, porque no se determinaron cargas de trabajo individualizadas y debidamente medidas para cada órgano judicial, concluyendo finalmente que ello no impide que se pueda adoptar un acuerdo fijando de modo genérico una carga de trabajo a efectos de salud laboral, cuya implementación y eficacia en el campo de la salud del Juez solo es posible con la carga derivada de la aplicación de la hoja de salud de cada juez, para conformar de modo real e indubitado la carga del Juez a efectos de su salud.»

Como puede comprobarse, lo que concretamente se propone es modificar el último inciso del párrafo.

Donde actualmente se dice:

«... concluyendo finalmente que no era posible, por las mismas razones, establecer una carga general y abstracta a estos efectos, por lo que concluye que el mandato del punto 5.2 del Plan de Prevención no comporta la obligación del CGPJ de regular cargas de trabajo en abstracto a efectos de salud laboral.»

El recurso propone que pase a decirse:

«... concluyendo finalmente que ello no impide que se pueda adoptar un acuerdo fijando de modo genérico una carga de trabajo a efectos de salud laboral, cuya implementación y eficacia en el campo de la salud del Juez solo es posible con la carga derivada de la aplicación de la hoja de salud de cada juez, para conformar de modo real e indubitado la carga del Juez a efectos de su salud.»

El recurso alega que el informe del Gabinete Técnico del CGPJ no afirma la imposibilidad de que se establezca una carga general y abstracta a efectos de salud laboral, sino que solo lo sería en determinadas condiciones, que consisten en que se ha de tener en cuenta lo que resulte de la «hoja de salud» de cada juez.

2. El motivo no puede estimarse, toda vez que la sentencia recurrida no incurre en error alguno que, conforme a la jurisprudencia de esta sala 4ª, deba llevar a aceptar la modificación del relato fáctico solicitada.

En efecto, ya la redacción del inciso de referencia precisa que el informe del Gabinete Técnico del CGPJ concluye que no era posible establecer una regulación general y abstracta de la carga de trabajo a efectos de salud laboral «por las mismas razones» de no considerar las cargas de trabajo «individualizadas.» De manera que sí sería posible esa regulación general y abstracta si en ella adicionalmente se atiende a las mencionadas cargas de trabajo «individualizadas».

En todo caso, resulta claro que, aunque se aceptara la redacción propuesta por el motivo que estamos examinando, ello no conduciría a la variación del fallo de la sentencia recurrida. Y no lo variaría porque la estimación o desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda de conflicto colectivo no depende, ni puede depender, de lo que dijera el informe del Gabinete Técnico del CGPJ mencionado en el hecho probado décimo, sino de si realmente se incumplió o no por el CGPJ lo previsto en el apartado 5.2 PPRL.

De hecho, como puede comprobarse, a partir de su fundamento de derecho décimo, la sentencia recurrida realiza el examen de las pretensiones de la demanda de conflicto colectivo sin apoyarse ni mencionar en ningún momento el referido informe del Gabinete Técnico del CGPJ. Por el contrario, lo que analiza la AN es si el CGPJ tenía o no limitaciones o condicionantes legales para cumplir con lo previsto en el apartado 5.2 PPRL, qué tipo de cargas deben considerarse y lo ocurrido con las sucesivas demandas de conflicto colectivo, en las reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSS) y, en fin, las posiciones finales de las partes.

Todo lo razonado es plenamente aplicable a la supresión que el motivo propone del inciso final siguiente del párrafo segundo del hecho décimo: «..., por lo que concluye que el mandato del punto 5.2 del Plan de Prevención no comporta la obligación del CGPJ de regular cargas de trabajo en abstracto a efectos de salud laboral.»

El propio recurso afirma que el informe del Gabinete Técnico del CGPJ sostiene «la imposibilidad o al menos la insuficiencia, de fijar una carga abstracta y general de carga de trabajo a estos efectos», toda vez que hay que atender a criterios «personalizados.» Así las cosas, no resulta posible concluir que la sentencia incurra en el error que se denuncia.

Y, en todo caso, debemos reiterar que, aunque se aceptara la supresión propuesta, ello no conduciría a variar el sentido de la sentencia recurrida, que no depende de lo que dijera el referido informe del Gabinete Técnico del CGPJ, que ni siquiera es considerado ni mencionado en sus decisivos fundamentos de derecho décimo y décimo primero.

3. Se desestima, en virtud de lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, el tercer motivo del recurso.

SÉPTIMO.- La formulación del cuarto motivo del recurso (artículo 207 e) LRJS (LA LEY 19110/2011)).

1. En su cuarto y último motivo, formulado al amparo del artículo 207 e) LRJS (LA LEY 19110/2011), el recurso denuncia la infracción del artículo 8.1 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo (LA LEY 931/2003), reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal (en adelante Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003)), y del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985), en los dos casos por aplicación indebida; y de los artículos 14 (LA LEY 3838/1995), 15 (LA LEY 3838/1995) y 17 LPRL (LA LEY 3838/1995) y del artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, en concordancia con lo establecido en los artículos 15 (LA LEY 2500/1978), 40.2 (LA LEY 2500/1978) y 43 CE. (LA LEY 2500/1978)

El motivo afirma que el objeto del proceso es garantizar el derecho de los miembros de la carrera judicial a la protección frente a los riesgos laborales (artículo 317.1 del Reglamento 2/2011 del CGPJ y artículo 14.1 LPRL (LA LEY 3838/1995)), mediante el cumplimiento de la obligación del CGPJ (artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ y artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995)) de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral (apartado 5.2 PPRL).

2. Los argumentos fundamentales del motivo, por lo que hace a la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo (el incumplimiento por el CGPJ de su obligación de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral plasmada en el apartado 5.2 PPRL), son los siguientes:

a) Se trata de determinar si la obligación establecida en el apartado 5.2 PPRL de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral se encuentra cumplida o no mediante la actividad desplegada por el CGPJ, que, según alegó el Abogado del Estado en el juicio -afirma el motivo-, consistió en atender a las circunstancias o incidencias concretas que puedan afectar al titular del órgano jurisdiccional. El motivo sostiene que la afirmación de la sentencia recurrida, en el sentido de que la LPRL (LA LEY 3838/1995) no contempla específicamente las cargas de trabajo como riesgo laboral, desconoce lo establecido en el artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995) y en los artículos 5 (LA LEY 3736/1989) y 6 de la Directiva 1989/391/CEE, de 12 de junio (LA LEY 3736/1989), relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. El apartado 3.4 PPRL menciona los psicosociales como riesgos de la carrera judicial y en el procedimiento para determinar la estrategia y la metodología de la evaluación de riesgos consta que se debe tener presente que la carga de trabajo es un factor de riesgo psicosocial, carga de trabajo que ya era mencionada en la inicial evaluación de riesgos realizada por FREMAP como una variable de riesgo muy significativa.

b) El sujeto obligado a regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as es el CGPJ y, en cumplimiento del artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, así lo asume el apartado 5.2 PPRL.

c) La sentencia recurrida infringe, por aplicación indebida, el artículo 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003), que establece que, cuando la fijación de los objetivos o su modificación pueda afectar a las retribuciones variables, el acuerdo que lo apruebe debe contar con el informe favorable del Ministerio de Justicia. Pero la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral es competencia exclusiva del CGPJ y no depende de la regulación de la carga de trabajo a efectos de la retribución variable. La Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) no es un obstáculo legal que impida al CGPJ la regulación independiente de la carga de trabajo a efectos de salud laboral.

d) Tampoco el párrafo primero del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985) (es atribución del CGPJ «elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional») constituye un obstáculo para que el CGPJ cumpla con su obligación de regular de forma independiente la carga de trabajo a efectos de salud laboral.

e) La parte recurrente ha acreditado que el apartado 5.2 PPRL obliga al CGPJ a regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral y el CGPJ no ha acreditado el cumplimiento de esa obligación.

Afirma el recurso que ello se ha reconocido expresamente por el CGPJ en el «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas». En su apartado II, 2.2, el documento afirma que la medición de cargas de trabajo a efectos de salud laboral en el desarrollo de la función judicial es una tarea compleja, pero no por ello puede ser aplazada al conformar un elemento relevante del PPRL. Y en apartado III, 2, el documento afirma -dice el recurso- que, mientras no estén fijados los módulos definitivos, se adopta dicho documento con carácter provisional a fin de dar respuesta a las problemáticas que se presenten teniendo en cuenta que la carga es un factor de riesgo a efectos de salud laboral.

f) Frente al razonamiento incluido por la sentencia recurrida en su fundamento de derecho décimo primero, letra a., para rechazar que el CGPJ haya incumplido la obligación de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral, el motivo alega que la obligación asumida por el CGPJ en el apartado 5.2 PPRL es una obligación legal, sin que se pueda entender, como hace el CGPJ, que se trata de un compromiso futuro. En todo caso, la obligación no se ha cumplido y ello infringe la obligación de protección de la seguridad y salud psicosocial recogida -se afirma- en el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ y en los artículos 14 (LA LEY 3838/1995) y 15 LPRL (LA LEY 3838/1995).

Por otro lado, sostiene el recurso que la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral tiene prioridad normativa frente a su regulación para otras finalidades, como la disciplinaria o retributiva, por la posición prevalente del derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15 CE (LA LEY 2500/1978)) y que tiene su concreción para jueces y magistrados en el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ.

g) La finalidad de la obligación de regular la carga de trabajo desde un punto de vista preventivo persigue la evitación del riesgo o su minimización si es inevitable.

Por el contrario, el CGPJ entiende -se aduce- la regulación de la carga de trabajo saludable como un proceso reactivo y no preventivo, que solo opera cuando las condiciones laborales de un juez o magistrado evidencien un riesgo para su salud, como quedó reflejado en el acto del juicio en los diferentes ejemplos que se presentaron.

h) La regulación de la carga de trabajo por parte del CGPJ debe ser general y adecuada a fin de identificar los riesgos, no solo los ergonómicos, sino también los psicosociales, evitándolos o reduciéndolos.

Frente a lo alegado por el Abogado del Estado en el acto del juicio, se ha acreditado que el CGPJ entiende que la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud requiere tener unos módulos o ratios generales que permitan detectar los riesgos para adoptar medidas preventivas. Así se deduciría de los hechos probados que menciona el motivo.

Por tanto, aunque el CGPJ no excluye y dice estar en proceso de objetivar con carácter general la carga de trabajo a efectos de salud laboral, el caso es que incumple su obligación de hacerlo ex apartado 5.2 PPRL, limitándose a actuar reactivamente de forma individualizada en situaciones de riesgo actualizado. Ello es contrario a la normativa de prevención de riesgos laborales y la sentencia de la AN recurrida vulnera los artículos 14 (LA LEY 3838/1995),15 (LA LEY 3838/1995) y 17 LPRL (LA LEY 3838/1995) y el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ.

3. Por lo que se refiere a la segunda pretensión de la demanda de conflicto colectivo (que se declare que la metodología y procedimiento empleados en el «Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas» son inadecuados al fijar la carga de entrada de los órganos jurisdiccionales como criterio para evaluar riesgos para la salud), los argumentos del motivo son, en esencia, los siguientes:

a) La metodología de la carga de entrada es inadecuada y errada porque mide algo diferente del rendimiento saludable de la persona y no satisface razón preventiva alguna. En tal sentido, la sentencia de la sala 3ª de este Tribunal 136/2018, de 1 de febrero (rec. 55/2017 (LA LEY 1278/2018)), afirma que no puede medirse el trabajo judicial por los asuntos que se entran, sino por los que se resuelven.

b) La sentencia de la AN recurrida entiende que la carga que debe considerarse es la de salida y no la de entrada, pero sin embargo desestima la demanda de conflicto colectivo, principalmente porque las asociaciones judiciales demandantes no han identificado en qué norma legal se basan para descalificar la metodología del «Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», como no podría ser de otro modo para la sentencia recurrida porque la LPRL (LA LEY 3838/1995) no contempla específicamente las cargas de trabajo como riesgo laboral.

El motivo afirma que no se solicita que sea el tribunal quien determine las metodologías aplicables para regular la carga de trabajo, sino que se declare que la utilizada por el documento de trabajo de referencia es inadecuada al fijar la carga de entrada como criterio para evaluar los riesgos para la salud.

El argumento de que la carga de trabajo no es un riesgo laboral contradice el artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995), en relación con los artículos 5 (LA LEY 3736/1989) y 6 de la Directiva 89/391/CEE (LA LEY 3736/1989). El motivo cita también las notas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) mencionadas en el hecho probado décimo cuarto.

4. La tercera pretensión de la demanda de conflicto colectivo es que se condene al CGPJ a regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio de dedicación o rendimiento adecuado y que, además, tenga en cuenta circunstancias personales y del órgano, y ello en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de la sentencia. Y, subsidiariamente, que se condene al CGPJ a la inmediata regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio adecuado, distinto a la carga de entrada del órgano judicial.

En lo que atañe a esta tercera pretensión, el motivo de casación rebate los argumentos desestimatorios de dicha pretensión por parte de la AN, especialmente el de que las asociaciones judiciales demandantes no han probado que los módulos de salida vigentes en el momento de interposición de la demanda fueran lesivos con carácter general para la salud laboral de jueces y magistrados. El recurso afirma, de un lado. que las propias evaluaciones realizadas por encargo del CGPJ pusieron en evidencia factores de riesgo psicosocial a nivel global. Y, de otro, se rechaza que la carga de la prueba corresponda a las asociaciones demandantes.

Respecto del plazo (tres meses o de forma inmediata), si legalmente no se fija un plazo para el cumplimiento de las obligaciones legales, deben ser los tribunales quienes lo hagan, a tenor del artículo 1.128 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

5. Finalmente, respecto a la cuarta pretensión de la demanda de conflicto colectivo (que se condene al CGPJ a que regule la carga de trabajo de los miembros de la carrera judicial a efectos de salud laboral con carácter independiente, y sin perjuicio de que pueda hacerlo, previa o simultáneamente, a la regulación de la carga de trabajo a otros efectos, retributivo, disciplinario o cualquier otro), el motivo se remite, por razones de economía procesal, a lo ya expuesto en el motivo cuarto del recurso.

OCTAVO.- El régimen jurídico de la carga de trabajo de los órganos judiciales y de jueces y tribunales a distintos efectos.

1. Aunque en el fundamento de derecho tercero ya hemos hecho referencia al régimen jurídico de la carga de trabajo de los órganos judiciales y de jueces y tribunales a distintos efectos, conviene exponerlo ahora de forma más sistemática.

2. De conformidad con el párrafo primero del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985), precepto cuya aplicación indebida denuncia el cuarto motivo del recurso de casación, entre las atribuciones del CGPJ está la de «elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.»

Se trata de una competencia compartida entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia y consiste en la determinación de «la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.»

En la actualidad, la materia se rige por el Acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, de 20 de diciembre de 2018, publicado, para general conocimiento, en el BOE de 29 de diciembre de 2018 como anexo de la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre (LA LEY 21275/2018) (en adelante, el Acuerdo).

Como ya se ha expuesto en el fundamento de derecho tercero, la sentencia de la AN recurrida en casación ya afirmaba que no podía tomar en consideración el Acuerdo, puesto que la nulidad de la segunda sentencia de la AN, decidida por la STS 950/2021, de 29 de septiembre (rec. 3/2020 (LA LEY 161378/2021)), retrotrae las actuaciones al momento de dictar sentencia, cuando todavía no se había aprobado dicho Acuerdo.

Pero es ilustrativo mencionar aquí alguno de sus rasgos esenciales. Como bien dice la muy razonada sentencia de la AN, no puede desconocerse la realidad del Acuerdo.

Según expone su consideración cuarta, el Acuerdo entiende que, dado el tiempo transcurrido desde la fijación de los módulos actualmente vigentes - año 2003- y la variación que se ha producido en las cargas de trabajo de los órganos judiciales, se hace necesario proceder a una actualización que permita fijar, con carácter general y a nivel nacional, la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano judicial, que será uno de los principales criterios -aunque no el único- que permita la adopción de decisiones que afectan a la creación de órganos o incremento de plazas judiciales, a la aprobación de medidas de refuerzo y planes de urgencia, y -conviene subrayarlo- a «la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales», etc.

Para la determinación de los módulos se ha partido -razona la consideración quinta del Acuerdo- de estudios rigurosos sobre entrada de asuntos de los diferentes órganos y su capacidad de resolución, etc., elaborados por el Servicio de Inspección del CGPJ y por los órganos del Ministerio de Justicia, y se han tomado en consideración las medidas, situaciones y peticiones a que hace referencia aquella consideración.

Según dispone su estipulación primera, el objeto del Acuerdo es fijar, en función del «módulo de entrada de asuntos», la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano jurisdiccional, considerado en su conjunto, de manera que se cuente con un instrumento adecuado para la toma de las decisiones que afectan a la creación de órganos o incremento de plazas judiciales, aprobación de medidas de refuerzo, planes de urgencia, y, en su caso, «medidas de prevención de riesgos laborales.» A destacar, de nuevo, la mención que se hace a la prevención de riesgos laborales.

De conformidad con su estipulación segunda, el módulo de entrada de asuntos que se fija en el anexo del Acuerdo es el módulo general para todo el conjunto nacional por cada tipo de órgano, módulo que sirve de parámetro de medición «principal» para determinar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, y podrá ser «complementado» con otros criterios derivados de circunstancias ocasionales o de realidades socioeconómicas. El módulo es «independiente» del que, en su caso, pudiera fijarse por el CGPJ para otros fines, cómo pueden ser la medición del cumplimiento de «objetivos asociados a la productividad» o a efectos «disciplinarios.» A destacar, de un lado, que se establece el módulo de entrada como parámetro «principal», pero no exclusivo, toda vez que puede ser «complementado» con otros criterios. Y, de otro, el carácter «independiente» del módulo respecto del que el CGPJ pueda fijar para otras finalidades, como la productividad o a efectos disciplinarios.

La estipulación tercera del Acuerdo dispone que la superación del módulo de entrada en un órgano judicial no conllevará de manera «automática» la obligación de asumir la creación de órganos o unidades judiciales que, en todo caso, dependerá de la disponibilidad presupuestaria establecida por los Presupuestos Generales del Estado y los de las comunidades autónomas que haya asumido competencias en la materia. A subrayar la ausencia de automatismos por la superación del módulo de referencia.

3. Según establece el párrafo segundo del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985), la determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al juez o magistrado, «corresponderá en exclusiva al CGPJ.»

Hay que destacar, en este sentido, que el propio artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985) diferencia entre la carga de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional y la carga de trabajo que cabe exigir a efectos disciplinarios al juez o magistrado. Y así como la primera es de determinación conjunta del CGPJ y del Ministerio de Justicia, la segunda corresponde en exclusiva al CGPJ.

4. La Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) establece, en su artículo 7, que las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al «rendimiento individual» acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales. Según dispone el artículo 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003), cuya aplicación indebida denuncia el cuarto motivo del recurso de casación, el objetivo para cada destino en la carrera judicial se fijará por el CGPJ con arreglo a «módulos de dedicación u otros criterios técnicos que estime convenientes.» Cuando la fijación de los objetivos o su modificación pueda afectar a las retribuciones variables -prosigue el precepto-, el acuerdo que lo apruebe deberá contar con informe favorable del Ministerio de Justicia y, si la modificación tuviese repercusión presupuestaria, deberá ser informada favorablemente por el Ministerio de Hacienda. El artículo 9 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) regula la cuantificación de la retribución variable.

Como ya hemos mencionado en el fundamento de derecho tercero, el Reglamento 2/2018 del CGPJ da cumplimiento a la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) en lo relativo a remuneraciones variables por objetivos de los miembros de la carrera judicial. Igualmente hemos dejado constancia en aquel fundamento de derecho de que la sentencia de la sala 3ª de este Tribunal Supremo 969/2020, de 9 de julio (rec. 46/2019 (LA LEY 72805/2020)), desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia contra el Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2018. Y, en fin, también hemos mencionado que la sentencia de la AN recurrida en casación ya afirmaba que no podía tomar en consideración el Reglamento 2/2018 del CGPJ, puesto que la nulidad de la segunda sentencia de la AN, decidida por la STS 950/2021, de 29 de septiembre (rec. 3/2020 (LA LEY 161378/2021)), retrotrae las actuaciones al momento de dictar sentencia, cuando todavía no se había aprobado el citado Reglamento 2/2018 del CGPJ.

Con todo, no está de más mencionar que el anexo I del Reglamento 2/2018 del CGPJ se refiere al sistema de determinación de los objetivos de rendimiento en cada destino de la carrera judicial y a la fijación de rendimiento de los jueces magistrados, y que el anexo II de dicho Reglamento lo hace respecto de los objetivos de rendimiento en cada orden jurisdiccional, utilizando lo que denomina «tiempos finales.»

5. En el contexto de un acta del Servicio de Inspección del CGPJ en su función de comprobación y propuesta, la sentencia de la sala 3ª de este Tribunal 268/2023, de 2 de marzo (rec. 412/2021 (LA LEY 29390/2023)), ha resuelto que el indicador técnico aplicado para establecer el rendimiento que procede del acuerdo del Pleno del CGPJ de 31 de mayo de 2000, perfeccionado por el de 9 de octubre de 2003 y revisado por el de 22 de abril de 2010, que redujo en un 13 por ciento la exigencia, no puede considerarse derogado por el Reglamento 2/2018 del CGPJ. Y ello porque el mencionado indicador no se dirige a determinar la cuantía de la retribución variable por objetivos -que es lo regulado por el Reglamento 2/2018 del CGPJ-, sino para obtener datos relativos al rendimiento de los órganos. Hay, pues, efectivamente -afirma la sentencia de la sala 3ª-, módulos que miden cosas diferentes y a efectos distintos.

Los acuerdos 59 y 59 bis del Pleno del CGPJ de 22 de abril de 2010 dejan claro -sigue razonando la sentencia de la sala 3ª- que los criterios de valoración de la dedicación a los que se refiere el primer acuerdo son los que venía aplicando «a los solos efectos de la concesión de licencias, permisos, compatibilidades, adopción de medidas de refuerzo y régimen disciplinario», por lo que no guardan relación con los utilizados para las retribuciones variables por objetivos de los miembros de la carrera judicial, de las que se ocupa el Reglamento 2/2018 del CGPJ.

Remitiéndose a lo que decía el acuerdo del Pleno del CGPJ de 3 de diciembre de 2003, la sentencia de la sala 3ª núm. 268/2023 refiere que, como los distintos tipos de asuntos no exigen la misma dedicación, puede suceder que un juez o magistrado cumpla el módulo de dedicación sin alcanzar la terminación de los asuntos que corresponde al módulo de entrada; o que, sin cumplir el módulo de dedicación, puedan concluir un número superior de asuntos a los señalados en el módulo de entrada.

También señala la sentencia de la sala 3ª que la valoración del rendimiento a efectos retributivos descansa en la declaración que hacen los jueces y magistrados y de la identificación en ella de las resoluciones dictadas, tal como ahora prescribe el Reglamento 2/2018. En cambio, la determinación de la dedicación a los restantes fines se hace por el Servicio de Inspección a partir de las resoluciones computables incluidas por los Letrados de la Administración de Justicia en los boletines estadísticos trimestrales que constan en su Servicio de Estadística, tal como explicaba el citado acuerdo del Pleno del CGPJ de 9 de octubre de 2003.

6. Debemos hacer referencia, finalmente, y de forma principal, al artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ. Este Reglamento fue dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria que atribuía al CGPJ el (entonces vigente) artículo 110.2 LOPJ (LA LEY 1694/1985). En la actualidad se trata del artículo 560.1.16ª LOPJ (LA LEY 1694/1985), sin que corresponda examinar aquí el contenido de este precepto.

El apartado 1 del citado artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ proclama que «los jueces y magistrados tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones.» Y el apartado 2 del artículo 317 establece que el CGPJ «promoverá cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia del derecho enunciado en el número anterior, en consonancia con lo establecido en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.»

Examinaremos el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, precepto cuya infracción denuncia el motivo cuarto del recurso de casación, en el fundamento de derecho siguiente.

Pero ya debemos señalar que, así como los preceptos que se han venido mencionando se refieren expresamente a la «carga de trabajo» a determinados efectos (los dos párrafos del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985)), al «rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado» (artículo 7 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003)), o, en fin, a los «módulos de dedicación u otros criterios técnicos» (artículo 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003)), por el contrario, el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ no dice nada parecido ni hace referencia alguna a la carga de trabajo. El artículo 317.2 se limita a prever que, para garantizar el derecho enunciado en el artículo 317.1 («los jueces y magistrados tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones»), el CGPJ «promoverá cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia del derecho enunciado en el número anterior, en consonancia con lo establecido en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.»

Pero nada concreta el artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ sobre cuales deben ser esas medidas y actuaciones, ni, al contrario de lo que hacen los otros preceptos mencionados y como ya hemos anticipado, hace referencia alguna a la carga de trabajo, al rendimiento individual o a módulos de dedicación.

Es el apartado 5.2 PPRL es el que se refiere a la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral. El PPRL, elaborado por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del CGPJ y revisado por la CNSS, fue aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ (también por la Comisión de Seguimiento del Convenio con el Ministerio de Justicia).

También es de interés reparar en que, como se ha expuesto, cuando se fija la carga de trabajo en función de un módulo concreto, de un lado, dicho módulo se establece como medición principal que puede ser complementada con otros criterios. Y, de otro, que la superación de dicho módulo no desencadena de forma automática determinadas consecuencias relacionadas con la finalidad y sentido del establecimiento del módulo en cuestión.

NOVENO.- El examen del cuarto motivo del recurso (artículo 207 e) LRJS (LA LEY 19110/2011)).

1. Según se ha anticipado, el cuarto motivo del recurso de casación denuncia, entre otras infracciones, la aplicación indebida del artículo 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) y del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).

1. Ciertamente, como ya hemos señalado, la AN entiende que la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral está condicionada, entre otros factores, por las previsiones existentes respecto de las retribuciones variables de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003), sobre las que aquella regulación tendría repercusión, por lo que habría que contar con el informe legalmente preceptivo del Ministerio de Hacienda, además de afectar al contenido del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).

Sin embargo, en la STS 950/2021, de 29 de septiembre (rec. 3/2020 (LA LEY 161378/2021)), ya dijimos que

«En relación con la carga de trabajo (a la que se refiere la STS/IV 24/06/2019 -rco 123/2018- FJ quinto,6), entiende esta Sala IV/TS, contrariamente al parecer de la sentencia recurrida, que una cosa es la lógica interrelación entre la determinación de la carga de trabajo, tanto a efectos de retribuciones especiales o de creación de órganos judiciales (competencia compartida CGPJ con Ministerio de Justicia y con audiencia de las CCAA con trasferencias de Justicia - art. 560.1.21ª.I LOPJ (LA LEY 1694/1985)), como en lo disciplinario (competencia exclusiva del CGPJ - art. 560.1.21ª.II LOPJ (LA LEY 1694/1985) ) o en materia de salud laboral ( art. 317 Reglamento CGPJ de la carrera judicial), y otra cosa es que el incumplimiento de sus obligaciones por parte del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo a efectos retributivos y/o disciplinarios y/o a efectos de creación de órganos comporte la inexigibilidad del cumplimento de sus obligaciones en materia de salud laboral de jueces y magistrados ante la competente jurisdicción social.»

No está de más mencionar, en este mismo sentido, que la sentencia de la sala 3ª de este Tribunal núm. 969/2020, de 9 de julio (rec. 46/2019 (LA LEY 72805/2020)), desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Reglamento 2/2018 del CGPJ -disposición esta última que da cumplimiento a la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) en lo relativo a remuneraciones variables-, proporciona el siguiente argumento para desestimar la pretendida nulidad del Reglamento 2/2018 por el denunciado incumplimiento del CGPJ de la adopción de medidas y actuaciones necesarias para proporcionar protección a la salud laboral de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones:

«... hubiese sido oportuno y deseable, seguramente, que se hubieran incorporado en la elaboración del reglamento informes sobre riesgos laborales y, también, sobre responsabilidad disciplinaria y cargas de trabajo, pero una cosa es la oportunidad, inaccesible en el análisis que debemos de hacer, y otra las exigencias legales, inexistentes para que la no observación de las normas que invoca la parte recurrente comprometa la legalidad y, por ende, la validez del reglamento (2/2018).»

...

«El art. 317 del Reglamento 2/2011, que señala la recurrente también como incumplido, debe encuadrarse en la línea que venimos apuntando, como aspiración irrenunciable y desde luego oportuna y conveniente en las actuaciones del CGPJ, pero en el contexto en el que nos movemos no deja de ser un desiderátum.»

Pero que, sin negar en modo alguno la interrelación que existe en la regulación de la carga de trabajo a distintos efectos, esta Sala 4ª no comparta el parecer de la AN sobre esta cuestión, no conduce necesariamente a estimar el cuarto motivo del recurso de casación. Y ello, porque dicha estimación dependerá, en su caso, de si apreciamos que el CGPJ ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, y, concretamente, la de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral.

Debemos rechazar, en consecuencia, que la sentencia recurrida haya incurrido en la aplicación indebida que denuncia el recurso del artículo 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) y del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).

De las infracciones normativas denunciadas en el motivo de casación, los preceptos clave son, así, el artículo 14 LPRL (LA LEY 3838/1995) y el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, y no el artículo 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003), ni el artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).

2. El artículo 14.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) establece que «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Y, por su parte, recordamos, una vez más, que el contenido del artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ es el siguiente:

«1. Los jueces y magistrados tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones.

2. El CGPJ promoverá cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia del derecho enunciado en el número anterior, en consonancia con lo establecido en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.»

Como puede comprobarse, el artículo 317.1 del Reglamento 2/2011 del CGPJ reproduce sustancialmente los términos del artículo 14.1 LPRL (LA LEY 3838/1995).

El artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995) dispone que «en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.» También el artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ guarda una estrecha semejanza con el referido artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995). Aquel precepto encomienda al CGPJ promover «cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia del derecho» a la protección eficaz en materia de seguridad y salud de jueces y magistrados.

Como señala el preámbulo del Reglamento 2/2011 del CGPJ, «es innegable que los miembros de la carrera judicial tienen derecho a una efectiva protección frente a los riesgos laborales que acarrea el ejercicio de la función jurisdiccional y, desde esa perspectiva, el reconocimiento de tal derecho en este Reglamento no supone una efectiva innovación, pero la inclusión (del nuevo) ese Título (XIV) habilita al Consejo General del Poder Judicial para adoptar, en el futuro, un papel activo en orden a la promoción de aquellas medidas que resulten adecuadas para la preservación de la salud laboral de los jueces y magistrados.»

El título XIV del Reglamento 2/2011 del CGPJ tiene un único precepto: precisamente, su artículo 317.

Pues bien, es en este contexto, y como una de las «medidas y actuaciones» a que hace referencia el artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, en el que se estableció la previsión de que «el CGPJ regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral» (apartado 5.2 PPRL).

Es así el propio CGPJ el que, en cumplimiento del artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, y en última instancia del artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995), y a fin de salvaguardar el derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud (artículo 14.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) y artículo 317.2 del Reglamento 2/2011 del CGPJ), se ha obligado a regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral.

Debemos examinar, en consecuencia, si el CGPJ ha cumplido con esta obligación y las consideraciones que al respecto realiza la sentencia recurrida.

3. La sentencia recurrida desestimó la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo con el siguiente razonamiento:

«... no podemos convenir que el CGPJ haya incumplido la obligación, documentada en el PPRL, de regular la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral, toda vez que, cumpliendo su deber de seguridad, establecido en el art. 14.1 de la LPRL (LA LEY 3838/1995), ha desplegado los medios materiales y personales precisos para dar cumplimiento a su obligación de asegurar la salud de jueces y magistrados relacionada con las cargas de trabajo encomendadas, para lo cual ha efectuado una evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, entre cuyos ítems se tuvieron en cuenta las cargas de trabajo, comprometiéndose a mantener una evaluación permanente, como exige el art. 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995), para lo cual ha utilizado los instrumentos técnicos, elaborados por FREMAP, así como el Mapa Judicial de Riesgos y Sistema de Alerta, en los que se ha ponderado específicamente la carga de trabajo, toda vez que el riesgo puede emerger en cualquier momento, atendiendo a las circunstancias materiales y personales existentes en cada órgano judicial.»

La sentencia recurrida da detenida cuenta del amplio debate y de la discrepancia existente entre las partes (las asociaciones judiciales y el CGPJ) acerca del cumplimiento y del propio contenido de la previsión del apartado 5.2 PPRL y, en concreto, sobre la identificación del concepto de carga de trabajo a efectos de salud laboral.

Así, especialmente en su fundamento de derecho noveno y con referencia expresa a los hechos probados, la AN relata, entre otras cosas, que: (i) el 30 de octubre de 2015 se acordó requerir la aportación de los módulos de salida 2010; (ii) las asociaciones publicaron un comunicado conjunto, en el que situaban básicamente la carga de trabajo a efectos de salud laboral entre el 90 y el 100 por ciento de los módulos de salida y destacaban, en todo caso, que esa horquilla se aplicaría atendiendo a criterios personales del juez o jueza o estructurales del órgano, tales como la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia en el órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, problemas estructurales del juzgado, reformas legislativas y otras análogas; (iii) el 20 de abril de 2016 las asociaciones judiciales enviaron un escrito a la Comisión Permanente del CGPJ en el que insistían en su propuesta provisional de que la carga de trabajo de todos los órganos judiciales a efectos de salud laboral se situara entre el 90 y el 100 por ciento de los módulos de salida de 2010; (iv) entre el 31 de marzo de 2016 y el 6 de noviembre de 2017 la Comisión Permanente del CGPJ adaptó tres puestos de trabajo por razones de salud y el Servicio de Prevención del CGPJ, que ha incorporado a una médica especialista en medicina del trabajo, está adaptando los puestos de trabajo en los que se detectan riesgos derivados de la carga de trabajo, para lo cual se ha utilizado el mapa de riesgos y el sistema de alertas; (v) el 27 de mayo de 2016 se notifica en la CNSS que se han evaluado todos los puestos de trabajo, a efectos de salud laboral, si bien se trata de una evaluación inicial, estando pendiente una evaluación más avanzada y se presentan los estudios elaborados por FREMAP sobre la materia, en los que se ha ponderado la carga de trabajo como factor de riesgo; (vi) el 21 de julio de 2016 el Gabinete Técnico del CGPJ elabora un informe sobre la materia, en el que, en primer lugar, se afirma que se deben distinguir tres círculos concéntricos de cargas de trabajo: el interior y más reducido relativo a la responsabilidad disciplinaria; el círculo medio, correspondiente al rendimiento del juez con efectos en la esfera retributiva; y el exterior, que correspondería a la salud laboral del juez; en segundo término, se recuerda que la jurisprudencia anuló el Reglamento 2/2003 del CGPJ porque no se determinaron cargas de trabajo individualizadas y debidamente medidas para cada órgano judicial, concluyendo finalmente el informe que no era posible, por las mismas razones, establecer una carga general y abstracta a efectos de prevención de riesgos laborales, por lo que el mandato del punto 5.2 PPRL no comportaría la obligación del CGPJ de regular cargas de trabajo en abstracto a efectos de salud laboral; (vii) se elaboró un «Mapa judicial de riesgos y alertas», que se explicó en la CNSS el 27 de julio de 2016, siendo rechazado por las asociaciones judiciales; (viii) el 22 de marzo de 2017 se decidió la prórroga del PPRL; (viii) el 26 de mayo de 2017 se explicaron los trabajos de FREMAP en la reunión de la CNSS; (ix) el 27 de octubre de 2017 se reúne la CNSS, tratándose en la reunión las medidas preventivas, entre las cuales podría incluirse el indicador de salidas, informando el presidente que el Servicio de Inspección ha realizado un informe para utilizar los módulos de salida 2010 para su aplicación en casos concretos (por ejemplo, detección de posibles problemas de salud profesional que pudieran existir en expedientes disciplinarios para establecer si procede medidas preventivas...), celebrando las asociaciones la utilización de ese módulo y solicitando que se fijaran cargas máximas en el plazo de tres meses, acordándose mayoritariamente desarrollar la fase cualitativa de la evaluación de riesgos mediante las entrevistas personalizadas correspondientes.

De los hechos probados, la sentencia de la AN recurrida extrae la deducción a la que a continuación se hace referencia, debiéndose recordar que el único hecho probado cuya modificación insta el recurso de casación es el décimo, modificación examinada -y desestimada- en el fundamento de derecho sexto de la presente sentencia.

Sea como fuere, esto es lo que la sentencia recurrida, en el apartado 6 de su fundamento de derecho noveno, extrae de la declaración de hechos probados:

«De los hechos, declarados probados, se deduce que las asociaciones judiciales, ya desde los primeros trabajos preparatorios para la elaboración del PPRL, pretendieron que se incluyeran las cargas de trabajo como factor de riesgo, que se cuantificaran dichas cargas y que se fijaran plazos para su elaboración, aunque dichas pretensiones, ... , no se plantearon siempre del mismo modo. Esas reclamaciones no fueron admitidas nunca por los representantes del CGPJ, quienes se opusieron siempre a las mismas, aunque admitieron desde el primer momento que las cargas de trabajo deben asegurar la salud laboral de jueces o magistrados, si bien no se comprometieron a fijar unas cargas máximas de salida generales y abstractas para todo el colectivo judicial en cumplimiento de dicha obligación.

Así pues, se ha acreditado de modo claro y preciso que la Comisión Permanente (del) CGPJ ha descartado, en el ejercicio de sus competencias, que el punto 5.2 PPRL le obligara a elaborar unas cargas de trabajo a efectos de salud laboral, que pivotaran de modo general y abstracto sobre módulos de salida, que debieran prevalecer sobre cualquier otro objetivo legítimo relacionado con las cargas de trabajo, ni admitió, en ningún momento, que la regulación de carga de trabajo a efectos de trabajo debía realizarse necesariamente con arreglo a los módulos de salida, ni descartó jamás la utilización de otros métodos para abordar el problema, como el mapa de riesgos y sistema de alertas, ni se comprometió, de ningún modo, a que dicha regulación debería realizarse en un plazo determinado.»

4. Todo lo anterior pone bien de manifiesto que, en efecto, las partes discrepan de cuál sea el contenido, significado y alcance de la previsión del apartado 5.2 PPRL («el CGPJ regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral»).

La explicación de la discrepancia parece, en principio, sencilla: el apartado 5.2 PPRL nada dice ni precisa sobre cómo ha de regularse la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, ni sobre qué módulos (de entrada, de salida, etc.), criterios o indicadores deben, en su caso, utilizarse. Y hay que recordar que las partes han desarrollado un amplio debate al respecto (basta con remitir, no solo al recién transcrito apartado 6 del fundamento de derecho noveno de la sentencia recurrida, sino asimismo al apartado 1 de su fundamento de derecho décimo), sin que el apartado 5.2 PPRL recogiera ni se hiciera eco de las aspiraciones de las organizaciones judiciales sobre los módulos de salida.

Ciertamente, parece razonable que, a efectos de salud laboral, se deban tener en cuenta las cargas de salida del juez/a y magistrado/a. Pero el apartado 5.2 PPRL no prevé, ni de él emana, que la carga de salida deba ser necesariamente el criterio a utilizar, y menos con carácter exclusivo o cuasi exclusivo, y que no puedan tenerse también en cuenta, siquiera sea de forma complementaria, las cargas de entrada del órgano judicial del que sea titular aquel juez o magistrado, ni tampoco otros posibles criterios adicionales. Ciertamente, como señala el recurso de casación, la sentencia de la sala 3ª de este Tribunal Supremo núm. 136/2018, de 1 de febrero (rec. 55/2017 (LA LEY 1278/2018)), afirma que «la laboriosidad en un juzgado no puede medirse por los asuntos que entran sino por los que se resuelven, pues los primeros pueden resultar inabarcables por muchos motivos». Pero, además de que esa afirmación no se hace a efectos de salud laboral, sino en el contexto de la impugnación de resoluciones de la Inspección de Tribunales del CGPJ que impusieron a determinados juzgados de lo contencioso-administrativo el señalamiento de un día adicional cada semana (cuatro días al mes en lugar de tres), lo cierto es que, si los asuntos que entran son «inabarcables», ello también puede ser un señalado factor de riesgo para la salud laboral.

Tampoco cabe deducir que, en caso de fijarse módulos de salida generales, su superación conlleve de forma automática la materialización de un riesgo para la salud laboral, como bien señala el Ministerio Fiscal en su razonado informe, que impida, asimismo de forma automática, que el juez o magistrado siga dictando resoluciones judiciales. En efecto, ello no puede entenderse así, porque, como hay que reconocer que en todo momento admiten las asociaciones judiciales, la prevención de riesgos laborales obliga necesariamente a atender los factores personales individualizados. A ello apunta el «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», cuando hace referencia a la «hoja de salud» del juez/a. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que es principio general de la acción preventiva el de «adaptar el trabajo a la persona» (artículo 15.1 d) LPRL (LA LEY 3838/1995)) y que la evaluación de riesgos debe atender, no solo a las características de los puestos de trabajo, sino también a las características de los «trabajadores» que deben desempeñarlos (artículo 16.2 LPRL (LA LEY 3838/1995)).

5. Reiterando que el apartado 5.2 PPRL no determina cómo ha de hacerse, ni qué módulos, criterios o indicadores deben, en su caso, utilizarse, procede examinar si, con independencia de lo anterior, se ha cumplido o no la previsión de aquel apartado que dispone que «el CGPJ regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.»

Como bien advierte la sentencia recurrida, y ya hemos recogido, no se puede negar todo lo que el CGPJ, con la decisiva intervención y participación de las asociaciones judiciales, ha llevado a cabo en materia de prevención de riesgos laborales. La sentencia de la AN destaca, en este sentido, que el CGPJ, cumpliendo su deber de seguridad, establecido en el artículo 14.1 LPRL (LA LEY 3838/1995), ha desplegado los medios materiales y personales precisos para dar cumplimiento a su obligación de asegurar la salud de jueces y magistrados, ha efectuado una evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, entre cuyos ítems se tuvieron en cuenta las cargas de trabajo, comprometiéndose a mantener una evaluación permanente, como exige el artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995), para lo cual ha utilizado los instrumentos técnicos, elaborados por FREMAP, así como el Mapa Judicial de Riesgos y Sistema de Alerta, en los que se ha ponderado específicamente la carga de trabajo, toda vez que el riesgo puede emerger en cualquier momento, atendiendo a las circunstancias materiales y personales existentes en cada órgano judicial.

6. Pero, reconocido todo lo anterior, subsiste el interrogante de si el CGPJ ha cumplido la previsión del apartado 5.2 PPRL, que -se dirá una vez más- le encomienda la regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.

Ciertamente, como afirma el «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», se trata de una tarea «compleja» y de «un proceso en construcción, un proceso dinámico.» No en vano, el artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995) establece que se ha de desarrollar una acción «permanente» de seguimiento de la actividad preventiva, con el fin de «perfeccionar de manera continua» las actividades correspondientes.

A la vista de todo lo que se ha venido exponiendo, tiene razón, en este sentido, el citado «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», cuando afirma que «no puede sostenerse con rigor que el CGPJ no esté en proceso de regulación de la carga de trabajo a afectos de salud profesional» y que «se han dado numerosos pasos en el desarrollo de la actividad preventiva y desplegado mecanismos de actuación.» Es asimismo elocuente, en este sentido, el escrito de impugnación del Abogado del Estado, en representación del CGPJ, que detalla en sus últimas páginas todas las actuaciones realizadas.

Todo lo anterior es cierto. Pero igualmente lo es que el propio «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas» afirma expresamente que todavía «no est(á)n fijados los módulos definitivos» (apartado III,2), así como que la carga de trabajo que se fija en el apartado III, 3 (2) es un parámetro de referencia, que debe entenderse «provisional» hasta tanto no se apruebe «un nuevo sistema de módulos.»

Así pues, el «Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas» reconoce de forma expresa que todavía no están fijados los módulos definitivos y que la carga de trabajo que se contempla en el apartado III, 3 (2) es un parámetro de referencia provisional a la espera de que se apruebe un nuevo sistema de módulos.

La conclusión parece clara: el CGPJ ha fijado solo de forma «provisional», y no definitiva, la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. O, si se prefiere, todavía está «en proceso» de regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a afectos de salud profesional.

El CGPJ todavía no ha fijado, en efecto, los «módulos definitivos», al margen de cuales sean los rasgos y características que vayan a tener estos últimos. Y ello con independencia de que la fijación definitiva de la carga laboral a efectos de salud laboral deba ser objeto, a su vez, de revisión y de perfeccionamiento permanentes y continuos, como establece el artículo 14.2 LPRL (LA LEY 3838/1995), tratándose, ciertamente, de un proceso de construcción dinámica y nunca del todo acabada.

Sea como fuere, ha de entenderse, en consecuencia, que el CGPJ no ha cumplido de forma completa y definitiva la previsión contenida en el apartado 5.2 PPRL de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, toda vez que solo la ha cumplido de forma provisional o, si se quiere, parcial.

7. El razonamiento hasta aquí seguido conduce a estimar en este extremo el recurso de casación, pues, en efecto, la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo («que se declare que el CGPJ ha incumplido su obligación, documentada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015- 2016, de regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral») debe ser estimada y no desestimada.

Como consecuencia de lo anterior, debe estimarse igualmente, pero en este caso solo de forma parcial, la tercera pretensión de la demanda de conflicto colectivo.

Esta tercera pretensión es «que se condene al CGPJ a (la) regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio de dedicación o rendimiento adecuado para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial y que, además, tenga en cuenta circunstancias personales y del órgano, y ello en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de la sentencia», y, subsidiariamente, que «se condene al CGPJ a la inmediata regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio adecuado, distinto a la carga de entrada del órgano judicial, para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial.»

La estimación de esta tercera pretensión solo puede ser parcial, toda vez que, como hemos venido razonando, el apartado 5.2 PPRL no establece criterio alguno conforme al cual deba procederse a la regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. En efecto, el citado apartado 5.2 PPRL se limita a disponer que «el CGPJ regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral», pero, como se ha expuesto, nada dice ni precisa sobre cómo ha de regularse la carga de trabajo de la carrera judicial a tales efectos, ni sobre qué criterios deben utilizarse.

En consecuencia, no resulta posible condenar al CGPJ, como se pretende, a que regule la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud « conforme a un criterio de dedicación o rendimiento adecuado para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial y que, además, tenga en cuenta circunstancias personales y del órgano», pues nada de lo anterior dispone ni emana, exactamente en esos términos, del apartado 5.2 PPRL. Tampoco se puede condenar al CGPJ, como se pretende de forma subsidiaria, a la «regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral conforme a un criterio adecuado, distinto a la carga de entrada del órgano judicial, para la identificación de los riesgos de carácter psicosocial de los miembros de la carrera judicial.» Y ello -de nuevo se dirá- porque del apartado 5.2 PPRL no dimana la imposibilidad de utilizar la carga de entrada del órgano judicial.

Y, en fin, tampoco se puede condenar al CGPJ a que se regule la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral en el plazo de tres meses, como se pretende forma principal, o, inmediatamente, como se pretende de forma subsidiaria, por la misma razón de que el apartado 5.2 PPRL no establece plazo alguno para cumplir con la previsión de regular la carga de trabajo a los efectos indicados. Importa mencionar, en este sentido, que, como consta por ejemplo en el hecho probado undécimo, las asociaciones judiciales reclamaron que la fijación de las cargas máximas de trabajo a efectos de salud laboral se hiciera en el plazo de tres meses. Pero el caso es que nada de ello se recoge en el apartado 5.2 PPRL, que, como se viene diciendo, no fija plazo alguno.

El recurso de casación invoca el artículo 1.128 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Pero es un precepto que se refiere a las obligaciones de origen contractual y el PPRL no tiene esa naturaleza contractual.

8. Las mismas razones que se acaban de señalar impiden la estimación de la segunda pretensión de la demanda de conflicto colectivo.

Esta segunda pretensión es «que se declare que la metodología y procedimiento empleada en el "Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas" (...) es inadecuado al fijar la carga de entrada de los órganos jurisdiccionales como criterio para evaluar riesgos para la salud de los miembros de la carrera judicial por sobrecarga de trabajo.»

La pretensión no puede ser estimada por la ya reiterada razón de que el apartado 5.2 PPRL no establece criterio alguno conforme al cual deba procederse a la regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, toda vez que se limita a disponer que «el CGPJ regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral», sin que nada diga ni precise sobre cómo ha de regularse la carga de trabajo de la carrera judicial a tales efectos, ni sobre qué criterios deben utilizarse y sin que tampoco se derive de aquel apartado la radical imposibilidad de utilizar como criterio la carga de entrada de los órganos jurisdiccionales. Como señala la sentencia recurrida, las asociaciones judiciales «no han identificado en qué norma legal se basan para descalificar la metodología del Mapa Judicial de Riesgos y Sistema de Alertas.»

Por lo demás, ya hemos precisado en el fundamento de derecho quinto, que el «Documento de trabajo sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas», no solo se refiere al módulo de entrada, sino que también menciona, en su apartado III.4 y en el anexo II, otros factores «objetivos» como la «tasa de resolución» del juez/a, la pendencia, la experiencia en la tarea desarrollada y la agenda de señalamientos, y factores «personales», como el estado de salud o la discapacidad.

Debemos confirmar, en consecuencia, la desestimación de la segunda pretensión de la demanda de conflicto colectivo efectuada por la sentencia recurrida.

9. Tampoco podemos estimar, finalmente, la cuarta pretensión de la demanda de conflicto colectivo.

Esta cuarta pretensión consiste en «que se condene al CGPJ a que regule la carga de trabajo de los miembros de la carrera judicial a efectos de salud laboral con carácter independiente, y sin perjuicio de que pueda hacerlo (,) previa o simultáneamente, a la regulación de la carga de trabajo a otros efectos (retributivo, disciplinario o cualquier otro).»

Además de apuntarlo en el fundamento de derecho tercero, en el fundamento de derecho octavo de la presente sentencia se ha expuesto de forma amplia la regulación legal de la carga de trabajo de los órganos judiciales y de jueces y tribunales a distintos efectos: carga de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional (párrafo primero del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985)); carga de trabajo a efectos disciplinarios (párrafo segundo del artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985)); rendimiento individual y módulos de dedicación a afectos de la retribución variable por objetivos (artículos 7 (LA LEY 931/2003) y 8.1 de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003)). También se ha examinado el artículo 317 del Reglamento 2/2011 del CGPJ, sobre la protección de seguridad y salud de jueces y magistrados.

En los mencionados fundamentos de derecho, hemos podido comprobar y concluir que, aunque ciertamente tienen interrelación entre ellas, se trata de materias diferenciables y con autonomía propia, si se quiere relativa, sin que su regulación sea en todos los supuestos competencia exclusiva del CGPJ. También hemos dicho en el apartado primero del presente fundamento de derecho que no compartimos, al menos en toda su dimensión, las apreciaciones efectuadas por la sentencia recurrida en el sentido de que la regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral esté condicionada, entre otros factores, por las previsiones existentes respecto de las retribuciones variables de la Ley 15/2003 (LA LEY 931/2003) y por el artículo 560.1.21ª LOPJ (LA LEY 1694/1985).

En todo caso, es claro que la regulación de la carga de trabajo a afectos distintos de la salud laboral cuenta actualmente con regulaciones propias, al menos en lo que se refiere a la carga de trabajo que puede soportar un órgano jurisdiccional y a las retribuciones variables. De ahí que estimemos innecesario y redundante condenar al CGPJ a que la regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral -a lo que, en efecto, como hemos anunciado, vamos a condenar al CGPJ- se haga de forma independiente de la regulación de la carga de trabajo a otros efectos como los referidos.

Debemos confirmar, por tanto, la desestimación de la cuarta pretensión de la demanda de conflicto colectivo realizada por la sentencia recurrida.

DÉCIMO.- La estimación parcial del recurso de casación.

1. Conforme a lo razonado y oído el Ministerio Fiscal, procede estimar parcialmente el recurso de casación y casar y anular parcialmente la sentencia recurrida, en el sentido de: (i) estimar la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo, por lo que se declara que el CGPJ ha incumplido su obligación, documentada en el apartado 5.2 PPRL, de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral; (ii) estimar parcialmente la tercera pretensión de aquella demanda, por lo que se condena al CGPJ a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral; y (iii) confirmar el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.

En consecuencia, el párrafo sexto del fallo de la sentencia recurrida queda redactado en los siguientes términos:

«Estimamos la primera pretensión de la demanda de conflicto colectivo, por lo que declaramos que el Consejo General del Poder Judicial ha incumplido su obligación, documentada en el apartado 5.2 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales Carrera Judicial (2015-2016), de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. Estimamos parcialmente la tercera pretensión de aquella demanda, por lo que condenamos al Consejo General del Poder Judicial a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. Desestimamos el resto de las pretensiones de la demanda de conflicto colectivo, absolviendo de ellas al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas de Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Andalucía, Aragón, Principado de Asturias y Comunidad Foral de Navarra».

2. No procede la imposición de costas, haciéndose cada parte cargo de las suyas (artículo 235.2 LRJS (LA LEY 19110/2011)).